Tucumán: La otra plata dulce

Buenos Aires, Agencia SICLA, 2/10/02.- Uno de los impuestos que suelen irritar a los productores rurales, además de las retenciones a la exportación, es el inmobiliario. Especialmente para los dueños de grandes establecimientos agropecuarios.

La información recopilada por SICLA en estos días, en particular ayer, induce a pensar que los productores de la provincia dicen que no podrán encarar la zafra por falta de recursos porque el estado retiene divisas de las exportaciones. Tal es el caso de los tabacaleros que reclaman 3 millones de dólares. Si bien el tabaco no es la principal producción tucumana, al sumar el 27 % del tabaco Burley (12 % del que se produce en todo el país) la presión sectorial sobre el estado es mayor que la de los azucareros porque es ejercida por compañías tabacaleras internacionales como Nobleza, principal elaboradora del Burley. Por lo descripto en este espacio (ver SICLA-Argentina envío 1/10/02) los del azúcar se ven más condicionados por la política del rubro brasileña y por el consumo interno, pero se encuentran bien representados en sus intereses por los cigarrillos.

El estado tucumano hace lo que puede a favor de estos productores. Sin embargo su deuda pública de $ 1200 millones lo lleva a echar mano de todos los dineros posibles y rogar por un acuerdo de la Nación con el FMI para sofrenar la eventual estampida social que implica el 25 % de desocupación.

La deuda pública tucumana puede tener más de un origen. Pero el destino de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para los municipios es un misterio que la provincia intenta develar sin la intervención de la Nación.

Los gobernadores y los pro-gobernadores necesitan, dinero para retener en sus estructuras políticas funcionarios, punteros y cierta cantidad de pobres aptos para todo servicio, caso contrario el estallido social los dejara sin feudo.

Un sólo vistazo a la información del Ministerio del! Interior muestra que Tucumán registra $ 22,4 millones en concepto de ingresos por impuesto inmobiliario y la misma cifra invertida en la industria de la construcción.

Tal simetría nórdica se explicaría si el estado hubiera sido la única empresa constructora, si hubiera hecho alguna obra pública importante. Pero si se considera que Tucumán recibió $ 36 millones en ATN destinados a vivienda, la diferencia -$ 13,6 millones- podría hallarse en los laberintos municipales.

Las cifras citadas corresponden al 2001, antes del desmoronamiento de la apertura y la convertibilidad.

Es de todos conocido que ese alto costo del favor político fue aceptado por los sectores empresariales, el FMI y el gobierno de USA -que impreca hoy contra la corrupción- en tanto fue funcional al neoliberalismo.

Hoy el negocio reside en la exportación desregulada y en la transferencia de parte de la masa salarial a los empresarios. Dentro de esa transferencia debe incluirse el salario de los punteros y de sus jefes. La política, después de 10 meses sin gobierno, ha demostrado a sus antiguos mecenas que es un gasto innecesario porque el país sigue existiendo y los negocios también.


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