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La paja en el ojo ajeno

Por Carlos M. Duré
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Rebanadas de Realidad - Agencia SICLA, 11/mar/03 (11, 46 p.m.).- Varios ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires recurrieron a la instancia judicial o legal amparándose o accionando contra el gobierno local. El denominador común es el incumplimiento del artículo 127 de la Constitución distrital que ordena la conformación de comunas de determinadas características.

Una de las acciones judiciales -recurso de amparo presentado en lo contencioso administrativo- originó un fallo favorable del juez Cataldo conminando al ejecutivo a cumplir con la elección de autoridades comunales y constituir las comunas.

Pero otra, presentada ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, pide el juicio político de todos los funcionarios responsables del incumplimiento constitucional. La actuación lleva el número 24/03, no obstante haber sido presentada en diciembre del 2002, y hasta la fecha, los ciudadanos peticionantes no han recibido respuesta oficial de la Defensoría, ni notificación del curso de las gestiones solicitadas a ella.

Esta última acción legal, si prosperara, si fuera tomada seriamente por el poder judicial y por los partidos políticos, podría derivar en la impugnación de la candidatura a la reelección del actual jefe de gobierno, Anibal Ibarra.

En tal caso, ocurriría que los dos protagonistas electorales de la Capital, Ibarra y Macri, podrían quedar fuera de carrera de cumplirse los presupuestos constitucionales. En el primer caso por lo ya descripto y en el caso del empresario porque la legisladora de la ciudad Sandra Dosh lo impugnó por no residir en el distrito durante cinco años corridos anteriores al comicio (Macri tiene domicilio en la ciudad de Posadas, Misiones, donde intentó presentarse como candidato a senador).

La dificultad que presenta la actuación 24/03 de la Defensoría -y que explicaría su lento trámite- reside en que los peticionantes imputan el incumplimiento constitucional también al cuerpo legislativo.

La legislatura debería haber interpelado a Ibarra antes del 1 de octubre de 2001, fecha máxima para la instrumentación de las comunas, y, posteriormente, proceder con los pasos previstos en el artículo 93 de la Constitución local relativo al juicio político. Al omitir este deber, los legisladores, en la opinión de los peticionantes, incurrirían en igual trasgresión por lo que les cabría el correspondiente juicio político. Como el único poder en aptitud de juzgar políticamente es el legislativo, debería esperarse hasta su renovación total o parcial. Sin embargo y hasta tanto se probará la trasgresión constitucional, la justicia podría establecer una medida cautelar.

Las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires no están menos enlodadas que las del resto del país. La ética es la primer derrotada en las elecciones y últimamente es una baja menor. El candidato Macrí -que encabeza las encuestas- es un empresario que tiene por cliente al municipio y emulando al candidato catamarqueño se pone por encima de los demás ciudadanos que sólo pueden elegir y ser electos en un sólo distrito. Y los legisladores ibarristas que se muestran tan observadores de la Constitución para impugnar aquella trasgresión no fueron capaces de advertir el presunto incumplimiento constitucional del gobierno local'.

Gentileza: Agencia SICLA.

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