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CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT) - COLOMBIA / Web
En los 10 años del cierre de la Caja de Crédito Agrario, un patrimonio nacional
Por Edilberto Contreras Hernández, Secretario de Información y Prensa CUT Guajira

Rebanadas de Realidad - CUT, Bogotá, 01/07/09.- En la ultima de cada de la vida de nuestro país, el pueblo Colombiano ha sido testigo de las mas horrendas masacres laborales, después de lo ocurrido con los obreros de la Zona Bananera. El neolibelismo enraizado en el poder en la década de los noventa como respuesta a su incapacidad de resolver los problemas fundamentales del pueblo, en materia de vivienda, soberanía alimenticia, infraestructura en servicios públicos, salud, educación, etc., toma la decisión de expedir los decretos 1064 y 1065, mediante los cuales se establece, en el primero, el marco jurídico para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, y en el segundo, la liquidación de la Caja Agraria y la reestructuración del Banco de Desarrollo empresarial como Banco Agrario, configuran una monstruosa alteración de la normatividad legal y constitucional vigente. Como no podía crear una nueva entidad pública, el gobierno utilizó una fantasmal empresa privada de financiamiento comercial en proceso de desaparición e hizo que sus accionistas la transformaran, en un lapso de apenas dos días, en una entidad estatal mediante la promesa de insuflarle dineros públicos. Así sacó Pastrana, de su sombrero de mago neoliberal, el nuevo banco oficial para reemplazar a la Caja Agraria. Pero he aquí que el termino para la resolución que transforma la anterior empresa de financiamiento comercial privada en el nuevo banco quedara debidamente ejecutoriada no llegó a cumplirse, sino que antes de ello fueron expedidos los decretos de marras, cuando el mentado Banco de desarrollo empresarial aún no existía legalmente. No menos grave resulta que el requisito para que la resolución mencionada tuviese pleno efecto jurídico era de que el Estado debía haber pagado, como mínimo el 50% del capital autorizado del nuevo banco, pago que no se efectúo, como consta en la escritura pública que reforma la Sociedad Banco de Desarrollo Empresarial, fechada 26 de junio de 1999, es decir, el mismo día en que fueron expedidos los decretos.

Los mencionados decretos liquidadores transgredieron los límites de las facultades presidenciales sobre la reestructuración del Estado, fijados en la ley 489/98, al introducir graves y regresivas modificaciones de los códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo, y al Contencioso Administrativo, en lo concerniente al derecho de negociación colectiva, los principios de cosa juzgada. Al debido proceso y los derechos fundamentales de fuero sindical y protección a la maternidad. Incurriendo en manifiesta violación de la Carta Política y de uno de los más elementales principios de civilización de las normas colombianas, cuando dispuso el despido de 8.800 trabajadores, incluidas mujeres embarazadas sin procedimiento judicial o administrativo alguno. Y se llevaron la tradición jurídica del país al erigir la decisión unilateral de despido por parte de la administración pastranista, en justa cusa de terminación del contrato laboral.

Pastrana, como Gaviria, requerían de violaciones sustanciales del orden jurídico para llevar adelante sus planes y fines de gobierno; hoy se confirma que el sello distintivo del régimen neoliberal en este terreno es que "la norma es la falta de normas".

El despotismo del actual gobierno rechaza toda negociación con los trabajadores

Un asunto esta palmariamente establecido entre sus políticas, el gobierno de Uribe Vélez no contempla el acatamiento de los fallos jurídicos a favor de los ex trabajadores ni la negociación.

El país se ha percatado del despotismo a flor de piel del actual mandatario, cuyo estilo de gobierno estriba en definir las cuestiones de fondo de espaldas a la nación, en un pequeño círculo o rosca mafiosa gobernante, esa aristocracia de la mediocridad y del entreguismo apátrida, tan pro gringa y celosa de sus privilegios como grande es su ineptitud. Todo lo cual cuadra a la perfección con las necesidades de sus patrones en Washington. Pues es evidente que en Colombia el proceso de aplicación del modelo neoliberal se halla en un momento crucial, que para la economía de los Estados Unidos y de las demás naciones imperialista en crisis resulta vital mantener dicho esquema económico sobre nuestros pueblos, y por ende, detenerlo o retrasarlo a mitad de camino requiere de la conjunción de todas las fuerzas susceptibles de movilizarse.

De ahí que, en las condiciones actuales, las luchas por las reivindicaciones más elementales choquen directamente con el modelo imperante y revistan, como en los primeros tiempos del capitalismo, un carácter abiertamente político, y que la huelga económica pueda trocarse con celeridad en huelga política.

Con el cierre de la Caja Agraria no queda sombra de duda sobre la catadura despótica y fascista de los gobiernos de esta década. Se envió un mensaje terminante al movimiento obrero colombiano: de la agenda del inquilino de la "Casa de Nari" está ausente toda negociación en los conflictos laborales en los cuales los trabajadores defiendan el interés de la nación y cuestionen el rumbo de la economía. Sin esfuerzo, brota una conclusión: la suerte e intereses de Colombia dependen de lo que obtengan los trabajadores y el pueblo en pelea a campo abierto contra el más pro gringo de los gobiernos.

Un gobierno con el sello del desprestigio

La corrupción que carcome al gobierno la confirma el enriquecimiento ilícito de los avivatos hijos del presidente Uribe, lo que se conoce de las relaciones del uribismo y grandes banqueros con la existencia y cierre de DMG perjudicando a cientos de miles de colombianos, al igual que las absoluciones del Procurador de bolsillo y las revelaciones de jefes paramilitares como "Don Berna" confirman a Uribe como un gobierno que aprovecha las fortunas de los narcos paramilitares para su elección y reelección y para enriquecer más a monopolistas de Colombia y Estados Unidos.

El manejo truculento del referendo reeleccionista es otra fotografía de una suma de asqueantes factores de corrupción y antidemocracia, que derrotará el pueblo fortaleciendo la corriente progresista, democrática y de izquierda que avanza en Colombia, América Latina y el Caribe.

El desespero de Uribe y la coalición gobernante, ante los efectos de su mala política económica generadora de mayores y desastrosos efectos de la crisis capitalista mundial, lo ha llevado a extremos increíbles para tratar de proteger a los ricos aplicando al máximo el autoritarismo del régimen presidencialista de la Constitución del 91, llegando a niveles nunca vistos de intolerancia y abuso de sus grandes poderes para apabullar al resto de ramas del poder y a las regiones de la geografía colombiana; apuntalando el terrorismo de Estado ("seguridad democrática") con un régimen padre del narco paramilitarismo como fuente de corrupción y politiquería.

Uribe usa perversidades para atacar al pueblo y la oposición, utiliza provocadores fascistas como el ministro de defensa y el ex asesor José Obdulio Gaviria. Desde el primero de mayo del 2008 a la fecha hay varias decenas de sindicalistas asesinados y pululan los dirigentes populares amenazados y desterrados. Como si fuera poco, los crimines de Estado llamados "falsos positivos", no cesan.

Uribe propone una agenda legislativa abiertamente antiobrera, antipopular y antinacional que no reconoce el fracaso mundial del modelo económico dependiente, neoliberal y al servicio de los monopolios que buscan multiplicar sus ganancias apoyados en la "seguridad democrática o inversionista", que mantiene multimillonarios alivios tributarios a los grandes capitalistas en un país en que se anuncia una caída del Producto Interno Bruto, PIB, que tiende a estar cercano a cero.

Uribe arrasa con derechos laborales y sume al pueblo en la miseria con el desempleo, bajos ingresos, la insuficiencia alimentaria, las altas tarifas de los servicios públicos, así como con las medidas orientadas a aumentar los impuestos para cubrir el crecido faltante fiscal que ya se acerca a los tres billones de pesos. Es así como Uribe mantiene un precio especulativo de la gasolina y el ACPM que duplica el precio real y solicita un préstamo de 10 millones de dólares al FMI que acentúa la dependencia a las fracasadas recetas que no pudieron impedir la crisis cíclica mundial y acentúan la crisis general del imperialismo que saldrá muy debilitado del ciclo críticos actual, como lo confirman los palos de ciego de las cumbres imperialistas del G-8 y el G-20, al igual que la demagogia del imperialista Barack Obama en la "Cumbre de las Américas" de los imperialistas yanquis con los países dependientes de su llamado "patio trasero". De allí que por empleo y justicia económica y social se movilizarán los trabajadores y el pueblo para acumular fuerzas hacia nuevas acciones.

El terrorismo de Estado y el guerrerismo son las armas predilectas de Uribe para enfrentar y criminalizar las luchas populares contra la crisis, por la libertad política y por el cambio. Uribe no puede ocultar más la persistencia del paramilitarismo que abiertamente amenaza con panfletos que utilizan diferentes nombres para intimidar las barriadas populares y que ejecutan ciudadanos del pueblo para reafirmar su cobarde criminalidad garantizada con la impunidad del Estado.

Ya muchos más miles de colombianos luchamos para que Uribe renuncie, crece el coro 'que se vaya' antes del 10 de agosto de 2010. Pero son muchos cientos de miles más los colombianos convencidos de que la lucha popular impedirá una nueva reelección un Uribe, declarado ilegal e ilegítimo por la Corte Suprema de Justicia en 2008 por la Yidis política, ahora debilitado por el escándalo de las chuzadas del DAS a sectores de la oposición y magistrados de la republica.

Ante esta dramática realidad, con un Presidente que está a la cabeza de los descalabros y vinculado a crímenes de lesa humanidad, llamamos a persistir en ampliar y consolidar la unidad de acción popular para lograr conquistas económicas y sociales, invitamos a exigirle que se vaya y a lograr el adelanto general de las elecciones, debemos pensar en una candidatura presidencial de clara postura democrática y progresista para conquistar un gobierno democrático, antiimperialista, de amplia convergencia y sumar fuerzas en la lucha por la Asamblea Nacional Constituyente que defina una Nueva Constitución, de esta manera acumular fuerzas que lleven por los caminos de la solución política al conflicto político, social y armado que en su última fase afecta al país hace medio siglo.

¡Que se vaya Uribe!

¡Gobierno democrático, patriótico y popular!