Yabrán y las tragamonedas en Entre Ríos

Por Carlos M. Duré

Buenos Aires, Agencia SICLA, 18/9/02.- Entre Ríos- Información procedente de la ciudad de Crespo destaca que esta semana el ex gobernador peronista Busti ("archienemigo" de su coterráneo y conmilitón Augusto Alasino), interpuso una acción judicial contra las concesiones de salas de juego del Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (IAFAS). Su presidente -sigue la información- señor Pablo Bertolotti, otorgó la explotación por 20 años, en toda la provincia, de máquinas de juego de empresas vinculadas al grupo Yabrán.

Cabe recordar que un conflicto parecido bloqueó la operación de "tragamonedas" en Capital Federal por empresas de la Provincia de Buenos Aires.

La Provincia de Entre Ríos es la tierra natal del occiso empresario Alfredo Yabrán quién figura entre los "observados" por la DEA, agencia norteamericana que considera las salas de juego como lavaderos de dinero provenientemente del narcotráfico.

En 1997 -un año antes de la muerte de Yabrán- un individuo llamado Eduardo Romero fue acusado del homicidio del escribano y funcionario provincial Rubén Calero. Romero, alias El Gitano, adujo en su defensa que su supuesta víctima estaba viva y con la identidad cambiada. Dijo que Calero era un narcotraficante y falsificador de documentos y que el estudio de ADN sobre su presunto cadáver -realizado por el Doctor Daniel Corach- había sido falsificado.

AES retorna de las islas Caimán

San Juan- La empresa norteamericana AES con sede en las islas Caimán ha reaparecido en la conflictuada provincia.

Tal como lo consiguió SICLA (ver envío de SICLA 3/4/02) la empresa, que también presta servicios públicos en Venezuela, era concesionaria de los diques Caracoles-Punta Negra. En pleno trastorno político y social de la provincia a raíz de que el gobierno no pagaba los salarios estatales, AES exigía el recorte de gastos Públicos.

Sin embargo se difundió contemporáneamente que la concesionaria había cobrado el 60 % del fideicomiso de 304 millones de dólares -integrado por fondos del estado- cuando todavía no había hecho más que el 22 % de las Obras.

El escándalo impulsó a AES a abdicar derechos y obligaciones a favor de su socio local Panedile. Por su parte el gobierno intentó tomar 15 millones de dólares del fideicomiso vacante para contener lo que se perfilaba como un estallido social de estatales.

Sorpresivamente, la empresa objetó ese desvío de dinero alegando que Panedile seguía al frente del contrato. El ministro García se hizo eco de esa escrupulosidad legal enfrentándose al gobernador Avelín. García renunció. El aprisionado gobernador firmó un decreto de acumulación del contrato con AES Ltd. y Panedile. Posteriormente se lo suspendió en el cargo para ser sometido a juicio político.

El gobierno interino propone actualmente asociarse con Panedile para continuar la obra. Pero AES-Panedile condiciona las negociaciones a la derogación del decreto de rescisión contractual de Avelín.

En dos oportunidades AES ha reaparecido en el affaire de los diques para obstaculizar y condicionar las políticas del Estado. Funcionarios alineados de un lado y otro de sus intereses han visto trastabillar sus cargos.


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