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“Vamos a trabajar para acabar con el latifundio radioeléctrico”

Conatel y Asamblea Nacional buscan garantizar la democracia informativa.
Por Inés Hayes

Artículos de América XXI editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - América XXI, 09/08/09.- Legalidad: 285 medios audiovisuales perderán su concesión por no presentarse al llamado público de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a que exhibieran su documentación. Conforme a la Constitución de Venezuela, los espacios radioeléctricos recuperados serán cedidos a la ciudadanía a través de los Consejos Comunales. Conatel llevó adelante una evaluación exhaustiva de la situación tributaria de los responsables de las concesiones de radio y televisión: el 41% de los apoderados de las licencias de AM y FM no han pagado los impuestos correspondientes, y sólo el 51% de los responsables de los permisos televisivos está al día con los gravámenes. La Asamblea Nacional se comprometió a trabajar con la Comisión de Telecomunicaciones en su lucha contra el monopolio mediático. En el país, 300 emisoras están en manos de 27 familias.

“Vamos a trabajar para acabar con el latifundio radioeléctrico”, dijo Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda, cuando el presidente Chávez lo designó al frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). A principios de junio, Cabello llamó a los medios de comunicación a dirigirse a Conatel para presentar los documentos que demostraran la legalidad de sus concesiones: “Los invito a presentar sus datos a todos aquellos que posean concesiones. Tengan la seguridad de que vamos a trabajar ajustados a la ley”. Por no presentarse en el plazo indicado (del 2 al 23 de junio), 285 medios audiovisuales perderán su concesión. 45 emisoras de televisión, 86 radios AM y 154 emisoras FM no presentaron las autorizaciones correspondientes.

“El medio de comunicación que no fue a Conatel, renunció a cualquier derecho a la defensa, y al que fue a actualizar sus datos se le hará un proceso de revisión de cada uno de los documentos que entregó”, expresó el Ministro. El paso siguiente –indicó Cabello– será “abrir los procedimientos administrativos y eso llevará al decomiso de los equipos y sanciones para aquellos que están haciendo uso del espectro radioeléctrico sin estar debidamente autorizados en Conatel”.

Conforme a la Constitución de Venezuela, los espacios radioeléctricos recuperados serán entregados a la ciudadanía: a los Consejos Comunales y a personas que llevan más de 20 años solicitando una concesión. “El Gobierno Nacional está empeñado en democratizar el uso del espectro radioeléctrico”, indicó Cabello.

Cifras elocuentes

Luego del lapso de 15 días hábiles para la actualización de los datos de las concesiones de radio y televisión, el ministro Diosdado Cabello informó los resultados: de las radios de Amplitud Modulada (AM) privadas, el 47% no pasó por Conatel. De las concesiones de Frecuencia Modulada (FM) privadas, 154, equivalentes al 33% de las licencias, no pasaron por la Comisión, mientras que 318 –el 67%– sí lo hicieron. De televisión de alta frecuencia (VHF), 85 concesiones pasaron por Conatel. Un 11% no pasó por el organismo a presentar su documentación. En cuanto a la televisión de ultra frecuencia (UHF), 68 pasaron por la Comisión y 35 no asistieron. Conatel también llevó adelante una evaluación exhaustiva de la situación tributaria de los responsables de las concesiones de radio y televisión.El 19% de los apoderados de las licencias de radio de Amplitud Modulada no ha pagado los impuestos correspondientes, mientras que el 6% jamás ha ido a la Comisión. De las FM, el 22% no ha pagado los impuestos correspondientes y el 9% nunca ha concurrido a Conatel. En televisión la situación no es diferente: el 13% no ha pasado por Conatel en esta ocasión y el 7% no ha concurrido nunca. Sólo el 51% de los responsables de las licencias televisivas está pagando impuestos correctamente.

Democratizar los medios de comunicación

Luego de dar a conocer los resultados obtenidos por Conatel, y respondiendo a las acusaciones de la oposición sobre la censura a la libertad de prensa, Diosdado Cabello dijo: “Defienden una libertad de expresión que no es permitida en sus países de origen. Están acostumbrados a ser jueces y verdugos, y no hay un solo país en el mundo que tenga la libertad de expresión que hoy existe en Venezuela, pero repito: no vamos a caer en el chantaje”. El responsable del organismo llamó a la opinión pública de Venezuela y del mundo a no “sorprenderse cuando el Gobierno tome una decisión sobre algunos medios de comunicación que tienen como política el terrorismo mediático y la violación sistemática de la Constitución”. Las vehementes citas del Ministro se apoyan en la investigación de la Comisión: 300 emisoras, de las más de 970 que hay en el país, están en manos de 27 familias. Bajo la figura eufemística de Circuitos, estos grupos forman verdaderos latifundios mediáticos. “Imaginen que 27 familias tuvieran el 31% del territorio agrícola de un país”, dijo Cabello para ejemplificar. “Utilizando la figura del Circuito se han hecho 50 mil negociaciones no validadas ni ante Conatel ni ante el Ministerio de Obras Públicas”, remarcó el funcionario.

La Comisión no está sola en su lucha contra el monopolio mediático. El 16 de julio, la Asamblea Nacional aprobó un documento en el que se expresa el apoyo a Conatel en su trabajo por garantizar la democracia informativa. En el texto elaborado por la Asamblea se deja constancia que, según los datos corroborados por Conatel, más del 40% del espectro radioeléctrico está siendo utilizado y explotado de manera ilegal, contraviniendo lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que establece: “el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión de conformidad con la ley”. Basada en los datos provistos por Conatel, la Asamblea se comprometió a luchar por la democratización de los medios de comunicación.

El Parlamento denunció además que “la campaña mediática multimillonaria de las organizaciones Cedice y Asoesfuerzo, utilizada en contra del Anteproyecto de Ley de Propiedad Social, atenta contra la moral, la paz y la tranquilidad de la República, con el agravante del encubrimiento sobre el origen de los fondos utilizados en esa miserable campaña de manipulación y engaño, y con la perversa intención de generar miedo, confusión y terror en la gente”. Los legisladores abogaron por la apertura de una exhaustiva investigación ante la presunta violación del artículo 1171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que establece: “El que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones como medios para coadyuvar en la comisión de delitos, será sancionado con la revocatoria de la habilitación administrativa o concesión, según sea el caso”.

Casi por unanimidad, la Asamblea Nacional, amparada en el deber del Ejecutivo Nacional de garantizar la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión en la difusión y recepción de mensajes; fomentar el equilibrio democrático y promover la justicia social y la sana formación ciudadana, se comprometió a darle continuidad a las investigaciones que adelanta la Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, de acuerdo a las denuncias consignadas por las usuarias y usuarios, organizaciones sociales y productores audiovisuales independientes. Así como a respaldar categóricamente las medidas implementadas por el Gobierno a través del Ministerio para las Obras Públicas y la Vivienda, a fin de garantizar la democratización del espectro radioeléctrico, la eliminación del latifundio mediático, la paz, la tranquilidad y la salud mental del pueblo venezolano. “Estas medidas son esenciales para la continuidad de la Revolución”, afirmó Diosdado Cabello al hacer uso de la palabra en la Asamblea Nacional.

Con informes de Yvke Mundial y Radio Nacional de Venezuela

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Inés Hayes, de la redacción de América XXI. Web / Correo