El pueblo siempre está primero

Por E. Bell

Buenos Aires, Agencia SICLA, 10/8/02.- Dijimos en otros análisis de esta agencia que la pelea por las próximas elecciones, más bien por los salarios y la posibilidad de negocios que brinda el acceso a porciones de poder estatal, estaría en esta oportunidad aderezada por la posibilidad de manejar más fondos, a causa del no pago de la deuda externa. Ese permiso que ha concedido a regañadientes el FMI.

Frente a la privatización de los servicios públicos y empresas estatales en las últimas décadas, la desocupación por recesión y achicamiento, el Estado es una de las últimas fuentes de empleo, que sirvió además como fuente de fuerza laboral para campañas proselitistas.

Además de la cantidad de funcionarios jerárquicos y algún técnico necesario, un gobernador, intendente o concejal designa a gran cantidad de empleados (asesores, administrativos, etc.). El salario promedio en la administración pública (en las 24 jurisdicciones) es de $ 1050.

Los gobernadores, hoy, se encuentran ante el dilema de utilizar los fondos provinciales o los enviados por el Estado Nacional para trocar los bonos emitidos en dinero de verdad, o para financiar la campaña electoral en curso. Nos referimos al pago de salarios de la administración pública provincial, que de no producirse generará malestares sociales contrarios a las elecciones o reelecciones.

El FMI exige que la eliminación de Bonos, pero no maneja la vocación de servicio a la comunidad que tienen los actuales funcionarios públicos: no pueden satisfacer únicamente esos pedidos, porque de sus decisiones depende la estabilidad social o el estallido.

Y por el mismo camino corren las especulaciones electorales. Pongamos un ejemplo: Tucumán. Alrededor de 40 de cada 1000 habitantes son empleados del Estado, con un salario promedio de $ 911.-, un 29% superior al de los empleados del sector privado. Todos ellos en condiciones de votar.

El dilema, entonces, está en si debe usar los 24 millones de pesos que enviará la Nación para cubrir el déficit en los bancos (exigencia del FMI), o para pagar los sueldos estatales. De esta manera, nuevamente los funcionarios públicos se ven obligados a tomar decisiones contrarias a las exigencias internacionales, pareciendo más preocupados por el bienestar de los argentinos, más allá de sus verdaderas preocupaciones.

Para cerrar el ejemplo, cabe destacar la forma de tratar el tema en la prensa provincial. El diario La Gaceta, propiedad de la histórica familia Hamilton, introduce un comentario sobre los 24 millones que llegarían la semana que viene: "podrían usarse para el pago de sueldos o para el canje de bonos". La familia Hamilton es un ejemplo del nivel socioeconómico de los ahorristas tucumanos, una minoría frente a los empleados estatales (a la hora del escrutinio).

En otras épocas, las familias destacadas influenciarían más en las decisiones políticas. Pero quizás debamos prever un cambio de prioridad del gobernador de esa provincia. Por lo menos hasta pasadas las elecciones.


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