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  Se acerca la ejecución
Ir a sección Nacional Por Carlos M. Duré
 

Buenos Aires, Agencia SICLA, 6/11/02.- Cuando el colapso financiero de la Argentina se trasmitió al Uruguay los organismos multinacionales trazaron un perímetro sanitario para evitar un contagio peor en Brasil.

El BID aportó de inmediato a la república oriental U$S 180 millones destinados a la deuda de los estancieros con la banca con dos propósitos: uno, que los bancos no ejecutaran deudas hipotecarias de los ruralistas para emparchar sus balances (se había fugado el 40% de los depósitos por el efecto argentino), y otro para evitar medidas proteccionistas análogas a las de la república occidental con un default a cuestas. (Ver SICLA 20/06/02 "Vacas y argentinos en el mismo corral").

El gobierno argentino hoy enfrenta una situación parecida a la de Uruguay y espera suspender por 180 días las ejecuciones de deudas contraídas por compra de maquinaria agrícola, cosechas hipotecadas o hipotecas de inmuebles rurales. La información agrega que el FMI observa con preocupación este trance.

La diferencia con la situación uruguaya es que la Argentina interrumpió los pagos de su deuda con la banca privada y en pocos días más deberá pagar U$S 1000 millones a los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) los cuales a su vez deben cerrar balances de fin de año como cualquier banco.

La ejecución de deudores morosos con bancos privados implicaría una extranjerización de propiedades rurales puesto que la mayoría de los financistas son extranjeros. Un caso semejante ocurrió en el 78 bajo el ministerio de José Alfredo Martínez de Hoz.

Sin embargo dicha banca adeuda cifras mucho mayores que las de su acreencia a los ahorristas inmovilizados en el corral financiero. Si no aceptaran la suspensión de ejecuciones de deudas que intenta Lavagna, automáticamente deberían responder por su propia deuda con sus clientes. Los bancos cobrarían las ejecuciones en pesos y deberían pagar a sus clientes en dólares. La diferencia no es mucha si el banco se cobra con un campo en la pampa húmeda. Pero, a la hora de presentar sus balances ante el Tesoro norteamericano y de rendir utilidades a sus ahorristas de EUA o Europa, sólo les puede ofrecer ese campo revenido en pesos o dividido en copropiedad de miles de accionistas. Muy mal negocio.

La predisposición de los organismos internacionales para zanjar la encrucijada es buena, simétrica a la que demostró en Mayo en Uruguay. El BID otorgó un préstamo de U$S 180 millones aplicables al agro irá principalmente a refinanciar las deudas de los estancieros.

Tanto Estados Unidos como el FMI y el BID son conscientes de que una interrupción total de pagos de la Argentina, esta vez se halla demasiado cercana a una situación semejante de todo el Mercosur (Brasil). Los accionistas de J.P Morgan ya le advirtieron a ese banco que retirarían sus capitales de cortarse todo tipo de pago de la Argentina. Si se sumara a ese ultimátum un default brasileño el colapso financiero sería monumental.

No obstante, ese nudo de intereses suele amparar a las economías complementarias. Hacen concesiones para evitar su propia debacle. Pero hacen concesiones a sectores productivos que siempre han sido afines. Sería impensable que el capital financiero y el gobierno de EUA o los de Europa aflojaran algo de dinero para -por ejemplo- financiar la construcción de barcos o la venta de tecnología nuclear. Aún a costa de su propia inmolación.

El apoyo del sistema financiero de los países desarrollados al sector agropecuario o primario de países subdesarrollados es la máxima muestra de cariño de que son capaces. En su afán por poner en marcha el ALCA, EUA ha reconsiderado las barreras aduaneras a productos agrícolas de los países andinos y hasta la Argentina ha recuperado su cuota exportadora de carne a ese país. Estados Unidos y el FMI están dispuestos a considerar sólo ese tipo de exportaciones como base seria para la renegociación de la deuda externa. Argentina está produciendo buques de guerra con destino a Alemania y un reactor nuclear para Australia. Una dura campaña de organizaciones y medios de prensa contra ese tipo de producción demuestran la indisposición de las naciones avanzadas a admitir algún tipo de competencia, ni siquiera en el plano de lo potencial. Los intereses privados, en estos casos, suelen seguir perspicazmente la experiencia de las potencias acreedoras.


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