Bufete de Informaciones Especiales y Noticias

La salida política al pronunciamiento militar de 1955

Por Luis Oscar Bujan (*)
Conferencia pronunciada el 13 de setiembre de 2003, 45 Encuento Regional de Historia Bonaerense. Insitututo Nacional de Investigaciones Históticas Juan M. De Rosas - Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires - Instituto Sup. Del Profesorado Pbro. Dr. A.M.Sáenz - Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora - Insituto de Investigaciones Históricas , Políticas Económicas y Sociales Juan M. De Rosas de Lomas de Zamora.

Rebanadas de Realidad - 09/10/03.-

1. El momento de la revolución Libertadora

A la hora de ir culminando este encuentro que analizó las salidas políticas de los tres primeros golpes militares triunfantes del siglo XX, nos toca tratar el de la denominada "Revolución Libertadora", o "fusiladora", según sea la prespectiva desde la cual se lo analice.

Digamos en primer lugar que el hecho político que nos ocupa presenta grandes diferencias con los dos pronunciamientos anteriores.

En primer lugar, resaltamos que existía en la Fuerzas Armadas una profunda división entre sus integrantes. Desde por lo menos 6 años antes, se percibía un clima golpista, tanto entre los miembros de las FFAA, como en la sociedad política opositora, producto de la profunda e irreductible división que el peronismo y las medidas adoptadas por el gobierno de Juan D. Perón habían producido. El fracaso de la Revolución del 28 de setiembre de 1951 y la aplastante victoria obtenida en las elecciones de 1952, parecían demostrar que la única posibilidad de desplazar al peronismo era por medio de un golpe de estado, pronunciamiento que debía contar con un vasto apoyo en la opinión civil, que por el momento no existía.

En la Marina de Guerra la oposición era muy grande y casi masiva. En esta fuerza, las tradiciones liberales y cierta influencia masónica eran muy fuertes unidas a una gran disconformidad por las políticas presupuestarias militares favorecían a la Fuerza Aérea (la niña mimada de Perón) y al Ejército, en desmedro de los hombres de mar.

Dentro del Ejército, el grupo liberal, mostraba una fuerte hostilidad (muchas veces disimulada y cargada de hipocresía) hacia el "coronel del pueblo". Ciertas medidas entre las que mencionamos, las que tendían a favorecer al arma de infantería, el aumento de los salarios de los suboficiales que acortaba la diferencia entre estos y los oficiales, la obligatoriedad de la enseñanza en los institutos militares de la Doctrina peronista. No debemos descuidar el hecho que Perón se había destacado de la mediocridad promedio de sus camaradas de armas, lo que suele despertar la envidia de quien no admite la grandeza de los demás, debido a su pequeñez.

El segundo hecho distintivo, será dado por el gobierno peronista, quien ganado por una soberbia ilimitada, producirán un vuelco en la opinión pública, dando a esta la imagen de un clima irrespirable que amenzaba las libertades más elementales. Esta medidas, en especial las tomadas contra la Iglesia Católica, que arrecian hacia 1955, será el factor que convierta a la 'cuestión religiosa' en el factor aglutinante de toda la oposición y de numerosos sectores medios y bajos. Este enfrentamiento facilitó a la oposición la creación de un frente común, por cuanto la Iglesia se convirtió en la trinchera de quienes enfrentaban al régimen, participaran o nó de la fe católica. De tal manera que el gobierno sin proponérselo, proporcionó gratuitamente a sus tradicionales opositores polítcos un podersoso aliado.

Se acusaba a los sacerdotes y a la Iglesia de formar parte de la 'oligarquía negra', lo que despertó enorme indignación en muchos católicos que participaban de su apoyo al peronismo, y a la hora de tener que decidirse entre su Fe y su creencia política, en el mejos de los casos se mantuvieron neutrales.

El tercer hecho, lo constituye el cruento enfrentamiento que rodeo la caída de perón y que comenzó con el bombardeo a la Plaza de Mayo realizado el 16 de junio de 1955, el intento de asesinar a Perón, la quema de las iglesias y los combates del mes de setiembre, que culminaron con cientos de muertos y miles de heridos. Hecho que jamás había presenciado el siglo XX argentino.

Finalmente, el golpe del '55 no tuvo como causas determinantes ni una grave crisis económica ni una situación internacional de conflicto que actuaran como elementos catalizadores para el estallido de la revolución.

El 16 de septiembre comenzó el movimiento armado que pondría fin a su gobierno después de tres días de lucha. Uno de los jefes del movimiento triunfante, el general Eduardo Lonardi, asumió la dirección del Poder Ejecutivo con el carácter de presidente provisional. Después de nueve años las Fuerzas Armadas, a la cabeza de una coalición de liberales y nacionalistas, católicos y laicos, habían vuelto al ejercicio directo del poder.

Apenas se constituyó el elenco del Gobierno Provisional, comenzó la disputa por la orientación del nuevo orden. Para la fracción liberal, que se agrupaba alrededor del vicepresidente de la Nación y "hombre fuerte" de la Marina, el contralmirante Francisco I. Rojas, los nacionalistas que el general Lonardi había incorporado al gabinete, entusiastas del movimiento del 4 de junio de 1943, estaban a la búsqueda de alguna forma de peronismo sin Perón. El respaldo de este grupo se debía a que veían al peronismo como una valla contra el avance de las ideas marxistas.

A esa inspiración se atribuía la política de negociación con la CGT que se llevaba adelante desde el Ministerio de Trabajo y Previsión, Luis B. Cerrutti Costa y la parsimonia para desmontar la máquina del "totalitarismo" peronista. La adopción del lema apaciguador que había hecho suyo el presidente Lonardi, "ni vencedores ni vencidos", se achacaba a la misma fuente de sugestión ideológica y era vista como signo de evangelismo sentimental, cuando no sólo una estratagema con fines electorales, por quienes reclamaban que el gobierno hiciera honor al nombre del movimiento que lo había engendrado, el de Revolución Libertadora.

La formula 'Ni vencedores ni vencidos' planteó la primera diferencia entre los miembros del heterogéneo bloque que había triunfado en la revolución libertadora. Esta consigna trataba de hacer llegar a los peronistas la tranquilidad de que la revolución no había sido dirigida contra ellos, ya que entre los trabajadores existía preocupación por el destino de las conquistas sociales y económicas alcanzadas durante la gestión de Perón; situación que ya había ocurrido entre octubre de 1945 y febrero de 1946, recuerdo que estaba muy fresco en la memoria de la masa peronista.

El 13 de noviembre el general Lonardi fue desplazado en un golpe de palacio y con él se alejó todo el personal político proveniente del nacionalismo. En su reemplazo fue designado como presidente provisional el general Pedro E. Aramburu, cuya proclama, transmitida ese mismo día, rubricó el triunfo de la fracción liberal: "Un solo espíritu alienta el movimiento de la Revolución; es el sentimiento democrático de nuestro pueblo, que afloró en 1810 y resurgió después de Caseros".

Tres días después se intervino la central obrera, cuya dirección fue confiada a un oficial de la Marina, el capitán de navío Alberto Patrón Laplacette y el 30 de noviembre fueron disueltas las dos ramas del Partido Peronista. Se declaró inhabilitados para ocupar puestos públicos a quienes habían sido dirigentes del peronismo o habían colaborado como funcionarios, electos o por nombramiento, con el régimen abatido. La sola posesión de un retrato de Perón se convirtió en delito. El proyecto de desperonizar la sociedad argentina por todos los medios había tomado el puesto de mando.

¿Qué camino debía tomar el capitalismo argentino después de la década justicialista? El asunto permaneció entre paréntesis mientras el heterogéneo frente antiperonista sólo tuvo en la mira el derrocamiento de Perón. Pero surgió como una cuestión insoslayable, entremezclada con los diversos asuntos sin definición dentro de la coalición triunfante en septiembre de 1955, no bien se instaló el Gobierno Provisional. Podría decirse que se reanudó entonces lo que Juan José Llach ha llamado el "gran debate" sobre el desarrollo económico nacional, comenzado en los años treinta y clausurado, al menos como discusión expuesta a la luz pública, desde 1946.

Un informe de Raúl Prebisch, que contenía un diagnóstico sobre el estado de la economía argentina con recomendaciones de medidas urgentes, fue el motivo y la ocasión para la primera de las controversias políticas que se librarían en los años de la Revolución Libertadora.

El informe que presentó al presidente Lonardi a fines de octubre de 1955 fue el primer documento de esa colaboración y lo que habría de popularizarse como "Plan Prebisch" se convirtió en el eje de un amplio debate -pese a los repetidos esfuerzos del secretario de la CEPAL por aclarar que se trataba de un planteo previo, no de un plan, que sólo vendría después.

Como si no quisiera dejar dudas sobre la necesidad de "desperonizar" la economía, el balance que hizo el asesor de la herencia recibida fue compactamente negativo. "La Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico", escribió en el comienzo del informe, más aguda que la que debió conjurar Avellaneda y que la del año 1906 El documento señalaba varios sectores donde la situación era juzgada apremiante y obligaba a adoptar medidas sin demora (como el sector energético, cuya capacidad de producción estaba muy por debajo de las necesidades de la industria, o el estado del sistema ferroviario, envejecido y descapitalizado), pero ubicaba la raíz del problema central, la precaria situación de divisas, en la postración de la producción agraria: se la había desalentado, como consecuencia de la política de precios seguida por el gobierno peronista respecto de los productos del campo, quitándole además todo estímulo a la modernización técnica de la empresa rural.

Este cuadro debía ser cambiado inmediatamente, aconsejaba Prebisch, comenzando por mejorar los precios rurales mediante una devaluación que reajustara los tipos de cambio, artificialmente distorsionados por el gobierno anterior. Era necesario, además, facilitar a los productores del campo la importación sin trabas de los bienes productivos que requería su actividad, cuando esos bienes no 1 eran abastecidos por la industria nacional. Para Prebisch, que en esto retomaba una fórmula ya familiar en el pensamiento económico argentino, estimular la actividad agropecuaria era esencial también para la industria, dado que una fuerte producción rural proveería a la actividad manufacturera local de las divisas necesarias para adquirir los equipos, las materias primas y los combustibles que su desarrollo requería y el país aún no generaba.

Si en el exterior la fama del secretario de la CEPAL remitía, ante todo, a la producción de un conjunto de tesis heterodoxas respecto del desarrollo de los países periféricos y a los estudios sobre la economía latinoamericana elaborados por esa comisión de las Naciones Unidas, en la Argentina para un conglomerado numeroso, compuesto de radicales formados en la tradición "forjista", nacionalistas y, obviamente, peronistas, el nombre de Prebisch evocaba el ciclo de gobiernos conservadores que surgieron después del golpe de 1930 y se mantuvieron en el poder hasta 1943. Prebisch había sido un funcionario destacado de esos gobiernos a los que la mayoría de la opinión identificaba con el fraude electoral sistemático y la subordinación de la economía argentina a los intereses del capitalismo extranjero (el pacto Roca-Runciman era el epítome de una política de sujeción a la política imperial de Inglaterra). En 1945, el periodista nacionalista José Luis Torres había bautizado esos años de hegemonía conservadora con el título de uno de sus libros, Década infame, una denominación que habría de perdurar y con la cual podía ligarse el nombre de Prebisch.

Las críticas de su informe preliminar, que provinieron sobre todo de las filas de ese vasto conjunto, no dejarían de conectar el pasado con el presente al dar cuenta del sentido político y económico del documento: lo que se pretendía era retroceder, volver a la Argentina agraria, a la Argentina preperonista. Ésa fue la tesis del más popular de los escritos contra el informe, el folleto de Arturo Jauretche El plan Prebisch. Retorno al coloniaje. La revolución política, sostenía Jauretche refiriéndose al movimiento que había derrocado a Perón, "sólo tiene por objeto encubrir una contrarrevolución económica y social para replantear al país sobre su vieja base colonial cuya economía no admite 18 millones de argentinos prósperos y felices".

Tanto el informe de Prebisch como su discusión dejaron ver tempranamente varios de los temas en torno a los cuales se alinearían las posiciones en la escena pública: las relaciones entre el país agrario y el país industrial, la función relativa del Estado y de la iniciativa privada en el desarrollo económico, el papel del capital extranjero en la economía nacional, el abastecimiento energético (la cuestión del petróleo en primer término). Pero más importante aún es que el debate dejó ver, también muy rápidamente, lo intrincadas que eran las relaciones entre la tarea de "desperonizar" la economía y la de asimilar, como decía Mario Amadeo, "ese vasto sector de la población argentina que puso sus esperanzas en la figura que dio su nombre al régimen caído y que, a pesar de sus errores y sus culpas, le sigue siendo fiel". Porque esa masa, continuaba, "está crispada y resentida". Ambas tareas aparecían ligadas, pero en la forma de un nudo de exigencias contrapuestas cuya presión habrían de experimentar no sólo los gobiernos de la Revolución Libertadora.

Digamos para finalizar este punto, que el abandono de la política bilateralista seguida por nuestro país desde 1933, facilitaría el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional.

Seguiremos el gobierno dela revolución y su finalización en un gobierno elegido por medio de comicios en tres planos: el militar, el político partidario y el sindical.

2. El plano militar (1)

La llegada del general Eduardo A. Lonardi a la presidencia del país coronó con éxito el intento militar por desalojar del gobierno al general Juan Domingo Perón. El mismo constituyó, indudablemente, el enfrentamiento más prolongado y sangriento de los distintos alzamientos revolucionarios que hasta entonces se habían sucedido, no obstante que fue circunscrito y varias unidades militares (supuestamente leales) permanecieron inactivas a la espera de los resultados de la insurrección cívico-militar, que determinó en definitiva el triunfo de un sector de las Fuerzas Armadas en detrimento de otro que se mostró partidario de las autoridades constituidas.

Un día más tarde, una fuente gubernamental anunció la designación del contralmirante Isaac F. Rojas como vicepresidente provisional (2), al tiempo que se fue conformando el gabinete ministerial, inicialmente compuesto de la siguiente manera: Ministros secretarios de los Departamentos de Interior y Justicia: doctor Eduardo Busso; Hacienda y Finanzas: doctor Enrique Folcini; Comercio: doctor César Bunge; Relaciones Exteriores: doctor Mario Amadeo; Trabajo y Previsión: doctor Luis Benito Cerrutti Costa; Comunicaciones: ingeniero Luis María Igartúa; Industria: señor Horacio Morixe; Educación: doctor Atilio Dell'Oro Maini; Obras Públicas: ingeniero José Blas Paladino; Salud Pública: doctor Ernesto A. Rottjer; Transporte: general Juan José Uranga; Agricultura y Ganadería: doctor Alberto Mercier; Ejército: general León Justo Bengoa; Marina: contralmirante Teodoro Hartung; y Aeronáutica: vicecomodoro Ramón A. Abrahin.

El Gabinete reflejaba la realidad política del frente antiperonista: Liberales por un lado, Lonardista, católicos y nacionalistas del otro. Junto al presidente estaban: Mario Amadeo, el Gral. Uranga y el General Bengoa, Cerrutti Costa, El asesor Clemente Villada Achaval,y el Secretario de Prensa Juan Carlos Goyeneche. Al Gral. Bengoa se le cuestionará por ser demasiado tolerante con los militares peronistas.

Las primeras medidas del gobierno provisional en el orden de las fuerzas armadas (3) estuvieron destinadas a conceder una amplia amnistía a todos los que fueron condenados o procesados por delitos políticos desde el 4 de junio de 1946 a la fecha. El beneficio fue extensible a todo el personal militar en virtud de pronunciamientos de tribunales de calificación especial a penas o sanciones que hubiesen aparejado la destitución o baja (simple o por rebeldía) de las Fuerzas Armadas (4). Casi simultáneamente, el gobierno provisional sancionó un decreto que facultaba al poder ejecutivo para que, "previo asesoramiento de un tribunal de calificación especial designado al efecto en cada una de las Fuerzas Armadas reincorporara en la situación revista, grado o antigüedad que para cada caso se determinara, al personal amnistiado, como así también al que encontrándose en situación de retiro conviniese reincorporar al servicio activo" (5).

Estas medidas estaban orientadas a mantener un estricto control sobre las instituciones militares, depurándolas de elementos que pudieran interferir con los lineamientos y el plan político que se intentaba poner en funcionamiento, al tiempo que propiciaba el regreso a las filas castrenses de todos aquellos que voluntariamente o no, se habían visto obligados a alejarse de la institución. Cada una de las Fuerzas Armadas emprendió la tarea de revisión de la situación individual de su personal, decidiendo el futuro de aquellos que no se habían manifestado acordes con las nuevas autoridades.

El proceso de depuración o "desperonización" tuvo distintos matices en cada arma. En la Marina, en razón del espíritu de cuerpo casi unánime en favor de la Revolución, la purga no fue tan amplia como en la Aeronáutica y en Ejército. En éste último, varios centenares de jefes, oficiales y suboficiales (donde el peronismo había arraigado más profundamente), fueron obligados a pasar a situación de retiro. En virtud de que primó un criterio político para la toma de decisiones sobre el destino del personal militar, y en razón del elevado número de oficiales que se alejaban "forzosamente" de las filas castrenses, una situación inusual vino a aquejar tanto al control jerárquico, como a la unidad y a la disciplina de las instituciones armadas.

Por otra parte, en razón de que el gabinete ministerial del general Lonardi estaba compuesto de hombres de distinta raigambre ideológica (liberales y nacionalistas), se fue perfilando desde el principio de su gestión una clara antinomia respecto a la posición que debía adoptar el gobierno respecto al peronismo, especialmente en relación al partido peronista y al movimiento obrero organizado, baluartes indiscutidos del régimen depuesto. Las controversias fueron aumentando con el correr de los días, diferenciándose nítidamente las dos corrientes de opinión que tenían asidero en el nuevo gobierno.

El presidente provisional y los que lo apoyaban partían de la premisa según la cual la revolución había desmantelado al peronismo, el cual desprovisto de los resortes del gobierno había perdido peligrosidad y que en consecuencia, debía ponerse en marcha inmediatamente la tarea de la conciliación nacional, que se centralizaba en el lema "ni vencedores ni vencidos" (6). Los que discrepaban pensaban a su vez que el peronismo no había sido tan sólo un mal gobierno, corrompido y prepotente; se trataba de un sistema reñido con la concepción democrática sustentada por la enorme mayoría del pueblo argentino, y por lo tanto, la revolución debía impedir la amenaza o el peligro de la reedición de un gobierno de este tipo (7).

El general Lonardi contaba con el incondicional apoyo, dentro de las filas del ejército, del general Bengoa (ministro de Ejército), uno de los más decididos y entusiastas partidarios de no innovar respecto de la C.G.T. y del partido peronista, tratando de hacer válida la palabra empeñada de que en el país no había vencedores ni vencidos. Las presiones del sector liberal, cuya cabeza más visible en el nuevo gobierno era el vicepresidente provisional contralmirante Rojas, estaban orientadas a que se decretara la intervención de la central confederal y se disolviese de inmediato el Partido Peronista.

El ala liberal del gobierno, apelando a todos los recursos a su alcance, puso trabas de distinta naturaleza al general Lonardi, quien debió ceder ante las presiones ejercidas y dejar de lado las variaciones que intentó introducir en la cúpula del poder. La recomposición operada en las fuerzas armadas, donde los liberales se apropiaron de la iniciativa, se tradujo en una campaña de descrédito hacia el titular de la cartera de Ejército que se oponía a las purgas en la Fuerza y ponía reparos a las reincorporaciones de los militares dados de baja por el gobierno peronista.

Las razones aludidas, de cariz administrativo y organizativo, más que de un trasfondo ideológico que era el que realmente suscitó la controversia, pusieron al borde de un abismo al general Bengoa, quien un tanto abandonado a su suerte presentó su renuncia. El texto de la nota de dimisión, tras efectuar una apología del pensamiento del general Lonardi, reflejado en el discurso que pronunciara en la Plaza de Mayo, expresaba: "Tengo la profunda convicción de que, salvo en el caso de los delincuentes que deben ser castigados, debe privar la tolerancia para las ideas y los sentimientos que no sean los nuestros, como única forma de elevar a la República al olvido de los odios sembrados hasta hace poco por la dictadura depuesta." (8)

Y más adelante agregaba: "Temo que un nuevo rumbo, por ligero que fuera su cambio, podría significar la división de fuerzas que es imprescindible mantener unidas y solidarias para evitar exponer al país a situaciones que pudieran ser peligrosas y cuyos resultados serían imposibles de prever." (9)

La carta de renuncia motivó la respuesta del presidente provisional, cuya síntesis final estaba condensada en los siguientes términos: "No importan las vacilaciones y vicisitudes ni siquiera las aparentes contradicciones. No siempre la atención está tan despierta, o tan provista de energía nuestra voluntad, como para hacer frente al cúmulo de cuestiones, tan diversas y complejas, que diariamente nos afligen. El rumbo general es lo que importa, en nuestra ruta por la libertad y la recta intención.

Tenga fe, señor general, en el juramento que presté ante mi pueblo, y créame que comparto sus sentimientos porque cesa su colaboración inmediata. No olvidaré tampoco, su hermosa lección de tolerancia y de hidalguía, y aún querría asegurarle que muy pronto rubricaré con hechos la feliz coincidencia." (10)

El alejamiento del general Bengoa del cargo de ministro del Ejército el 8 de noviembre de 1955 restó al presidente de un firme sostén en la aplicación de su pretendida política "contemporizadora"; se había negado terminantemente a realizar purgas dentro del Ejército. Aunque el general Lonardi no tuvo más remedio que aceptar la renuncia para mantener la necesaria paz interna, el orden y unidad de su gobierno.

El reemplazante del general Bengoa, fue el general Arturo Ossorio Arana, reincorporado al servicio activo horas antes de tomar posesión del nuevo cargo. (11)

El conflicto ideológico sobre la manera de conducir el proceso revolucionario se acentuó precipitadamente. La decisión del general Lonardi de desdoblar la cartera de Interior y Justicia colocando en Interior a Luis María de Pablo Pardo, será el factor desencadenante de su deposición y su reemplazo por el general Pedro Eugenio Aramburu.

El 12 de noviembre, el general Lonardi hizo público un comunicado dirigido a la ciudadanía donde recalcó una vez más su ideario político. tendiente a materializar la tan ansiada paz social. El mismo tenía como finalidad salir al cruce a las críticas originadas por la designación de algunos de sus más cercanos colaboradores (que no habían sido del agrado del sector liberal), que compartían la responsabilidad de la Revolución Libertadora. El comunicado expresaba: "Las pocas voces de desacuerdo escuchadas no se han referido a la política inicial del Gobierno ni a sus postulados fundamentales, sino al nombre de algunos funcionarios, a los que se ha objetado por alguna forma de actuación anterior y no por los hechos producidos en ejercicio de la función.

Esta defensa ha de hacerse siempre con armas nobles, con la verdad sin retaceos, y en ningún caso traducirse en una especie de puritanismo excluyente, que tienda a convertir en indeseables a muchos ciudadanos cuyas ideas han consistido en la crítica apasionada de valores de la nacionalidad argentina que pueden compartir sin desmedro los demócratas más sinceros." (12)

Sin embargo, este mensaje no tuvo el efecto deseado. Muy por el contrario, esa misma noche se hicieron presentes en la residencia presidencial un número elevado de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas (13) acompañados por los tres ministros militares (general Ossorio Arana, Almirante Hartung y vicecomodoro Abrahín), quienes se reunieron con Lonardi para encontrar una salida a la crisis producida tras el juramento del doctor Luis María de Pablo Pardo como ministro del Interior. En el transcurso de la misma, que se extendió durante varias horas, señala Luis Ernesto Lonardi que los jefes y oficiales pidieron "en representación de las Fuerzas Armadas, la renuncia de los siguientes funcionarios: asesores de la Presidencia, mayor Guevara y Clemente Villada Achával, ministro de Transportes, general Uranga, y el recién nombrado, Dr. Luis María de Pablo Pardo". (14)

También se le solicitó compartiera su autoridad con una Junta Militar integrada por los tres ministros militares, disolviera al partido peronista e interviniera a la C.G.T.

El argumento aludido era el carácter eminentemente "nacionalista" que coloreaba al régimen militar, situación que había provocado hondo malestar tanto en las filas castrenses como en la Junta Consultiva (de reciente formación), cuyos miembros casi unánimemente habían elevado sus renuncias. La situación se agravó ya que una actitud similar estaba por suceder con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reacción que este petitorio causó en Lonardi fue de consternación y de rechazo, por cuanto no podía poner en tela de juicio la integridad ni la lealtad de los colaboradores que se le "solicitaba" alejarse del gobierno, no sin antes advertir que de mediar tales "pedidos" él mismo elevaría su renuncia (15). Tampoco aceptó compartir la responsabilidad del gobierno, ni innovar en su política respecto al movimiento peronista.

Al no arribarse a un acuerdo definitivo, la reunión finalizó con un dejo de amargura por cuanto eran pocos los que deseaban el cambio de Lonardi de la presidencia provisional. Sin embargo no era otro el camino para torcer el rumbo de la revolución, que, a entender del sector liberal, sólo era posible de mediar el alejamiento de Lonardi. A las pocas horas de finalizado el cónclave, los tres ministros militares volvieron a hacerse presentes en la residencia presidencial, esta vez no para hallar juntos una solución a la difícil encrucijada en que estaba inmerso el gobierno, sino para manifestarle al general Lonardi que había perdido la confianza de las Fuerzas Armadas y, por tal motivo, solicitarle por escrito su dimisión al cargo que investía.

El presidente provisional, desmoronado por la falta de apoyo de las instituciones militares, aceptó el hecho consumado aunque no la intimación de la presentación de su renuncia, situación que por momentos pareció motivar un serio problema jurídico en cuanto a la sucesión. Aunque el mismo no llegó a adquirir contornos dramáticos por la rápida sucesión de los hechos y por el informe oficial que adujo que la dimisión presidencial se debió a "problemas de salud" (16). En realidad el propio Lonardi, según el testimonio de su hijo dirá: "No renuncio sino que me echan".

El 13 de noviembre de 1955 tras una suerte de golpe de palacio, el general Pedro Eugenio Aramburu se convirtió en el segundo presidente provisional de la Revolución Libertadora, adoptando el proceso político un nuevo rumbo, orientado hacia lo que se denominó el "regreso a los objetivos revolucionarios" (17), tras el desviacionismo nacionalista de Lonardi. De aquí en más, la característica principal la constituirá la preeminencia liberal en los estrados del poder.

El gobierno de Lonardi sería el primer intento de instalar en el país una política que superara las divisiones; la tendencia que más tarde se calificaría como "neoperonismo" o "peronismo sin Perón"; el proyecto del nuevo presidente era el de conservar todo lo que merecía ser conservado del régimen peronista y eliminar aquellos efectos nocivos del régimen recientemente desalojado del poder; "... desde el lema enarbolado en el momento del triunfo, ni vencedores ni vencidos, proponía el mantenimiento de las normas implantadas en el período anterior, sin perjuicio de eliminar el andamiaje totalitario del régimen" (18), pero este objetivo no era el de la mayoría de los que habían participado de la revolución y que ejercían oposición al peronismo desde mucho tiempo atrás: a la soberbia peronista había que oponerle la revancha antiperonista. El presidente se oponía a estos planteos; los sectores de lo que luego se conocerá como "gorilismo" verán coronadas sus expectativas cuando Lonardi se aleje de la presidencia y sea reemplazado por el general Pedro E. Aramburu. A partir de ese momento todos los personajes del peronismo pasarían a ser encarcelados, proscritos o perseguidos. Perón, en tanto, ya había comenzado su exilio que duraría por 18 años.

Tras la "rectificación" del rumbo original de la revolución, acaecida el 13 de noviembre de 1955, se perfilaron dos tendencias en el seno del gobierno que aun cuando convergían en los grandes objetivos, se mostraban distantes en los medios conducentes a ellos. Estas dos estarán personalizadas por las dos máximas figuras de la segunda etapa revolucionaria. el presidente provisional Gral. Pedro E. Aramburu, negociador, partidario de una rápida salida institucional, y el vicepresidente Isaac F. Rojas, representante de la línea dura, cabeza visible del más furioso antiperonismo, cuyos miembros fueron popularmente llamados "gorilas", que condicionaban la vuelta a la normalidad a la previa liquidación total del peronismo, "así demandara años de gobierno de facto" (19).

El resultado final del choque entre tendencias favorecerá al presidente en detrimento de los "quedantistas", partidarios de darle una salida "honrosa" a la revolución (una vez cumplimentado los objetivos), sin condicionamientos de plazo alguno.

Durante la presidencia de Aramburu se pondrán en práctica una serie de leyes represivas contra todo lo que signifique peronismo, Perón o sus símbolos; se aplicará el decreto Nro. 4161, que prohíbe nombrar a Perón, a Eva Perón, tener sus retratos o símbolos y hasta cantar la marcha peronista. No obstante, el peronismo desde la clandestinidad no dejaría de actuar; comenzaría el accionar de una cantidad importante de dirigentes políticos y sindicales de la segunda y tercera líneas, destinado a reinstalar al peronismo en el poder; en las paredes de Buenos Aires y de las principales ciudades del interior aparecen las primeras pintadas de las letras "P y V", Perón vuelve; también se producen los primeros actos de sabotaje y atentados con bomba: había comenzado la "Resistencia peronista".

Se prohibió a los dirigentes del Partido Peronista participar en política, se disolvió el Partido y se confiscó su patrimonio. Se prohibió imprimir el nombre "peronista" y cualquiera de sus símbolos. La legislación social del gobierno de Perón fue respetada de acuerdo con las promesas dadas por Lonardi, pero la CGT fue intervenida. Los sindicatos perdieron su poder para administrar sus asuntos internos, siempre manejados en forma democrática y eficiente, y se les prohibió entrometerse en política. Se autorizó la formación de más de un sindicato por cada actividad. Entre 1956 y 1958, el salario real de los trabajadores industriales era superior al de cualquier otro periodo de tres años, excepto al período entre 1948 y 1950, pero los logros quedaban totalmente empañados por la política insensible y arbitraría. El presidente Aramburu se dio cuenta de ello, pero demasiado tarde cuando admite en 1968 que su política laboral había sido un fracaso y que su elección para ocupar el Ministerio de Trabajo había sido poco afortunada y que habría instrumentado otras políticas si se hubiese dado cuenta en aquel entonces.

Este período ha sido idealizado de tal manera, que se va a convertir en uno de los mitos del peronismo de los años setenta. Esta resistencia tendrá: "tres polos de desarrollo: la fábrica, el barrio y los militares peronistas. Por el momento la actividad es netamente agitativa..." (20).

En relación al manejo del Estado. si bien el cambio de hombres operado parecía que no modificaría la estructura de poder, hubo empero una variación significativa cuyo promotor fue la Armada. El mismo consistió en la firma de un documento al que se le dio el título de "Acuerdo", que disponía que las tres fuerzas armadas ejercerían en el futuro un control directo sobre las políticas y designaciones del gobierno provisional. El texto del acuerdo se refería tanto a la "organización del nuevo gobierno como a las medidas concretas que se adoptarían en el futuro. En esta última categoría estaban los acuerdos para disolver al partido peronista, la prohibición a sus dirigentes de actuar en cualquier actividad política futura, y el avance de las investigaciones ya iniciadas sobre la corrupción y los excesos cometidos durante los años de Perón. También se acordó con miras al futuro, que el nuevo gobierno emitiera una declaración de principios y, como parte de su palabra dada de restaurar la democracia, que declarara a los militares no elegibles para ocupar cargos en las próximas elecciones" (21).

El acuerdo también establecía la creación de un Consejo Militar Revolucionario integrado por el presidente y los ministros de las tres ramas de las fuerzas armadas, que se concretó por medio del decreto ley 2.908 sancionado el mismo 13 de noviembre. En sus considerandos, luego de retirar una vez más el "caos en que había sumergido a la Nación el gobierno de la dictadura". se establecía que la tarea de encauzar a la Nación significaba una enorme responsabilidad que obligaba -según el texto del decreto-: "a compartirla en la medida de la situación histórica, con las fuerzas revolucionarias que tuvieron actuación preponderante en la gesta libertadora". En rigor de verdad, el Consejo Militar Revolucionario tendría como función específica el control directo del Poder Ejecutivo, lo que de hecho constituía una prerrogativa más de la Marina en la conducción gubernamental, ya que se aseguraba una participación más directa en las decisiones que se adoptarían desde la cúpula del poder. El artículo 2do del mencionado decreto establecía que: "Todos los integrantes del Consejo Militar Revolucionario refrendarán los decreto-leyes, sean dictados en ejercicio de las facultades legislativas, o de las privadas de cada rama del Congreso Nacional; prestarán acuerdo a las designaciones de los Ministros nacionales e interventores de provincias, y acordarán juntamente con el Poder Ejecutivo los planes, declaraciones y medidas de importancia tendientes al cumplimiento de los fines perseguidos por la Revolución Libertadora" (22).

De esta manera, la administración que daba inicio condicionaba la autoridad presidencial que hasta entonces, durante los anteriores gobiernos de facto, no había tenido mayores trabas. El general Aramburu debía, según los términos del decreto, compartir su autoridad con los tres ministros militares y el vicepresidente Rojas. A decir verdad, el tutelaje de las fuerzas armadas al Poder Ejecutivo no sólo le restaba autoridad, sino poder de decisión. En virtud de ello, por medio de una hábil maniobra presidencial, el general Aramburu logró (el 22 de noviembre de 1955) fortalecer sus propios poderes al sancionarse el decreto 3.440 que transformó al Consejo Militar Revolucionario en una Junta Militar Consultiva, con facultades de consulta más que de decisión, permitiéndole al presidente provisional, tanto de hecho como de forma, solidificar su poder sacándose de encima el tutelaje "forzoso" que hubo de aceptar en un primer momento.

La reorganización gubernamental alcanzó, como era lógico de prever, al gabinete ministerial. El 14 de noviembre prestaron juramente algunos de los nuevos titulares del gabinete nacional que se completó días más tarde. El mismo estuvo inicialmente compuesto de la siguiente manera: Ministros secretarios en Departamento de Interior: doctor Eduardo A. Busso; Relaciones Exteriores y Culto: doctor Luis A. Podestá Costa; Transporte: capitán de navío Sadi E. Bonnet; Hacienda y Finanzas: doctor Eugenio A. Blanco; Asistencia Social y Salud Pública: doctor Manuel A. Argibay; Obras Públicas: ingeniero Pedro Mendiondo; Comercio: doctor Juan Llamazares; Trabajo y Previsión: doctor Raúl C. Mignone; Industria: ingeniero aeronáutico Alvaro C. Alsogaray; Justicia: doctor Laureano Landaburu (h); Ejército: general Arturo Ossorio Arana; Marina: contraalmirante Teodoro Hartung Aeronáutica: vicecomodoro Ramón A. Abrahín; Educación: doctor Atilio Dell'Oro Maini; Comunicaciones: ingeniero Luis M. lgertua; y Agricultura y Ganadería: doctor Alberto Mercier.

Las primeras medidas que adoptó la administración de Aramburu mostraron a las claras la brecha existente entre el nuevo gobierno y el del depuesto general Lonardi. A raíz de un paro general de actividades se procedió a intervenir a la Confederación General del Trabajo (C.G.T.). También se decretó la interdicción general de bienes de sociedades y personas creándose la Junta de Recuperación Patrimonial para fiscalización y administración de los bienes. Se disolvió la Fundación Eva Perón y se hizo lo propio con el partido peronista. En los considerandos del decreto de disolución del partido se hacía mención, entre otros puntos, a que dicha agrupación "había violado la constitución nacional", "se había identificado con el Estado totalitario", había "condicionado toda su pretendida actuación en defensa de los trabajadores a una exclusivista política del partido de la dictadura. tratando de corromper la naturaleza de las organizaciones sindicales", y que, por lo tanto, la obligación del gobierno provisional en orden a reencontrar la República "con el derecho, la libertad y la democracia" era la de disolver "el principal elemento político del régimen totalitario" (23). Todo este cúmulo de medidas no sólo varió radicalmente el curso de acción política que la revolución libertadora había impreso durante la gestión de Lonardi, la cual estuvo orientada a hacer efectivo en el país la unidad nacional teniendo especial mesura y cuidado en el trato dispensado hacia los partidarios, simpatizantes e integrantes del movimiento peronista (sin cuya cooperación, entendía Lonardi, todo intento por lograr la paz interna sería en vano), sino que imprimió una nota de radicalización política donde la antinomia peronismo contra antiperonismo pasó a ocupar el primer plano de la política gubernamental.

El 7 de diciembre el gobierno provisional publicó una declaración de objetivos básicos, donde se remarcaban la misión de: "Suprimir todos los vestigios del totalitarismo para restablecer el imperio de la moral, de la justicia, del derecho, de la libertad y de la democracia. Cumplido ese objetivo y alcanzadas aquellas condiciones que permitan a la ciudadanía expresar su auténtica voluntad ella decidirá sobre sus destinos. Y quedará reservada a los gobiernos constitucionales que sucedan a este gobierno provisional la solución de los grandes problemas argentinos que no hagan a la esencia misma de los objetivos revolucionarios" (24).

En vistas de lograr estas finalidades, la declaración comprometía a los miembros del gobierno provisional a no aspirar a cargo alguno de la futura administración. al tiempo que dejaba constancia de que el gobierno mantendría estricta neutralidad e independencia frente a las distintas tendencias y partidos políticos democráticos. Poco después, el 21 de diciembre, el gobierno provisional ampliando los términos de la declaración sancionó un decreto por medio del cual los militares no podrían ser candidatos en las elecciones "que oportunamente se realicen para elegir los gobiernos constitucionales de la Nación y las Provincias" (25).

Mientras crecía la política antiperonista, llevándose a cabo una purga de considerables proporciones en las filas castrenses (26), empezaron a germinar y muy pronto a recrudecer actos de distinta naturaleza (sabotajes, etc.), que fueron definiendo la "resistencia peronista".

En las filas militares, en razón de que la depuración de todo elemento considerado "peronista" fue adoptando caracteres cada día más amplios, el descontento hacia la política gubernamental fue anidando en el núcleo que fue alejado forzosamente de la institución militar. Este adoptó como propio, la decisión de abortar el plan gubernamental recurriendo al mismo método que había utilizado exitosamente en setiembre de 1955 un sector castrense y que desembocó en la deposición del general Perón: la insurrección armada.

El gobierno, teniendo en cuenta la posibilidad de que los camaradas alejados de las fuerzas armadas pudieran comprometer el futuro mismo de la Revolución, decidió a fines de marzo de 1956 como previsión (aun cuando había modificado una cláusula del Código militar, según la cual se "suprimía la pena de muerte por causas políticas" (27) sancionar el decreto- ley 5.552 bis reglamentando todo lo relativo al juzgamiento de militares que cometieran actos de rebelión y conspiración (28). Y aunque el gobierno tenía conocimiento desde principios de 1956 que se estaba gestando un movimiento cívico militar con la finalidad de destituir las autoridades provisionales, no conocía con precisión el alcance del mismo, sus principales instigadores, ni la fecha de su concreción.

3. La sublevación del Gral. Juan J. Valle

El 9 de junio de 1956, en altas horas de la noche, se puso en marcha un alzamiento cívico - militar cuya finalidad era desalojar a las autoridades provisionales restaurando en el país el régimen peronista. A la cabeza de la rebelión que adoptó como propia la denominación de "Movimiento de Recuperación Nacional" se ubicaron los generales (R) Juan José Valle y Raúl Tanco.

El plan insurreccional disponía que grupos de comandos integrado de militares (en su mayor parte suboficiales) y de civiles, tomaran unidades del ejército en varias ciudades y guarniciones, apropiándose de los medios de comunicación y distribuyeran armas de depósitos militares entre quienes respondieran a la proclama del levantamiento popular (29).

Varios fueron los factores que coincidieron para que los jefes rebeldes decidieran iniciar el movimiento en la noche del 9 de junio. Por un lado, el presidente provisional general Aramburu estaría ausente de la Capital Federal realizando una gira en la provincia de Santa Fe en compañía de los ministros de Ejército y Marina; por el otro, tampoco se encontraban en la ciudad de Buenos Aires ni el general Guillermo T. Alonso, jefe del Estado Mayor del Ejército, ni el comodoro Arturo Krause de la Fuerza Aérea. Los rebeldes también aprovecharon la noche del sábado pensando que hallarían escasa resistencia en los cuarteles que debían ser tomados por asalto, en virtud de los francos de fin de semana, considerando que sólo podría oponerse la guardia de los mismos. Desde un principio "la rebelión parecía destinada al fracaso por varios motivos. Amén de la posibilidad de que el intento haya resultado apresurado, las condiciones de lucha distaban de ser ideales, a lo que debía sumarse la desorganización que convulsionaba las entrañas de la rebelión" (30).

Por otra parte, los servicios de información del Estado estaban alertados de la inminencia de un levantamiento armado desde tiempo atrás, en especial por el cúmulo de rumores que se esparcieron por todo el cuerpo social. Con la finalidad de abortar el intento antes de que este se produjera, el gobierno provisional precedió el día 8 de junio a detener a un buen número de militantes gremiales en su mayoría de extracción peronista intentando desalentar la posible participación obrera en la insurrección. A decir verdad, el comando en jefe del Ejército estaba advertido pocas horas antes del estallido (del movimiento insurreccional) que el mismo se realizaría en la noche del 9 de junio, razón por la cual se constituyeron en sus respectivos puestos de comando todos los órganos dependientes del Estado Mayor General del Ejército, que tendrían a su cargo la conducción de las medidas de represión en caso de producirse los acontecimientos esperados (31).

Al promediar el día 9 los conjurados comenzaron a sufrir los primeros desengaños: muchos de los comprometidos no se presentaron a cumplir sus misiones. En cambio, en los servicios de informaciones ya se sabía que ése era el día indicado. A las 7 de la tarde hubo arrestos en la guarnición de Palermo; una hora después se dio la alerta en la Capital Federal y en todas las provincias, a las 22 reforzaron la guardia en el Regimiento Motorizado Buenos Aires (32). La insurrección recibía su primera tropiezo al perder uno de sus mejores aliados: el factor sorpresa que ya no le favorecía.

En la Escuela Industrial de Avellaneda, "elegida como sede del Comando Revolucionario, fue descartado horas antes un equipo transmisor para conectarlo a una emisora a tomarse y difundir la proclama revolucionaria junto con una arenga del general Valle (. . .) La hora había llegado y el aviso radial para los revolucionarios no pudo transmitirse porque fracasó el intento de apoderarse de una difusora. Cuando Valle y sus colaboradores se disponían a salir para la Escuela Industrial recibieron la comunicación de que los seis hombres a cargo del transmisor habían sido detenidos por 20 agentes y suboficiales. Así, el movimiento siguió por su propio impulso, sin dirección y librado al azar" (33).

A pesar de ello y de otros inconvenientes de orden técnico-operacional. la rebelión comenzó casi simultáneamente en cuatro zonas: a) La ciudad de La Plata; b) La ciudad de Santa Rosa en la Pampa; c) La Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral" en Campo de Mayo; y d) La Escuela de Mecánica del Ejército, en cuya adyacencia estaba ubicado el arsenal "Esteban de Luca".

En La Plata, los rebeldes al mando del coronel Oscar Lorenzo Cogorno se apropiaron del Regimiento de Infantería 7 y lanzaron su ataque contra el cuartel general de la policía y la 2da División de Infantería. A pesar del intento, los rebeldes tuvieron que capitular en forma incondicional ante el grueso de las fuerzas que se mantuvieron leales poco después de las 2 de la mañana del 10 de junio, haciéndose cargo de la situación el interventor de la provincia coronel Emilio Bonecarrere.

En Santa Rosa, el jefe rebelde mayor Cesar Phillipeaux logró con el apoyo de comandos civiles ocupar el cuartel general del distrito militar, apoderarse del departamento de policía y de algunos organismos públicos (entre ellos, la estación de radio L.T.2 del Estado, que difundió proclamas y mensajes revolucionarios durante la noche y parte de la madrugada) (34). Pero también tuvieron que deponer su actitud ante las fuerzas que se mantuvieron leales a las autoridades constituidas.

En la Escuela de Mecánica del Ejército (teniente coronel Fray Luis Beltrán) y su adyacente arsenal, las tropas rebeldes no lograron siquiera copar la unidad, en razón de que oficiales leales alertados del inminente golpe frustraron la intentona.

Algo similar sucedió en la Escuela de Suboficiales en Campo de Mayo, donde a pesar de haberse sublevado un batallón de infantería, las tropas leales obligaron a los rebeldes a deponer su intento antes de haber alcanzado más objetivo que apoderarse, bajo el mando del coronel Cortines, del edificio de la Agrupación Infantería (Ex-Escuela de Infantería), ya que fueron rechazadas las fuerzas que encabezadas por el coronel (R) Berazay intentaron copar la Ex-Escuela de Artillería.

Lo cierto es que a la luz de sus resultados la conspiración de junio de 1956 demostró, además de una pésima preparación de orden técnico-militar la falta de solidez y cohesión necesaria como para que ésta se hubiese coronado con el éxito, más aún, porque la misma estaba "basada en la quimérica creencia de que su sólo estallido provocaría un levantamiento de las masas peronistas y de algunos sectores militares" (25).

Por su parte, el gobierno provisional montó el aparato de represión a cuya cabeza se ubicó el contralmirante Rojas, quien asumió la responsabilidad del Comando de Represión en ausencia del presidente provisional, pero en contacto permanente con éste. Colaboraron con él, el jefe del Estado Mayor general de coordinación teniente general Benjamín Rattenbach y los estados mayores de las fuerzas armadas, quienes dirigieron las tareas orientadas a sofocar la asonada revolucionaria. La sede del comando de Operaciones Navales (en el ministerio de Marina) fue donde se ubicó el comando de represión y desde donde se ultimaron los detalles para dominar la rebelión armada.

El general Roberto Tomás Dalton, en su carácter de jefe del Estado Mayor General del Ejército saliente, ocupó el puesto vacante del general Alonso por hallarse éste en la ciudad de Río Cuarto. A poco de conocido el conato revolucionario el gobierno provisional puso en marcha el "Plan Conintes" (empleado contra la alteración del orden público en sus aspectos de alistamiento y coordinación), proclamó la ley marcial (36) y decretó que cualquier persona que perturbara el orden con o sin armas, sería pasible de juicio sumario, facultándose a todo oficial de las fuerzas armadas en actividad y cumpliendo actos de servicio, la prerrogativa de "ordenar juicio sumarísimo para aplicar o no pena de muerte por fusilamiento a todo perturbador de la tranquilidad pública" (37).

La represión fue sumamente eficaz y brutalmente sanguinaria. Un total de 27 personas (dieciocho militares y nueve civiles) fueron pasados por las armas por efectivos leales del gobierno (38). Era la primera vez durante el presente siglo que se ordenaba fusilar a personas que se habían alzado contra un gobierno, volviéndose a reeditar una tradición que había perdido vigencia en el país y que sólo quedaba como un triste recuerdo de nuestra historia lejana, en las luchas por darle un marco jurídico a nuestra organización definitiva.

Los primeros que enfrentaron los pelotones de fusilamiento fueron 9 civiles y los militares teniente coronel Valentín Yrigoyen y el capitán (R) Jorge Miguel Costales en la localidad de Lanús, por pretender copar una comisaría local. El gobierno actuó con extrema rigidez y con eficiente rapidez, tanto que muchos de los que cayeron frente a los pelotones de fusilamiento ni siquiera tuvieron un juicio previo, aún en momentos en que no se había proclamado públicamente la ley marcial. Las autoridades provisionales procedieron drásticamente imbuidas del convencimiento de que el levantamiento, de no sofocarse con rapidez, podría adquirir contornos que desbordarían las defensas del gobierno. Lo cierto es que no existe justificación histórica alguna, porque si bien los primeros fusilamientos podrían ampararse en la creencia de que era el medio adecuado para abortar la insurrección, las ejecuciones de los días 11 y 12 de junio no tienen a los ojos de la historia más asidero que una actitud vengativa y con la sola proyección de atemorizar en el futuro un intento similar por partidarios del régimen depuesto. No existió un responsable único de la terrible decisión de continuar con las ejecuciones, dado que tal vez, instigados por la multitud que se congregó pasado el mediodía del 10 de junio en las adyacencias de la Casa de Gobierno para exigir "venganza" contra los rebeldes, el presidente provisional general Aramburu, el contralmirante Rojas y los tres ministros militares decidieron continuar con la funesta y desgraciada decisión de proceder tan ferozmente para con los rebeldes.

Se procedió de esta manera, a ordenar la ejecución de siete suboficiales y nueve oficiales. El último en caer frente a un pelotón de fusilamiento fue el general Juan José Valle; se ignoraron los pedidos de clemencia de su esposa e hijas, que recibieron una lacónica respuesta por el Jefe de la Casa Militar, el capitán Francisco Manrique: "el general [Aramburu] está descansando". Tras su trágico deceso, el gobierno procedió a suspender la ley marcial y con ella las ejecuciones, aun cuando algunas ya se habían ordenado (39).

El 14 de junio de 1956 el gobierno intimó la entrega de las armas a todos aquellos que aún mantenían una actitud de sedición, dando un plazo de 8 días para su cumplimiento. En otro orden de cosas, el gobierno provisional tuvo un serio entredicho con las autoridades de la República de Haití, en razón de que personal de las fuerzas de seguridad del Estado se introdujo en la embajada y por la fuerza secuestró al general Tanco, quien había solicitado asilo en dicha representación diplomática. Junto con el mencionado general fueron arrebatados de la Embajada otras dos personas que fueron llevadas al cuartel del comando de la Primera División, sita en Palermo, donde quedaron en custodia de las autoridades militares. La finalmente quedaría resuelta cuando la esposa del embajador logre en una actitud valiente, que los secuestrados sean devueltos a la embajada (40).

Para finalizar y tener un concepto acabado del juicio que mereció por parte de las autoridades nacionales el resultado del fracasado intento insurreccional de los generales Valle y Tanco, válganos recordar algunas de las manifestaciones que hicieron pública los dos máximos responsables de la conducción del gobierno a poco de conocido al desenlace de la sedición armada. El general Aramburu expresó al respecto: "La unión de las fuerzas armadas ha quedado terminantemente demostrada como para que nadie dude de ello y como para que todos respeten en ellas a la libertad y a la democracia. Y con las fuerzas armadas la ciudadanía, la Gendarmería, la Prefectura y los policías combatiendo codo a codo con la misma decisión y el mismo aliento".

Por su parte el contralmirante Isaac F. Rojas manifestó: "Podemos asegurar después de los últimos acontecimientos vividos, que la Revolución Libertadora conserva todo su vigor y toda su salud. Tal vez algunos han pensado que había perdido algo de su lozanía; pero no es así" (41).

Desde el diario socialista La Vanguardia, un editorial de Américo Ghioldi decía: "Es dato fundamental de los hechos acaecidos la absoluta y total determinación del gobierno de reprimir con energía todo intento de volver al pasado. Se acabó la leche de la clemencia [...]. Parece que en materia política los argentinos necesitan aprender que la letra con sangre entra" (42).

Mientras que desde el otro extremo ideológico se alertaba sobre los hechos: "A los jefes de las Fuerzas Armadas [...] con plena conciencia de nuestra responsabilidad y con la franqueza que los soldados agradecen siempre y que, sobre todo, es menester se brinda a la opinión pública [...].

No nos mueve ningún afán opositor. Quisiéramos, por el contrario, coincidir con un gobierno que asume la causa de la Revolución Libertadora, en la que intervenimos para defender los derechos conculcados y la unidad nacional. Por eso podemos hoy hablar. No aceptamos que sea consigna patriótica el apoyo incondicional; es decir, la actitud de los secuaces. [...].

Cuidado con los arrebatos salvadores que cierran el debate y abren el juego a la violencia y la revancha. Cuidado con que el delito político muestre al sentimiento del pueblo su reverso de heroísmo. Cuidado con la redención del triunfo fácil y pasajero, que lleva en su seno el desastre del porvenir[...].

Ningún gobierno -y menos un gobierno surgido de las Fuerzas Armadas, bajo su directa responsabilidad- puede olvidar que su primera obligación es extender a todos los habitantes el amparo de su abrazo y la protección de la ley.

Ningún gobierno puede quebrantar impunemente esa innata solidaridad que está en las cosas, en el ser de voluntades individuales. Una sola es la Nación de los argentinos, y por eso su gobierno es para todos. Por que habríamos aceptado la ley de la selva, si sólo la fuerza, el turno del más fuerte, tuviese la razón suficiente para decidir y gobernar.

No desconocemos que en circunstancias críticas la salud del pueblo es la suprema ley. Pero negamos el derecho de acudir a la última instancia dictatorial para castigar una sedición interna. Y negamos, enérgicamente, que sea lícito aplicar a nuestros hermanos las fórmulas de necesidad y guerra destinadas a la defensa contra el enemigo exterior.. Es demasiado serio esto de que nuestra política se colme con el veneno del odio y la abominación de la sangre. Desde que fue consolidada nuestra organización jamás hasta el presente en nuestras luchas internas se castigó con pena de la vida al adversario vencido [...].

Hoy, en efecto, contemplamos con asombro a los doctores liberales y a los viejos rábulas de la política partidista, predicar, en nombre del estado de derecho y las libertades, el exterminio de una parte del país o aprovecharse de las horas de confusión para denunciar a mansalva, saciando acaso resentimientos personales" (43).

La sombra dejada por la decisión de detener las intentona revolucionaria de manera tan extrema opacará gran parte de la obra de la Revolución Libertadora y lo poco de positivo que se puede extraer de ella También dejará una honda huella en la ciudadanía y en especial en los peronistas, quienes justificadamente jamás perdonarán a sus responsables de esa sed de sangre que rodeó aquella trágica semana de junio. Sus consecuencias, no sólo sentaron un precedente de una dureza política sin igual en el país, sino que afectaron profundamente el espectro social argentino dejando en él un sedimento de amargo sabor que dura aún hasta nuestros días.

Lo cierto fue que, en su momento, el gobierno se aseguró por tiempo indeterminado de que no se produjera el estallido de algún otro conato revolucionario que pudiera jaquear el régimen militar. Sin embargo, no por ello dejará de manifestarse de aquí en más con mayor virulencia la "resistencia peronista" aunque circunscripta a actos de sabotaje y de oposición al régimen que no pusieron en peligro la integridad y unidad de las fuerzas armadas, ni la búsqueda de los caminos conducentes a hacer efectivo los fines y objetivos de la revolución.

La franquicia oficial que permitió el regreso a las filas castrenses de un elevado número de militares retirados, conjuntamente con la depuración de todo elemento considerado peronista o "no democrático", produjo recelos y discordias entre sus integrantes, que a medida que el tiempo transcurría se fueron ahondando aún más. Ello fue la causa determinante que precipitó un grave conflicto interno que alcanzó su cúspide a fines de noviembre de 1956.

La insurrección del general Valle sólo atemperó momentáneamente la crisis que ya se hacía visible entre distintos sectores de las fuerzas armadas y produjo, por su impacto y consecuencia, cierto grado de unidad transitoria que mantuvo a flote la cohesión interna de las armas (44). Pero durante los meses que siguieron las tensiones volvieron a recrudecer, originando un serio enfrentamiento que tuvo como principales protagonistas a oficiales de alto rango del Ejército y especialmente de la Marina y preanunciaba la división en el seno de la Fuerzas Armadas de dos grupos: Los Colorados (furiosamente antiperonistas y los Azules (partidarios de la incorporación del peronismo a la vida política pero sin la presencia de su líder).

El punto culminante que había concluido con el levantamiento de general Juan José Valle, servirá para que los muertos sean posteriormente exaltadas por todos los grupos peronistas como "víctimas inocentes de la Dictadura de la Revolución Libertadora", pero serán los grupos más radicalizados quienes levantarían a los muertos, en especial a los civiles como banderas a reivindicar.

¿Error político?, ¿apresuramiento de los subordinados?, son preguntas aún sin respuesta; lo cierto es que el hecho marcaba un cambio de importancia en la política nacional: a partir de ahora el rival político podía ser muerto sin mayores culpas en el enfrentamiento.

La Revolución Libertadora quiso hacer pagar a los peronistas las culpas de Perón y los trató como a enemigos de guerra. Medio país quedó privado de sus derechos políticos y sometido a condiciones tan duras como aquellas que se habían quejado antes sus opositores. Muy pronto, como lo recordó Arturo Jauretche se vieron los efectos de la nueva situación: "Al país lo desperonizó Perón y lo peronizó la Revolución Libertadora" (45).

En los meses siguientes se procederá a pasar a retiro a todos aquellos militares sospechosos de ser peronistas o de haber expresado su simpatía por Lonardi. Comenzaba a gestarse una división dentro de las Fuerzas Armadas, pero más intensamente en Ejército. Esta división estallaría dramáticamente en los sucesivos planteos que se le harían al futuro presidente, Arturo Frondizi, y tendrá su culminación en el enfrentamiento entre azules y colorados de 1962.

4. El plano de los partidos políticos

La integración al sistema político de la fuerzas que habían apoyado al peronismo será el problema central de la política en los próximos dieciocho años. El núcleo de esas fuerzas estaba constituido por los trabajadores y muchos partidos esperaban usufructuarlos en beneficio propio.

Si la demagogia y el abuso de poder les había servido como respuesta a la pregunta ¿por qué los obreros eran peronistas?, en los años siguientes a la caída de perón no se le podrá hallar respuesta a un nuevo interrogante, ¿por qué los obreros siguen siendo peronistas?.

La oposición a Perón había hecho que los partidos políticos postergaran para otros momentos las diferencias internas. Al triunfar la Revolución Libertadora, éste hecho actuará como factor explosivo de posiciones encontradas y permitirá que salgan a la luz las contradicciones entre los integrantes de cada agrupación. Estas disputas se producen por lograr el control de los respectivos partidos.

Los Partidos Radical, Conservador, Socialista, Demócrata Cristiano van a participar de la Junta Consultiva. El Comunismo preferirá lanzarse a la toma de sindicatos y no participar de los conciliábulos políticos; digamos además, que se lo había excluido de las consultas. Habían reaparecido viejas denominaciones, como el Partido Laborista, a cuyo frente reaparecía en mítico Cipriano Reyes. También surgirán nuevas agrupaciones Que atomizarían el espectro político produciendo un abanico de opciones tal, que la representatividad de muchas de ellas será insignificante.

En general, en todos los partidos existió un clima de alivio, ya que la caída del régimen les permitiría recorrer los caminos del poder que habían abandonado desde 1943 por el golpe de ese año, y desde 1946 por la avalancha de votos peronistas.

Dentro del propio peronismo se vio la oportunidad de desprenderse de Perón. El Dr. Leloir, a cargo de la presidencia del Consejo Superior afirmaba que el peronismo ya no necesitaba de andadores, y anula varias de las medidas y sanciones partidarias dictadas por perón. Llama también a muchos delos hombres de la primera hora, que habían ido quedando en el camino durante los nueve años de ejercicio del gobierno. Es el primer intento de constituir un peronismo sin Perón, seducidos por el lema lonardista.

Fracasado este primer intento al asumir Aramburu, esta idea de conformar el denominado Neoperonismo continuaría. En diciembre de 1955, se funda la Unión Popular, dirigida por Juan A. Bramuglia y Atilio García Mellid. Su propósito era: "organizar un partido nacional y popular para rescatar los rasgos positivos del peronismo en consonancia con la herencia occidental y Católica romana del país y unificar a la clase trabajadora bajo el liderazgo de la CGT".

El camino ensayado por Lonardi no va a satisfacer a los partidos opositores, que no admitían ninguna contemplación hacia el régimen depuesto y hacia sus partidarios. Exigían venganza y no tolerancia y comenzarán a presionar al gobierno para que abandone la política que se había prometido.

Paralelamente a este proceso de presiones y cesiones del gobierno, ocurría otro cuya finalidad era solidificar al régimen, aunque ello le restara poder. Sus progenitores eran el Ministro del Interior, Eduardo Busso y el Subsecretario de Interior, Carlos Muñíz Ellos fueron los creadores de la Junta Consultiva que integrarían miembros de todas las fuerzas opositoras, con la excepción el Partido Comunista, y obviamente, del Peronismo. Se trataba, sin lugar a dudas, de una invitación a mantener divida a la sociedad política entre peronistas y antiperonistas.

Apenas se instala el primer gobierno de la Revolución, se constituye la Junta Consultiva, que será presidida por el Vicepresidente, almirante Rojas. Esta Junta debía actuar como Poder Legislativo, y en verdad se convirtió en el bastión del grupo más rabiosamente antiperonista, liderado por el marino citado y que se convertirá en el ariete que desencadenaría los acontecimientos de noviembre de 1955.

Apenas constituía la Junta exigiría a Lonardi que:

  • a) Abandonara el plan de reorganización ministerial que colocaría a Villada Achaval como asesor presidencial y puente entre Lonardi y el gabinete.
  • b) La renuncia de Juan Carlos Goyeneche.
  • c) El alejamiento del Gral. Bengoa.

Rojas dirá que la Junta

"Representa un medio para mantener estrecho contacto con la calificada opinión de los diversos sectores políticos de la república, que por su historia y plataforma prepararon el clima de resistencia a la dictadura, con un espíritu democrático - republicano o se constituyeron recientemente con hombres de distintos planos sociales y con ideales de ese mismo cariz bregaron contra la dictadura" (46).

Lonardi, en cambio, opinaba que

"... el gobierno está muy lejos de creer que en la Junta estén representadas todas las corrientes de opinión de la política nacional. Por el contrario, estima que quedan, al margen de toda adhesión a partidos, tendencias importantísimas -alguna de significación cultural de primer orden dentro de la opinión independiente- que puede llegar a gravitar en forma muy apreciable en los resultados de la política nacional" (47).

Estos manifestaciones indican la profunda diferencia en las dos concepciones y revelaron a los círculos de fuera del poder los objetivos encontrados por hallar el rumbo de la revolución.

La crisis ya estaba planteada cuando el 12 de noviembre Lonardi anuncia su decisión de designar Ministro de Interior a Luis María de Pablo Pardo, y de Justicia a Bernardo Velas Irigoyen.

La Junta consultiva renuncia en pleno con la excepción de los dos miembros de la Unión Federal, Enrique Ariotti y Mario Storni; Miguel Angel Zavala Ortiz no lo hace, aludiendo cuestiones de forma.

Ocurrido esto, será el Almirante Rial el encargado de llevar la ofensiva final contra Lonardi en la Quinta presidencial de Olivos, como ya hemos relatado. De esta manera, como si fuera la decisión de un directorio de empresa hacia un gerente rebelde finalizaba el intento conciliador para comenzar el inicio de la segunda fase, el intento de 'desperonziar a la Argentina'.

La facilidad en la remoción de Lonardi alentó a quienes creían que sería fácil llevar una ofensiva total contra el peronismo, que aparentemente se encontraba paralizado. Esto era imprescindible para capitalizar su caudal electoral.

Se creía que con una conveniente 'Educación democrática' se lograría en el corto plazo borrar de la memoria colectiva la patología del peronismo. Una vez logrado esto, los grupos partidarios podrían lanzarse a la caza y ganar para sí a los 'peronistas redimidos'.

Desde el gobierno se desatará la furia revanchista, expresada en el Decreto 4161 del 3 de marzo de 1956. Por el se intervendrá a la CGT, se deroga la Ley 14021 que expropió los bienes del diario La Prensa, se inhabilita a quienes ocuparon cargos electivos en el régimen peronista, se disuelve el Partido Peronista Masculino y el Femenino, se disuelve la Fundación Eva Perón y el Partido Socialista de la Revolución Nacional, se ordena la interdicción de bienes, personas y sociedades peronistas y la creación de una Junta de Recuperación Patrimonial, se restituye la constitución de 1953 y se deroga la de 1949; finalmente, se prohíbe el uso de emblemas, signos y marchas del Partido Peronista.

Después de Lonardi, Perón y el peronismo no aceptarían la legalidad revolucionaria; es claro que tampoco tenían por qué hacerlo.

No obstante, la disgregación del peronismo no ocurriría como el gobierno y el grupo más intransigente lo previera. Por el contrario, la política antiperonista actuó de manera opuesta y permitirá que surjan nuevo cuerpos intermedios que salvarían al movimiento de la ausencia del líder y la desaparición de los cuadros dirigentes. Con ellos surgen por un lado la "Resistencia peronista", el rechazo de la legalidad por medios violentos, y por el otro una nueva dirigencia política al desaparecer las estructuras partidarias que al carecer de expresión política y de bases suficientes, colocarían a Perón como árbitro de las situaciones que comenzarán a plantearse.

A Perón, si la primera se imponía, significaría su ocaso. Por eso lanzará su apoyo a la segunda alternativa. Esto generaba a su vez dos problemas, la resistencia espontánea, comenzada el 17 de octubre de 1955, con acciones menores debido a la enorme movilización policial y militar, era muy difícil de encauzar.

La resistencia organizada dependía de los militares, y hacia ellos Perón tenía una gran desconfianza desde los acontecimientos de setiembre de 1955. Esto queda evidenciado en las instrucciones dadas al Movimiento y a sus cuadros dirigentes de enero y julio de 1956, directivas que contienen todos los elementos de la Guerra Revolucionaria y que pueden ser consideradas como las actas fundacionales de este tipo de guerra en nuestro país. Por ellas se intentaba hacer que los dirigentes y militantes se lanzaran a miles de acciones de sabotaje y atentados que al provocar el desgaste del gobierno conducirían a una insurrección general (48).

La desconfianza hacia los militares quedaría demostrada por la condena que realiza Perón del golpe del 9 de junio de 1956; en carta a John W. Cooke, decía que: "Esos mismos militares que hoy se sientes azotados por la injusticia y arbitrariedad (...) no tenían la misma decisión el 16 de setiembre" (49).

A pesar de las esperanzas y las medidas represivas, la ruptura entre los peronistas y Perón no se produciría, lo que descondertaría a sus enemigos, y constituyó un nuevo enigma para los cientistas sociales, que apelaron a una respuesta para aquella pregunta: la LEALTAD. Una especie de recuerdo y nostalgia de la época del bienestar perdido al comenzar a dar los primeros resultados la aplicación del Plan Prebisch. Si bien esto puede haber tenido cierta importancia, por sí solo no alcanza a explicar la cuestión de persistente adhesión de las masas al peronismo.

En el terreno de los otros partidos, el partido Socialista y el Comunista persistirán en su rabioso antiperonismo. En el resto del frente partidario, la consecuencia de la política gubernamental será la fractura de los partidos. En el radicalismo se enfrentarán Ricardo Balbín y Arturo Frondizi; en el Conservadorismo: Pablo González Bergéz y Vicente Solano Lima (50). La línea de fractura será la de aquellos que participen de mantener la política represiva, enfrentados con los que, convencidos o interesados, sostenían que se debía permitir cierto grado de participación al peronismo.

Para el conservadorismo, el resultado será catastrófico, ya que nunca se recuperará de este conflicto y quedaría reducido a un conglomerado de pequeños partidos provinciales o municipales.

En el radicalismo la división será más grave. Quien trata de acercarse al peronismo será Frondizi y esto lo llevaría a fracturar al partido en dos grupos. Balbín quedaría en minoría. La crisis se desataría primero en una de las facciones del partido, el Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR), y pronto llegaría al resto de los grupos. Ante la perspectiva de enfrentar al peronismo, Frondizi se negaba a recrear la vieja Unión Democrática.

En la Convención de Tucumán, realizada el 9 de noviembre de 1956 queda formalizada la división. Con Balbín se van el unionismo, los Intransigentes nacionales (sabattinismo) y el balbinismo.

Así llegamos a las elecciones para Constituyentes, que debían reformar la Constitución de 1953 y convalidar la derogación por decreto de la de 1949. Las elecciones serán un recuento globular del estado político del país y demostraría que al memos el 25% del electorado seguía siendo peronista..

El 28 de julio se realizan las elecciones en las que se presentan 36 partidos; entre ellos uno denominado Salud Pública que obtuvo el 0,07 % con un total de 6.511 votos. La Unión Cívica Radical del Pueblo ( Balbín) obtiene el 24,20 % y la Unión Cívica Radical Intransigente (Frondizi) el 21,23%. Entre votos en blanco y anulados obtienen el 24,72%. No se computaron las abstenciones ni los eliminados del padrón. De las 205 bancas, 123 correspondieron a los reformistas.

En medio de violentas discusiones, la UCRI, el Partido Conservador Popular y el Partido Azul y Blanco, de posiciones tolerantes hacia el peronismo, retiran sus convencionales, con lo que la reforma, ya fracasada, se limitaría a incluir dentro de la Constitución Nacional el artículo 14 bis, que garantizaba consitucionalmente algunos de los derechos consolidados durante el gobierno peronista.

Las cartas ya estaban echadas. Balbín pretendía convertirse en el heredero del proyecto político del gobierno revolucionario. Frondizi, se distancia paulatinamente del gobierno y comienza a trabajar la alianza que lo llevaría a la presidencia (51).

La obsesión de sus adversarios será para Perón un arma que será utilizada con maestría no exenta de maquiavelismo. Esta situación hará que Frondizi sea visto como un mal menor, máxime cuando se conozca el fuerte rechazo a su fórmula realizado por la Marina de Guerra. Esta declaración acelerará la firma del Pacto entre John William Cooke y Rogelio Frigerio, por el que el peronismo daría el apoyo electoral al candidato de la UCRI, a cambio de una serie de compromisos hacia el peronismo que de ganar, tendrían que cumplirse (52).

Las 62 organizaciones peronistas, recientemente creadas, cumplirán un papel fundamental en hacer llegar al peronismo las secretas instrucciones de Perón.

Otro elemento fundamental a la candidatura de Frondizi lo constituirán los intelectuales de izquierda, lo que haría que Jaurteche, uno de los más activos partidarios de la candidatura de Frondizi, exclamaría que con él por primera vez en la historia la clase obrera y los intelectuales marchaban unidos (53).

Rodeado de una áurea de prestigio intelectual por sus posiciones cercanas al pensamiento marxista desde comienzo de los años '50, Frondizi se convirtió en la esperanza de las izquierdas argentinas para llevar a cabo una política de carácter marxista o por lo menos afín a ella (54). Frondizi con el prestigio de su obra Política y Petroleo logró que una buena parte de la izquierda universitaria se volcara a favor de su candidatura. Es así que: "un comunista como J.J. Real y socialistas como Dardo Cúneo, Isidro Odena y Marcos Merchensky son buenos ejemplos de ese pasaje de la izquierda al frondizismo" (55).

Ante la perspectiva de las próximas elecciones de 1958: "el frondizismo es presentado como única alternativa válida para una izquierda que se define por su combatividad contra el peronismo y contra el liberalismo por su vocación de denuncia" (56).

Este apoyo de los intelectuales es decisivo ya que en Hispanoamérica: "Mucho más que en Europa, el papel del intelectual fue crear mitos arquitectónicos que, ente las limitaciones impuestas para contribuir en forma significativa a la solución de problemas concretos de sus sociedades, fruto esta casi determinado por la contingencia de la vida política, acababan reforzando antes que atenuando los desacuerdos" (57).

Desde la revista Contorno se apoyaría expresamente su candidatura. El grupo de Contorno estaba muy influido por las lecturas sartreanas ) y lo conformaban entre otros, Ramón Alcalde, Adolfo Prieto, Juan José Sebreli, Adelaida Gigli, David e Ismael Viñas, León Rozitchner, Noé Jitrik y Oscar Masotta.

Los acuerdos con el peronismo primero, el abandono de las promesas y compromisos asumidos posteriormente y la adopción de políticas de carácter desarollista, vinculadas a las propuestas de la CEPAL, la Ley de Universidades Privadas y los contratos petroleros harían que estas esperanzas se viesen defraudadas. El cambio de actitud del presidente fue considerado como una traición y haría que muchos de estos cuadros se volcaran hacia posiciones marxistas más radicales. Ya en 1959 David Viñas titulaba un artículo suyo aparecido en la revista Marcha "La generación traicionada".

El 23 de febrero de 1958 se realizaban elecciones; la fórmula Frondizi - Gómez obtenía el 44,9% de los votos, mientras que el voto en blanco llegaba al 9,2%. Finalizaba así el gobierno de la Revolución Libertadora, que se había propuesto terminar con el peronismo. Su resultado fue que a partir de ese momento, al peronismo o se lo proscribía convirtiendo a la democracia en una ficción, o se debía pactar con él para tener un mínimo de gobernabilidad. Esto quedaría demostrado el los años venideros.

5. El plano sindical

Una de las cuestiones que debemos seguir con cierto detalle es lo ocurrido en el terreno gremial, dado que el peronismo se había apoyado en toda su gestión en el movimiento obrero organizado.

Del 16 al 23 de setiembre, el gremialismo se mantine atento y espectante. A pesar de la advertencia del Secretario General de la CGT, Hugo Di Pietro, de luchar con armas y medios, no se produce ninguna reacción durante los enfrentamientos. El fantasma de las milicias obreras será más un mito posterior que una realidad. El 21 de setiembre, un mensaje de Di Pietro por Radio, recomendaba a los obreros que mantuvieran la tranquilidad.

Cuando asuma Lonardi, la política de conciliación será aceptada ya que se confiaba en que no se tomarían medidas en su contra. En una entrevista de Di Pietro con Lonardi, este le asegura que la CGT se convertirá en un organo exclusivamente sindical, apartándolo de la política partidaria. El gestor de esta política de colaboración será Luis Cerruti Costa.

No obstante esta promesa, se producen tomas violentas de sindicatos por parte de Comandos Civiles, integrados por radicales, socialistas y comunistas.

Se ocupan los gremios; Bancarios, Empleados de Comercio, Gráficos, Municpales, del Tabaco, La Fraternidad, Telefónicos, Portuarios, petroleros del Estado, y La Unión Ferroviaria. Y si bien el gobierno condena estas ocupaciones, no se logra que los locales sean devueltos.

El 6 de octubre se produce la renunica de Di Pietro, y se eligen al frente de la Central Obrera a Andrés Framini y a Luis Natalini. Se prometen elecciones en 120 días.

La oposición reacciona contra este anuncio ya que con la participación de los peronistas, estos seguirían ganando los sinidcatos, y esto no era el objetivo de la revolución.

Una prueba de fuerza lo constituía el próximo 17 de octubre. A pesar de muchas esperanzas y de la gran movilización de la policía, fuerzas de seguridad y del ejército, ese día transcurre sin incidentes mayores. (el lugar donde los incidentes tuvieron cierta importancia fue en Rosario).

Lonardi, a sugerencia de cerruti Costa, había cedido a las exigencias de Framini que exigía la garantía de expresión libre en las elecciones y que se retirasen los ocupantes de los sindicatos tomados.

La relativa buena relación entre el gobierno y los gremios se debía a la gestión personal de Luis Cerruti Costa. Su estrategia, compartida por el presidente era que si los gremios reconocían la necesidad de mantenerse dentro de su propia esfera y la demagogia y corrupción de los elementos más estrechamente ligados a Perón podía eliminarse, los sindicatos podrian tener un papel fundamental en la Argentina postperonista como organos de control social y canales de expresión de la clase obrera.

No obstante algunos dirigentes de base estaban dispuestos a llevar adelante la resistencia al margen de la actitud de los dirigentes de la cúpula sindical y política. Esta nueva dirigencia, muy activa a partir de noviembre será la que logre la recuperación de los gremios cuando asuma Frondizi, y será la que construya la imagen de la lealtad a Perón. Imagen que ellos mismos necesitaban ya que la recuperación gremial y el desplazamiento de la vieja guardia sindical dependerá en mucho del aval que reciben de su líder.

A partir del 23 de noviembre esta política cambia y será reemplazada por la de la 'mano dura' para eliminar definitivamente la influencia del peronismo en los gremios. Se encarcelan a los dirigentes, se producen despidos de los delegados, se intervienen los sindicatos y la CGT y se amplian las ocupaciones y expulsión de los dirigentes peronistas. Estas medidas son impulsadas por el Capitan de la marina Patr'pon Laplacette.

Unos días después se dicta el decreto 7107 que excluye de la actividad sindical a todos aquellos que habían tenido cargos representativos entre 1952 y setiembre de 1955; se prohibía además, toda acción por - peronista en los sindicatos.

En 1956 se creaba la Comisión Obrera de Coordinación Sindical con el objeto de articular la actividad de los grupos antiperonistas, que a la postre tendrá efectos muy reducidos.

Mientras tanto, los efectos del Plan Prebisch se comienzan a hacer sentier en la población: la devalucaión, el aumento del costo de vida, la eliminación de los controles de precios, el cierre de empresas, la reducción del nivel de empleo son los primeros efectos, que no logran ser compensados por un mayor aumento de los sueldos.

Las primeras reacciones serán los conflictos, huelgas y acciones de sabotaje industrial ante el fracaso de las paritarias convocadas por el gobierno; y su respuesta: nuevas detenciones y encarcelamiento en durísimas condiciones. Al calor de estos conflictos se irá consolidando esa nueva dirigencia gremial, entre los que podemos destacar a Augusto Vandor, José I. Rucci, Amado Olmos, Lorenzo Miguel entre los más importantes.

Hacia 1957 el gobierno no tendrá más remedio que admitir que en el terreno sindical había fracasado. El 25 de junio de 1957 el gobierno convoca a un Congreso General Extraordinario con el objeto de normalizar la Central Obrera. Después de largas discusiones que no llegan a un acuerdo, el frente gremial quedará dividido. Surgen así, los 19 (comunistas), los 32 (democráticos) y las míticas 62 Organizaciones Peronistas, que en el futuro tendrán un rol decisivo en la política argentina. En lo inmediato tendrán un papel fundamental en la elección de Frondizi como presidente.

Mientras esta decepción ocurre en el gobierno, otra embarga a los cientistas sociales que no llegan a comprender por qué los obreros a pesar de todo, seguían siendo peronistas.

6. Conclusiones

El incremento del clima opositor y golpista, latente desde la llegada al poder del Peronismo, sufrirá un vuelco cuali y cuantitativo a partir que comienzan a sumarse desde 1951 otros grupos que inicialmente había apoyado y respaldado su proyecto, en particular las Fuerzas Armadas, un sector importante del empresariado nacional y de comerciantes, y finalmente la Iglesia Católica.

Los sectores medios, que apoyaron inicialmente al peronismo, a raíz de las limitaciones a la libertad de expresión y por su enfrentamiento con la Iglesia Católica se volcaron a un franco y militante antiperonismo.

La Revolución pudo lograr la caída del régimen contando con una gran parte de la opinión pública y política que ya había pasado a considerar como agobiante muchas de las prácticas políticas del régimen. Pero lo que no pudo lograr, fue conservar mucho tiempo esa adhesión.

El retroceso salarial, la desnacionalización de la industria, la pérdida de muchos de los beneficios obtenidos durante la época peronista, la incapacidad de los sucesivos gobiernos de poder gobernar al margen de una gran parte de la población que seguía creyendo en las banderas peronistas fueron agravando el clima de guerra civil iniciado con la llegada del peronismo al poder.

La Resistencia Peronista, el poder sindical peronista, los sucesivos fracasos de crear un peronismo sin Perón, la adhesión de las masas trabajadoras y de nuevos protagonistas sociales a sus postulados, las nuevas coyunturas históricas abiertas a partir de su caída, le permitirán a Perón y al Peronismo recobrar la legitimidad perdida en setiembre de 1955.

El intento contemporizador de Lonardi durará exactamente ciencuenta días; tendría fin el amago de intentar lograr la paz social, espiritual y material de la nación y concretar la unión nacional. Luego, el gobierno de Aramburu llevará a cabo una política de dura represión hacia todo lo que signifique peronismo.

El fracaso de esta política queda demostrado cuando Frondizi, para poder llegar a la presidencia pacte con Perón el apoyo del peronismo a su fórmula presidencial, al tiempo que fracasaba estrepitosamente el candidato oficial de la UCRP, Ricardo Balbín.

A pesar de todo se mantendría hacia Perón el amor de las clases desposeídas, cuya fidelidad hacia el líder en exilio durante 17 años, constituirá un hecho insólito, apasionante y único en la historia nacional, hecho que no lograrían explicar los teóricos desde las distintas Ciencias Sociales.

De esta manera Perón se convertirá por aciertos propios y por desaciertos de sus adversarios en la prenda de paz que intentará frustradamente ponerle fin a esa guerra civil. Su regreso definitivo, su tercer gobierno y su muerte son los jalones de ese camino. Después del 1 de julio de 1974 se abría otra historia dramática y sangrienta para nuestra patria.

Notas
1 Esta parte fue tomada de Bujan. Luis O. "El peronismo en la historia nacional". Lomas de Zamora; Fondo Editorial Sáenz; 2002.
2 Decreto 33 del Gobierno Provisional, del 24 de setiembre de 1955. "Anales de la Legislación Argentina". La Ley. Bs. As., T. XVI-A, Decretos. 1956.
3 Decreto-Ley 63, del 26 de setiembre de 1955. Anales. op. cit., pág. 514.
4 El 30 de setiembre de 1955 por Decreto-ley 140 el gobierno provisional derogó la Ley 14.062 de Estado de Guerra Interno. "Anales de la Legislación Argentina", op. cit. pág. 515.
5 Decreto - Ley 64, del 27 de setiembre de 1955. Anales. op. cit., pág. 514. Ampliado por Decreto- Ley 690, del II de octubre de 1955. Anales op. cit. pág.. 533.
6 Vicchi Adolfo A., La Revolución de 1955 en: Cuatro Revoluciones Argentinas. 1890- 1930- 1943- 1955. Ed. Club Nicolás Avellaneda. Bs. As. 1960. pág. 118.
7 Ibid., pág. 118.
8 Lonardi, Luis "Dios es justo ( Lonardi y la Revolución)". Ed. Francisco A. Colombo; Bs. As.; 1958. Pág. 222.
9 La Nación, 10 de noviembre de 1955.
10 Lonardi, L., op. cit., pág. 224.
11 Decreto-Ley 2.759, del 9 de noviembre de 1955. Anales op. cit. pág. 576.
12 Lonardi, L., op. cit., págs. 228-229.
13 Los otros militares presentes fueron el coronel Emilio Bonnecarrere, el jefe de la Casa Militar coronel Labayru; los generales D'Andrea, Huergo, Videla, Balaguer, Lagos y Dalton,los contralmirantes Toranzo Calderón y Rial y el jefe del Regimiento de Granaderos, teniente coronel Lanusse. Para ampliar puede consultarse "Dios es Justo", de Luis E. Lonardi, pág. 234.
14 Ibid. P. 234
15 Lonardi había tenido contactos con el grupo antiperonista "Unión", formado en 1950 y encumbrado después de la revolución. Según la opinión de Basilio Serrano: "Lonardi no era nacionalista ni social - cristiano. Era un caballero de formación liberal". En Las Cuatro frustraciones del nacionalismo. Primera Plana, Bs. As.; mayo de 1967.
16 La Nación, 14 de noviembre de 1955.
17 La Revista "Vea y Lea" en un artículo titulado "Mirando de Frente", que refiere al relato de la deposición del general Lonardi, expresaba en su edición del primero de diciembre de 1955: "La Revolución Libertadora, tras el golpe de timón que rectifica el rumbo, vuelve a la ruta de la que no habría de separarse jamás: la ancha senda de la democracia, del derecho y del respeto a la personalidad humana".
18 Scenna, Miguel A. Los militares. Bs.As.; Editorial De Belgrano; 1983. P. 240.
19 Scenna, Miguel A. "Historia del Poder Ejecutivo': en Todo es Historia. Año VI, Nro 61, mayo de 1972, pág. 31.
20 Baschetti, Roberto. Documentos de la Resistencia Peronista 1955-1970" Punto Sur; Bs.As.; 1988. P. 19.
21 Potash, Robert A. "El Ejército y la política en la Argentina. De Perón a Frondizi 1945 - 1962". Sudamericana; Bs.As.; 1983 . P.247.
22 Decreto- Ley 2.908, del 13 de noviembre de 1955. Anales. ., Op. cit, pág. 306.
23 Decreto-Ley 3.855, del 24 de noviembre de 1955. Anales. Op. cit. págs. 602 y 603.
24 Directivas Básicas del 7 de diciembre de 1955. Anales de la Legislación Argentina. 1956. Tomo XVI-A. Decretos. La Ley. Bs. As., 1956, pág. 3.
25 La Nación, 22 de diciembre de 1955.
26 Véase al respecto los decretos - leyes 1.086 del 23 de enero, 2.545 del 30 de febrero, 2.757 del 17 de febrero, 3.758, 3.755 y 3.760 del 28 de febrero de 1956. Sobre retiro obligatorio de personal militar. Anales. . ., op. cit.. págs. 129/155, 156/164, 165/222, 223, 224 y 225.
27 Decreto Ley 8.313 del 30 de diciembre de 1955.
28 El mismo expresaba que: "será juzgado por el respectivo tribunal militar con el procedimiento verbal y sumario establecido para tiempo de guerra en la sección 1 del Libro III (art. 482 y ss.) del Código de justicia militar". Anales.. .. op. cit., pág. 656.
29 Potash, R., op. cit., pág. 314.
30 Troncoso, Oscar A. "A quince años de los fusilamientos de Junio". Revista Panorama. Año IX, Nro 215.8 al 14 de junio de 1971. Bs. As. pág. 44.
31 Véase al respecto las declaraciones formuladas por el Ministro de Ejército del 12 de junio de 1956, reproducidas en La Nación del 13 de junio de 1956.
32 Troncoso, O., op. cit., pág. 45..
33 Ibid. pág. 45.
34 La Proclama Revolucionaria del Movimiento de Recuperación Nacional, irradiada por la filial Santa Rosa de Radio del Estado, expresaba entre otros conceptos: "El país vive una cruda y despiadada tiranía, pues se persigue, encarcela y confina". En su parte pragmática se proponía una serie de medidas para el logro del regreso de Perón, la devolución de los sindicatos a los trabajadores, la plena garantía a los capitales extranjeros y la reincorporación de los militares que fueron dados de baja por razones políticas o ideológicas. Véase: Troncoso, O., op. cit.
35 Scenna, Miguel Angel Los militares. Op. cit, pág. 250.
36 Decreto - Ley 10.362 del 9 de junio de 1956. En los considerandos se expresaba que "la situación provocada por elementos perturbadores del orden publico obliga al gobierno provisional a adoptar con serena energía las medidas adecuada', para asegurar la tranquilidad publica en todo el territorio de la Nación, así como el normal cumplimiento de las finalidades de la Revolución Libertadora". Anales..., op. cit., pág. 498.
37 Decreto - Ley 10.363, del 9 de junio de 1956. Reglamentando la aplicación de la ley marcial. Anales op. cit., pag. 498
38 Por decreto-Ley 10.364 del 10 de junio de 1956 se impuso la pena de muerte por fusilamiento ordenándose de inmediato la ejecución por la autoridad militar en cuyo poder se encontraran las siguientes personas: coronal (R) Melbíades E. Cortínez; coronel (R) Ricardo S. Ibazeta; teniente coronel (R) Oscar Lorenzo Cogorno; capitán Dardo N. Cano; capitán Eloy Luis Caro; teniente primero Jorge L. Noriega; teniente primero Néstor N. Videla; suboficial principal Miguel A. Polini; suboficial principal Ernesto Garecca; sargento Hugo E. Quiroga, y cabo primero Miguel J. Rodríguez. También enfrentaron pelotones de fusilamiento el subteniente de reserva Alberto J. Abadie y los suboficiales Luciano I. Rojas, Isauro Costa y Luis Pugnetti y el jefe del movimiento Juan José Valle, fusilado el día 12 de junio poco después de entregarse a las autoridades militares correspondientes.
39 Para ampliar sobre el desarrollo de los hechos desde una visión gubernamental, se puede consultar La Prensa y La Nación del 10 y 11 de junio de 1956. Sobre un análisis crítico se puede consultar "Mártires y Verdugos" de Salvador Feria, 3ra edición. Bs. As., 1972; "Operación Masacre", que detalla sobre la operación clandestina llevada a cabo por la policía en los barriales de José León Suárez, de Rodolfo J. Walsh, Peña Lillo; Bs. As.; 1972.
40 Ver al respecto La Nación del 15 de junio de 1956.
41 La Nación, 12 de junio de 1956.
42 Ghioldi, Américo. Editorial de La Vanguardia. Bs. As.; 14 de junio de 1956.
43 Sánchez Sorondo, Marcelo. Editorial de "Azul y Blanco". Bs.As.; 13 de junio de 1956.
44 Durante la primera semana de junio de 1956, en razón de las luchas intestinas que se originaron en el seno de las Fuerzas Armadas, el general Roberto Dalton, quien había sido Director Nacional de Seguridad durante los primeros meses de gestión del gobierno provisional y que se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor fue nombrado embajador en el Perú', luego de sufrir ataques del sector "gorila" por considerarlo "antidemocrático" y nazi . El conflicto también suscitó el relevo del coronel Bernardino Labayru, uno de los más destacados exponentes del "gorilismo , quien debió resignar su puesto de ayudante del Ministerio de Guerra y aceptar su designación como agregado militar en Bélgica. Los conflictos internos también precipitaron el alejamiento forzoso del general Lagos, comandante en jefe del Ejército, quien fue pasado a retiro, ocupando su cargo el general Francisco Zerda. Véase al respecto las ediciones de La Nación de los días 6 y 7 de junio de 1956.
45 Citado por Santos Martínez, Pedro. "La Nueva Argentina 1946 - 1955". La Bastilla; Bs. As. 1988; Tomo II. P. 592.
46 La Nación. Bs.As.; 11 de noviembre de 1955.
47 La Nación, Bs. As.; 12 de noviembre de 1955
48 Al respecto ver nuestro trabajo: "Las actas fundacionales de la Guerra revolucionaria en la Argentina. Las directivas de J. D. Perón de enero y junio de 1956". Lomas de Zamora; Fondo Editorial Sáenz; 2003.
49 Perón a Cooke ( 12 de junio de 1956). En: "Correspondencia Perón - Cooke". Bs. As.; Granica; 1972. Tomo I, P. 7.
50 Solano Lima creía que el conservadorismo no era incompatible con lo popular. Su lema Tregua, pacificación y amnistía, lo llevaría constituir el Partido Conservador Popular. González Bergéz, conformará el Partido demócrata.
51Los detalles del accionar de Frondizi en este sentido pueden seguirse en Szusterman, Celia. "Frondizi. La política del desconcierto". Emecé; Bs. As.; 1998.
52 Los avatares de esta situación harán que desde 1959 el peronismo pase a la oposición de Frondizi, mientras que al mismo tiempo le creaban graves situaciones con los militares.
53 Jauretche, como Raúl Sacalabrini Ortiz apoyarían la gestión de Frondizi desde la revista Qué, propiedad de Rogelio Frigerio.
54 Cfr. Terán, Oscar. Nuestros años sesentas". Bs. As; El cielo por asalto; 1995. Cit.; Altamirano, Jorge. "Arturo Frondizi".. Bs.As.; F.C.E.; 1996. Colección Los nombres del poder .
55 Roquie Alain. Radicales y desarrollistas. Bs.As.; Schapire; 1967 . P. 101.
56 Croce, Marcela. Contexto, compromiso, contestación. Contorno: situación en el mundo intelectual. En: Girbal - Blacha, Noemí - Quatrocchi Woisson, Diana (Dir.). Cuando Opinar es actuar. Revistas argentinas del siglo XX. Bs.As.; Academia Nacional de la Historia; 1999. P. 446.
57 Leis, Héctor. " Los intelectuales y la política". Bs.As.; CEAL; 1991. P.32.
(*) Profesor de Historia egresado del Inst. del Profesorado J.V.Gonzalez. Profesor Universitario en Historia. Universidad Católica de Salta. Ejerce la docencia en: Instituto Superior del Profesorado Pbro. Dr. A. M. Sáenz de Lomas de Zamora en las asignaturas Historia Argentina de los siglos XIX y XX e Historia de América de los siglos XIX y XX. Profesor Titular por Concurso de Historia Económica y Social General e Historia Económica y Social Argentina y Americanas en el Colegio Militar de la Nación. Profesor Titular de Historia de América I e Historia de América II en la Carrera de Historia de la Universidad del Salvador. Profesor Adjunto de las mismas materias en la Universidad Católica Argentina.Presiente del Instituto de Investigaciones históricas, políticas, económicas, sociales Juan M. de Rosas de Lomas de Zamora. Miembro de la Fundación Nuestra Historia; del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora.
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