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La interna del hambre
Por Carlos M. Duré
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Buenos Aires, Agencia SICLA, 19/12/02 (23.00hs).- El Plan Jefas y Jefes de Hogar, antes conocido como Plan Trabajar puede verse de distintas maneras. Como salario estatal para aliviar una pobreza masificada. Como aliciente para retener una base política popular. Como sedante de sectores sociales hundidos que podrían salirse de cauce.

Desde todas las ópticas posibles, este empleo estatal precario es todo lo que ha quedado para el pueblo argentino del proceso de privatizaciones. La corrupción política no se puede considerar un remanente del antiguo estado empresario sino el costo que las empresas extranjeras tuvieron que asumir para quedarse con el negocio.

Pero el primer caso, que comprende a dos millones de personas, es considerado por el FMI como gasto del estado, parte del déficit fiscal. Y el otro caso, es considerado por el FMI como vicio socio político del país, que debe ser erradicado para alentar las inversiones extranjeras.

Lo cierto es que el FMI entiende con claridad meridiana que la privatización de empresas del Estado dejó en éste el pasivo salarial y que los partidos políticos, la política en el sentido más amplio, es la única empresa estatal que da empleo.

Tanto este gobierno como cualquiera que lo suceda, asume que un reencuentro con el Fondo implica un recorte de U$S 4000 millones que incluyen los planes de trabajo.

La baja de dichos planes es ineludible si se encara por el lado financiero la recuperación económica argentina. Los plazos para ir bajándolos están dentro del primer trimestre del 2003, pero el gobierno del PJ ha adelantado el cese de algunos miles de planes en función de su puja interna.

Los planes Jefes de Hogar son dispensados por la señora Chiche Duhalde. En un principio -cuando el país estaba en peores convulsiones- la urgencia obligó a constituir consejos consultivos encargados de conformar la lista de beneficiarios.

Hoy esos mismos consejos -los de la zona norte de provincia de Buenos Aires se quejan a los intendentes que se los tiene en cuenta a la hora de dar de baja a los beneficiarios (113 en Colón, más de 400 en San Nicolás, ciudad del prominente funcionario Díaz Bancalari) y ya no se los consulta para dar de alta a nuevos beneficiarios.

La zona sur del gran Buenos Aires es la fuente de estallidos sociales y de bases políticas más atiborrada. Por lo uno o por lo otro, Duhalde concedió cientos de miles de pesos al dirigente Castells. Es decir, lo apoyó económicamente por la inminencia del aniversario del derrocamiento de su antecesor, atizada en sus rasgos más violentos por punteros del menemismo. O también porque Castells tuvo un encuentro con el candidato Rodríguez Sáa.

Planes sociales y salarios precarios son otorgados y retaceados alternativamente para conservar o disolver bases políticas. Es un método generalizado en el país. Y aunque provincia de Buenos Aires es el principal botín electoral, Tucumán, por los hechos de público conocimiento y por su cuantiosa población, atrapó a la señora de Duhalde con sus planes sociales de rescate. No obstante, una ola de saqueos conmovió ese distrito en los últimos días.

Agencia SICLA.

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