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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Denuncian por sobreprecios al gobernador Solá y al ministro Di Rocco

El gobierno de Solá pagó sobreprecios por cinco millones de pesos en la compra de colchones para el Servicio Penitenciario.

Rebanadas de Realidad - ARI, La Plata, 03/05/06.- "Nuevamente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sorprende con su total impunidad y presenta un hecho bochornoso: un millonario negocio con un sobreprecio de 5 millones de pesos en la compra de colchones destinados a las superpobladas cárceles de la provincia de Buenos Aires, pagados un 82 por ciento más caros que los precios normales del mercado", sostuvo el diputado Horacio Piemonte, Presidente del Bloque del ARI de la provincia de Buenos Aires.

En horas de la mañana, los diputados se presentaron ante la UFI Nº 2 del Juzgado de Garantía Nº 3 de La Plata a cargo del Juez Néstor de ASpro, para formalizar un pedido de investigación penal, para determinar la responsabilidad de los funcionarios por sobre precios pagados en la Compra Directa de 25.000 colchones y 25.000 almohadas para el Servicio Penitenciario. La compra fue realizada a fines del año pasado y durante este año, en la que se habría detectado que el Poder Ejecutivo pagó `un total de $ 11,435.745,00 , a razón de $ 376,50 por cada colchón y $ 81,35 por almohada; lo que conforma un precio final promedio de $ 457,85 para ambos productos. De acuerdo a la investigación realizada por el Bloque, los precios de plaza a Marzo de este año, no superaban los $ 250,00, según pudo verificarse a través de cotizaciones pedidas en el mercado.

"La situación es un escándalo público ya que amparados en la emergencia se pagaron $ 5.000.000 de sobreprecio: Queremos que la justicia investigue, porque ese dinero seguramente se podría haber utilizado para mejorar el sistema carcelario, por lo cual es dinero perdido para los detenidos, pero también para aquellos que pagan los impuestos a un estado que prefiere contratar empresas que le cobran 207 pesos más por cada compra de un colchón y una almohada", manifestó Walter Martello, vicepresidente de la bancada bonaerense del ARI.

La historia de este posible negociado había comenzado el 17 de octubre de 2005, cuando la Suprema Corte Bonaerense, a través de la resolución 2163 emplazó al gobierno de Felipe Solá, dándole 24 horas para que informara sobre el incendio del Módulo 16 del Penal de Magdalena, donde se interrogaba: "si se ha constatado la existencia, al tiempo de los hechos, en la Unidad Penitenciaria, de elementos macizos, contundentes (hierros... etc.) o algunos otros fácilmente combustibles (colchones... etc.) que hubieran podido originar daños a las personas o a las cosas.

El incendio en Magdalena, ampliamente cubierto por los medios de comunicación en ese momento, se había producido dos días antes, el 15 de octubre del 2005, y por la magnitud del hecho se convertiría en una de las mayores tragedias de la historia carcelaria del país. A raíz de estos sucesos la Comisión por la Memoria provincial, que realizó una investigación en base a entrevistas con presos y penitenciarios, calificó al hecho como "masacre".

Gentileza del diputado provincial (ARI) Walter Martello. Web
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