Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
  Políticos y Pueblo: el costo de reencuentro
  Por Carlos M. Duré
 

Buenos Aires, Agencia SICLA, 11/11/02.- La concepción neoliberal del estado chico, en tanto el estado es cosa pública, implica la preponderancia de la cosa privada.

En 1992 el gobierno profirió una arenga a sus equipos privatizadores: 'vamos a terminar con las mafias que han vivido del Estado'. Y procedió a entregarles las empresas estatales de las que dichos 'mafiosos' eran proveedores sobre facturados.

El gobierno desreguló o derivó las responsabilidades indelegables -la justicia, la seguridad, la educación, la salud, la protección social- primero a las provincias y por interpósitos gobernadores, después a los municipios.

Unos tres años antes la revista Newsweek prácticamente había dado la extremaunción a Menem asegurando que esa desregulación de la economía y del Estado llevaría al presidente peronista a malquistarse con el pueblo y con sus propios prosélitos debido a que la Argentina, a diferencia de otros ensayos neoliberales, tenía una cultura estatista, tenía 40 años de asistencia social del Estado cuyos beneficiarios rehusarían ceder a los privados. 10 años después el pronóstico parece ser certero incluso para países de experiencia distinta de la argentina: Menem es capaz de unir a millones de argentinos en su contra.

El proceso de descentralización de las obligaciones del Estado Nacional no fue acompañado por los fondos necesarios. Las provincias y los municipios debieron asumirlas en medio de un vaciamiento del aparato productivo -como consecuencia de la convertibilidad importadora- que también les impedía obtener recursos por la vía de los impuestos locales.

Ahora bien, hasta la crisis del 20/12/01, todos los dirigentes políticos, tachados de corruptos por el pueblo, especularon con que el traspaso de escuelas y hospitales a su dominio significaría el manejo de grandes sumas para su propio peculio y para sostén del aparato comiteril ,que podría proyectarlos a puestos mayores o para conservar el que tenían.

Los permanentes pedidos de recortes de gastos estatales por el F.M.I. (60% del de las provincias) y la gran devaluación obligaron a todo el escalafón político a retacear el dinero a su aparato proselitista porque la alternativa era sostenerlo con su propio bolsillo. La pérdida de seguidores leales se hizo sentir de inmediato. Es así que la información que se adjunta, casi cotidianamente, muestra juicios a gobernadores por diputados súbitamente adversos o procesos a intendentes por concejales decepcionados.

Sólo algunos pueden acudir con dinero en auxilio de su potencial base de electores. El gobierno con 1,9 millones de planes de trabajo, Carlos Menem con abundantes fondos ad hoc, el gobernador Sobisch con 300 millones de regalías gasíferas y algún otro.

Durante los primeros meses del año fueron los gobernadores los que presionaron para acordar con el F.M.I. convencidos que ello les reportaría U$S 1000 millones para contener en lo inmediato un estallido social en sus provincias y en lo mediato reencausar hacia su partido a los descontentos.

A ojo de buen cubero, las fuentes de dinero para reconciliar a la clase dirigente con la gente son tres. Un acuerdo con el F.M.I. que reabra el ámbito financiero no los entusiasma mucho pues se basaría en el achicamiento de la política. El cobro de impuestos a los exportadores de productos primarios (grandes terratenientes, petroleros). Y la emisión de bonos de deuda pública o submonedas que deberán ser respaldadas con dinero futuro. Algunas provincias facilitan la instalación de casinos y máquinas tragamonedas (las de la provincia de Buenos Aires se calcula han recaudado $650 millones este año), aún cuando se advierte que son eventuales lavaderos de narcotráfico.

Habrá que ver hasta que punto una parte del pueblo está dispuesto a revalidar a sus dirigentes mediante ese dinero.


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