Diálogo Social y Negociación Efectiva

Informaciones de la ANEP editadas en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - ANEP, San José, 05/03/10.-

• Planteamientos sindicales para la recuperación de la inclusión social y de la solidaridad; para la promoción del bien común.
• Formulados ante la señora Presidenta Electa de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda.
• Por parte de la ANEP con el aporte de UNDECA bajo la inspiración del proceso "Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva".
• Segunda sesión del período directivo 2009-2011 del CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE LA ANEP
• Viernes 5 de marzo del 2010

1. La concentración de la riqueza y el rápido crecimiento de la desigualdad, constituyen el problema más grave que enfrenta hoy la sociedad costarricense. Este problema vulnera directamente el bienestar de la mayoría de la población. Es, además, generador de violencia e inseguridad ciudadana; y amenaza con devolver a Costa Rica al país latinoamericano promedio que fue durante la primera mitad del siglo veinte.

2. La razón principal por la cual Costa Rica vive esta situación es por la aceleradísima concentración del ingreso, fruto de las restricciones en el que reciben las personas por su trabajo. Para compensarlo, la política social debe ayudar y ciertamente ayuda, pero es totalmente insuficiente. La principal tarea de un gobierno preocupado por la gente es mejorar la distribución primaria del ingreso.

3. Desde la perspectiva laboral, para enfrentar esta creciente desigualdad, es necesario avanzar en dos líneas de acción que contribuyan desde dos lugares:

3.1. "Desde arriba": Diseñar y ejecutar, efectivamente, una política pública que genere empleo y condiciones para acceder a este empleo.

3.2. "Desde abajo": Dotar a las personas trabajadoras de los sectores público y privado, de las garantías necesarias para que puedan ayudarse a sí mismas mediante la participación, la organización y la negociación colectiva.

4. En este auditorio hay muchas personas que cada vez más sienten en carne propia el agobiante peso de la creciente desigualdad económica. Salarios estancados o que se ajustan luego de haber sufrido el castigo de la inflación durante meses, ingresos por debajo del salario mínimo, no sólo en el sector privado sino también en el sector público.

5. Además, enfrentamos situaciones de clara discriminación, que no distinguen a Costa Rica de los países menos desarrollados de América Latina, como la discriminación de las trabajadoras en el acceso a cargos públicos superiores de la administración pública, y las enormes brechas salariales que afectan a todas las mujeres trabajadoras, y más aún cuantos más años de estudio tienen, contradiciendo la promesa de que la educación es el camino para mejorar las condiciones de vida. Todas ellas han tenido que intentar paliar todo eso por medio de un enorme endeudamiento personal y familiar que, en muchos casos, les ha llevado a la desesperación y a la angustia.

6. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que carecen de estabilidad en el empleo público; sea porque son interinas, en unos casos. En otros, sea porque so pretexto de leguleyadas han caído en las garras de un manejo clientelar e irresponsable de un empleo público que no les garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política para evitar que, como en la pasada década de los 40, el empleo público sea un botín del partido político de turno.

7. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras cuyo empleo se ha precarizado mediante la flexibilización laboral de hecho, mediante la informalización del empleo, y mediante la subcontratación pública y privada de servicios detrás de una maraña legal que esconde relaciones plenamente asalariadas.

8. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que han perdido su empleo; han sido discriminadas, hostigadas, maltratadas y estigmatizadas por organizarse sindicalmente, por tratar de negociar con sus empleadores (públicos y privados), mejores condiciones de vida para ellas y sus familias; por exigir el respeto a sus derechos legales y constitucionales y por levantar la voz en defensa de sí mismas y de otras personas trabajadoras.

9. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que ante el atropello de sus derechos individuales y colectivos, han tenido que enfrentar esas discriminaciones por medio de engorrosos, lentos e ineficaces procedimientos judiciales.

10. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que ven a sus hijos e hijas mirar con incertidumbre su futuro laboral, por ausencia de políticas públicas que generen oportunidades de trabajo decente.

11. En función de ello, y ante una situación que no admite postergaciones, es imprescindible que la nueva administración y el nuevo parlamento asuman medidas de forma inmediata, al menos dos campos de acción fundamentales:

11.1. El cumplimiento y la tutela efectiva de derechos, de forma tal que los derechos no sean sólo enunciados en leyes, libros y documentos, sino práctica común en sus vidas.

11.2. Políticas públicas para una mejor distribución de la riqueza, de forma tal que se cumpla lo que ordena la Constitución Política al decir, en su Artículo 50 que "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza"; así como lo indicado en su Artículo 74: "Los derechos y beneficios a que este Capítulo (de Garantías Sociales) se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional."

12. El presente planteamiento recoge lo que en diversos procesos de muchos años de construcción colectiva con organizaciones fraternas, sindicales y no sindicales, hemos venido elaborando y proponiendo a la comunidad nacional.

13. Muchas de las personas que asumirán la responsabilidad de legislar han constatado en su práctica pública y privada, los enormes esfuerzos que a través del tiempo hemos venido haciendo para tratar de enfrentar los problemas antes apuntados y otros afines o complementarios.

14. La señora Presidenta Electa no sólo ha tenido esa constatación en su vida como funcionaria pública, sino que con ella hemos discutido, incluso durante la pasada campaña electoral, la delicada situación que la próxima administración tendrá que enfrentar ante foros internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y como la Unión Europea (UE), por la violación sistemática e histórica de los derechos laborales y, en particular, de la Libertad Sindical. Lejos de encontrarse con un mejor panorama, el abuso, la corrupción y las peores y más antidemocráticas prácticas han dado un "salto de calidad" con lo sucedido en las últimas semanas con el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP).

15. Es por ello que, a continuación, sistematizamos lo que son las propuestas fundamentales para la tutela efectiva de derechos, así como para la ejecución de políticas públicas que permitan una mejor distribución de la riqueza y alivien la cada vez más precaria situación económica de las familias de la clase trabajadora.

16. Desde una perspectiva sindical somos firmes creyentes en el diálogo social, hemos dado pruebas irrefutables de nuestra vocación para ello, y estamos listos para trabajar en nuevo esfuerzo.

17. Además, existe un planteamiento integral, de carácter multisectorial, que la señora Presidenta Electa ya conoce. Se trata del proceso social "Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva". En este se recogen muchas de las propuestas que se sistematizan a continuación, por lo estimamos que representa un proceso de alto contenido estratégico para desarrollar un diálogo social de nuevo tipo.

18. Este requiere abandonar estilos autoritarios de gobierno, el personalismo verticalista y el tráfico de influencias que favorece los negocios de unos pocos a costa del patrimonio público.

19. Como firmes convencidos de que el diálogo social con negociación efectiva es el mejor instrumento para el desarrollo de la democracia, hemos tomado la palabra ofrecida por la señora Presidenta Electa.

20. Esperamos el inicio inmediato de las conversaciones que sean necesarias, no sólo para el diseño y empuje de nuevas políticas públicas, así como de instrumentos que garanticen su cumplimiento; sino también para revertir situaciones críticas que, como en el caso de JAPDEVA, representan indicadores clarísimos de que la destrucción de nuestro sistema democrático tiene poderosos seguidores en nuestro país.

PRIMER ÁMBITO

EL CUMPLIMIENTO Y LA TUTELA EFECTIVA DE DERECHOS

21. En este ámbito debemos abordar al menos dos derechos fundamentales. En primer lugar, el la estabilidad en el empleo público; y, en segundo lugar, los mecanismos necesarios para tutelar la Libertad Sindical y enfrentar los diversos tipos de discriminación laboral.

I. ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

22. En esta coyuntura resulta fundamental asegurar el empleo público y privado. En el caso del empleo público, el Gobierno Central y el descentralizado, deben brindar seguridad mediante un masivo proceso de nombramientos en propiedad, tanto mediante los respectivos concursos internos y externos, como de nombramientos sin oposición en los términos establecidos por la ley.

23. En las empresas públicas es ética y legalmente incorrecto mantener la tesis de que no existe estabilidad para esa parte del empleo público, atentando no sólo contra los derechos de las personas trabajadoras, sino también contra la eficiencia y la rectitud en el uso de los recursos públicos.

24. En el marco de la ley de empleo público propuesta por el Gobierno saliente, este problema debe quedar resuelto. Además, se debe congelar por un período prudencial, los procesos de despido por razones económicos o bien por procesos de reestructuración institucional.

II. EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL E INSTRUMENTOS PARA ENFRENTAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO

25. La prevención de la discriminación y la violencia en contra de las personas que deciden ejercer su derecho a organizarse, participar colectivamente y negociar sus condiciones de trabajo, no es posible sin un marco normativo que permita la tutela efectiva de la Libertad Sindical.

26. Al respecto, existe un compromiso expreso de Costa Rica frente a OIT con relación a la aplicación efectiva de la Libertad Sindical, así como de la aprobación de varios proyectos de ley. Adicionalmente, es importante decir que Costa Rica está denunciada ante la OIT por violación a Libertades Sindicales; así como ante la Unión Europea (UE), por violación al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus).

27. Lejos de resolver los compromisos pendientes, el Gobierno de Costa Rica ha decidido profundizar la violación a las Libertades Sindicales en casos paradigmáticos como por ejemplo, el de las empresas bananeras y el de SINTRAJAP.

28. Específicamente los compromisos legales de carácter internacional asumidos son los siguientes:

28.1. Exp. Legislativo 13.475 (Libertades Sindicales de la Concertación Nacional). Sin embargo, la fracción oficialista ha bloqueado la votación de este proyecto, que en su momento fue consensuado tripartitamente, y lo ha devuelto a comisión donde de seguro será archivado por vencimiento de plazo, a pesar de que no tenía ninguna moción pendiente.

28.2. Exp. Legislativo 15.990 (Reforma Procesal Laboral). Este proyecto ha sido consensuado con empresarios, Gobierno, Poder Judicial y sindicatos, encontrándose a punto de ser dictaminado en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde han sido aprobadas las mociones consensuadas. Dos temas que se expresan en siete artículos no han sido fruto de acuerdos. Estos temas han sido expresamente señalados por la OIT como violaciones por parte de Costa Rica. El primero de esos temas es la regulación sobre arreglos directos y comités permanentes de trabajadores; y, el segundo, es la posibilidad de realizar huelgas legales en contra de políticas públicas.

28.3. Convenios de la OIT números 151 (sobre las relaciones de trabajo en la administración) y 154 (sobre la negociación colectiva).

SEGUNDO ÁMBITO

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

29. Cuatro políticas resultan fundamentales en este ámbito: la política salarial, la política de empleo, la seguridad social y la reforma tributaria.

I. POLÍTICA SALARIAL

30. Esta política salarial debe tener, al menos, cuatro componentes: una política de recuperación del poder adquisitivo, una nueva metodología de cálculo del salario mínimo, y un plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas; y, atención a las desigualdades salariales en el sector público.

30.1. Política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos: La capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial. Una mayor restricción salarial, puede ser vista como razonable de forma inmediata, pero en el corto y mediano plazo generará una mayor contracción del mercado interno y, por lo tanto, limitará la capacidad empresarial para sobrevivir a la crisis. En el sector Público es fundamental abordar los deprimidos salarios del personal no profesional, los cuales según el mismo Servicio Civil están entre los peor remunerados. Además, tanto para el sector Público como para el sector Privado, es necesario mantener el poder adquisitivo de la población trabajadora, en general, y de la que tiene menores salarios, en particular. Para ello se quiere ajustar los salarios a la variación de los precios de la canasta básica de consumo y que los ajustes salariales dejen de responder a la inflación pasada para anticipar la inflación prevista. Así, el costo inflacionario que hoy absorben trabajadores y trabajadoras, se repartirá equitativamente entre personas empleadoras y personas trabajadoras.

30.2. Un nuevo salario mínimo plenamente respetado: A una de cada tres personas asalariadas no se le paga el salario mínimo de ley, ya de por sí bastante bajo, lo cual tiene un incidencia directa en los niveles de pobreza y de desigualdad económica y social. Habría que atacar, para empezar, la grave circunstancia que presenta la realidad actual de los Salarios Mínimos, no solamente para revisar su fórmula de cálculo en función de un concepto redistribuidor de riqueza; sino que sería imprescindible hacer una relanzamiento estratégico de la Inspección de Trabajo para combatir la pésima actitud de no pocos patronos de violentar tal derecho constitucional al salario mínimo, lo cual hoy está golpeando la estabilidad económica familiar. En ese sentido existe ya una propuesta sindical planteada en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), para modificar la metodología de cálculo del salario mínimo.

30.3. Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas: Ante el altísimo endeudamiento y creciente morosidad existente en el país, es urgente contar con un plan de rescate financiero de las personas físicas altamente endeudadas, que garantice la reestructuración de sus deudas, la recuperación de su autoestima, la capacitación en torno al consumo responsable y la gestión presupuestaria familiar. Además se deben fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica pasiva más un porcentaje predefinido del 10 %. Estos criterios deberían aplicarse por un período de al menos dos años, para luego y en alguna medida, flexibilizarse.

30.4. Atención de las desigualdades salariales en el empleo público: Por otro lado, las enormes desigualdades salariales en el propio sector Público obligan al desarrollo de una estrategia de negociación con los gremios laborales representativos para dar los primeros pasos sólidos a fin de corregir tan graves injusticias. El más reciente informe contralor al respecto es una riquísima base de partida. Se trata de una temática salarial que, necesariamente, habrá que vincularla con la iniciativa de MIDEPLAN sobre un proyecto de "ley de empleo público". Estas inequidades se presentan entre entes públicos, así como a lo interno de diversas instituciones, ya que en algunos casos existe una marcada brecha entre los salarios de la gran mayoría de las personas trabajadoras y el de otros segmentos.

II. POLÍTICA DE EMPLEO

31. La medida fundamental que debería tomar el nuevo Gobierno para atacar la desintegración social y la desigualdad económica y de oportunidades, es el diseño y la implementación de una Política Nacional de Empleo y Trabajo Decente. Esta política representa una verdadera "bisagra" entre la política económica y la política social. Por lo tanto, está compuesta por una serie de medidas relacionadas con la generación de puestos de trabajo (demanda de empleo), las posibilidades de las personas de ofrecer su trabajo (oferta de empleo) y con el cumplimiento de derechos laborales y sociales así como de estándares ambientales (calidad del empleo).

32. A partir de la Política Nacional de Empleo consensuada en el Consejo Superior de Trabajo (CST), debe negociarse con los diversos sectores institucionales y sociales, un plan de empleo que operacionalice esa política pública. La propuesta aprobada en el Consejo Superior de Trabajo (CST), aborda los siguientes ámbitos fundamentales: a) la demanda de empleo, por medio de una verdadera política de fomento productivo; b) la calidad del empleo y del trabajo, por medio de medidas como Protrabajo (recogida en las "Diez medidas…"); y c) la oferta de empleo y trabajo, por medio del mejoramiento de las capacidades de las personas para una mayor empleabilidad y la eliminación de barreras de acceso que dificultan el empleo o el trabajo de colectivos particularmente discriminados.

33. El diseño e implementación de una Política Nacional de Empleo y Trabajo Decente, pasa por la generación de condiciones para el relanzamiento de la política pública dirigida con vigor hacia el estímulo de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas, así como del sector de economía social y al sector Público en general. Se buscaría así que los emprendimientos productivos de tales dimensiones que hoy existen y los que lleguen a crearse, tengan un ambiente de alta confianza y de certeza de soporte estatal, aprovechando infraestructuras financieras de gran calibre, como el Banco Popular, al que sería necesario aplicarle una regulación financiera diferenciada.

34. Es por eso que a continuación señalamos las medidas puntuales que para la demanda, la oferta y la calidad del empleo deberían adoptarse:

34.1. Demanda de empleo: con relación a la demanda de empleo, se plantean siete medidas esenciales:

34.1.1. Transformación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal Es necesario promover las reformas necesarias para el posicionamiento de Banco Popular y Desarrollo Comunal (BPDC), como banco líder del fomento de emprendimiento asociativo (Economía Social), de la creación de puestos de trabajo en sectores emergentes o más desposeídos (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas en inserción social, migrantes), fortaleciendo su capacidad de vincularse a procesos de participación en la cadena de valor del empresariado nacional y Mypimes, impulsadas por trabajadores y trabajadoras. Como condición necesaria para esta transformación es imprescindible fortalecer la autonomía jurídica, funcional y operativa del BPDC y de su asamblea de trabajadores y de trabajadoras (ATTBPDC).

Actualmente, el BPDC se no está en condiciones de cumplir con los mandatos de su ley orgánica, debido a los siguientes factores:

• 1. Leyes superpuestas del Sistema Financiero Nacional.
• 2. Regulación no diferencia
• 3. Injerencia Política
• 4. Carencia de autonomía.
• 5. Copropiedad incierta.

  Por ello es necesario, por una parte, iniciar un proceso de diálogo con los distintos sectores tendiente a definir los contenidos y la ruta de las acciones necesarias; y, por otra, respetar la reglamentación adoptada por la junta directiva y por la ATTBPDC para la integración de la asamblea, de conformidad con la disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, lo cual nos lleva a plantear la urgencia de una derogatoria inmediata de los decretos ejecutivos recientemente emitidos que contravienen las disposiciones del ente contralor.

  34.1.2. Recuperación de la función socioproductiva del sistema financiero

  Proponemos el direccionamiento del sistema financiero hacia el sector productivo nacional, a partir de la flexibilización de indicadores financieros y el establecimiento de requisitos de desempeño social y productivo. Se trata, en síntesis, de la necesidad de una regulación diferenciada para la banca pública.

  34.1.3. Hacia un nuevo papel del Banco Central

  Se plantea la redefinición de la política cambiaria y de balanza de pagos. De no parar el experimento cambiario que actualmente se lleva a cabo en el país, será imposible flexibilizar la política monetaria del Gobierno; y continuaremos con tasas activas altas y con un mercado financiero sin suficientes recursos en el corto plazo. Debe avanzarse hacia una política monetaria transparente y sujeta a rendición de cuentas que contemple, de forma balanceada, los objetivos de estabilidad de precios y el logro del pleno empleo, y dentro de la cual se retorne al sistema de minidevaluaciones.

  34.1.4. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario

  Proponemos la reactivación de un sector importante de la economía y garantía de provisión de alimentos básicos mediante la estabilidad de precios por encima de los costos de producción, el fomento productivo y la comercialización a la pequeña producción agrícola y pecuaria productora de alimentos.

  34.1.5. "Hecho en casa" / Promoción del consumo responsable y nacional, y promoción de mercados locales justos

  Dado que entorno a cada bien y servicio nacional giran cientos de miles de empleos, se requiere dirigir nuestro consumo hacia la producción de bienes y servicios nacionales. Para ello se requiere una clara identificación de cuáles son los productos costarricenses, así como una campaña que apele a que las personas consumidoras, solidariamente, usen su dinero hacia esos productos y, por lo tanto, hacia la defensa esos empleos.

  Así mismo, es imprescindible el desarrollo de los mercados locales, sistemas de economía social y comercio justo y estrategias sociales de comercialización, entendidas y declaradas como actividades de interés público, que permita articular la oferta de la producción nacional, sobre todo de los pequeños productores por medio de cadenas cortas de comercialización.

  34.1.6. Propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la propiedad

  En las comunidades costeras, la sostenibilidad de las familias depende de evitar su desalojo con el fin de construir megaproyectos que actualmente están paralizados debido a la crisis. Con megaproyectos en marcha ó paralizados, el impacto social es enorme. Por eso se debe promover un régimen de propiedad comunitaria que permita la permanencia de las familias que viven en la fila costera, así como el fomento de formas sostenibles de producción, incluido el turismo sostenible y el mejoramiento de su capacidad de consumo responsable.

  Otro tanto sucede con las comunidades indígenas y, en general, con la autonomía de los pueblos indígenas. Adicionalmente, más allá de las comunidades costeras, es preciso generar formas de acceso a la tierra mediante el arriendo o al usufructo de terrenos ociosos.

  34.1.7. Diálogo nacional sobre el transporte público

  El transporte público es pieza angular para el funcionamiento adecuado del mercado de trabajo y la calidad de de vida de las personas, tanto las que laboran en ese sector, como los cientos de miles de personas usuarias de ese servicio público. En ese sentido resulta fundamental impulsar la modernización de transporte público en sus diversas modalidades, asegurando el control estatal del mismo y la generación de mecanismos que garanticen la participación del empresariado nacional, la prestación de los servicios y la calidad en beneficio de los usuarios. Este proceso de modernización debe darse en apego a formas de trabajo decente y responsabilidad social, laboral y ambiental.

  Actualmente tenemos un proceso de modernización estancado en perjuicio de lo usuarios; altos grados de incertidumbre para el empresariado que actualmente presta el servicio; carencia de medidas de fomento y control para una prestación de servicios de calidad; y ausencia de estándares adecuados en materia laboral, social y ambiental en el sector.

  Por ello resulta fundamental establecer mecanismos de diálogo con los actores involucrados tendientes a establecer una ruta y contenidos de la propuesta modernizadora.

  34.2. Calidad del empleo: con relación a la calidad del empleo se propone el denominado PROTRABAJO. En síntesis, PROTRABAJO es un sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente. Frente a las propuestas que proponen la disminución de costos de producción, sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral y disminución de jornada así como de salarios), proponemos un sistema de "premios y castigos" que promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente, con cumplimiento de estándares fundamentales que minimice los despidos por causas económicas, que desincentive la competencia desleal mediante la informalidad, e incentive la inversión social, laboral y ambiental.

  Consiste en un sistema de apoyo y estímulo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional y a las empresas de economía social, mediante una serie de transferencias condicionadas para mantener y promover el empleo y trabajo decente. Esto permitirá crear demanda y, además, promover un sector de la economía que posee una elevada capacidad de generación de empleo y trabajo decente.

  Es necesario generar condiciones a través de la política pública, para que las actividades, públicas y privadas, estén altamente comprometidas en un pacto por la vida con el medio ambiente, las personas trabajadoras, y la sociedad en su conjunto. Siguen siendo insuficientes las disposiciones en materia de política pública y el cumplimento de las que ya existen. De igual forma no existen incentivos que promuevan esa práctica responsable. Es por ello que se debe retomar la verificación de las carencias y del incumplimiento a través del diálogo.

  34.3. Oferta de empleo: con relación a la oferta de empleo se propone la corresponsabilidad social y trabajo decente mediante infraestructura social de cuidados

  Frente a una propuesta de gobierno exclusivamente compensatoria en materia de inversión social, proponemos la generación de empleo y superación de barreras para el acceso de las mujeres al mercado laboral, mediante la ampliación y la creación de una infraestructura social de cuidados que aumente el ingreso de los hogares y evite la deserción escolar.

  Pareciera existir coincidencia con la futura administración que ha planteado la denominada "red de cuido". Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es imprescindible que esta infraestructura social de cuidados o red de cuido, sea una verdadera política integradora socialmente y no una política para pobres. Es fundamental que en esta red se rescate el papel que inicialmente jugó el sistema educativo en nuestro país, y no un mecanismo que fácilmente se convierta en un instrumento clientelar, y que segregue aún más a las diversas clases sociales. Esto debe ser así además porque para la mayor parte de la clase media, es también una profunda necesidad el contar con este tipo de infraestructura social; una infraestructura social que tiene ya un punto de arranque institucional como lo es los actuales programas de educación y de nutrición y de atención infantil integral que deben ser profundamente fortalecidos y relanzados.

III. PROTECCION MEDIANTE LA SEGURIDAD SOCIAL

35. Está claro que nuestro país transita por un camino de desarrollo significativo en materia de salud pública que, sin duda alguna, le garantiza a la población un sistema universal, solidario de servicio; y que procura equidad y amplia cobertura en dotación de servicios preventivos y curativos, así como de un sistema para la jubilación de las personas trabajadoras, asalariadas y no asalariadas, que son garantía de Seguridad Social.

36. Quienes deseamos preservar nuestro sistema de salud, esperamos del futuro Gobierno de la República una acción consecuente con los principios que inspiraron su creación. Para tal efecto deseamos agendar algunos temas con carácter prioritario que sirvan de punto de partida para un diálogo permanente, transparente, constructivo, ágil, próspero, de cara a la opinión pública, que procure resultados positivos de corto, mediano y largo plazo.

37. Participación ciudadana: Proponemos la promoción de la participación ciudadana en la definición de estas políticas. Nuestra propuesta consiste en la creación del Consejo Consultivo de la Seguridad Social. En este consejo tendrían participación las representaciones de diversos sectores, con las siguientes competencias:

37.1. Conocer, analizar y proponer recomendaciones para que las autoridades competentes definan las correspondientes políticas, incluyendo al Ministerio de Salud en su papel rector de la salud.

37.2. Conocer, de manera periódica, los informes de cumplimiento de estas políticas y de rendición de cuentas, incluyendo el seguimiento y la evaluación periódica del Seguro de Salud y de Invalidez, Vejez y Muerte.

37.3. Mantener un monitoreo actuarial y de gestión administrativa permanente de los avances de la reforma del año 2005 al régimen jubilatorio de Invalidez, Vejez y Muerte. De manera especial, lo referente a política diversificada de inversiones, control de la morosidad, la subdeclaración y la evasión patronal.

38. Calidad y oportunidad de la atención que da la Caja: Mediante tres líneas de trabajo relacionadas con la sostenibilidad financiera, la democratización del nombramiento de los puestos gerenciales; y el acceso rápido y con calidad a los servicios de la Caja.

39. Sostenibilidad financiera de la Caja: el Gobierno tiene dos deudas con la Caja, su propia deuda multimillonaria y la de las empresas públicas por incumplimiento de la Ley de Protección al Trabajador (artículo 78). ¿Qué señales le da al diálogo social el que acuerdos como éste duerman el sueño de los justos desde hace casi diez años?

40. Nombramientos por concurso público de los cargos gerenciales: Todos los nombramientos en propiedad de los servidores y de las servidoras de la Caja se realizan siguiendo un procedimiento de participación concursal, debidamente reglamentado, salvo el nombramiento de los cargos del nivel gerencial, los que quedan librados a la absoluta discrecionalidad de la junta directiva de esa institución, sin que exista ninguna reglamentación y, mucho menos, participación concursal.

41. No existe ninguna razón para que estos cargos gerenciales estén exceptuados del sistema concursal, cuya prescindencia resulta totalmente perjudicial a los intereses institucionales, porque no se está garantizado la idoneidad y la eficiencia de la administración, que son requerimientos constitucionales. (art. 191). De igual forma, tal forma de nombramiento resulta discriminatoria y limite el acceso, ya no sólo para las personas que trabajan en la Caja, sino para la ciudadanía en general. Asimismo, solicitamos que mientras no está aprobada esa reglamentación, se declare una moratoria de los nombramientos en propiedad de esos cargos que queden vacantes o cuyos períodos estén venciendo los próximos días. Este es un caso emblemático de lo que sucede en el resto de la Administración Pública y que debería ser resuelto en la "ley de empleo público" que promueve MIDEPLAN.

42. Elaboración conjunta entre sindicatos y la Junta Directiva de la Caja, de estrategias para mejorar la calidad y la oportunidad de los servicios públicos, así como para evitar el clientelismo político y la corrupción en la institución. Estas estrategias deberían arrojar resultados concretos en plazos perentorios, por ejemplo, en la disminución de las filas o tiempos de espera en hospitales que sirvan de planes piloto.

43. En documento anexo, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA), se ha esforzado por la elaboración de una concepción más integral sobre el desafío futuro del país en el estratégico campo de la Seguridad Social, con visiones de mediano y de largo plazo, plenamente compartidas y apoyadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

IV. TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL

44. Se requiere un cambio estratégico hacia un sistema impositivo de carácter progresivo que, al menos inicialmente, desacelere el veloz proceso de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad y de la exclusión sociales.

45. Entre otros cambios profundos, se requiere que los grupos económicos (en especial los del sector financiero privado), ganadores del crecimiento económico y que han venido controlando la política en los últimos gobiernos, empiecen a devolver algo de las enormes fortunas acumuladas y de las grandes rentas que ostentan. Muchos puestos laborales del sector Público, la política salarial en el mismo, así como la preservación y la creación de importantes programas sociales, dependen de tal transformación tributaria estructural.

46. Debemos empezar por analizar en un escenario de diálogo, los importantes alcances del más reciente informe de la Contraloría General de la República en torno al Impuesto sobre utilidades, que es un serio estudio estadístico de la base y la evasión de las mismas.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: EL DIÁLOGO SOCIAL COMO ESTRATEGIA

47. Este marco general de políticas públicas podría coadyuvar para el desarrollo de un esfuerzo serio de voluntad política incluyente y solidaria, y lograría incorporar los elementos necesarios para atender la distribución de la riqueza, la generación de oportunidades para la mayor cantidad de personas y, en definitiva, para promover una Costa Rica inclusiva y solidaria.

48. La creatividad en el pasado nos hizo dejar de ser un país promedio para ser un país excepcional. Revertir el franco retroceso hacia ese país promedio que hace no tanto fuimos, requiere escaparnos de modelos diseñados para unos pocos, y darnos a la tarea de elaborar fórmulas para la mayoría de las personas.

49. Una parte de la solución requiere de que nuestros y nuestras gobernantes piensen en nosotros y en nosotras, la gente. La otra parte es que las propias personas gobernadas sean partícipes de la construcción de soluciones. El trabajo decente, la tutela efectiva de derechos, y la adecuada distribución de la riqueza en Costa Rica será, necesariamente producto de ambos.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Albino Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).