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Bonos débiles y bonos poderosos

Por Carlos M. Duré carlosdure@rebanadasderealidad.com.ar

Rebanadas de Realidad - Agencia SICLA, 05/05/03 (10, 05 p.m.).- Ya se ha señalado en otro análisis que el gobierno -cualquiera sea su presidente-, por intercesión del ministro Lavagna deberá resolver sobre la recompra de deuda externa o la recompra de deuda interna, particularmente la del salario.

Ambas documentan las obligaciones del Estado con bonos. Los de deuda externa tienden a aglutinarse en las cláusulas de acción colectiva (CAC) impulsadas por el Tesoro de EUA, lo que inclina a creer que serán asumidas por el FMI. Dichas cláusulas, sencillamente priorizan la tenencia individual de bonos por sobre las corporativas y agremian a cientos de miles de acreedores en organismos internacionales, de manera que el cobro es objeto de derecho internacional y de los tribunales correspondientes.

No debe sorprender que EUA auspicie este mecanismo de cobro de deudas externas como la mexicana o la argentina. Las acreencias de un Estado sobre otro tropieza con las limitaciones de la soberanía, entre otras limitaciones, que están amparadas en el derecho internacional.

Puesto que EUA desconoció a fines del 2002 la jurisdicción del derecho internacional sobre sí, y posteriormente lo violó abiertamente con la invasión a Iraq, no podría invocarlo para cobrar deudas e imponer embargos.

Algo parecido ocurre con las corporaciones cuyo presunto derecho a cobrar lo que le debe un país choca con sus propias deudas externas privadas a menudo rayanas en lo delictivo. Tal es el caso de los bancos de la Argentina que, al violar el derecho de sus ahorristas y al violar normas que les impedían sacar divisas del país, dudosamente pueden aducir que sus propios derechos contractuales son transgredidos al no pagar la nación sus deudas.

Una potencia, una gran corporación, podrían, según el derecho internacional, soportar la moratoria de una deuda si cuyo pago sume a miles o millones de individuos en padecimientos económicos. En otras palabras, entes poderosos contra individuos débiles obliga a priorizar el derecho de estos últimos.

Invirtiendo el razonamiento, un Estado deudor que no le paga a su acreedor individual también obliga al derecho internacional a proteger al débil.

Los embargos de Alemania sobre Argentina se han basado casi con seguridad en el concepto comentado. El ex Secretario del Tesoro de EUA, O´ Neill, en el mismo sentido, utilizó extorsivamente contra el ministro Lavagna el derecho de los carpinteros de Winconsin afectado por el default argentino. Y el propio gobierno argentino admitió la preeminencia de las CAC al reunirse en Japón con acreedores individuales, que, no obstante esa condición, tenían una solución consensuada: cobrarse con territorio nacional.

La promesa de Lavagna de pagar a los acreedores bonos bien cotizados implica una intervención del Estado en la fijación de dicho precio. Lavagna, sin embargo, reniega de la misma intervención para fijar un valor alto de los bonos provinciales que afectan los recursos de los gobernadores y particularmente al salario público. Es decir, hacia afuera, el gobierno argentino admite la prioridad del acreedor individual débil frente al Estado poderoso, y hacia adentro, posterga el derecho del asalariado acreedor débil frente al mismo Estado.

Si se sacara de en medio al Estado argentino la justicia internacional se encontraría en un debate filosófico: si un carpintero de Wisconsin es un acreedor desvalido o si un docente de Entre Ríos es un poderoso deudor.


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