Argentina en transición: ¿hacia dónde?

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 29/04/02.-

La situación política argentina actual es sumamente compleja. Existe un gobierno legítimo, de hegemonía peronista, presidido por el Dr. Eduardo Duhalde. Pero se trata de un gobierno que enfrenta tensiones que se originan en tres escenarios socio-políticos y económicos específicos, a saber:

• El gran escenario económico y socio-político constituido por una economía en default y depresión, desempleo masivo (22% de desempleo abierto, 20% de subempleo), pobreza masiva (el 50% de la población se sitúa por debajo de la línea básica de supervivencia) y una crisis de legitimidad político-institucional que abarca a los dos poderes del Estado nacional (Legislativo y Judicial), a los gobiernos provinciales y a los municipios. La legitiidad del propio Poder Ejecutivo reside más en su esperable éxito en la transición (es decir, en la construcción de un consenso popular) que en la erosionada institución que le dio origen.
• El escenario socio-político constituido por una extraordinaria variedad de movimientos populares en todas las provincias y la Capital Federal, que expresan a sectores sociales que han sido afectados por el derrumbe progresivo del régimen de convertibilidad desde 1998 hasta hoy. Estos movimientos tienen como epicentros: a) la clase media urbana, a través de asambleas populares y "cacerolazos", y b) los movimientos de desocupados, que desde hace varios años se movilizan en demanda de subsidios al desempleo con cortes de ruta y marchas y asambleas, y que conforman a los movimientos de "piqueteros" y "fogoneros". En estos movimientos se intercalan exigencias reivindicativas de diverso tipo (económicas, financieras, sociales, sobre reformas políticas, etc.) en un imaginario "anticapitalista" genérico que se concentra en la crítica a los bancos y contra "los políticos" y los partidos. La crítica a la política se resume en la consigna "¡Que se vayan todos!".
• El escenario en construcción de la derecha política autoritaria o "nueva derecha", que pretende resolver la crisis global a través de un "gobierno de orden" que sancione la dualización económico-social (un país con dos sociedades excluyentes entre sí, una protegida por la "dolarización" y dentro del subsistema capitalista moderno, otra excluida y desprotegida, que sobrevivirá en un subsistema económico compuesto por actividades de baja productividad y trabajos precarios). La derecha representa esencialmente al capitalismo concentrado financiero rentístico internacional y nacional, y suma fuerzas políticas e intelectuales provenientes de la derecha conservadora clásica, de las derechas peronista y radical y de sectores de las FFAA. afines a la antigua "Doctrina de la Seguridad Nacional".

Es evidente que la concurrencia de los tres escenarios anteriores coloca al gobierno en una situación sumamente compleja (haciendo abstracción momentáneamente de la presión que también sufre proveniente del FMI para reformular el presupuesto nacional e iniciar la renegociación del pago de la deuda externa). También debe desatacarse que todavía no se han producido reacciones sindicales fuertes frente al impacto de la devaluación sobre los precios y salarios, pero es previsible que ello sucederá a corto plazo, pudiendo arrastrar a la protesta social generalizada a sectores de los trabajadores sindicalizados ocupados.

En caso de agudizarse la crisis global, el gobierno actual podría ser "licuado" por el efecto combinado de los escenarios de conflicto analizados anteriormente. En consecuencia, el gobierno del Presidente Eduardo Duhalde necesita imperiosamente conservar permanente la iniciativa política y colocarse como fuerza política dirigente en un contexto de persistencia de la crisis global.

La clave para conservar la iniciativa se basa, resumidamente, en tres políticas combinadas, a saber:

• Plantear una iniciativa política que permita al gobierno atraer a un arco amplio de fuerzas políticas y sociales identificadas con la idea de "alianza entre el Estado, el trabajo y la producción". Esta es una alianza entre el Estado y el "mundo del trabajo", organizado en cámaras empresarias y sindicatos.

  El objetivo estratégico debería ser alcanzar la meta de las elecciones previstas para septiembre de 2003 con la terminación de la conformación de un amplio frente de centro progresista "duro" (ampliando el actual gobierno de cuasi-coalición) que se convierta en la fuerza central en el sistema político democrático con una perspectiva de poder de largo plazo (diez años). Un obstáculo serio para alcanzar el objetivo estratégico proviene desde dentro del propio gobierno y la inestable mayoría parlamentaria: dentro del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, existen personalidades que creen que la crisis se resolverá con el tiempo, y que basta con "hacer la plancha", sin comprender que estamos viviendo una etapa histórica tumultuosa, que requiere una voluntad política transformadora (como entre 1943-45); otros dirigentes creen que la mejor táctica es "no irritar" a los EE.UU., y acoplarse sin condiciones sustanciales a la política exterior de la superpotencia; intentan también reinstalarse algunos pillos, pocos pero activos, que pretenden montar negocios propios. Sin eliminar (o "reciclar") políticamente a los dirigentes pasivos o acomodaticios, y reorganizar a los partidos centrales (PJ y UCR), el gobierno quedará por detrás de los acontecimientos, y la nave puede colapsar antes de llegar al puerto.

• Provocar con esa iniciativa la incorporación a la acción política de amplios segmentos de la población que pueden compartir demandas con las fuerzas que se movilizan actualmente en el escenario "crítico-popular", pero que se identifican simultáneamente con la "pesificación", es decir con la centralidad del peso y la negativa a la dolarización libre. Una parte sustancial de las capas medias y los desocupados son partidarios o "viven" dentro del ámbito del peso (o la tercera moneda). Los trabajadores sindicalizados también. Así, la base social de la iniciativa podría ser amplia y sólida. Debe tenerse presente, para entender esta estrategia, que el país se corre hacia la "izquierda", aunque el interior del conglomerado popular podría contener salidas conservadoras-populistas autoritarias, tanto entre las capas medias como entre los piqueteros.
• Estimular e intentar generar una división en el "establishment" y en la derecha política, sobre la base de golpear centralmente a los grupos económicos extranjeros y locales que funcionan a través del "capital rentístico", y ofrecer en cambio seguridad jurídica y garantías económicas a las empresas de producción y servicios extranjeras y locales cuyos intereses estén asociados a largo plazo con la "ganancia del capital". Se supone que se deben hacer esfuerzos extraordinarios para focalizar el golpe en contra del capital financiero rentístico, buscando separar y negociar con el capital concentrado productivo (incluidas las empresas privatizadas que hoy agrupan el núcleo estratégico de los trabajadores asalariados).

2. Saber "de qué gobierno se trata"

Un problema central a resolver como condición para que este gobierno conserve la iniciativa política es saber con exactitud "de qué gobierno se trata", cuáles son sus lados fuertes y cuáles sus lados débiles (algunos de los cuales ya han sido señalados).

Desde el día 2 de enero del corriente año existe un nuevo gobierno, presidido por el Dr. Eduardo Duhalde, en representación del Partido Justicialista. En el nuevo gobierno hay dos Ministros (Justicia y Defensa) que provienen de la UCR y el Vice Jefe de Gabinete del Frepaso. Es un gobierno con base parlamentaria amplia (PJ, UCR y Frepaso).

El nuevo gobierno es un gobierno de "cuasi-coalición". Por primera vez en la historia argentina el peronismo y el radicalismo participan de un gobierno y han constituido -hasta ahora- una mayoría parlamentaria. El Presidente Duhalde ha manifestado reiteradamente que con el nuevo gobierno termina "la etapa de alianza del Estado con el capital financiero" (1991-2001) y comienza una etapa de "alianza del Estado con la producción y el trabajo". Esta alianza debe durar por lo menos diez años para generar una nueva economía productiva.

Así las cosas, estaríamos en presencia de un gobierno "desarrollista" de nuevo tipo,* que pretende superar la crisis global y dar inicio a una etapa de "reindustrialización integrada". No se trataría de volver al pasado (esto es, al modelo industrialista semi-autárquico"), sino de un modelo de economía de mercado agro-industrial, minero y energético abierto. Esto incluye componentes de "protección selectivos" (para ciertos sectores económicos) dentro de una economía de mercado. La reinstalación del peso como moneda central en el sistema monetario es el primer paso hacia una economía "neo desarrollista" (que integra la tradición industrial con una economía exportadora globalizadora).

Como hemos dicho, la Argentina se encuentra en default (cesación de pagos de servicios de la deuda pública externa e interna); en depresión, luego de cuatro años de recesión (1998-2001); se prevé que el Producto Bruto Interno será negativo durante el 2002; 15.000.000 de argentinos viven en la pobreza (400 pesos por unidad familiar) y la desocupación abierta es del 22% de la población activa. Por lo tanto, la recuperación económica será una tarea titánica (teniendo en cuenta además que la Argentina sólo exporta el 8% del PBI, porcentaje constante desde hace más de 30 años). Es evidente que para restablecer la relación de la Argentina con los mercados se requiere una renegociación de los términos de la deuda externa y salir del default. Está absolutamente claro que el endeudamiento externo ha funcionado como dispositivo para la desarticulación del aparato productivo local y que la reconstrucción de la economía argentina incluye la aceptación por el FMI de condiciones de pago compatibles con la acumulación de capital y la diversificación de la estructura productiva o reindustrialización. Somos parte del mundo globalizado pero no puede aceptarse que la Argentina retroceda a la época en que era una economía de exportación dinámica pero generadora de exclusión social y de desequilibrios interregionales. Es preservar la unidad nacional territorial lo que está en juego en la Argentina.

El desafío es gigantesco para el nuevo gobierno. Es un gobierno con debilidades, porque ha sido elegido por un Congreso Nacional cuestionado moral e intelectualmente por la sociedad. Además, es un gobierno de transición con mandato hasta diciembre del 2003. El PJ se ha unido a través de un "equilibrio inestable" entre las corrientes internas mayoritarias.

Si se estudia el gobierno por su composición política, es un gobierno formado por fuerzas que en su momento fueron derrotadas en el interior de sus partidos. El duhaldismo fue derrotado por el menemismo en 1994-95, y la UCR y el Frepaso por el "delarruismo" en 1999. Son fuerzas políticas que adhieren a políticas desarrollistas. Tal tipo de convergencia política era inevitable, dado que la sociedad ha abandonado sucesivamente al menemismo y al delarruismo. El desarrollismo actual es un intento de restablecer una "política nacional" dentro de la globalización. Sin embargo, en su interior (y en el compromiso político que lo sustenta) coexisten sectores decididos a enfrentarse con las fuerzas conservadoras "dolarizadoras" y sectores influenciados por el neoliberalismo. Este último sector es el "talón de Aquiles" de este gobierno de "cuasi-coalición".

En esta etapa de transición hacia las elecciones de septiembre de 2003, se requiere un firme y audaz núcleo político dirigente del Estado, capaz de garantizar que el gobierno mantenga la iniciativa política, que los momentos de repliegue sean sólo pausas dentro de una dinámica de iniciativa permanente. Se podría dividir el tiempo político entre abril de este año y septiembre del año próximo en dos grandes momentos:

• El primero, que va desde ahora a fines de 2002, es de emergencia: durante ella lo principal es la aplicación exitosa de los programas de subsidio de desempleo, alimenticios y de salud, dando lugar en el segundo semestre a un triple proceso de extensión de la circulación monetaria pesificada y el retiro de las "terceras monedas"; de inicio de la reactivación generalizada del mercado interno, con apertura regulada y protecciones selectivas, movilizado por la inversión pública en infraestructura, el crédito y asistencia técnica a los micro, pequeños y medianos emprendimientos; y el logro de que el 70% de los subsidios a Jefas y Jefes de Hogar sean absorbidos por actividades productivas y privadas.

  Durante esta etapa es necesario proteger los previsibles 10.000 millones favorables de la balanza comercial para ampliar la base monetaria y dar inicio a los políticos de reindustrialización integrada. La batalla por instalar una banda cambiaria estable para la relación peso-dólar debería moverse dentro de un margen de entre 2 y 4 pesos por dólar.

• El segundo, que se desarrollará durante el año 2003, debe centrarse y poner en pleno funcionamiento la reforma política acordada en el 2002 a nivel nacional (con ejes en el voto voluntario, listas no partidarias, sistema mixto de representación, etc.). En el contexto de la reforma política se necesita que los partidos principales (PJ, UCR) aprueben en congresos programas y políticas para una década, y coloquen en sus núcleos de dirección a cuadros capacitados, con una fuerte composición de jóvenes y mujeres.

3. Las amenazas por derecha y por izquierda

El gobierno actual es como un barco que recién ha dejado el puerto y tiene una ruta establecida. Esa ruta se va perfilando a través de sucesivas medidas económicas y políticas: pesificación, cambios en la Corte Suprema y reforma política. Pero en el horizonte se vislumbran nubes que amenazan con convertirse en tormentas que seguramente afectarán el navío.

Hacia su derecha, el nuevo gobierno es amenazado por la "dolarización" (que hoy se expresa políticamente en dirigentes como Menem, López Murphy de la UCR y otros), que cuenta con el apoyo de parte del establishment. Los partidarios de la dolarización creen que la política económica del gobierno fracasará por ser incapaz de detener la inflación y que, luego de serios disturbios políticos y sociales, se desembocará en un gobierno de "orden" y en la dolarización.

Hacia su "izquierda", el gobierno trata de ser jaqueado por la confluencia de los movimientos de "caceroleros" y "piqueteros". Se trata de fenómenos políticos novedosos y poderosos. Indican el fin de la convertibilidad y el inicio de una etapa de tumultos sociales. Convergen ahorristas estafados, desocupados y pobres en una "cultura anticapitalista defensiva". En el interior de este fenómeno coexisten fuerzas de extrema izquierda y nacionalistas. Algunos pretenden desembocar en un "chavismo", otros pretenden desembocar en una "insurrección" del tipo "socialismo real". También especulan en este escenario "de izquierda" núcleos de la "nueva derecha" que aspiran a utilizar a los movimientos de "caceroleros" de clase media y sectores no politizados de piqueteros y fogoneros para asentar un discurso y practicar políticas populistas de derecha.

Dentro de este escenario socio-político también se mueven fuerzas moderadas (ARI) que pretenden que la crisis les permita llegar al poder por elecciones democráticas anticipadas o en el 2003. Es posible que en un escenario electoral signado por la competencia desordenada y anárquica de numerosos agrupamientos políticos, el ARI pueda triunfar pero no lograría más del 30 % de los votos, situación que reproduciría la necesidad de formar un gobierno de coalición. Esta verdad la conocen los dirigentes del ARI pero la ocultan con lo cual ejercen el doble discurso inadecuado para la gravedad del momento histórico que vive este país.

La política del gobierno actual es coherente. Pero es un gobierno acosado no sólo desde el interior, sino también desde el exterior. Los EE.UU. no se deciden a apoyarlo. Algunos países de la UE (España, Italia y Francia) han dado algunos signos de apoyo al nuevo gobierno, lo mismo que Brasil. Por lo tanto, el futuro político de la Argentina es incierto, porque este gobierno, si bien es el producto de un acuerdo parlamentario el 2 de enero es, ante todo, un producto (o un "momento") de los sucesos de la sublevación popular del 20 diciembre. La Argentina debe ser pensada como totalidad a partir del 20 de diciembre, y sólo parcialmente a partir del 2 de enero. Sería un craso error creer que este gobierno ya ha logrado ser estable.

Pero, del mismo modo, sería erróneo no valorar la "novedad" histórica de un gobierno peronista-radical y la experiencia "desarrollista" en curso. En caso de que la nueva política lograse agrupar a la mayoría de los trabajadores asalariados sindicalizados, amplios sectores de desocupados (a través del Plan de Emergencia de subsidios al empleo, alimentos y medicamentos) y la liberación de las cuentas salarios bloqueados en los bancos, con la necesaria recuperación del circuito monetario, el nuevo gobierno se fortalecería y podría neutralizar los peligros que surgen a su derecha e izquierda.

La Argentina ya no es, ni será en el futuro, un país autárquico ni aislacionista. La superación de la crisis global será también -y principalmente- el resultado de una mayor participación en los mercados regionales y mundiales y en el sistema-mundo que se está construyendo como "globalización". La solución a los desafíos internacionales no puede reducirse a lograr "nuevos mercados", aunque el volumen del comercio exterior y la recuperación del crédito internacional (acuerdos con el FMI y el Banco Mundial para renegociar la deuda externa) decidirán en última instancia la performance de la economía argentina.

Se requiere colocar nuestras políticas comerciales internacionales dentro de un sistema de círculos concéntricos de inserción, que podrían ser, a grandes rasgos, tres: un primer círculo concéntrico en el Mercosur (+ Chile) y nuestras relaciones especiales con el Brasil; un segundo círculo es apoyar la expansión del comercio y la movilidad de capitales en la región, pero dentro de una estrategia y parámetros de construcción de una Comunidad Económica de las Américas con EE.UU. y Canadá (lo que permitirá eludir la falsa autonomía ALCA vs. anti-ALCA, y bloquear el intento "imperial" de un área de "libre comercio" desequilibrada); y un tercer círculo es la preservación de la capacidad de preservar el núcleo de la soberanía exterior de la nación dentro del sistema-mundo en conformación articulado en grandes regiones (Américas, Europa, Asia-cuenca del Pacífico). Sobre esta base, se potenciará nuestra presencia en las Naciones Unidas (institución también en transformación).

4. ¿Cómo debe ser planteada la estrategia política del gobierno?: la metáfora de la "Plaza del Por"

Debemos comenzar por señalar que es básico eludir la peligrosa oposición entre "partidarios del gobierno" y "opositores". En una confrontación de este tipo el gobierno perdería, sencillamente porque aparecería como un "actor prepotente" e intolerante, frente a una sociedad irritada por la pobreza y la desocupación y humillada por la estafa de la convertibilidad. Una confrontación prematura con una oposición amplia y difusa debilitaría al gobierno y daría un justificativo adicional a la campaña de la derecha política "pro dolarización".

Se puede imaginar, por el contrario, de lo que se trata es de escalonar acciones hacia una gran convocatoria pluralista. Una plaza que se ofrece como ámbito de reencuentro entre los argentinos en una hora difícil para la Patria. Por lo dicho anteriormente, debe ser una Plaza que favorezca la cohesión política del PJ (acelerando la superación de la antinomia entre peronistas nacional-populares y peronistas con cultura menemista), pero no puede ser una plaza peronista. Debe ser la Plaza de la "cuasi-coalición" + sindicatos + parte de las nuevas organizaciones sociales (asambleas populares, multisectoriales, etc.). En síntesis, la Plaza del Por no es una plaza peronista, sino una Plaza que representa la pluralidad nacional y progresista. Se debe trabajar con la suficiente audacia para intentar atraer segmentos de fuerzas diversas como el ARI, la CTA, los movimientos piqueteros, asambleas de vecinos, movimientos de pequeños y medianos productores agrarios, etc.

La "Plaza del Por" debería ser una Plaza Federal. Por eso debería ser precedida por acciones en todas las provincias bajo una consigna de tipo "País Federal, país unido". Se puede pensar en una gran variedad de acciones dentro de esta estrategia. Se debería asociar esta iniciativa con los resultados del "Diálogo Argentino" que promueve la Iglesia Católica. El Diálogo Argentino es una gran experiencia de construcción de la "concertación social", y debe ser considerado como una iniciativa que ayude objetivamente a este gobierno a superar la crisis actual.

La "Plaza del Por" es una metáfora, pero que explicita el objetivo de reconstrucción del Estado. La combinación explosiva de las reformas económicas y políticas de Menem y De la Rúa, acabaron por colapsar al Estado por la depresión económica y el estado de "ingobernabilidad" generado por los sucesos de 19-20 de diciembre de 2001. Por lo tanto, la formación de un bloque socio-político de progreso y unidad nacional hacia las elecciones de septiembre de 2003 debe ser pensado como parte de una lucha diaria desde ahora para reconstruir el Estado. (Esta transición se parece a lo que sucedió entre 1943 y 1945, cuando la política fue para un lado y la sociedad fue para el lado contrario, hasta que se reconcilian como mayoría política con el triunfo electoral del peronismo, y por ende, como consolidación del Estado edificado a tientas desde 1943).

Ahora bien, es imposible reconstruir el Estado al margen de los programas sociales para la emergencia. El estado sólo se relegitimará si es capaz de ser efectivo en la aplicación de esos programas de emergencia y durante toda la transición. (Se requiere hacer volver al sistema de representación a los 10.500.000 votantes en blanco, anulados o de abstención en las elecciones de octubre de 2001 que pueden ser más si persiste el descreimiento por la política). Se requiere reconstruir el Estado democrático como parte de la construcción de una nueva hegemonía política. Y, en este punto, nos encontramos con la cuestión de los municipios.

En efecto, hay 2000 municipios en el país. De estos, el 70% son administrados por fuerzas peronistas o radicales. Tienen como misión ejecutar los programas de subsidio al desempleo. Deben transformarse rápidamente en instituciones de base del Estado, promotores del desarrollo económico-social. Pero los intendentes y los cuerpos legislativos municipales no han sido "incorporados" como parte del nuevo gobierno de coalición, y carecen de capacidades políticas y técnicas para monitorear los Consejos Municipales Zonales o Consultivos. Se corre el riesgo de que numerosos municipios colapsen con la acción combinada de la crisis presupuestaria y los tironeos entre punteros, líderes piqueteros, etc. La metáfora de la Plaza del Por deberá ser reproducida a corto plazo en miles de plazas municipales

Para sintetizar esta nota, volvamos a los grandes temas programáticos que deberán agrupar a una "nueva mayoría" en el 2003. ¿Cuáles podrían ser las principales consignas de la coalición socio-política de centro reformista para el 2003, basada en el PJ y la UCR? Podrían ser:

• la soberanía económica
• la producción y el trabajo para todos
• contra la especulación financiera
• por la solidaridad social
• por la unidad nacional y la defensa de la democracia y el pluralismo.

Toda la estrategia de "ofensiva permanente" debe estar asociada con la idea de la renovación de la dirigencia política. Se debe dar lugar a la participación de los jóvenes, de las mujeres, de nuevos líderes. La estrategia debe ser simbolizada en la frase "Una nueva Argentina es inseparable de nuevas formas participativas de hacer política". Esta última idea será boicoteada por núcleos políticos que hoy son parte del nuevo gobierno, pero que en realidad son sobrevivientes de la Argentina del "facilismo" que desde el 20 de diciembre ya no existe más.

P.D. 23 de abril: Crisis y recomposición del gobierno del Presidente Duhalde en Argentina

El pasado 23 de abril, en medio de graves tensiones internas y externas, se produjo la renuncia del Ministro de Economía, Remes Lenicov. Durante los diez días que la precedieron, se habían producido estallidos sociales en varias provincias por movilizaciones de empleados estatales que exigían el pago de sus salarios, movilizaciones de trabajadores desocupados organizados tanto en la Asamblea Piquetera (CCC + CTA) y el Bloque Piquetero. También cayó el Scotiabank, de capitales canadienses. La mayoría de los gobernadores peronistas y radicales se resistían a aceptar nuevos recortes presupuestarios sin garantías por la nación de reforzar las partidas de alimentos, asistencia médica y seguro al desempleo.

En el medio de estas tensiones, se conoció el informe de Anoop Singh, experto del Fondo Monetario Internacional, que recomendaba abiertamente mantener la suspensión de la ayuda financiera a la Argentina hasta que ésta tuviera un plan económico "sustentable". En el exterior se manifestaron también señales críticas frente al gobierno argentino, provenientes del FMI, del Departamento de Estado de EE.UU. y también de algunos gobiernos europeos (Francia y España). El Secretario del Tesoro norteamericano, Paul O'Neill, manifestó que el gobierno norteamericano "dudaba de la capacidad de liderazgo del gobierno de Duhalde", y reiteró que la crisis de legitimidad afectaba a toda la clase política argentina, esto es, a los dirigentes nacionales del PJ y la UCR (ambas fuerzas que han conformado, junto al Frepaso, la mayoría parlamentaria que soporta al actual gobierno).

En este contexto de dificultades internas y externas al país, el gobierno del Presidente Duhalde ha optado por recuperar la iniciativa política, formando a su alrededor un círculo concéntrico de protección, constituido por el apoyo de los gobernadores del PJ (14) y de la UCR (5), y sucesivas consultas con los jefes de las bancadas parlamentarias de diputados y senadores del PJ, la UCR y el Frepaso. El resultado de estas negociaciones ha sido inicialmente la elaboración el día 24 del corriente de un Documento de 14 puntos, acordado por el Presidente junto con los gobernadores del PJ y la UCR.

El día 26 se anunció que el nuevo Ministro de Economía es Roberto Lavagna, un economista de 59 años, de origen peronista que ha evolucionado desde posiciones keynesianas clásicas hacia posturas heterodoxas. Ha sido secretario de Estado (en la cartera de Industria) durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), cargo del cual renunció en 1987 por diferencias sobre la política industrial. Durante la formación de la Alianza, se incorporó al Instituto Programático de esta formación política (IPA) en 1998, sin pertenecer a ninguno de los partidos que la constituían. Ha mantenido siempre una relación fluida con el Partido Justicialista, y especialmente con el Dr. Duhalde. Hasta ahora ocupaba el cargo de Embajador argentino ante la Unión Europea. Se trata de un economista sin anclajes partidarios estables.

En este momento puede decirse que el gobierno del Presidente Duhalde ha logrado salir airoso de la grave crisis política que se generó con la renuncia del Ministro de Economía. Es esperable que nuevos cambios en el gabinete, especialmente en las áreas políticas, den nuevas energías al gobierno. Pero es también preocupante que el Presidente haya señalado en varias oportunidades, durante el desarrollo de esta crisis, que estaría dispuesto a renunciar en caso de carecer de apoyo parlamentario. Debe también tenerse en cuenta que el propio Congreso Nacional que lo ha elegido está cuestionado por la sociedad, y son corrientes ya las movilizaciones de ahorristas estafados o de desocupados, bajo la consigna de "¡Que se vayan todos!". En otras palabras, el nuevo gabinete conduce un barco en medio de una fuerte tormenta económica, social, política y cultural.

La democracia, en general, no corre peligro, pero el sistema de representación está agotado. El gobierno deberá asumir a la brevedad la tarea de realizar la reforma política, tal como lo plantea un punto del Documento ya comentado. Al mismo tiempo, el gobierno deberá construir su propia legitimidad, y esto sólo será posible si se conserva la unidad de los partidos que hoy dan base socio-política al gobierno.

El pueblo argentino, más que elecciones, lo que está reclamando es un gobierno de unidad nacional que garantice la aplicación de una política de largo plazo para salir del default y la depresión económica a través de una reindustrialización integrada con generación de empleo y trabajo. Si el pueblo, hoy azotado por el desempleo y la miseria, no percibe que el gobierno marcha decididamente en ese camino, seguramente seguirá alimentando las dudas y confusiones que dan lugar a los diferentes movimientos políticos y sociales de protesta. Es necesario reconocer que el país sigue al borde de un estallido social y político masivo.

En caso de que el gobierno no pueda cumplir con las metas que se han establecido en el Documento de 14 puntos, esto conduciría inevitablemente a elecciones anticipadas, que seguramente se desarrollarían en un clima de gran desorden político y el reavivamiento de posiciones neoliberales de derecha y populistas. Las elecciones anticipadas darían la posibilidad al pueblo de optar por nuevos dirigentes, pero ello no garantiza mecánicamente la estabilidad, porque seguramente serían elecciones que terminarían conformando una diáspora política, al mismo tiempo que la situación exigiría un nuevo gobierno de coalición.

Ninguna fuerza política está hoy en condiciones de garantizar la conformación de un gobierno progresista (en el caso de lograr el ARI la primera minoría, difícilmente podría liderar un proceso político tan complejo como el actual). Claro que existe la posibilidad de un golpe de fuerza de sectores civiles y militares favorables a la instauración de un orden conservador con represión política, pero esta última alternativa sería probablemente el inicio de una fase de enfrentamientos violentos al interior del país, con el consiguiente retroceso de los avances logrados en los últimos veinte años en materia de los derechos civiles y políticos.

También es evidente que peligra, de prolongarse la crisis global actual, la ya erosionada estructura de integración subregional Mercosur. Su desarticulación significa para la Argentina la desaparición del primer círculo concéntrico de protección que tiene el país para adaptarse a la segunda ola de mundialización de la economía en curso, también calificada como "globalización". La desaparición del Mercosur impactaría no sólo en la economía argentina, sino también en la estabilidad nacional territorial, potenciando tendencias centrífugas ya presentes en nuestro país (creciente dispersión económica y social entre las regiones internas).

Un aspecto negativo de la situación actual es que no terminan de aclararse las relaciones entre la Argentina, los EE.UU. y la Unión Europea. Se trata de una cuestión de vital importancia, no sólo para Argentina, sino también para las relaciones económicas y el sistema político institucional internacional, dado que la crisis potencialmente puede tener impacto sobre los mercados en los países periféricos, pero también en los propios países desarrollados, en tanto el país permanece en cesación de pagos. Se observa en círculos políticos argentinos una subestimación de la importancia que tiene normalizar las relaciones económicas con EE.UU. y la Unión Europea. Sería importante insistir en que Argentina está comprometida con el pago de la deuda externa, pero asociando esta salida con la necesidad de reactivar la economía y enfrentar los pagos de deuda con recursos genuinos.

Al mismo tiempo, es necesario clarificar nuestras relaciones político-institucionales con los EE.UU., dado que circulan permanentemente opiniones, supuestamente provenientes de la embajada norteamericana en Argentina, que auguran para este país una inevitable crisis de gobernabilidad y también favorables a la asunción del poder por algún tipo de coalición política compuesta por sectores del peronismo y del liberalismo neoconservador. Se debería sugerir a la embajada de Estados Unidos en Argentina que manifieste claramente su decisión de apoyar la institucionalidad a fin de que pueda consolidarse y garantizar la transición. No está en la agenda de este país separarse y aislarse del mundo. Por el contrario, la aspiración general es reinsertarse como país dinámico en la segunda ola de mundialización de la economía en desarrollo.

Por último, está claro que esta crisis arrastrará y hará desaparecer a una parte sustancial de la dirigencia política. La mezcla de prácticas políticas corruptas, ineficientes y provincianas será fuertemente erosionada por la profundidad de la crisis global y por las nuevas formas de pensar que se están generando a través de los movimientos sociales en curso. Es cierto que existe el peligro de fascistización en sectores sociales desprotegidos y desesperados por la crisis global. Pero también es cierto que se están desarrollando formas de pensar en el interior de la sociedad argentina favorables a la construcción de una nueva cultura del trabajo productivo, cultura que es la base para acelerar la convergencia de las fuerzas populares en un programa de reindustrialización integrada del país y de reconstrucción del tejido social.

La Argentina vive un final de época: es responsabilidad de las fuerzas políticas populares asumir definitivamente la responsabilidad de impedir que el país caiga en la anarquía.