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CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT) - COLOMBIA

Opinión jurídica sobre la negativa de inscripción en el Registro Sindical

Por Carlos Rodríguez Díaz, Presidente de la CUT.

Rebanadas de Realidad - CUT, Bogotá, 20/11/07.- Con una opinión del doctor Mauricio Velásquez Ospina, integrante del Equipo Jurídico de la CUT, damos respuesta a las nuevas disposiciones jurídicas emitidas por el Ministerio de la Protección Social, especialmente las referidas a la Resolución 1651 de mayo 24 de 2007 mediante la cual se modifica la resolución 1875 de 2002.

Causales para negar la inscripción en el Registro Sindical:

  • 1 Que la organización sindical no se haya constituido para garantizar el derecho fundamental de asociación sindical, sino con el fin de obtener estabilidad laboral.
  • 2 Que la organización sindical se haya establecido contraviniendo la clasificación establecida en el artículo 356 del C.S.T y
  • 3 Que se constituya una organización sindical de industria o por rama de actividad económica, pero sus afiliados sean trabajadores de empresas que no son de la misma industria o rama de actividad económica, o sean trabajadores de una misma empresa.

Registro sindical y derecho de asociación

El registro sindical es la medida de publicidad con que los sindicatos muestran su existencia a todas las personas naturales jurídicas y naturales. De esta manera la teleología del registro sindical hace prácticamente accidental la fijación del organismo que deba llevar a cabo el registro. Su razón de ser es en sí misma tan ajena al actor que efectúa el registro, que precisamente se trata de un procedimiento administrativo que puede ser suplido de una manera no problemática y de forma ideal, automática.

Que no sea esta la realidad nacional en forma alguna implica la negación de la razón de ser anterior; Simplemente es muestra de la tergiversación de la figura para cumplir con objetivos distintos a los mencionados.

El Comité de Libertad Sindical se ha manifestado en un sentido concordante con lo hasta aquí expuesto en sus decisiones 333 y 336 que a continuación trascribimos:

    333. Para que las organizaciones tengan derecho a elaborar sus propios estatutos reglamentos con libertad absoluta, la legislación nacional debería limitarse tan solo a sentar las condiciones formales que deberán respetar los estatutos, los cuales, con los reglamentos correspondientes, no necesitarán la aprobación previa de autoridades públicas para entrar en vigor. (Véase 294.o informe, caso núm. 1629 (República de Corea), párrafo 265.)

    336. El hecho de que la aprobación de los estatutos sindicales dependa de las facultades discrecionales de la autoridad competente, no es compatible con el principio generalmente aceptado de que las organizaciones de trabajadores deben tener el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos con completa libertad. (Véase Recopilación de 1985, párrafo 266.)

Es del caso resaltar entonces dos condiciones que el Comité de Libertad Sindical indica: que la entrada en vigor de los estatutos de las organizaciones sindicales no este sometida la aprobación previa de las autoridades públicas y que las organizaciones sindicales deben tener libertad para redactar sus estatutos y reglamentos administrativos con completa libertad.

Colombia al igual que los demás miembros de la OIT que han aceptado los principios y derechos enunciados en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia, se ha comprometido a esforzarse por lograr los objetivos generales de la Organización de buena fe y en toda la medida de sus posibilidades y atendiendo a sus condiciones específicas. Colombia ha ratificado los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo dentro de los que se cuentan: Convenio 87, 98, 151, 154.

Lo anterior quiere decir que el Estado Colombiano en desarrollo de sus compromisos internacionales en materia laboral debe cumplir de buena fe con el respeto a la libertad de asociación en esos convenios consagrados tanto para los trabajadores del sector privado como público. Su desempeño como gobierno al servicio de los estándares laborales internacionales demanda un riguroso acatamiento de las finalidades de figuras tales como el registro sindical.

A pesar de que la Constitución Nacional reconoce que los sindicatos obtienen su personería jurídica por el sólo hecho de su constitución en concordancia con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, existen normas que someten el ejercicio de ese derecho fundamental al cumplimiento del requisito de obtención de inscripción administrativa de registro sindical ante el Ministerio de la Protección Social.

Dicho procedimiento está condicionado en su efectivo cumplimiento a la discrecionalidad del Gobierno Nacional quien juzga cuando los estatutos son contrarios a la Constitución Nacional, la ley o las buenas costumbres.

La ley 50 de 1990 (arts. 45 y 50), estipula que ningún sindicato podrá actuar sin haber obtenido la inscripción en el registro sindical y únicamente durante su vigencia.

Esta situación de inconsistencia normativa entre la constitución y la ley no es óbice para que con base en la resolución 1875 de 2002, ahora modificada por la resolución 1651 de mayo de 2007 el Ministerio de la Protección social ejercite un papel de vigilancia, control y selectividad sobre el derecho de asociación.

Esta intromisión administrativa en los asuntos internos de los sindicatos va en contravía de normas constitucionales relativas a los convenios de la OIT y de la propia Constitución Política. En efecto, el Convenio núm. 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, garantiza a todos los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas (art.2).

Estas organizaciones deben tener el derecho a redactar sus propios estatutos y reglamentos. La adquisición de personalidad jurídica por parte de organizaciones no puede estar sujeta a condiciones que restrinjan estos derechos (art.7).

Tenemos entonces que este Convenio se está inaplicando a pesar de que el artículo 53 de la Constitución Política define que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

Registro sindical: Nuevos factores de negación

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se hace preciso intentar aunque sea de manera aproximativa un comentario a las nuevas disposiciones introducidas en la resolución en comento.

    3. Que la organización sindical no se haya constituido para garantizar el derecho fundamental de asociación sindical, sino con el fin de obtener estabilidad laboral

De todas las disposiciones introducidas probablemente esta es la más problemática por el amplio margen de discreción que establece en cabeza de los funcionarios del Ministerio de la Protección Social.

Se trata en efecto de contenido normativo en donde se pone a disposición del funcionario la valoración entre un uso “correcto” de un derecho fundamental y un uso “abusivo” del mismo.

A todas luces resulta inconstitucional hablar de un abuso de un derecho fundamental. La condición de fundante hace de esta clase de derechos razones de estado y razones de la organización jurídica en su conjunto. Su vigencia efectiva es lo que justifica la existencia del Estado y la condición de persona natural basta para que su ejercicio y protección estén plenamente garantizados. En este orden de ideas la norma peca por exceso cuando pretende “calificar” el ejercicio de un derecho fundamental cual es el derecho de asociación (artículo 39 C.N).

No es sin embargo un problema sustantivo constitucional el único del que adolece este numeral. En sentido estricto al tratarse de una norma sobre el procedimiento administrativo para NEGAR el registro, en realidad se trata de un asunto de incidencia procesal.

Que un funcionario administrativo valore la condición de utilización de la formación de un sindicato con el propósito de obtener “estabilidad laboral” es una aberrante violación de los principios básicos que distinguen las actuaciones administrativas de las actuaciones judiciales.

Si fuera posible establecer una talanquera tan absurda como acusar el sindicato de buscar “estabilidad Laboral”, como al inicio hemos indicado que en efecto no lo es, en todo caso desde el punto de vista procesal tampoco puede el funcionario de un Ministerio proceder a hacer una valoración judicial menos una de estas características.

En Sentencia C-567 de 2000 la Corte Constitucional dijo:

(MP Alfredo Beltrán Sierra) “En el caso bajo estudio se está estableciendo, a través de una autoridad administrativa, la posibilidad de ejercer una limitación al libre ejercicio del derecho sindical, mediante la calificación subjetiva que haga el responsable del estudio de los estatutos de la organización sindical recién creada, de que no la inscribe por estimar que va contra las buenas costumbres, según su personal modo de entender en qué consisten las buenas costumbres. A través de una facultad tan amplia, se puede dar la intervención del Estado en la constitución de los sindicatos, y llegar a limitar el ejercicio del derecho, en contra de lo establecido por el artículo 39 de la Constitución y el Convenio 87 de la O.I.T.

Además, la expresión infringe la disposición constitucional, también, de otra manera. En efecto, permite que no sea a través de una decisión judicial, como lo ordena el artículo 39, inciso tercero, que se dé la cancelación o suspensión, o, concretamente, la no inscripción de la personería jurídica del sindicato, sino que sea a través de una decisión administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la que, en la práctica, impida el funcionamiento de la organización sindical con el argumento de que sus estatutos van contra "las buenas costumbres."

Al respecto, cabe agregar que acompañando los principios constitucionales que rigen el verdadero ejercicio del derecho fundamental de la libertad de asociación, es decir, el de la constitución del sindicato sin intervención del Estado y el reconocimiento automático de la personería jurídica, se encuentra el que "la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial

La norma en comento no será pues más que un renovado precepto en contra de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de Libertad de asociación y más precisamente en contra de la misma Constitución Nacional.

4. Que la organización sindical se haya establecido contraviniendo la clasificación establecida en el artículo 356 del C.S.T

En concordancia con la resolución 1875 de 2002, la característica principal de este numeral es su ambigüedad. En efecto, aparte de ir en contravención de las consideraciones de la primera parte de este concepto, el contenido normativo de este numeral cuarto adolece de ser una condición de imposición de una sanción que no tiene asidero dentro de una tipificación rigurosa de la falta.

En efecto, si se hace una lectura detenida del artículo 356 del CST se puede comprender que se trata de un contenido descriptivo o mera enunciación de los tipos de sindicatos según la clasificación de la ley 50 de 1990.

Contravenir la clasificación como condición para NEGAR la inscripción es poner en manos del funcionario de registro la posibilidad de creación de infinitas infracciones que contra ese contenido descriptivo pueden cometerse. El artículo 356 del CST no se presta para tipificar conductas que lo contravengan, solamente sirve como criterio de clasificación de sindicatos. En realidad las posibilidades de alegación sobre una violación de esta clasificación se pueden convertir en un ejercicio complejo de sub-clasificaciones que no estarían dentro del preciso tenor de la norma, en la práctica deviniendo en la más efectiva forma de negación del derecho de asociación sindical.

5. Que se constituya una organización sindical de industria o por rama de actividad económica, pero sus afiliados sean trabajadores de empresas que no son de la misma industria o rama de actividad económica, o sean trabajadores de una misma empresa.

Los comentarios hechos al numeral 3 son aplicables a este numeral. En forma especial se recalca la condición de autoridad administrativa que tiene el Ministerio de la Protección Social, siéndole impelido por la Constitución abstenerse de ejercer funciones judiciales como la de entrar a evaluar la condición o no de sindicato de industria o rama de actividad económica por la composición de sus afiliados. Nada tiene el debate jurídico que decir en cuanto a la efectiva desnaturalización de la figura de este tipo de sindicatos si no cumplen con su definición.

Resulta absurdo poner en manos de la autoridad administrativa el juzgamiento sobre la condición de cumplimiento o no de la ley por parte del sindicato.

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