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Rebanadas
de Realidad
- América XXI, Buenos Aires, 05/11/09.- Reincidencia:
aunque luego del pago de 9.500 millones de dólares efectuado en 2005
por el gobierno de Néstor Kirchner las relaciones formales con el FMI
habían sido interrumpidas, las actuales autoridades económicas decidieron
volver a las fauces del Fondo. Mientras la pobreza, la indigencia y
la desocupación siguen aumentando, los gurúes de la economía argentina
argumentan que es imprescindible su acuerdo para cualquier renegociación
de la deuda con el Club de París. Y tras ese periplo la realidad queda
a la vista: la deuda externa argentina excede los 180 mil millones de
dólares.
Luego del pago efectuado
por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005, las relaciones formales
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) habían sido interrumpidas.
Las actuales autoridades económicas, en cambio, consideraron necesario
volver a este organismo argumentando que es imprescindible su acuerdo
para cualquier renegociación de la deuda con el Club de París. Ignorando
que el G-20 le ha dado más poder de negociación y que no existe un cambio
ni en sus reglamentos ni en sus políticas, el actual ministro de Economía,
Amado Boudou, manifestó: “Éste es otro FMI”. Como las cuentas públicas
no cierran porque la deuda externa excede los 180 mil millones de dólares
y el Gobierno no puede cancelar todas las obligaciones que vencen en
los próximos años, se recurre al viejo expediente de volver al mercado
de capitales y emitir una nueva deuda para cancelar la anterior. Todos
los analistas del establishment están de acuerdo con este procedimiento
que no es ni más ni menos que continuar indefinidamente con el sistema
de la deuda. En un interrogatorio que le hizo una Comisión de la Cámara
de Diputados en 1984, el ex ministro de Economía de la última dictadura
militar (1976-1983), José Alfredo Martínez de Hoz señaló: “la deuda
no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses”.
La historia se repite:
el viejo sistema de la usura sigue enseñoreándose sobre la economía
nacional que posterga la inversión en programas sociales, viviendas
y planes de salud. Mientras tanto, la pobreza sigue creciendo a pesar
de las dibujadas cifras de un Indec en el que ya nadie cree. Aunque
la deuda fue considerada fraudulenta en el fallo dictado en 2000 por
el Juez Federal Jorge Ballestero, el Gobierno sigue negociando con los
organismos multilaterales de crédito. Hoy se alude a nuevas negociaciones
con los bonistas que no entraron en el canje, a nuevas ofertas y nuevos
bonos como si se estuviera hablando de una deuda legítima. Se pasan
por alto las dos investigaciones judiciales en trámite que cuestionan
la legalidad de la deuda. Existen abrumadores testimonios que demuestran
que la mitad de esa deuda que está pagando toda la comunidad argentina,
es producto de las grandes empresas privadas y fue transferida al Estado
en 1982. Un conjunto de peritos determinó que, en su mayor parte, la
deuda correspondía a operaciones ficticias realizadas deliberadamente
para el beneficio de esas empresas.
Historia
del endeudamiento
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| Pasiva
aceptación del saqueo |
| A pesar de
haber demostrado una deliberada ambigüedad, las declaraciones del
ministro de Economía, Amado Boudou, no dejan lugar a dudas sobre
el próximo acuerdo con el FMI y la posterior renegociación de la
deuda con el Club de Paris, previa oferta de canje a los tenedores
de bonos que no entraron en la reestructuración hecha por el ex
ministro Roberto Lavagna en 2005. Boudou ha declarado, además, que
espera cerrar el acuerdo con los bonistas en default antes de fin
de año, y para eso es necesario suspender una ley del Congreso y
lograr una aceptación mayoritaria de la oferta pública que se realice.
También ha hablado de fondos frescos, es decir mil millones de dólares
que aportarían capitales extranjeros, cuya tasa se calcula en el
13% anual, aunque todavía no hay definiciones precisas. Es indudable
que nuevamente se recurre al expediente de cancelar vieja deuda
con nueva deuda, volver al mercado de capitales, lo que significa
nuevo endeudamiento, y fundamentalmente quebrantar el orden jurídico
al desconocer un fallo judicial que demuestra documentadamente la
ilegalidad de la deuda actual. Para enmascarar ciertos acuerdos
que contradicen el discurso oficial de no arreglar con el Fondo,
Boudou no habla de monitoreo sino de intercambio de información,
lo que no es cierto. La inspección de las cuentas públicas, denominada
Artículo IV, determina que el FMI realice una auditoria con conclusiones
que pueden ser determinantes para los futuros acuerdos con la banca
internacional. Esta nueva negociación ha sido respaldada por los
principales referentes financieros, por las corporaciones mediáticas
y por los economistas del establishment, prueba de que este proyecto
es funcional a los acreedores y lesivo para el país. Nadie cuestiona
los aspectos jurídicos que demuestran el fraude. Parece que en las
cuestiones relacionadas con la deuda, el derecho no resulta aplicable
y sólo cuentan los intereses de los que se dedican a la usura. A.O.G
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Fue con la Revolución
Libertadora (1955) cuando Argentina ingresó al FMI, a través de un decreto
firmado por el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Desde
que comenzó su desmesurado crecimiento la deuda externa argentina estuvo
monitoreada por el Fondo Monetario, que contó con un delegado permanente
en las oficinas del Banco Central. Desde la década de 1970, los Bancos
multinacionales necesitaron la aprobación de este organismo para suministrar
nuevos préstamos. Cuando el sistema de la deuda colapsó en la década de
1980 y se produjo la primera gran crisis de endeudamiento, los países
no pudieron pagar y renegociaron sus deudas en notorias condiciones de
inferioridad, debiendo aceptar la implementación de las llamadas políticas
de ajuste estructural para continuar insertos en el esquema internacional.
Los principales puntos de esos programas de ajuste fueron: a) el ajuste
de precios sorpresa (política de shock), para reducir drásticamente la
inflación, disminuyendo la demanda; b) la apertura de los mercados del
país a los productos extranjeros; c) la privatización de las empresas
del Estado, d) la reducción del gasto público, e) el aumento de la presión
impositiva para reducir el déficit. El resultado de la aplicación de estos
programas de ajuste determinó el notable deterioro de la calidad de vida
de la población de los países deudores, que se vieron involucrados en
un sistema en el cual los indicadores de crecimiento de la productividad,
la generación de empleo y los índices económicos en general mostraron
una abrupta e indetenible caída. El sueldo real de los trabajadores disminuyó,
creciendo menos que la inflación, y en el caso de países con una falsa
inflación cero, como Argentina durante los años de la convertibilidad,
se recortaron los salarios y se flexibilizó la legislación laboral para
permitir que el empresariado manejara discrecionalmente el empleo sin
limitaciones de carácter legal que pudieran encarecer lo que ellos denominaban
sus costos de producción. Se redujeron los servicios sanitarios y educativos;
reaparecieron con más fuerza las llamadas enfermedades de la pobreza (dengue,
paludismo, cólera) y aumentaron los precios de los servicios básicos (luz,
agua, teléfono, gas). Como consecuencia de los despidos o a razón de la
falta de puestos de trabajo, hubo una apreciable transferencia de recursos
a la economía informal que provocó un auge del cuentapropismo. Creció
la desocupación, la subocupación y los contratos laborales “basura”. Debido
a la demanda expandida del Estado nacional para atender los servicios
del endeudamiento, los costos del crédito se elevaron a altísimos niveles
y las tasas de interés activas, tanto en moneda nacional como en dólares
estadounidenses, excedieron largamente las vigentes en el mercado internacional.
Hubo una nítida desproporción del diferencial (spread) existente entre
las tasas pagadas por el gobierno argentino y las vinculadas con títulos
de créditos de similares características emitidos por otros Estados. Ese
efecto llamado vulgarmente “riesgo país” se trasladó también al crédito
interno, elevando las tasas para las grandes empresas, y mucho más para
las medianas: la usura operó descarnadamente. Es evidente que hasta que
no se haga una auditoria como la realizada en Ecuador no existe la menor
posibilidad de que la deuda deje de ser la gran condicionante de la economía
argentina. La lógica del acreedor es que el país siga endeudado, que refinancie
la deuda para poder condicionar la economía nacional y someterla al poder
ejercido desde los centros del poder financiero. En la reunión del Alba
de noviembre de 2008, el presidente Chávez fue contundente al denunciar
las maniobras del FMI y recalcar la necesidad de salir de ese sistema
definitivamente. Parece que el gobierno argentino todavía confía en que
esa institución manejada por el imperialismo, puede cambiar su política. |
