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Abandono de obras y servicios públicos

Por Carlos M. Duré
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Rebanadas de Realidad - Agencia SICLA, 03/04/03 (09, 12 p.m.).- Entre Ríos. La empresa norteamericana PSEG, concesionaria de la electricidad de la provincia, se retira del negocio dejando una deuda de U$S 240 millones, más que el mercado total del rubro. Según la prensa local la desinversión llega a U$S 16 millones.

Otra información de esa procedencia confirma la apreciación de esta agencia del 31/03/03 "Raras concesiones" (*), en el sentido de que las grandes empresas concesionarias de obras y servicios públicos abandonaron lisa y llanamente su obligación contractual a consecuencia de la pesificación. Dice la especie que no se define quién deberá poner el dinero para la conclusión de las obras del puente Victoria - Rosario a cargo de la empresa Puentes del Litoral cuyas cuentas están embargadas. Este contrato fue pesificado con lo que sus costos se han reducido en un 60%.

Tanto el caso del puente como el de la distribuidora eléctrica se suman a otros ya revisados en este espacio (AES Corp. Panedile y Cartellone y los diques de Cuyo).

Las empresas trasnacionales que originalmente se adjudicaron las obras lo hicieron con la convertibilidad 1 a 1. La pesificación implicó una drástica merma en el giro de divisas a sus casas matrices. Tras cobrar el tramo de las obras, anterior a la devaluación, abandonaron el resto. A los efectos de evitar un juicio por incumplimiento de contrato, transfirieron la parte incumplida a un socio local. El Estado aceptó a priori tal delegación sin verificar a conciencia las garantías de los nuevos contratistas, encontrándose luego con que son insolventes. La obra o el servicio queda paralizado. El Estado busca fondos para reactivarlo pero sus compromisos de superávit fiscal con el FMI impiden tales asignaciones. El Estado no se decide a emprender acciones legales contra las concesionarias originales. El Estado teme un contra juicio basado en el fallo redolarizador de la Corte (que no afecta a contratos de obras públicas). Finalmente se produce el actual estado de indefinición.

La información procedente de Tucumán dice que el país sobrecumplió el acuerdo con el FMI: U$S 1750 millones. Se trata de un superávit primario, sin pago de intereses de la deuda externa. Si se añade a este dato el de la recaudación impositiva que va en aumento no se entiende que la Secretaría de Hacienda no disponga de fondos mínimos para las obras y servicios públicos. Que en el caso de las mencionadas no es tan acuciante como, por ejemplo, en el de las que concurren directamente a la preservación de la salud. Tal es el caso de una escuela de Campo Viera donde los chicos beben agua contaminada porque se derrumbó el aljibe. Estos chicos se exponen a contraer enfermedades, como la hepatitis que ha causado estragos en Tucumán, presumiblemente por falta de inversión en obras sanitarias.

 
Gentileza: Agencia SICLA.

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