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Al FMI y al capital imperialista hay que rechazarlos con medidas de fondo

Por Gabino Correa (*)

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 15/02/04.- El gobierno y la prensa pro oficialista han presentado como una clara demostración de soberanía nacional el rechazo de las autoridades argentinas a la pretensión del Fondo Monetario, de arrancar una mayor proporción de recursos fiscales para el pago de deuda a los acreedores privados. Luego de sellar un acuerdo con el país, los burócratas del FMI han llegado a la conclusión de que, según el comportamiento de la economía en los últimos meses, aún hay margen para aumentar el nivel de exacción sobre el trabajo nacional. Para obtener su propósito los auténticos representantes del parasitismo financiero internacional han amenazado con no aprobar la primera revisión de ese convenio. La presión del Fondo va dirigida, asimismo, a obtener un aumento de las tarifas de los servicios públicos, así como mejores condiciones para el capital extranjero en la renegociación de los contratos.

El gobierno de Kirchner ha dicho no a la extorsión del FMI, y aseguró que en 2004 el superávit fiscal primario (antes del pago de intereses) no superará el 3% del Producto Bruto. En este punto el gobierno no tiene margen para retroceder. El 3% del Producto representa alrededor de 13.000 millones de pesos, cifra que cubre las obligaciones con el FMI, el Banco Mundial y el BID, los préstamos pesificados por Cavallo a fines de 2001 y la nueva deuda emitida después del default. Quedan fuera de esa cantidad las obligaciones con los tenedores de bonos (cerca de 100.000 millones de dólares) que el gobierno ha dicho que pagará con una quita de 75%, por lo que el porcentaje de 3% de superávit deberá aumentar sustancialmente a partir de 2005 cuando comenzarían los desembolsos, con el consiguiente incremento de la presión fiscal y brutales restricciones al desenvolvimiento de la economía.

El presidente Kirchner ha declarado su intención de reconstruir el capitalismo nacional y algunos de sus seguidores se consideran embarcados en una revolución democrática. En este sentido el kirchnerismo pretende dar curso a un programa de burguesía nacional, instrumentado por una fracción de la pequeña burguesía progresista. Precisamente en esta combinación reside el origen de sus límites y contradicciones. La burguesía nacional no es una clase homogénea. La fracción del gran capital, determinante en términos políticos, constituida por las grandes corporaciones nativas históricamente asociadas al capital imperialista, fueron directamente beneficiadas por el modelo rentístico de los 90', dada su participación en el negociado de las privatizaciones y en las oportunidades especulativas que posibilitó la timba financiera y la fuga de capitales. Sus empresas fueron las que salieron ganando con la devaluación duhaldista piloteada por el FMI, y por la pesificación de sus deudas en dólares contraídas en el país. Se trata de una clase que ha hecho su fortuna a contramano del interés nacional. Fue antiperonista en las décadas del 40' y del 50', cuando estaba en desarrollo un programa de capitalismo nacional, y se hizo menemista en los 90', bajo el reinado de la corrupción estatal y el dominio pleno del capital financiero multinacional.

A su vez la mediana y baja burguesía fabril, ligada al mercado interno, no es una clase capaz de elevarse a una política independiente. Sus empresarios han salido empobrecidos, arruinados en muchos casos, de la última experiencia neoliberal, barridos por la competencia de productos extranjeros que potenció al extremo la sobrevaluación del peso y la caída de las barreras aduaneras. Sin embargo se trata de una clase que oscila entre las contradicciones que la enfrentan a las corporaciones monopólicas y su dependencia ideológica, que la llevan recurrentemente a reclamar flexibilización laboral para sobrevivir a la crisis.

En consecuencia, si el gobierno de Kirchner quiere realmente impulsar una revolución democrática y emprender la reconstrucción del capitalismo nacional deberá superar el horizonte ideológico en que inscriben sus intereses las distintas fracciones del capital local. La crisis política de fines de 2001, el colapso del programa neoliberal de los 90' y la salida de la convertibilidad, arrojó ganadores y "perdedores" (generosamente compensados como el caso de la banca), modificó las correlaciones internas dentro del bloque de clases que detentan el poder, pero mantuvo intactos los fundamentos del patrón de acumulación instaurado tras el golpe de Estado de marzo de 1976. La apertura financiera decretada por Martínez de Hoz para facilitar la fuga de capital y la bicicleta especulativa, el régimen de inversión extranjera adaptado a las exigencias del capital imperialista, la desnacionalización de ramas claves del aparato económico, una estructura impositiva altamente regresiva orientada a la concentración del ingreso, la privatización del régimen jubilatorio en favor del parasitismo financiero... todo eso se mantuvo incólume bajo el gobierno de Duhalde, proclamado como "una alianza de los sectores de la producción", y su discusión no forma parte del programa de Kirchner.

El gobierno asegura que es su propósito producir una democratización de las instituciones y de la sociedad. Sin embargo tales fines no son alcanzables a menos que se adopten medidas que vayan a fondo contra una estructura de poder, que en las últimas tres décadas ha convertido a la Argentina en un país completamente dependiente respecto del capital extranjero y sus socios locales, y ha sumergido a la mayor parte de los compatriotas en la pobreza o la miseria extrema, mientras enriquecía a una minoría parasitaria.

Es una medida democrática una reforma que ponga fin a un régimen impositivo que facilita una redistribución del ingreso extraordinariamente regresiva; régimen que no grava la renta financiera y obtiene sus mayores recursos de los impuestos al consumo. Son medidas democráticas la eliminación del escandaloso sistema de las AFJP, coto de caza del capital especulativo, así como la derogación de las concesiones en los servicios públicos que no cumplieron los contratos, primer paso para la renacionalización de ramas estratégicas como la energía y las comunicaciones. Es una medida democrática elemental impulsar la investigación en el Congreso de la Nación de la deuda externa, que tiene un origen groseramente fraudulento según el dictamen de la justicia en el juicio que Alejandro Olmos de entabló al ministro de la dictadura, José Martínez de Hoz.

El gobierno de Kirchner no puede mantenerse indefinidamente resistiendo a veces (y cediendo otras) la presión del FMI, del capital extranjero y de la diplomacia de los países imperialistas. Si realmente pretende orientarse en un sentido nacional-democrático debe adoptar medidas de fondo que apunten a cambiar el actual balance de poder. Es su única oportunidad de concitar el apoyo de los sectores más profundos de la sociedad: los trabajadores ocupados y desocupados, las capas empobrecidas de clase media, y todas las corrientes patrióticas y antiimperialistas. En caso contrario terminará cediendo ante las imposiciones de los grandes intereses que llevaron al país a la peor crisis de su historia; intereses que están intactos y esperan el desgaste del gobierno para iniciar una contraofensiva. En este caso la suerte del progresismo kirchnerista estará echada, y la perspectiva de un nuevo diciembre de 2001 se reabrirá con más fuerza.

(*)Alberto Converti - Honorio Díaz - Rafael Díaz Martínez - Daniel Yépez - Martín Abelardo Ramos - Juan Barat - Osvaldo Calello - Gustavo Cangiano -Norberto Demonte - Carlos Franchini - Leopoldo Markus - Gloria Menéndez - José María Morcillo - Daniel Moser - Silvia Parini - Jorge Pasalía - Norberto Peiroten - Pablo Peker - María Peña - Pablo Rivera - Héctor Rodríguez - Lucio Rodríguez.
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