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CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT) - COLOMBIA / Web
Abajo las cooperativas de trabajo asociado y toda intermediación laboral
Por Raúl Arroyave Arango, Director del Departamento de Relaciones Internacionales

Rebanadas de Realidad - CUT, Bogotá, 18/08/09.-

Introducción

Con el anuncio de la Superintendencia Solidaria de iniciar la liquidación de 7.741 cooperativas de trabajo asociado -CTA- esta controvertida forma de vinculación laboral vuelve a estar en el ojo del huracán. Las CTA, creadas por la ley 79 de 1988, fueron definidas como “…aquéllas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios” una definición laxa que ha dado para que a nombre del cooperativismo se instaure una nueva forma de explotación laboral que revive la mísera situación de los proletarios en las remotas épocas del precapitalismo.

Los trabajadores en las CTA son a la vez socios y gestores. El régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, será establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral. Como no se percibe salario sino compensación, las CTA tampoco se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo ni estarían obligadas al pago de los aportes parafiscales. Este hecho explica, en gran medida, la eclosión de CTA en los años recientes, pues abaratados los costos laborales en tan gigantescas proporciones era obvio que aumentaba la cuota de plusvalía para los dueños del capital a costa de la precarización y miseria del trabajo. La creación de las CTA a finales de década de los 80 y la ley 50 del 90 son parte de las medidas tendientes a reeditar la vigencia de la ley económica fundamental del capitalismo cimentada en la explotación del trabajo asalariado, pues tal como lo dijera Marx: “La finalidad constante de la producción capitalista consiste en crear el máximo de plusvalía o de plusproducto con el mínimo de capital desembolsado”.

Como era de esperarse las CTA devinieron rápidamente en Empresas de Servicios Temporales. Así, abarataron costos laborales y escamotearon obligaciones prestacionales y parafiscales y sentaron las bases para la abolición de las organizaciones sindicales, desapareciendo por ende los derechos de contratación colectiva y huelga. Bajo estos parámetros, no es de extrañar que haya sido precisamente en el actual régimen de la “Seguridad Democrática” y la “Confianza Inversionista” que estas CTA hayan crecido incontroladamente, pues la determinación de elevar la competitividad internacional de nuestro país sobre la base de abaratar los salarios es el estandarte del uribismo.

La erupción de las CTA

Las CTA han tenido en la última década un crecimiento en progresión geométrica. Aunque operan en más de 450 municipios y en 30 departamentos, estas se han concentrado, sobre todo, en la región Bogotá-Cundinamarca y en el Valle del Cauca, la tierra de los ingenios para la producción de biocombustibles. En general, las CTA trabajan mayoritariamente en el sector agropecuario, en los cultivos de palma, caña de azúcar y flores; en el comercio, en la sección de empaque, aberrante modalidad donde se bonifica al asociado con las propinas que pagan los clientes; en la salud, la hotelería, las bebidas, los alimentos, la seguridad privada, la vigilancia, la educación y en casi todas las operaciones de los privatizados puertos de Colombia.

Las cifras sobre las CTA son muy disímiles. Muchas de ellas obran de manera ilegal y por tanto no están inscritas en las cámaras de comercio o en la Supersolidaria. Aún así, los registros dan cuenta de que para el año 2000 había 795 CTA, en 2003 alcanzaron a ser 1386 y en 2004 sumaron 2094, es decir, un incremento en cuatro años del 263%. Estas cifras contrastan con el resto del sector cooperativo que apenas creció en 12.6%, pasando de 5.095 establecimientos a 5.737. En cuanto al número de afiliados en las CTA se pasó de 38.041 trabajadores en el 2.000 a 259.770 en el 2.004, es decir, un incremento de esta modalidad laboral de 683%. En todo caso, para mayo de 2009, ya se contabilizaban cerca de 13.000 CTA y casi un millón de trabajadores bajo esta forma denigrante de vinculación laboral.

Al lado de las CTA florece, a manera de competencia, el llamado Contrato Sindical en virtud del cual, algunos sindicatos de la vieja escuela vendeobrera optaron por transformarse en patronos y garantizar a toda costa su existencia así fuera explotando a sus propios afiliados. A estos se suman las Empresas de Servicios Temporales, lo contratos por tarea o a destajo y el empleo domiciliario, otras formas de vinculación que entraron en el concierto para envilecer a los trabajadores, precarizaciones que se complementaron en los albores del uribismo con la ley 789 de diciembre de 2002 que entre otras hazañas, alargaba la jornada diurna hasta las 10 de la noche, abolía recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo y recortaba las indemnizaciones por despidos injustos. Se trataba en suma de ver quien ganaba la competencia por pagar menos dinero por la fuerza de trabajo para ganar más con su explotación.

El dumping laboral

Cuando comenzaron las negociaciones del TLC con Estados Unidos uno de los temas que salió a la palestra fue el del dumping laboral que de hecho se practicaba con las CTA, por lo cual los negociadores de Estados Unidos exigieron que fueran reglamentadas. Esta es la razón última de la ley 1233 de 2.008 y de que la misma Supersolidaria diera la alarma en abril del 2.005 sobre la existencia de CTA piratas que estaban siendo utilizadas para evadir responsabilidades laborales y tributarias.

Se hablaba por entonces de que en esa superintendencia aparecían registradas únicamente 1.778 CTA que reportan sus estados financieros y daban trabajo a unas cien mil personas y se agregaba que “… estamos seguros que ese no es el número de las que funcionan en el país…”. En igual sentido, el 19 de abril de 2005, el diario Portafolio señalaba que “Un régimen más estricto para evitar que con las CTA, se continúen realizando actividades de intermediación laboral, puso el Gobierno a consideración del Congreso”. Estos hechos corroboran por enésima vez como hasta en estos asuntos es más poderosa la voz de las autoridades norteamericanas que el clamor del pueblo y los trabajadores colombianos por unas justas relaciones laborales.

Las 10 razones para invertir en Colombia

En el modelo que impuso el uribismo enfocado hacia los mercados externos el abaratamiento de la mano de obra es el principal plus como factor de competitividad. Por eso se trata de hacer competitivas las exportaciones reduciendo los costos laborales y por eso Colombia carece de un mercado interior que los uribistas y neoliberales menosprecian. Este es el emblema de la política de la “Confianza Inversionista”.

Entre las diez razones para invertir en Colombia, que se promulgan en las páginas del Mincomercio, además de lo que llaman la estabilidad macroeconómica, la estabilidad política, la ubicación estratégica, el acceso privilegiado a mercados mundiales, los regímenes especiales de comercio exterior, la existencia de varios polos de desarrollo, la infraestructura física y la confianza a inversionistas extranjeros, se destaca la existencia de un “recurso humano calificado y competitivo y de un régimen laboral flexible”.

Así, resaltan con todo énfasis que: “…La fuerza laboral de Colombia es considerada como la mejor en la Comunidad Andina y es una de las más calificadas a nivel gerencial y operativo de América Latina (…) y es competitiva en términos de costos laborales, que los salarios en el sector de servicios y el pago por hora en el sector manufacturero son altamente competitivos, que Colombia tiene uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina que comprende una jornada diurna extendida desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m., que existe la modalidad de contratación de aprendices del SENA por medio de un contrato de prestación de servicios y sin vinculación laboral con la empresa lo que ahorra prestaciones sociales y que el monto de indemnizaciones por despido sin justa causa reducido”.

Las últimas reformas bajo las presiones del TLC

La ley 1233 de 2008 ordenó, entre otras cosas, la inscripción de todas las CTA en la Supersolidaria, pues antes bastaba con que se inscribieran en las cámaras de comercio. Hasta mayo de 2009, al parecer, existían 13.000 CTA, de las cuales, se ha ordenado hasta ahora la liquidación a 7.741. Esta última cifra parece la verdadera, pues según datos de la Anif, a finales de 2007 las CTA manejaban contratos laborales de 540.000 trabajadores.

Es tal el grado de ilegalidad con que las CTA han venido operando que, según datos del Minprotección, solamente 2.230 pagaron la seguridad social a través del Pila.

La nueva regulación no suprime las CTA. Solamente las afina para que cumplan estándares internacionales y todo indica que fue adoptada por los reparos hechos en el congreso de los Estados Unidos, en los marcos del TLC, sobre el desconocimiento de los derechos laborales en el país. Se supone que las nuevas CTA no podrán hacer intermediación laboral y deberán responder por los aportes de previsión social y los pagos parafiscales, por unas condiciones mínimas de ingreso para sus asociados y la aplicación del régimen laboral en lo concerniente a embarazo y trabajo de menores.

En verdad, no se trata de que las CTA sean reglamentadas sino definitivamente suprimidas. La ley 1233 se queda corta y no reconoce a los asociados de las CTA los derechos de asociación, negociación y huelga, con lo cual seguirán siendo un instrumento para que se birlen y defrauden los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, a más de que encontrarán la forma de seguir haciendo intermediación laboral para abaratar los costos de mano de obra y abolir de hecho los conflictos internos en las fábricas, donde los empresarios no tendrán que lidiar con pliegos de peticiones y huelgas, objetivo inicial para el cual fueron creadas.

Epílogo

La precarización de las condiciones laborales de los trabajadores es uno de los principales atentados contra el desarrollo nacional y Colombia no tendrá un sólido mercado interior mientras no eleve la capacidad de consumo de su población laboriosa. El modelo agro-minero exportador que impuso el uribismo como sustrato de la “Confianza Inversionista” y sustentado en el mercado exterior niega en esencia el verdadero desarrollo nacional y coloca a nuestro país en peores condiciones de vulnerabilidad ante la volatilidad y especulación internacional.

Abolir todas las formas de intermediación y tercerización laboral que envilecen los salarios y derechos de los trabajadores es condición necesaria para resolver este y otras cuestiones estructurales como la sostenibilidad del régimen de previsión y seguridad social. La solidaridad intergeneracional en el régimen pensional y la universalización de los derechos en salud, sólo son posibles en la medida que todos los trabajadores puedan aportar regularmente al sistema, lo cual no es posible alcanzar mientras Colombia sea el paraíso de la CTA, de los contratos sindicales, de las empresas de servicios temporales, de las labores a destajo y del empleo a domicilio y mientras tengamos un 60% de los trabajadores en el rebusque y la informalidad y más de ocho millones devengando menos de un salario mínimo.

Estas son algunas de las trabas que resueltamente tienen que ser barridas para lograr el desarrollo nacional y se convierten en la esencia de las reivindicaciones democráticas de los trabajadores colombianos que se transforman en las razones que justifican nuestro alineamiento en el frente contra la segunda reelección de Uribe Vélez y en la brega por la conquista de la soberanía nacional y la democracia plena.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Tarscisio Mora Godoy, Presidente de la CUT.