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Más cerca de la justicia

Por Eduardo Jozami (*)

Rebanadas de Realidad - Ciudad de Buenos Aires, 31/07/03.- ¿Cómo seguir avanzando hacia el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado?. Luego de la euforia generada por la detención de Astiz, Bussi y muchos otros, y por la derogación del decreto que frenaba las extradiciones, se abren diferentes posibilidades. ¿Es conveniente extraditar a los requeridos por el juez Garzón o deben ser juzgados en el país? En este último caso, que supone la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ¿ésta se debe promover por vía legislativa o corresponde una decisión del máximo órgano judicial?

Los interrogantes -planteados en muchos casos de buena fe y en otros como una última línea de defensa de los genocidas- despliegan toda su complejidad jurídica y política. No pueden, sin embargo, ocultar el extraordinario avance logrado en pocos días con la derogación del decreto de De la Rúa y la detención de los represores.

El tema de las extradiciones se plantea de un modo distinto a partir de la decisión mostrada por el presidente para terminar con la impunidad. Las víctimas sobrevivientes, los familiares y los organismos de Derechos Humanos impulsaron los juicios en el exterior como el único recurso posible ante la vigencia del Punto Final y la Obediencia Debida. Era también, así lo expresaron muchas veces, un medio de presionar para lograr la nulidad de esas leyes. Eso era precisamente lo que el decreto de De la Rúa quería evitar: que la amenaza de una extradición posible llevara a acelerar los juicios en el país.

Es razonable que los familiares -y todos los que estamos comprometidos con el movimiento de Derechos Humanos- reclamen el juzgamiento en cualquier sede, porque la peor de todas las respuestas es la que lleve a la impunidad. Pero los juicios en el país no sólo aparecen como la solución más factible -es difícil imaginar a cualquier Estado enviando al exterior a decenas de imputados por delitos aberrantes que renuncia a juzgar en su territorio- sino también la única que puede restablecer en el país el orden jurídico y el sentido de la justicia groseramente vulnerados por el Punto Final y la Obediencia Debida.

Muchos jueces y Cámaras Federales han declarado inconstitucionales las leyes y no parece que los restos de esta Corte acosada por la opinión pública puedan atreverse a convalidarlas. La renovación del Tribunal en los próximos meses haría aún más factible la declaración de inconstitucionalidad. Más tarde o más temprano, esta definición será inevitable porque aún en el caso de una nulidad resuelta por vía legislativa, la cuestión de constitucionalidad terminará por ser considerada en el más alto tribunal.

Esto no implica, sin embargo, considerar inconveniente el tratamiento legislativo. El Congreso que sancionó el Punto Final y la Obediencia Debida ha demorado demasiado para reparar el daño inferido al orden constitucional argentino. Algunos discuten si el legislativo tiene facultades para declarar la nulidad de una ley. Esto puede llevar a una compleja discusión jurídica que, como dijimos, terminará siempre en la Justicia. Pero si al consenso dominante en la sociedad sobre la nulidad de las leyes se suma la decisión mayoritaria de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, nos parece difícil imaginar que pueda seguir sosteniéndose la vigencia de las leyes en sede judicial.

La declaración de Raúl Alfonsín destacando que la sanción de las leyes fue promovida en un contexto de coacción contra las instituciones no justifica la claudicación frente al alzamiento carapintada pero contribuye a dejar en claro la manifiesta ilegitimidad de la decisión entonces adoptada. La voluntad política mostrada por el actual presidente pone de manifiesto aún más la actitud conciliadora de quienes durante 16 años sostuvieron la legitimidad de las leyes de impunidad. Casi todos los legisladores de la UCR bancaron los proyectos de Alfonsín y, más tarde, la mayoría de los justicialistas aceptaron los indultos y votaron contra la nulidad de las leyes que sólo fue apoyada por una minoría entre los diputados del FREPASO. Anular las leyes de impunidad es, también, dar vuelta otra página sobre la decadencia de la política argentina.

Todavía habrá que tolerar muchas argucias y chicanas judiciales. Pero ya la sociedad ha aceptado no sólo la justicia del castigo a los represores sino también la posibilidad de llevar los juicios adelante. Resultan hoy poco creíbles los augurios sobre las graves consecuencias de "reabrir las heridas del pasado".En principio porque esas heridas nunca se cerraron y, además, porque sólo es posible hacerlo sobre la base de la justicia y la verdad.

(*)Dirigente porteño del ARI, candidato a diputado nacional por FUERZA PORTEÑA.
Gentileza de Graciela Sessa. Mail. Tel 4958-0838.

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