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CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT) - COLOMBIA

Ley 1149 de 2007 'para la efectividad de la oralidad en los procesos laborales"

Por Carlos Rodríguez Díaz (*)

Rebanadas de Realidad - CUT, Bogotá, 27/07/07.- Desde 1944 se planteó en Colombia la necesidad de un proceso laboral ágil que se distanciara del civil, se desprendiera del formalismo y tuviera en cuenta a los trabajadores como seres humanos, para quienes el cumplimiento de sus derechos significaba su subsistencia y la de su familia, mientras que el patrono empeñaba en ellos exclusivamente su capital. Esta circunstancia hacía necesario jueces que conocieran del derecho social con su principio de desigualdad de las partes, tuvieran contacto con ellas, con los testigos, peritos, etc., apreciaran las pruebas con criterio de equidad, conocieran directamente la realidad en que se desarrollaba las relaciones laborales y no tener el conocimiento de la litis solamente a través de textos fríos, escritos que no permiten palpar las condiciones reales para hacer justicia.

En 1948 se expidió un Código Procesal del Trabajo pero debido a múltiples factores la oralidad se convirtió en ‘dictado’ lento, impreciso y lleno de errores y la inmediación no se practicó, dando por resultado procesos absolutamente injustos para los trabajadores, dejando a los trabajadores ante la monstruosa alternativa de recibir del patrono, en conciliación, una pequeña parte de lo que le adeuda o afrontar un juicio durante años que le impedirá sobrevivir con lo realmente adeudado.

Por estas razones, el movimiento sindical y la Central Unitaria de Trabajadores siempre han abogado por instauran la oralidad, la inmediación, la rapidez y la concentración como elementos esenciales en la administración de justicia.

Nuestra sed de justicia, la ineficacia y el recelo de los trabajadores con la administración de justicia laboral en Colombia ha conllevado a que nuestros reclamos los presentemos ante la OIT y a la jurisdicción interamericana, produciéndose una gran congestión en esos escenarios internacionales por lo que internacionalmente se ha presionado al gobierno para que busque medidas, siendo una de ellas la integración de una Comisión para elaborar un proyecto de ley para hacer efectiva la oralidad.

Pero de este proceso se mantuvo aislado al movimiento sindical hasta que por presión de la delegada de la Organización Internacional del Trabajo, señora Karen Curtis, el año pasado, le exigió al gobierno nacional que el proyecto de ley sobre oralidad que se venía trabajando fuera consultado con los trabajadores y llevado a la Comisión Constitucional de Concertación.

Con la participación de magistrados de la Altas Cortes, los abogados de las centrales sindicales, delegados de los diferentes ministerios y de distintos gremios empresariales se modificó el proyecto, eliminando algunas propuestas e introduciendo otras, de tal manera, que logramos el primer proyecto de ley concertado en Colombia.

Pero la sorpresa fue general cuando instalado el Congreso el 20 de julio de 2007 el Ministro de la Protección Social, quien es el representante legal de la Comisión de Concertación, no lo presentó como iniciativa del gobierno, sino que se lo entregó a unos representantes para que lo hicieran, quienes lo recortaron frente a lo concertado, por lo que la CUT protestó inmediatamente ante dicho funcionario.

La importancia de la presentación del proyecto por parte del gobierno radicaba en que automáticamente conllevaría el aval exigido por el inciso 4° del artículo 7º de la ley 819 de 2001, de apropiar la suma de ciento nueve mil millones de pesos, pues es inconstitucional cualquier ley que llegue a implicar recursos de la Nación y no tenga la certificación del Ministerio de Hacienda sobre la existencia de recursos para cumplir lo que ordene, en este caso la adecuación de todos los despachos laborales, el nombramiento de nuevos jueces y magistrados y la adquisición de más tecnología.

Poco tiempo después pudimos saber por qué el Ministro no presentó el proyecto, dentro de una política muy conocida del Gobierno, de rechazar todo lo que provenga de la concertación y democracia e impulsar lo que deseen unilateralmente:

  • Desconocer la concertación que se llevó a cabo sobre el proyecto, ya que va en contra de la filosofía de materializar un diálogo social útil.
  • Porque el mismo 20 de julio los Ministros de la Protección Social y el de Hacienda presentaron otro proyecto muy diferente, que en la práctica sabotea el de oralidad, consistente en la creación de los juzgados de la seguridad social, separados de los laborales, que atenta contra los derechos de los trabajadores, que generaría un costo cercano a los 80 mil millones de pesos anuales.
  • Como los recursos no alcanzan para la ‘oralidad laboral’ y la creación de jueces ‘de la seguridad social’, demoraron la presentación del primero, sin aval del Ministerio de Hacienda, para que avanzara el segundo.
  • Durante todo el proceso legislativo el Ministro de Hacienda, en especial la Viceministra y sus funcionarios trataron por todos los medios de entorpecer la aprobación de la ley negándose a dar el aval, o proponiendo que empezara a regir en un lapso no inferior a cinco años y cuando ya era una realidad se dedicaron a introducirle ‘micos’ que desvirtúan el objetivo central de la ley, llegando al extremo que como en la Comisión de Conciliación –Senado Cámara – no se acogían sus propuestas, a última hora presionaron a para que se ampliara y allí obtener la mayoría frente a alguna de sus pretensiones, en un manejo tan politiquero que realmente asombró a todos quienes estuvieron enterados por ser la repetición de prácticas legislativas tan nocivas para el país.

Afortunadamente se impulsó el proyecto de oralidad por ser una necesidad prioritaria en el país; están comprometidos con él los sectores que actuaron en concertación como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, la presión internacional, por contar con el apoyo irrestricto del Instituto de Derecho Procesal; de los ponentes y sus equipos legislativos, en la Cámara Jorge Enrique Rozo Rodríguez y en el Senado Jesús Bernal Amorocho, quienes escucharon permanente las posiciones de los trabajadores a través del doctor Marcel Silva, que como jurista del equipo jurídico de la CUT, jugó un papel esencial en este proceso y quienes adecuaron sus ponencias a las doctrinas más avanzadas en Iberoamérica sobre el derecho procesal laboral.

Aprobada la ley que regirá a partir del 1º enero de 2008 y se implantará gradualmente en un lapso no mayor de cuatro años podemos mostrar cómo cuando se permite la participación de los sindicatos en las grandes soluciones, tenemos propuestas concretas y viables, que sin temor alguno, debemos demostrar ante la población colombiana.

La Central Unitaria de Trabajadores estará atenta a que el gobierno entregue los recursos necesarios como parte del prometido gasto social.

(*) Presidente de la CUT. Web
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