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CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT) - COLOMBIA

De nuevo las transferencias en la mira

Por Carlos A. Rodríguez Díaz (*)

Rebanadas de Realidad - CUT, Colombia, Bogotá, 22/09/06.- Queremos expresarle a la Federación Colombiana de Educadores nuestra felicitación por la importante labor que desarrolla y por la convocatoria a este diálogo que apunta a consensuar salidas para enfrentar en mejor forma la pretensión gubernamental.

A propósito de esta situación, recuerdo que el tres de marzo de año 2004, en uno de mis artículos invité a defender las transferencias, pues en aquella oportunidad, el Presidente de la Republica buscó la asesoría del FMI para sacar adelante la reforma al Sistema General de Participaciones o Transferencias, ya que según el gobierno, era necesario "El desmonte ordenado de esos recursos sociales, para lo cual deben modificarse algunas normas constitucionales".

Con la reforma al esquema de transferencias de la nación a los departamentos y municipios, se busca que estos tributen más y con dichos recaudos responsabilizarlos de algunas competencias, para de esa manera subsanar el grave problema del déficit fiscal.

La aspiración gubernamental apuntaba a modificar de nuevo los artículos 356 y 357 de la Constitución, eliminando los números, las cifras, los pisos y dejando que cada año el presidente defina a cuanto debe ascender el presupuesto de salud y educación, tal como ocurría antes de 1968, cuando otra reforma constitucional creó el Situado Fiscal y lo definió como un porcentaje de los ingresos ordinarios de la Nación.

Hoy de nuevo se reinicia el debate sobre el Sistema General de Participaciones, que es un mecanismo que estableció la Constitución Nacional para la autonomía de municipios y departamentos y una fuente de recursos para ejecutar competencias en gasto social, asignados por ella misma.

El actual Ministro de Hacienda pretende reformar radicalmente el SGP, desconociendo o subestimando componentes fundamentales del ordenamiento constitucional, con graves problemas sociales para el país.

El gobierno, de manera intencional, soslaya el artículo Primero de la Constitución que dice: "Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…".

El Estado Social de Derecho lo desarrolla el capítulo que tiene que ver con los derechos sociales, económicos y culturales que garantiza los servicios públicos básicos de educación, salud, agua potable y saneamiento ambiental.

La autonomía de las entidades territoriales está definida en el Artículo 287 por cuatro derechos que incluyen: "Ejercer las competencias que les corresponden" y "Participar en las rentas nacionales".

El Titulo XII de la Carta reitera en varios artículos la prioridad del gasto social en los servicios públicos mencionados. Los artículos 356, 357 y 358 de la Constitución dan cuerpo al derecho de municipios, distritos y departamentos de participar en las rentas nacionales, el SGP, y les asignan competencias en la ejecución del gasto social, mediante la prestación de esos servicios; también previeron, inicialmente, que la participación de los entes territoriales debería aumentar hasta llegar a algo más del 42 por ciento en el 2001.

Antes de llegar a ese nivel, argumentando la situación fiscal, el Gobierno, generó el cambio de esa fórmula por una reforma denominada Acto Legislativo 01 de 2001, que pretendía "ajustar las cargas", limitando durante siete años el crecimiento de las participaciones territoriales, para que la mayor parte del aumento en los ingresos nacionales fuera al Gobierno Central.

Este período termina en el 2008 y, para ese entonces, se espera que el SGP haya bajado entre 30 y 32 por ciento de las rentas nacionales, conocidas como Ingresos Corrientes de la Nación, ICN.

El "ajuste de cargas" se logrará con creces, porque mientras el SGP crecerá sólo entre el 2 y 2.5 por ciento por año, en virtud de la reforma temporal, los ICN lo harán anualmente entre el 7 y el 8 por ciento en promedio. Esta afirmación corrobora el argumento de FECODE durante la discusión del Acto Legislativo 01 de 2001.

También el debate esta centrado en el parágrafo transitorio numero 3 del Artículo 357, agregado a última hora a la reforma del 2001, el cual dice que, al terminar el período de transición, el porcentaje de los ICN destinados para el SGP debe volver al nivel del 2001, o sea un poco más del 42 por ciento. Dicen algunos que este parágrafo desvirtuó la intención de "ajuste de cargas" de la reforma.

Pero lo cierto es que la propuesta del Ministro de Hacienda de volver permanente lo que se acordó por siete años, marchita a perpetuidad la participación de los entes territoriales en los ICN y el porcentaje de gasto social en educación, salud y saneamiento ambiental.

La propuesta ministerial supone que a partir del 2007 los ICN aumentan 6 por ciento por año, crecimiento muy inferior al reciente del 8 por ciento y menor que el promedio de los últimos 25 años, que fue del 6.6 por ciento. También, según el comunicado de prensa, nos informan que el SGP crecerá la inflación causada más 3.5 por ciento en el 2009 y 2010 y 2 por ciento de 2011 en adelante.

Según esta propuesta, en el 2030, al SGP le correspondería solo el 13.7 de los ICN, y el compromiso constitucional con la educación bajaría al 7.7 por ciento de los ICN, mucho menos que lo aprobado en el plebiscito de 1957.

El resumen anterior, lo retomo de varios analistas e investigadores preocupados por encontrar una fórmula que equitativamente encuentre el camino viable al tenor de la Constitución y en búsqueda de soluciones reales a la educación, salud y saneamiento ambiental.

Como contribución al análisis, pongo en consideración dos propuestas encaminadas a aportar, haciendo la salvedad que quienes conocen el tema en mayor medida son ustedes, por lo que sugiero se evalúen con beneficio de inventario. Ellas son:

1. No ajustar la Constitución en lo que concierne al Sistema General de Participaciones.

2. Que el SGP vuelva a crecer al ritmo de los ICN y garantizar recursos para cobertura y mejoramiento en calidad de los servicios básicos. En el 2018, la diferencia entre esta formula y la del Ministro valdría 9.2 billones de pesos de hoy.

Esta realidad exige hacer causa común con los gobernadores y alcaldes para defender las transferencias, porque su disminución afecta profundamente las finanzas, y la eliminación, quiebra los entes territoriales con las implicaciones sociales que trae consigo. Según los gobernadores y alcaldes, la propuesta gubernamental disminuiría en cuatro billones de pesos o implicaría recibir cuatro billones de pesos menos.

Finalmente, reiteramos el acompañamiento a las tareas que oriente Fecode en procura de ampliar cobertura, mejorar calidad e impedir que se materialice la pretensión gubernamental.

(*) Presidente de la CUT / Web
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