Conspiración o ley de la selva

Por C. M. Duré

Buenos Aires, Agencia SICLA, 30/6/02.- El miércoles 26 de junio las cadenas internacionales dieron prioridad a dos informaciones: el fraude de Worldcom y el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los piqueteros en la Argentina.

La trágica represión que causó dos muertos y numerosos heridos y detenidos - entre los que ahora se encuentra el jefe del operativo policial- ganó la atención de los multimedia porque la Argentina viene ocupándolos desde hace seis meses por diversos motivos.

Las víctimas se ven cuando deben mucho

El principal es el cese de pagos de la deuda externa en Febrero 2002. Las manifestaciones de protesta por el considerable deterioro del nivel de vida, por la retención indebida de depósitos en el corralito, por la inescrupulosa conducta de los dirigentes políticos y por numerosas razones más, se ven en el hemisferio norte como una consecuencia lógica del aislamiento internacional de la Argentina. La represión -aunque se la intente relativizar- también se la ve como una consecuencia lógica de la consecuencia lógica.

Sin embargo las características de la colisión entre la policía argentina y los manifestantes se reproducen diariamente en toda Latinoamérica.

En la propia Argentina, el fatídico día., la represión se desencadenó en diversas provincias. En Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Brasil, estos hechos ya no son motivo de agrandes titulares por ocurrir cotidianamente. Un rápido vistazo sobre estos conflictos encuentra factores en común.

Empresarios y conflictos

En la Argentina, los dirigentes de la Sociedad Rural y de la Asociación de Bancos de la Argentina, señores Crotto y Escazany respectivamente, hacia septiembre de 2001, ya habían exigido la represión para liberar las rutas de piquetes. Es decir, dos de los lobbies empresarios más poderosos y protagónicos en este país.

Si se busca con la misma lente, ha de encontrarse en los sucesos recientes de Arequipa, Perú, una fuerte resistencia de sectores sociales a la privatización del sistema eléctrico. Pero, a los efectos de ubicar un caso testigo, Ecuador presenta casi los mismo actores que los advertidos en la Argentina.

Empresas y conflictos

Desde principios de la semana pasada el acceso 7 de un oleoducto en construcción fue tomado por manifestantes de la localidad de Napo, cerradas las válvulas y cortados todos los accesos terrestres al lugar. Así lo informó la empresa Techint que, aunque aparentemente trabaja en la zona extrayendo cemento, se mostró muy preocupada por la pérdida de divisas que ocasiona la merma del petróleo proveniente de Napo.

Una fuerza militar -sigue informando la prensa de Techint- ha rodeado las instalaciones petroleras y de paso protege las de la empresa con sede en Buenos Aires, Argentina.

La misma fuente informativa insinúa que la protesta popular, que reclama el arreglo de caminos y de la red de comunicaciones, habría derivado en sabotaje al oleoducto por la presencia de las FARC.

En 1996 un ejecutivo de Techint fue secuestrado en Colombia por las FARC y luego liberado tras el pago de dos millones de dólares por intermedio de un agente alemán.

Un diario de Argentina difundió que esa empresa poseía laboratorios químicos en Colombia (sugería la nota que, en laboratorios vinculados a la constructora, se producirían precursores de drogas).

La empresa mencionada se dedica a la construcción. Pero, como se ve, abarca otros rubros según el país en que opere. En la Argentina es dueña de SIDERCA dedicada a la producción de caños de acero sin costura aptos para oleoductos.

El factor constante

La yuxtaposición de grandes intereses económicos y revueltas sociales, aparecen como una constante por encima de la contingencia política que con harta frecuencia la expresa tarde y de la peor forma.

Incluso empresas norteamericanas como AES y Enron suelen aparecer en roles protagónicos en estas crisis.

AES obstaculizó el uso de un fideicomiso del gobierno de San Juan, Argentina, para pagar sueldos atrasados de empleados estatales. La empresa con sede en Islas Caimán, habría cobrado previamente el 60% del fideicomiso para la construcción de un dique del que solo había hecho el 22%. La reyerta subsiguiente entre estatales y policía casi sumió a la provincia en una guerra callejera. AES operaba la telefonía de Caracas el 11 de Abril de este año cuando se intentó derrocar al presidente Chávez dejando un saldo de 54 muertos.

La Teoría de la conspiración en ayuda del sistema

A raíz de la protesta popular del 20 de Diciembre de 2001 que obligó a renunciar al presidente argentino De la Rúa, prosperó la idea de un complot orquestado por el principal partido opositor. El propio derrocado y políticos del bando opuesto presentaron testimonios y supuestas pruebas en los tribunales abonando la teoría. Incluso la brutal represión del miércoles pasado inspiró la misma maniobra aviesa en perjuicio del presidente Duhalde. De un lado involucrando a su mortal enemigo, el ex presidente Menem. Del otro, aduciendo la ubicua presencia de las FARC inficionando los grupos piqueteros (igual argumento con que se advierte contra el eventual triunfo del PT en Brasil). No obstante, en todos los casos la hipótesis conspirativa proyecta al primer plano a individuos y maquinarias golpistas de segundo orden. De esa manera se evita involucrar en desmadres a un sistema económico y social al que los políticos de América Latina le piden con desesperación milagros que no está dispuesto a conceder. O que en el mejor de los casos es como la piel de zapa: cuanto más se le pide más se achica. Hasta que un día desaparece sin conceder el último milagro.

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