Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT) - COLOMBIA

Venta de electrificadoras, afrenta al Estado Social de Derecho

Por Carlos Rodríguez Díaz, Presidente de la CUT.

Rebanadas de Realidad - CUT, Bogotá, D.C., 08/02/08.- Desde el momento en que se colocaron en venta las acciones de la Nación en las electrificadoras de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta, la CUT no sólo rechazó esta pretensión, sino que inició una campaña encaminada a impedir que se concretara tamaño despropósito.

En ese sentido, en varias cartas dirigidas al Presidente de la República le manifestamos que sus afirmaciones en uno de los Consejos Comunitarios relacionados con el sector eléctrico, en el que manifestó que si las electrificadoras mostraban gestiones eficientes encaminadas a posibilitar rentabilidad económica y social, no serían privatizadas. Esta afirmación constituye para la CUT un acto administrativo oral, que debe cumplirse.

En la reunión sostenida el 6 de febrero con el Presidente de la República, el Ministro y Viceministro de Minas, de nuevo les planteamos la solicitud de ordenar la suspensión del proceso de enajenación de estas empresas, a lo que contestaron que la venta de las mismas, era una decisión tomada y que no había que esperar el desarrollo de las decisiones judiciales, porque cuando éstas salieran ya las empresas estaban subastadas.

La venta de las electrificadoras, a pesar de las decisiones judiciales, donde jueces de la República ordenaron la suspensión de dicho proceso por subvaloración de dichos activos, no solo es un desacato peligroso al poder judicial, al margen de lo legal por parte del Ministerio de Minas y Energía, sino una grave afrenta a nuestro Estado Social de Derecho.

Con dicha actuación se evidencia la prevalencia del interés particular sobre el interés colectivo, en una muestra de absolutismo en contra de los principios democráticos pilares de nuestra Constitución Política, por lo que rechazamos este esperpento jurídico que causa enorme lesión al patrimonio público y afecta gravemente la seguridad jurídica institucional.