Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT) - COLOMBIA
El Gobierno ordena la captura de 6 activistas del paro de corteros de caña
Por Tarsicio Mora Godoy y Domingo Tovar Arrieta, Presidente y Secretario General de la CUT

Rebanadas de Realidad - CUT, Bogotá, 17/10/08.- El Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para denunciar, que con la presencia de los principales medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita), el Gobierno Nacional ofreció desde el Palacio de Nariño una rueda de prensa en las horas del medio día con la participación del Ministro de la Protección Social y Salud, Diego Palacio Betancourt, el Comandante General de la Policía, General Oscar Naranjo y la Directora del Departamento Administrativo de Seguridad DAS María del Pilar Hurtado .

En la citada rueda de prensa se informó sobre la orden de captura expedida en principio contra 6 activistas del paro de corteros de caña, sin mencionar sus nombres, sobre la expulsión del país de 2 ciudadanos franceses y un alemán por supuesto apoyo al conflicto y la afirmación sistemática del Ministro Diego Betancourt y General Naranjo respecto a que tanto las huelgas que se desarrollan dentro de la constitución y la ley, como la jornada de resistencia civil de las comunidades indígenas del cauca para exigir cumplimiento a compromisos adquiridos por el Gobierno, obedecían a influencia de del Sexto Frente de las Farc y a una clara planeación de oposición al gobierno y de desestabilización nacional. Denunciaron como delito que se estén desarrollando campañas de solidaridad económica, con los conflictos laborales y la movilización de las comunidades indígenas.

Por lo expuesto, la Central Unitaria reafirma la denuncia respecto a la política de criminalización de la lucha social y sindical y una respuesta de guerra con la policía y el ejército para contrarrestar y reprimir la movilización social y el derecho legítimo a la huelga consagrado por la Constitución y los Convenios Internacionales de OIT adoptados por el Estado Colombiano.

El Gobierno Nacional bajo la consigna de su lucha antiterrorista ha involucrado la reacción con la misma metodología armada y de inteligencia contra el movimiento sindical y las organizaciones sociales que se atrevan a demandar y a exigir el cumplimiento de la Constitución y la Ley.

Ratificamos nuestro llamado al movimiento sindical nacional e internacional, a las organizaciones sociales y a los organismos de derechos humanos, lo mismo que a la Procuraduría General de la Nación en Colombia, a la Iglesia y a los Partidos Políticos, para que asuman con urgencia una intervención de veeduría y de exigencia al gobierno del presidente Alvaro Uribe, para que cese en su interés de dar tratamiento de terroristas a las organizaciones civiles y democráticas reconocidas por el Estado y responda ante el país y el mundo por el sinnúmero de heridos y varios muertos indígenas como consecuencia de la intervención militar para reprimir el legítimo derecho a la movilización y a la protesta, por el incumplimiento a los acuerdos pactados y al tratamiento de segregación y desplazamiento de que son víctimas.

Finalmente, creemos que lo manifestado en la rueda de prensa que motiva la presente denuncia no es más que la pretensión de justificar la continuidad de la acción armada y represiva contra los trabajadores y trabajadoras en conflicto, organizados en sindicatos.