Bufete de Informaciones Especiales y Noticias

Banco Mundial, FMI, tarifas

Por Carlos M. Duré

Buenos Aires, Agencia SICLA, 28/ene/03 (11,42 p.m.).- El énfasis que pone el FMI en el aumento de tarifas de servicios públicos no debe tomarse como un ensañamiento particular con la Argentina en la renegociación de su deuda.

El suscriptor podrá comprobar en el archivo de SICLA que desde principios del 2002 hasta el presente, en toda Sudamérica las empresas concesionarias recurren a todo tipo de presiones para lograr nuevos aumentos. Casi siempre con el mismo pretexto.

Recién asumido su gobierno, el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, debió aumentar los servicios públicos bajo la protesta del movimiento indígena que es la base principal de su poder político. En Venezuela y en plena convalecencia del golpe del 11/4/02, la telefónica AES pidió un aumento tarifario aduciendo perjuicios por la devaluación.

Son sólo dos ejemplos, pero la lectura semanal de los diarios sudamericanos, revelará una política empresarial que no tiene nada de casual pues en muchos casos se trata de filiales de corporaciones trasnacionales.

En la región, como en el caso argentino, los reclamos por aumentos van precedidos por notorias fallas en la prestación de servicios básicos para la vida cotidiana: luz, agua, gas, transporte, teléfonos.

Precisamente ese sector económico es el que más facturó desde los procesos privatizadores constituyéndose en el eje, junto con el sistema financiero, de las políticas desreguladoras, de apertura económica, conocidas como neoliberalismo.

La paridad cambiaria con el dólar permitía a esas empresas remitir sus ganancias al exterior en esa moneda norteamericana, su endeudamiento a futuro (contratos de alquiler y facturas de servicios -que también son contratos) era notablemente más caro que en los mercados europeos y norteamericano.

Por ello, se puede inferir que las empresas se aseguraban el rédito por la paridad tanto como por los altos precios de base de los contratos.

Lo que sucede en la actualidad es que la fuerte devaluación argentina provocó una transferencia de masa salarial a sectores exportadores, es decir, vinculados a mercados de alto poder adquisitivo. Las empresas de servicios dependen del mercado interno, notablemente empobrecido por la transferencia antes señalada (las telefónicas han perdido 600 mil usuarios y las eléctricas registran menor consumo domiciliario). Pretenden, entonces, que un mercado más chico mantenga su tasa de beneficio pagando más.

El origen del dinero devengado por el incremento de tarifas no les importa mucho. Pueden aceptar, como en el caso del gas, que sea un reintegro a cuenta del futuro aumento de tarifas por parte del estado, lo que implica casi un subsidio semejante al del gasoil del transporte y del rural.

El gas -y se podría extender el cálculo a todos los hidrocarburos-, cuya tabla de precios por kilo en el plano regional se adjunta, presenta una apariencia paradójica, la que invocarían eventualmente las empresas para justificar alza de tarifas.

Se ve que Brasil tiene uno de los gases más caros (U$S 0,89 / kilo) y la Argentina uno de lo más baratos (U$S 0,28/kilo).

Brasil redujo el gas envasado doméstico un 12% en julio 2002 al tiempo que su empresa, Petrobrás -reciente compradora de la petrolera argentina Pecom- pedía en la Argentina un reajuste de precios del 13%. Los U$S 0,89 por kilo no incluyen aquel 12%, con lo que se deduce que es un precio subsidiado desde la filial argentina. Pero el precio argentino no refleja ese subsidio a Brasil, sencillamente por que el estado redujo el pago de regalías de hidrocarburos calculando U$S 18,5/barril para el 2003, lo que le deja a la petrolera un margen de ganancia del 80%.

Es un subsidio tácito también la liquidación de divisas por exportación en el exterior. El falso precio bajo del gas argentino se revelerá como tal cuando es más consumido: en el invierno, y con otro gobierno.

Pero volviendo al origen de esta nota, la ofensiva por el aumento de tarifas tiene por objeto deglutir el dinero liberado al mercado interno de los planes de trabajo y planes sociales.

Como el usuario es insolvente y su salario socorrista se paga en bonos o cuasi monedas, cuyo garante es el estado, se puede afirmar sin miedo a equivocarse que las empresas prestadoras de servicios públicos, lo que realmente esperan con el aumento de tarifas es un subsidio.

El FMI plantea dos medidas que se repudian entre sí: el aumento de tarifas y la recuperación de las cuasi monedas emitidas para contener la situación social.

Para esta última, si embargo, no se ha decidido a dar U$S 850 millones, que no cubren la totalidad de bonos emitidos. El banco Mundial dará U$S 600 millones para planes de trabajo. Es decir, mientras el FMI intenta retirar del mercado interno los bonos, el BM alienta nuevas emisiones. Las empresas de servicios auspiciarán la política del FMI en cuanto al aumento de tarifas, y al BM en cuanto a cómo cobrarlas.

Agencia SICLA.

Rebanadas de Realidad - Envíenos sus comentarios e informaciones