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Saqueo y contaminación a ambos lados de la Cordillera

Veto a la Ley de Glaciares y puesta en marcha del proyecto minero Pascua Lama.
Por Gabriela Tijman, desde Tilcara, Jujuy

Artículos de América XXI editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - América XXI, 02/07/09.- Venas abiertas: el pasado 7 de mayo, la presidente Cristina Fernández anunció, desde la provincia de San Juan, la puesta en marcha del proyecto binacional chileno-argentino Pascua Lama que había sido acordado por los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei. La decisión abre las puertas de uno de los yacimientos mineros de oro y plata más grandes del mundo a la transnacional Barrick Gold. Se estima que sus reservas de oro alcanzan los 17,8 millones de onzas y las de plata, 718 millones. Pese a los estudios científicos de expertos en medio ambiente y el rechazo generalizado de la sociedad civil, los gobiernos argentino y chileno dieron luz verde para la explotación del yacimiento que no sólo saqueará las riquezas naturales sino que contaminará las regiones, tornándolas inhabitables a largo plazo. En Argentina, varias voces señalan que este proyecto estuvo vinculado con el veto presidencial a la Ley de Glaciares que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional. En junio, la revista Rumbos, editada por el grupo La Nación, fue censurada en San Juan –donde sale con el Diario de Cuyo– porque su nota de tapa denunciaba los efectos contaminantes de Pascua Lama. América Latina concentra más del 40% de la inversión minera mundial.

Transnacionales al acecho

Uranios del Sur S.A. es una subsidiaria de la empresa Uranio AG, con sede en Basilea, Suiza, cuyo accionista mayoritario es la minera canadiense Rome Resources Limitada, con sede en Vancouver, Canadá, fundada en 1990. Uranio AG tiene 22 concesiones mineras en un total de 150 mil hectáreas en La Rioja y más de 20 mil en San Luis. La empresa Uranios del Sur se dedica a captar capitales especulativos en las bolsas de valores de Toronto y Frankfurt. En 2008, el Estado canadiense de Columbia del Sur prohibió la prospección y exploración de uranio en su territorio.

En la Quebrada de Humahuaca, Uranio del Sur pretende explotar “minerales de primera y de segunda”, como plomo, plata, zinc y uranio, en las zonas de Juella y Yacoraite, pero no son los únicos. La misma empresa presentó por lo menos otros tres pedidos de cateo en Yavi, Cochinoca y Rinconada, todas localidades de la Puna jujeña que se suman a una veintena de proyectos similares en otras zonas de la provincia.

Pero ésta no es la única empresa minera que busca el uranio argentino. Están también Blue Sky Uranium Corporation, Mega Uranium, Wealth Minerals Limitada, Urex Energy, Globe Uranium y Jackson Minerals, entre otras. Es que desde hace algunos años, el precio del uranio se ha disparado y alcanzó los 80 dólares la onza (más de 2.800 dólares el kilo).

G.T.

El 7 de mayo, mientras los vecinos autoconvocados de Tilcara reafirmaban su rechazo a la mina de uranio en la Quebrada de Humahuaca, al extremo norte del país, la presidente Cristina Fernández encabezaba un acto en la provincia de San Juan para anunciar la puesta en marcha del proyecto binacional chileno-argentino Pascua Lama, una de las explotaciones mineras de oro y plata más grandes del mundo que es llevada adelante por la minera canadiense Barrick Gold; el proyecto demandará una inversión cercana a los tres mil millones de dólares. En los dos países, Pascua Lama genera resistencias de organizaciones ambientalistas. En Argentina, se lo vinculó con el veto presidencial a la Ley de Glaciares que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional.

Pascua Lama está ubicado a más de 4.500 metros de altura, en el valle del Cura, provincia de San Juan, y del lado chileno, en la provincia de Huasco, en la tercera región de Atacama. Se estima que la construcción de la mina estará completa en 2012 y empezará a producir al año siguiente un promedio anual de 750 a 800 mil onzas de oro y 35 millones de onzas de plata en los primeros cinco años. Las reservas de oro alcanzan los 17,8 millones de onzas y las de plata, los 718 millones.

El ambicioso y peligroso proyecto de Pascua Lama fue acordado por los gobiernos de Carlos Menem (Argentina) y Eduardo Frei (Chile) mediante el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, firmado en 2000. “La minería no es una cuestión menor, sino que es algo trascendente”, dijo Cristina Fernández en el lanzamiento de Pascua Lama, y consignó, sin precisiones: “hay que darle calidad ambiental y control institucional al proyecto”. Ésa es una realidad difícil de imaginar en un país en el que la legislación vigente es permisiva y las denuncias por contaminación minera no arrojan resultados concretos.

Rechazo a la fiebre del oro

La oposición a este emprendimiento tiene voces a ambos lados de la cordillera. Desde Chile, organizaciones ambientalistas y sociales alertan sobre la destrucción irreversible de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y destacan que la propia ministra de Medio Ambiente de Chile, Ana Lys Uriarte reconoció que la Barrick Gold no cuenta con los permisos ambientales correspondientes.

Las tres cuartas partes de reservas de metales están del lado chileno, y se estima que su vida útil llegará, como mucho, a 25 años. Pasado ese tiempo, habrá daños irreparables en el ecosistema, sobre todo a causa de los drenajes ácidos con cianuro y otros tóxicos, y a la falta de agua por años en la zona.

Tomando en cuenta las cotizaciones de los metales y la reserva existente, las utilidades de la Barrick Gold en Pascua Lama podrían llegar a los 27 mil millones de dólares. “La minería es una riqueza que tiene la Argentina que da muchos lugares de trabajo”, afirmó Fernández. La empresa promete cinco mil puestos de trabajo en la etapa de construcción, y unos 1.500 en la fase de explotación, pero los ambientalistas chilenos advierten –a modo de ejemplo– que más de tres mil empleos en la agricultura del valle del Huasco se habrán perdido con la desaparición de los glaciares y la contaminación del agua.

¿Dan trabajo las minas? La mayor cantidad de empleos se genera en la etapa de instalación de las plantas mineras. Luego, las empresas despiden a los dos tercios de los contratados, quedando los trabajos de menor paga y no especializados para las personas de la zona. Como ejemplo, en La Alumbrera, la empresa prometió 10 mil puestos de trabajo. Cuando inició sus actividades, sólo contrató a cinco mil trabajadores. En la actualidad, emplea a 1.200 personas.

Organizaciones chilenas y argentinas han sintonizado sus acciones y denunciado en forma conjunta el mega-proyecto ante el Mercosur. Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, recuerda que Pascua Lama ya destruyó el 60% del glaciar Toro I y el 70% del Toro II, y que el llamado “descarte” de las operaciones mineras, que contiene cianuro, se hará sobre el glaciar Nevada Norte, en el desierto de Atacama, considerado el más árido del mundo. Antes del séptimo año de explotación, ese lugar estará cubierto de descartes, produciéndose un proceso químico que penetra los suelos con ácidos.

El diputado nacional argentino Miguel Bonasso, titular de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, denunció que “por tres mil millones de dólares se vetó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar para beneficiar a Barrick Gold”, en referencia a la decisión que tomó la Presidente en noviembre pasado de rechazar una ley que había sido aprobada por unanimidad en el Parlamento nacional. Claramente, si la norma hubiera sido promulgada, las condiciones de explotación para la Barrick habrían cambiado. Bonasso hizo una presentación judicial para cubrir el vacío legal que genera el veto de esta ley. También se ha iniciado un trámite de amparo ambiental ante la Corte Suprema de la Nación. Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el arsénico y los metales pesados utilizados por la industria minera “contaminarán tarde o temprano el agua de la región” utilizada para el trabajo rural y el consumo humano. Este continente concentra más del 40% de la inversión minera mundial.

Denuncias en Jujuy

Entre coplas y cánticos, en la plaza de Tilcara, un poblador de Juella sugirió que se sancionara una ley que obligara al presidente de las compañías mineras a vivir a no más de 500 metros de la planta principal. “A ver si se animan”, desafió.

El pasado 7 de mayo, los pueblos de Tilcara y Juella se movilizaron una vez más en contra de la instalación de una mina de uranio en la Quebrada de Humahuaca. Hubo discursos, cantos, lectura de adhesiones, testimonios de ex mineros y también coplas. “Juella, juellita eres tan bonita, con esta mina de uranio contaminarán tu agüita”, se escuchaba al ritmo de una caja.

La marcha se organizó luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo de la provincia de Jujuy rechazara el recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados en agosto de 2008, en el que pedían que la justicia se abstuviera de otorgar permisos de cateo, exploración y explotación minera a cielo abierto en la zona de Juella y Yacoraite, departamento de Tilcara.

El rechazo al amparo dio vía libre al trámite iniciado por la empresa Uranios del Sur S.A. para la instalación de una mina de uranio en una extensión superior a las 10 mil hectáreas, pero los autoconvocados apelaron el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que deberá resolver la cuestión a través del juez y escritor Héctor Tizón, en cuya vocalía recayó la causa. Si el pedido de Uranios del Sur vuelve a recibir una palmada en el hombro, los quebradeños llegarán hasta la Corte Suprema de la Nación.

El Superior Tribunal dijo que no podía aceptar el recurso de amparo porque “no está acreditado” el peligro o daño del que se habla, y que sería necesario el análisis por parte de un experto ambiental. Existen numerosos ejemplos, denuncias e incluso decisiones judiciales que muestran que las explotaciones mineras a cielo abierto son un peligro para la vida en la región.

El día de la movilización en Tilcara, los vecinos autoconvocados presentaron también una nota al gobernador Walter Barrionuevo en la que le solicitaron que revoque definitivamente los pedidos de cateos y exploración de minerales de primera y segunda categoría otorgados a la empresa Uranios del Sur S.A. en el departamento de Tilcara. Además, le pidieron una audiencia con carácter urgente, como responsable directo de la política ambiental de la provincia.

Una segunda nota llegó hasta el vicepresidente de la legislatura provincial, Olindo Tentor. En este caso, tras citar antecedentes de contaminación minera en toda la provincia, le pidieron que se sancionara una ley que prohíba en todo el territorio jujeño la actividad minera metalífera a cielo abierto y en todas sus etapas, especialmente si se trata de minerales nucleares tales como el uranio y el torio, y que se prohíba el uso de cianuro y ácido sulfúrico, entre otras sustancias químicas contaminantes, y el transporte de sustancias tóxicas por las rutas de la provincia.

Uranios del Sur: contaminación a cielo abierto

La empresa Uranios del Sur S.A. solicitó en 2008 la autorización para comenzar con tareas de cateo en un total de más de 10 milhectáreas en El Amarillo, entre Juella y la Quebrada de Yacoraite, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Quien haya paseado por la Quebrada quizás recuerde los maravillosos colores de esos cerros, uno de los cuales se llama La Pollera, porque semeja una falda de cintura amarilla y pliegues rojos.

A partir de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco en 2003, la ya tradicional actividad turística en la región recibió un nuevo impulso. La pregunta que se hacen muchos es a quién le gustará pasear por una zona donde se extraen minerales radiactivos a cielo abierto. La condición de la región como Paisaje Natural y Cultural de la Humanidad es también mencionada en la apelación que presentaron los autoconvocados de Tilcara. Se espera que ese organismo internacional juegue un papel en este proceso, ya que ha intervenido en numerosos casos similares, como los del Parque Nacional Nahanni, en Canadá, el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, y el Parque Nacional Kakadu, en Australia.

En las últimas semanas se lanzó en Francia un petitorio titulado ¡Alto a la política minera!, firmado por el Colectivo Sí a la vida, dirigido a la presidente Cristina Fernández y a los principales candidatos de las elecciones legislativas del 28 de junio. En él se menciona el “boom minero” que vive Argentina desde 2005, y se llama la atención sobre la capacidad destructora del medio ambiente que tiene la actividad minera, sobre todo las explotaciones a cielo abierto. El petitorio plantea especial preocupación sobre los proyectos que se pretenden llevar adelante en la provincia de Jujuy. Hace mención, además, de las denuncias penales ya presentadas en la justicia argentina por casos de contaminación tanto de empresas mineras actuales como de otras que han sido abandonadas hace más de 20 años sin que se haya realizado ningún tipo de remediación de pasivos ambientales.

Otros casos jujeños

A mediados de 2007, el Juzgado de Minas de Jujuy reconoció oficialmente que más de 1,2 millones de hectáreas de la provincia estaban bajo pedimentos mineros. En Mina Pirquitas, la explotación del estaño y plata a cielo abierto, a cargo de la canadiense Sun-shine, consume unos 70 mil litros de agua al día. El caso de Abra Pampa es paradigmático y dio la vuelta al mundo tanto en ámbitos ambientalistas como científicos. La minera Metal Huasi, que funcionó en esa localidad de la puna jujeña, quedó inactiva hace más de 20 años; los residuos que quedaron siguieron alimentando el agua y la tierra, al punto que estudios realizados en 2008 mostraron que la mitad de la población y el 80% de los niños tienen plomo en la sangre.

A comienzos de 2008 se inició una causa en la justicia a partir de una investigación realizada por la regional Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) en el NOA (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy) con sede en la primera de estas provincias. Pese a la cantidad de pruebas, la causa está estancada. El fiscal Antonio Gómez declaró públicamente: “Lamentablemente los fiscales y jueces federales de Jujuy no dieron curso a la causa pese a las contundentes pruebas aportadas y la gravedad de la situación”. Avalado por estudios de profesionales de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Departamento de Toxicología Ambiental de la Facultad de Medicina pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México, Gómez envió a los tribunales jujeños pruebas de contaminación ocasionada por desechos mineros diseminados a cielo abierto. Además, responsabilizó a Metal Huasi por la acumulación de residuos de la fundición de plomo que ha generado una montaña de 30 mil toneladas en la zona Norte, en el acceso a la ciudad de Abra Pampa.

La Ufima recibió también denuncias de presunta contaminación ocasionada por desechos mineros provenientes de las Minas San Marcial y Santa Rosa, ubicadas en territorios de las comunidades indígenas de La Pulpera y Cangrejillos, en el departamento jujeño de Yavi, abandonadas con residuos a cielo abierto, pozos descubiertos, sin medidas de seguridad ni de mitigación.

En julio de 2008, la Dirección de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, a cargo de Martín Sánchez, recibió una denuncia de la Comisión Directiva de la comunidad aborigen de Cangrejillos, del departamento Yavi, en la que los pobladores de esa zona rechazan “de manera categórica y en todos sus términos” los informes de impacto ambiental para la etapa de exploración para cateo en un tramo del Camino del Inca que recorre importantes localidades y sitios de alto valor arqueológico, que por iniciativa de la Unesco está en vías de convertirse en Patrimonio Cultural de la Humanidad.

De acuerdo a la denuncia, el informe de impacto ambiental no reconoce los sitios arqueológicos prehispánicos existentes en este territorio. Se trata de un proyecto de explotación de minerales de primera y segunda categoría, que en caso de avanzar se extraerían con el método a cielo abierto, dejando residuos altamente perjudiciales para el medio ambiente y la vida humana.

Complicidades

Investigadores y científicos del ámbito académico provincial y nacional han tenido un rol clave a la hora de acompañar reclamos y encarar estudios que los avalaran. Sin embargo, muchos se preguntan hasta cuándo las universidades serán fuentes confiables, dado que las compañías mineras han destinado recursos financieros a lo que algunos definen como compra de conciencias.

En realidad, se trata de dinero destinado a las universidades de acuerdo a la Ley 14.771. El yacimiento de oro de La Alumbrera fue descubierto en 1948 por integrantes de la Universidad Nacional de Tucumán. Al principio fue explotada de manera local, pero en la década de 1990 se afianzó la presencia extranjera: para explotar la mina, Ymad (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) conformó una unión transitoria con Minera Alumbrera Limitada, formada por las corporaciones Xstrata Plc, de Suiza, y Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá. La actividad empezó en 1997, se trata de la mina más grande del país y una de las mayores del mundo. Ymad percibe el 20% de las utilidades de la explotación de la mina; el 60% de ese monto se dirige a Catamarca y la mitad del otro 40% va para la Universidad de Tucumán; el resto se distribuye entre las demás casas de estudio nacionales. Según dispone la ley 14.771, la Universidad Nacional de Jujuy recibió algo más de un millón de pesos; la UBA, 3,4 millones.

En total, las universidades nacionales recibieron 86 millones de pesos, que se distribuyeron según lo acordado entre todas ellas en el Consejo Interuniversitario Nacional. “Al aceptar estos fondos, la universidad pública está dando su consentimiento a un emprendimiento que va contra los intereses del país”, dijo en declaraciones a la prensa, Abraham Gak, profesor honorario de la UBA y coordinador del Plan Fénix.

Si bien hubo voces de rechazo a estas partidas, lo cierto es que, en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional, la discusión entre los rectores se centró en los montos correspondientes a cada universidad.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Inés Hayes, de la redacción de América XXI. Web / Correo