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La situación laboral en el Perú de hoy

Por Marcial Guillermo Pérez Herrera

Informaciones de la APTTA editadas en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - APTTA, Lima, 21/07/11.- La situación laboral , durante la última década en el país se ha visto influenciada por un crecimiento económico importante, en medio de economía en recesión y crisis, en otros escenarios de Latinoamérica. Desde el 2006, el PBI per cápita registra un avance significativo en relación a años anteriores. Este crecimiento, alcanza el 8.6% en el 2008 y el 7.6% en el 2010.

El dinamismo del sector externo, en especial el de las exportaciones mineras ha contribuido decisivamente a este proceso, sin embargo, el aumento de la participación de las exportaciones tradicionales, que aumentaron, en promedio, 10 puntos en la década pasada al interior de la estructura exportadora nacional, denota evidentes limitantes para la sostenibilidad de este modelo de crecimiento.

Ciertamente, que un modelo económico, viable en términos sociales implica que la inversión y la demanda interna respalden dicha tendencia, implementando políticas sectoriales orientadas al desarrollo humano y políticas sociales específicas, educación, infraestructura productiva e innovación tecnológica.

En este marco referencial, se puede deducir, el porque del fracaso, en materia de redistribución económica, condición, que expresa, con evidencia, las bondades de un auspicioso crecimiento. Los resultados de las recientes elecciones presidenciales en el Perú, demuestran en casi el total de Regiones del país y en un elevado contingente de la gran urbe metropolitana de Lima, que la apuesta de las mayoría es por ser partícipe de este auge económico financiero, que reportan las cifras y la acumulación en el Perú.

En función, a lo anteriormente descrito, observamos que se mantiene, el 79.4% de la PEA Nacional (12.3 millones de personas), en la economía informal, cifra que sigue estando por encima del promedio en América Latina. De otra parte, un aspecto que caracteriza esta dura realidad, es que existe un 19.8% de empleo asalariado, que se encuentra sometido a la precariedad propia de la informalidad, siendo un bloque central en esta condición los trabajadores independientes no calificados que alcanza el 34.8% y un elevado 14.9% del segmento de trabajadores familiares no remunerados.

El empleo formal creció fundamentalmente en empresas de 10 a más trabajadores, lo cual demuestra que el crecimiento económico concentró la demanda de trabajo en las empresas de mayor tamaño relativo.

Cabe destacar, en este panorama, que la población en empleo informal alcanza el 37%, por encime de lo indicado al nivel de pobreza en el Perú, que al 2010 alcanzó el 30%; y en menor proporción que la pobreza existente en el empleo formal que llega a 10%. Esta realidad es más dura, en el área rural, donde a la informalidad, expresada en 5.4 millones de personas, le corresponde un 5/% de pobreza.

Los sectores de servicios, 43% y comercio 28%, concentran el mayor volumen de trabajadores informales en el área urbana, seguidos de la industria en un12%, acentuando la terciarización en medio de la precariedad predominante

Entre los años 2005 y 2009 han mejorado las tasas de afiliación al seguro de salud y al sistema de pensiones entre los trabajadores informales, alcanzando, en el área 19.6% y al 37.8%, respectivamente. No obstante, y en el caso de la salud, no ha sido el resultado de políticas expresas para el trabajador informal, sino de la política de afiliación al seguro público de salud (Seguro Integral de Salud-SIS), que reporta serias deficiencias y debilidad en las asignaciones presupuestales, que inciden en su impacto social.

Respecto a las pensiones, la cobertura es muy baja, al extremo, que menos del 30% de la PEA Ocupada contribuye a algún sistema pensionario, siendo los aportantes, en calidad de activos, a las AFP un 45%.

Anotamos que continúan los regimenes laborales que deterioran el empleo, sustentándose en la llamada promoción de la industria emergente y la dación de incentivos laborales para formalizar el empleo. La brecha de género se acrecienta, sobre la base de todos los indicadores existentes en el mercado de trabajo, siendo la desigualdad entre hombres y mujeres de singular preocupación.

El crecimiento del empleo en empresas formales de mayor tamaño y sectores de productividad media, contrasta con la ausencia de medidas destinadas a incrementar la productividad sectorial (sobre todo en actividades como la agrícola, que siguen concentrando el mayor volumen de empleo a nivel nacional) y reforzar decididamente el marco institucional con el objeto de procurar la extensión de la sindicalización y la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva. La generación masiva de empleos sin contrato y empleos temporales así como la marcada brecha entre la productividad laboral y los ingresos evidencian que el objeto de generación de trabajos decentes aún no es objeto de acciones decididas por parte de los sucesivos gobiernos.

Las remuneraciones y los ingresos medios han recuperado entre 10% y 20% de capacidad adquisitiva , mientras el PBI per cápita ha crecido 55% y la productividad media de toda la PEA ha aumentado en cerca del 30%, por ende el atraso salarial es notorio y aparentemente, sin margen de alternativas de solución realizables. Cabe indicar, que el aumento de los ingresos, como expresión real, durante la década pasada no guardó relación con el aumento de la productividad laboral, ni permitió una mejor distribución del ingreso, tanto es asi, que los ingresos promedios de la PEA crecieron menos que la productividad media, por lo cual, se deduce que hay un mayor margen para mejorar la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, sin perjudicar la tasa de inversión.

En cuanto a la institucionalidad para la generación de empleos de calidad observamos que en lo sustancial, el marco jurídico vigente tiene su origen en la segunda etapa, correspondiente a la reforma laboral flexibilizadora producida en los años noventa, catalogada como la experiencia de flexibilización más extrema de la región.

Se hace evidente que la mayor parte de los contenidos centrales de la normativa laboral residen en disposiciones elaboradas y expedidas por el Poder Ejecutivo (Decretos Leyes y Decretos Legislativos), sin participación del Congreso de la República y menos de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Solo en la tercera etapa -y en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, muy pocas propuestas normativas fueron materia de discusión tripartita.

Las expectativas de las organizaciones sindicales estuvieron centradas en la aprobación del proyecto de Ley General del Trabajo, que reúne la legislación laboral en materia de relaciones individuales y colectivas, y que apuesta por un modelo que repotencia la actuación de las organizaciones sindicales, racionalizando al mismo tiempo las posibilidades de dirección del trabajo por parte de los empleadores. El proceso de diálogo del proyecto fue iniciado el año 2002, pero luego de 5 años de trabajo tripartito -y a pesar de contar con un 85% de artículos consensuados, el proyecto aún no ha sido debatido en el pleno del Congreso.

Además de evidenciar en sus contenidos la agudización del fenómeno flexibilizador, la normativa laboral vigente presenta dos rasgos característicos que le impiden sea un factor del impulso de trabajo digno. En primer lugar, la normativa laboral peruana es dispersa, esto es, la regulación de las relaciones de trabajo en nuestro país constituye una suma desagregada e inorgánica de leyes y reglamentos administrativos, dada la ausencia de un cuerpo normativo único que reúna todas las reglas aplicables a las relaciones de trabajo. Por mencionar algunos ejemplos, la regulación del empleo público se realiza principalmente mediante 31 dispositivos legales diferentes y las relaciones de trabajo en el sector privado por 27 dispositivos.

En cuanto al cumplimiento de estándares mínimos, normados por Convenios y Recomendaciones de la OIT, ratificados por el Perú en 67 convenios, con el perfil de normas mínimas y elaboradas en forma tripartita, con demostración clara de promover empleos de calidad, no hay avances y voluntad política de aplicación, por parte de los Gobiernos. Como es conocido, cada año los órganos de control de la OIT informan sobre el cumplimiento de los convenios ratificados y el Perú reporta en cada oportunidad un número elevado de observaciones y recomendaciones.

La libertad sindical está abiertamente restringida, persistiendo bajos niveles de sindicalización, asociados a las inadecuadas relaciones de trabajo, donde los contratos temporales, services y contratas, regimenes promocionales, campean, con el aval que significa la falta de protección de este derecho por parte del Estado. Se constata una acción ineficaz de la autoridad de trabajo, en lo referente al registro sindical, los servicios de apoyo a la negociación colectiva y la protección contra los hechos antisindicales.

Para el año 2010 la cifra de afiliados apenas supera los 96 mil trabajadores cuando en el año 2007 llegaba a más de 100 mil trabajadores. Naturalmente, lo mismo ocurre con la cobertura de la negociación colectiva que para el año 2009 disminuye en términos absolutos a más 98 mil trabajadores y en porcentaje al 4,53%. Asociados a los datos anteriores, la información del Ministerio de Trabajo revela que en la última década el número de pliegos presentados y de convenios colectivos suscritos ha decrecido y la brecha entre pliegos presentados y solucionados se va acrecentando.

Trascurrida la década uno de los problemas de fondo que enfrenta el sindicalismo peruano, sigue siendo el de su reconocimiento y afirmación como actor necesario en el sistema de relaciones laborales. El primer asunto relacionado a las dificultades de reconocimiento, deriva de los problemas que hoy enfrentan las organizaciones sindicales para representar a los diversos tipos de trabajadores. Como ya lo hemos indicado, la diversificación legislativa y, sobre todo, la creación de regímenes promocionales vienen dificultando la representación sindical de dos formas: en primer lugar, generando estatus laborales diferenciados y por lo tanto intereses diversificados; y, en segundo lugar, menoscabando la posibilidad de libre conformación o afiliación a organizaciones sindicales, en unos casos porque se genera una situación de extrema vulnerabilidad a los actos antisindicales (es el caso de la contratación temporal en el régimen agrario) y en otros porque no se señala cuáles son las reglas aplicables para el ejercicio del derecho (p.e. régimen de la microempresa o régimen CAS).

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Guillermo Pérez Herrera, Coordinador General Colegiado APTTA