Jujuy: Los socios de una quiebra

Por Carlos M. Duré

Buenos Aires, Agencia SICLA, 15/7/02.- Esta provincia del Noroeste argentino es la única que no tiene coparticipación municipal. Los intendentes aplaudieron como acto de Justicia el acuerdo logrado con su gobierno para una futura ley de coparticipación.

Si bien es comprensible que estos dirigentes políticos comunales celebren la promesa de un presupuesto coparticipado -sobre todo después de que el gobierno de Carlos Menem descargara sobre sus espaldas los costos de salud y educación- sorprende su ingenuidad. La ley de coparticipación federal o municipal es letra muerta por las exigencias del FMI para que se reduzca el gasto fiscal en las provincias.

Visto desde otro ángulo, esos municipios esperan migajas de la coparticipación. No pueden ignorar los intendentes que es regla general en el país que la capital provincial concentra en promedio la mitad de la población y su equivalente en aportes del tesoro nacional (ATN) per cápita.

SICLA intentó recoger información en el Ministerio del Interior respecto de la situación de Jujuy, pero no hay datos recientes.

Tomando otra provincia de la región NOA, Salta, se advierte claramente la desigualdad mencionada. Salta tiene aproximadamente 1,1 millones de habitantes y recibe ATN por 200 millones de pesos (datos Ministerio del Interior, Agosto 2001). Los ATN per cápita suman casi 200 pesos. Pero la capital tiene casi 500 mil habitantes, y se queda con 100 millones de pesos. Para los restantes 23 municipios quedan otros 100 millones. Eso da una cifra promedio de 4,6 millones de pesos de ATN por comuna.

Se inferiría de esos datos que ese dinero bien distribuido podría igualar el standard de vida de los habitantes del interior provincial con los de la capital. Pero no es así. Ni siquiera la mayor densidad demográfica por su dinamismo económico muestra algo mejor que la pobreza. Porque sencillamente el dinero no llega de ninguna manera al pueblo. Esto se advierte a modo de ejemplo en el ámbito educativo.

La provincia de Jujuy, tenía el año pasado, 2.700 becas asignadas por el gobierno nacional. Cada beca era de 600 pesos (400 más que el ATN per cápita). Sin embargo nunca fueron otorgadas. Si las becas se contabilizan como aportes del tesoro, proporcionalmente 7.100 jujeños quedaron fuera de la distribución de las riquezas del país.

Estas simples cifras explican la ansiedad de los gobernadores por un rápido acuerdo con el FMI que redunda en más rápido efectivo para contener un estallido social y para conservarse en el candelero electoral. Les da lo mismo que los aportes del tesoro no pasen por la nación siempre que pasen por la capital provincial.

Los intendentes jujeños esperan equiparase a los de la ciudad de Buenos Aires o Córdoba, por ejemplo. No obstante la formalidad legal, en el caso de la primera urbe, se cumple menos que la coparticipación presupuestaria. Acaso por qué el gobierno distrital ha advertido que el dinero del presupuesto no llegará nunca a las comunas, toma por un atajo, no las constituye, y le ahorra al pueblo la molestia de votar y hacer cuentas.


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