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COLOMBIA

¿Por qué asesinan a los sindicalistas?

La "combinación de las formas de lucha" de la oligarquía colombiana. 5000 sindicalistas asesinados en los últimos 18 años, 200 durante gobierno Uribe Vélez. 2,5 millones de niños trabajan hoy en Colombia. Muy pocas huelgas llegan a realizarse. Asesinan al sindicalista y miembro del Partido Comunista, Carlos Arciniegas Niño. Las garantías del candidato-presidente y por qué no debemos reelegirlo, escribe Domínico Nandal.
Por Domínico Nadal

Rebanadas de Realidad - ANNCOL, Colombia, 14/01/06.- La oligarquía colombiana "combina las formas de lucha" y aplica el terror en su política de amedrentamiento a poblaciones enteras y asesinatos de líderes populares y de defensores de derechos humanos, para que no se registren sus violaciones de los derechos humanos, con la política de introducir oficial y legalmente a los narcoparamilitares dentro del establecimiento, y siempre ha utilizado otras formas como la "compras de conciencias" con ofrecimiento de prebendas, puestos públicos y diplomáticos, otorgsamientos de contratos a empresas de los "amigos" del ahora "candidato" presidencial, etc.

Lo que ha sido constante y sistemático es el terror contra la población colombiana -en aplicación de la gringa Doctrina de Seguridad Nacional- y en las últimas décadas "combina" diversas formas de violación a los derechos humanos, privilegiando una u otra, pero siempre aplicando todas, como acertadamente plantea un columnista de ANNCOL.

Es así como practica sistemáticamente: la tortura y detenciones arbitrarias, pero las privilegió entre 1978 -1998, o sea, en las administraciones de Turbay Ayala, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria Trujillo (Primo de Pablo Escobar Gaviria), y Ernesto Samper Pizano.

Las desapariciones forzadas, pero las privilegió entre 1981-1985 y entre 1993-2.005, o sea, en las administraciones de Belisario Betancur Cuartas, y de Cesarín Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez.

Los asesinatos selectivos, privilegiados entre 1982-1988, o sea, en las administraciones de Belisario Betancur Cuartas y parte de la de Virgilio Barco, y desde 1994, en las administraciones de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez.

Las masacres con intencionalidad de atacar regiones donde la oposición política ejercía diversos niveles de control, privilegiadas entre 1988-1991, en las administraciones de Virgilio Barco y Césarín Gaviria Trujillo.

La criminalización de la protesta social y la ejecución de asesinatos selectivos, privilegiadas entre 1991-1996, o sea, en las administraciones de César Gaviria Trujillo y Ernesto Samper Pizano.

Las masacres orientadas a la generación de terror en comunidades enteras, privilegiadas entre 1997-2005, o sea, en las administraciones de Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez.

En tanto el desplazamiento forzado fue privilegiado desde la década de los 90 y por lo menos desplazan 250 mil personas cada año, logrando una marca en la sumatoria de más de tres millones de desplazados forzados, de los cuales 787 mil lo han sido durante la administración del candidato-presidente.

¿Por qué asesinan a los sindicalistas?

En su política de terror, privilegia uno u otro sector social, el que representa un mayor peligro para la oligarquía colombiana, y siempre ha sido constante contra las organizaciones de izquierda y populares. Así fueron sistemáticamente asesinados los líderes de la Unión Patriótica (U. P.), más de 5.000, incluyendo dos candidatos presidenciales, constituyéndose en el único genocidio de que tiene conocimiento la historia, contra un partido de oposición política, el cual continúa en nuestros días.

En el 2002, denunciaban los sectores sindicales colombianos que desde 1987 hasta ese año habían sido asesinados 4.500 líderes de las organizaciones sindicales. No tenemos las estadísticas completas de algunas administraciones, pero si podemos señalar que tal fenómeno durante la administración Pastrana tuvo un dramático aumento, más 400 líderes sindicales en 4 años de gobierno (en aplicación del Plan Colombia), y durante la administración del miniführer Uribe, han sido asesinados más de 200 sindicalistas (90 en el 2003, 99 en el 2004 [7 de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo] y en el 2005 tenemos por lo menos 30), lo cual nos arrojaría un total de por lo menos 5.000 sindicalistas en los últimos 18 años.

En prueba de que es una política estatal, en agosto del 2004, se denunció la Operación Dragón, para matar a sindicalistas y a dirigentes políticos de izquierdas. La investigación de la presunta, hasta ese momento, conspiración emprendida por la para-Fiscalía General de la Nación dio como resultado el descubrimiento de un documento confidencial redactado por la III Brigada del ejército, en el que se tachaba de subversivos a los sindicalistas de Cali, según lo afirmó Amnistía Internacional.

Surge el interrogante: ¿Por qué asesinan los sindicalistas? La oligarquía colombiana los ha sometido al terror a fin de aplicar las políticas económicas diseñadas desde los organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BID, la banca mundial, etc. Todo, claro está, a favor del capital transnacional y el oligárquico. Ello es particularmente cierto con el inicio de la implantación del modelo neoliberal, a sangre y fuego, durante la administración Barco y su continuación con la "apertura económica" de César Gaviria Trujillo, el cual ha sido continuado por los siguientes gobiernos oligárquicos y narcoparamilitares.

Tal política de exterminio se ha traducido en la desarticulación del tejido sindical, al punto que Colombia es uno de los países que cuenta con la más baja sindicalización de sus trabajadores, hay sólo un 5,11 % de la población activa organizada en sindicatos, ayudada claro está por factores como la "liquidación, reestructuración, fusión de empresas, desregulación de la relación de trabajo (cooperativas de trabajo asociado, empresas temporales de empleo, economía informal), traslado a las zonas francas y maquilas, al igual que en la aplicación de políticas antisindicales por los empleadores y actores armados se encuentran las principales causas de la fuerte disminución en las tasas de afiliación sindical", según contempla el informe de la Misión Sindical colombiana a los Estados Miembros de la UE. Bruselas, mayo 2005.

Consecuencias de las políticas neoliberales y de terror imperiales

Queremos reseñar algunos datos importantes tomados de informe reseñado y el más reciente informe de la CUT:

  • * Colombia sigue siendo el país más violento del mundo para los dirigentes sindicales y líderes sociales. Desde el 1º de enero de 1991 y hasta el 1º de agosto de 2005, fueron cometidas 7.666 violaciones a los derechos humanos de trabajadores sindicalizados en Colombia, informa Domingo Arrieta director del departamento de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia; de las 7.666 violaciones registradas, 5.077 no tuvieron sus responsables descubiertos; solamente el 33,7% de los casos tienen pistas sobre los autores de las violaciones, lo que revela una continua y sistemática ocultación de los responsables. Desde 1991, 2.150 trabajadores sindicalizados fueron muertos, 3.035 fueron amenazados de muerte y 182 están desaparecidos. Cerca del 85% de esas violaciones contra la vida y la libertad de los trabajadores tienen como causa el ejercicio de la actividad sindical.
  • * La negociación colectiva sigue siendo marginal en Colombia. En el 2004 sólo 134.244 trabajadores y trabajadoras se beneficiaron de algún tipo de convenio colectivo de trabajo. 87.290 por convenciones colectivas, 46.842 por pactos colectivos y 110 por contrato sindical. Si a esta cifra le sumamos la cobertura del 2003 y la comparamos con la población ocupada, 17 millones 578 mil personas en el 2004, la contratación colectiva sólo benefició al 1.17% de esta población.
  • * Esta baja cobertura está relacionada con varios factores:
    • * La baja tasa de sindicalización (5.11%);
    • * La cultura y la práctica legal de sólo negociar a nivel de la empresa y excluir la posibilidad de acuerdos a nivel de rama o sector económico;
    • * Las políticas antisindicales implementadas desde el Estado y por el empresariado;
    • * La violencia contra los sindicalistas;
    • * La existencia de una legislación laboral que restringe el derecho a la libertad sindical;
    • * La flexibilización en la contratación de trabajadores para reducir costos laborales, a través de la implementación de contratos a término fijo, la subcontratación a través de terceros, el uso de cooperativas de trabajo asociado o de contratos civiles para eludir las obligaciones que entraña el contrato laboral;
    • * La figura del contrapliego y el procedimiento de los tribunales de arbitramento.
  • * En los últimos 20 años fueron aprobadas -sin respeto de las posiciones de las organizaciones sindicales ni real negociación con las mismas - una serie de leyes que han llevado a la flexibilización de las condiciones de trabajo.
  • * Colombia ha ratificado 60 Convenios de la OIT, incluyendo todos los Convenios fundamentales. No obstante, una serie de leyes nacionales irrespetan estos Convenios y han tenido serias repercusiones en términos de avance de la pobreza y de la precariedad laboral.
  • * Sólo basta con mencionar la Ley 50 de 1990 que acabó con la estabilidad laboral, así como la reciente Ley 789, conocida como reforma laboral, que legalizó la flexibilización, la tercerización y desregulación laboral. Han desestabilizado aún más las relaciones capital-trabajo. A ellas se suma la Ley 617 del 2002, que ha reestructurado las entidades del Estado, atentando contra los trabajadores de dichas instituciones.
  • * Se ha acrecentado la vinculación al empleo mediante cooperativas o supuestos contratos de prestación de servicios para acabar así con cualquier forma de organización de los trabajadores.
  • * Frente a estas políticas, el porcentaje de la población que goza de estabilidad laboral se ha reducido sustancialmente. La mayoría vive en la economía informal (11 millones de personas) o está desempleada (20%), lo cual significa en la realidad cotidiana que no tiene ningún ingreso y viven en la pobreza absoluta. Tal situación permite comprender las razones que llevan al aumento de la delincuencia común y de la violencia, sea cual sea su rostro. De igual manera permite entender el incremento del trabajo infantil: 2,5 millones de niños trabajan hoy en Colombia.
  • * En Colombia no todos los trabajadores tienen derecho a la huelga. Las excepciones se extienden más allá de los sectores definidos por la OIT. Excepcionalmente sólo el 2% de ellos la puede desarrollar.

· No pueden declarar huelga legal:

  • a) Los no sindicalizados que son el 94% de los trabajadores del país, porque:
  • 1. Los empleadores no permiten asociarse.
  • 2. No permiten la educación sindical.
  • 3. Pertenecen a actividades donde no puede operar la sindicalización.
  • 4. La ley imposibilita la sindicalización.
  • b) De ese 6% de sindicalizados se deben excluir del derecho a la huelga los empleados públicos que son el 65% de la masa sindicalizada.
  • c) De ese 35% del 6% tampoco pueden irse a la huelga los sindicatos de trabajadores oficiales en empresas de servicios públicos esenciales.
  • d) Del reducido número que queda tampoco la pueden declarar los sindicatos minoritarios.
  • e) Quienes teniendo derecho a la huelga no hayan presentado pliego de peticiones

· Muy pocas huelgas llegan efectivamente a realizarse. Cuando se dan, se producen muchos atropellos contra los trabajadores, incluyendo casos de amenazas de muerte, hostigamiento, etc.

  • * La pobreza y las disparidades sociales se han agudizado. Más del 50% de la pobreza vive debajo del umbral de pobreza.
  • * Hoy en día, la concentración de la riqueza se ha reforzado como resultado de la aplicación de un modelo irrespetuoso hacia los derechos sociales. En el campo, por ejemplo, el 1% de la población acapara más del 55% de las mejores tierras.
  • * La canasta básica no cubre ni siquiera las necesidades más elementales de los trabajadores y el poder adquisitivo se deteriora cada vez más. Esta situación se relaciona con la ausencia de ajuste de la misma a la inflación así como con el desempleo, la falta de estabilidad laboral y la consecuente ausencia de cobertura de los trabajadores a través de convenciones colectivas.
  • * El 83% de la población económicamente activa recibe menos de dos salarios mínimos y con este nivel de ingreso no se puede ni siquiera adquirir la canasta básica (la misma corresponde a 2,4 salarios mínimos).

Viendo este panorama, entendemos por qué asesinan los sindicalistas en Colombia, por qué masacran a todo el pueblo colombiano… Y vemos también por qué los colombianos no debemos reelegir al candidato-presidente Uribe Vélez.

Fecha original de publicación,, 08/01/06
El presente material se publica en Rebanadas por gentileza de la Agencia de Noticias ANNCOL.
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