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AVELLANEDA

El intendente Álvarez entre el intervencionismo y el negocio

Por Walter Gutiérrez (*)

Rebanadas de Realidad - Avellaneda, 06/10/04.- Mucho se habló y se publicó en los medios referente al proyecto del Intendente Álvarez sobre la constitución de S.A. con participación mayoritaria estatal, que envió al Concejo Deliberante y que el mismo Cuerpo aprobó el viernes 10 de Septiembre último.

Pero en todo este tiempo se ha omitido aclarar realmente, que hay detrás de este "mega proyecto" donde el Estado obtendría el 51 % y las empresas y/o entidades públicas el 49 % de las acciones, una vez que el Concejo Deliberante (…) apruebe los contratos respectivos.

A partir de allí, podrán gestionar por sí, por cuenta de terceros o asociados a terceros las diferentes áreas del municipio. De esta manera el Estado se convierte en empresario y los vecinos, de la noche a la mañana de usuarios pasamos a ser clientes del municipio y sus empresas.

Al respecto, luego de un pormenorizado estudio de la Ley 12.929 que permite la constitución de sociedades anónimas con mayoría accionaria estatal, en relación a los bienes públicos, hemos arribado a la conclusión que sin perjuicio de advertir su total legalidad, no podemos dejar de alertar sobre la inescrupulosa actitud del gobierno municipal en pos de un beneficio que prima facie resulta poco transparente.

En el mismo orden de cosas el Art. 10 de la Ordenanza propone un orden de aplicación de los recursos, priorizando la reinversión en el mejoramiento del servicio cuya prestación lo originó. Esta decisión pone en riesgo las finanzas del municipio, ya que deja en segundo orden el ingreso a Rentas Generales, de manera tal, que si un área genera déficit el resultado de ello sería más endeudamiento; cabe recordar que el municipio actualmente tiene un déficit de 110 millones de pesos generados entre las administraciones del actual y del ex intendente Laborde, comprendidas entre 1992 y 2003.

Sabemos que el Estado municipal se quedará con la mayoría accionaria, pero tal disposición no garantiza en absoluto…"el reordenamiento interno de la Administración Municipal ni el crecimiento y desarrollo con eficiencia… ", Como lo expresa el intendente Álvarez.

Diferente es la posibilidad de formar sociedades para la concesión de servicios públicos, toda vez que en estos casos el patrimonio nunca saldrá del estado municipal. Por lo cual, estamos de acuerdo en esta actividad siempre y cuando lleve al mejoramiento del servicio, que no sería el caso de la recolección de residuos, donde el municipio concecionó y amplió su contrato por más de 20 millones de pesos y la ciudad de Avellaneda se encuentra más sucia, provocando esto un grave impacto ambiental.

Esta Ordenanza es a nuestro criterio poco transparente y poco precisa dado que habla tanto de transferencia como de concesión sin indicar respecto de que bienes en cuestión trata. En este sentido es importante una regulación específica para cada bien debido a su categoría social.

Es necesario destacar en esto, el papel preponderante del cuerpo deliberativo de Avellaneda, dado que está facultado para disponer quiénes formarán parte de ese paquete accionario minoritario; abriendo un abanico enorme de especulaciones sobre negociados en el Concejo, puesto que le están brindando la posibilidad de decidir cuales serán sus socios (…), situación nada deseable para la vida política, económica y cultural de nuestra ciudad.

Referente a la posibilidad que acuerda esta Ordenanza a la enajenación, transferencia de bienes y servicios públicos, creemos que el Estado Municipal tiene la obligación primordial de brindar sus funciones básicas como la seguridad, la salud y educación de sus ciudadanos, sin delegar sus responsabilidades ni ser empresario. Respetando y haciendo respetar su patrimonio y sus instituciones, dado que cumplen una función social.

Por todo esto, es imperante limitar las atribuciones del Concejo, modificando la Ley 12.929 sistematizando en forma precisa que hacer con cada bien y/o servicio público, para un mejor y más transparente funcionamiento municipal.

No se difundió por parte del gobierno de Avellaneda información precisa a la comunidad sobre esta iniciativa, sumado a un gran apuro en sancionar la misma.

Como ya lo veníamos advirtiendo, una encuesta realizada por el diario Clarín indicó que el 70% de los encuestados no estaba al tanto de la ordenanza aprobada y el 82% se manifiesta en contra de las privatizaciones.

Creemos que resulta necesario que el Ejecutivo Municipal informe de manera completa, ordenada y transparente, para permitir a la sociedad expresar su opinión, y formar parte del proceso democrático de toma de las decisiones, cuando se pretende llevar a cabo una disposición de tal trascendencia institucional.

Es poco feliz que ante un tema tan importante y delicado no se establezca una campaña oficial sobre la medida y sí en cambio, se lleven a cabo para temas de gobierno que requieren de menor atención por parte de los ciudadanos.

(*)Titular de la Unión del Centro Democrático de Avellaneda.
Gentileza del depto. de Prensa de la Unión del Centro Democrático distrito Avellaneda. Correo/Web.
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