Fiscalía pide autorización congresal para enjuiciar a Goni por contrato con Enron

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Rebanadas de Realidad - ABI, Sucre, 10/06/08.- La Fiscalía General de la República presentó a la Corte Suprema de Justicia el requerimiento acusatorio, por existir suficiente materia justiciable en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, sus ex ministros, ex funcionarios de YPFB y ex ejecutivos de la empresa Enron.

El Ministerio Público hizo el requerimiento al máximo Tribunal de Justicia del país, luego de acumular antecedentes por las posibles actuaciones que cada uno de los denunciados tuvo en este trámite que le causó un millonario daño económico al país.

Esa estafa fue concretada mediante la firma de un contrato entre la empresa estadounidense Enron y el Estado para la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil.

Según el fallecido Delegado para la Revisión de la Capitalización, Juan Carlos Virreira, Enron se embolsó de 130 millones de dólares sin invertir ni un centavo.

La proposición acusatoria para iniciar la investigación de los supuestos delitos cometidos en este caso, fue presentada en junio de 2006 por el entonces ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, en contra de Sánchez de Lozada y otras personas que las nombró en el memorial.

La firma de ese contrato provocó que luego se suscribieran otros documentos modificatorios que abrieron paso para que la Enron sea parte de Transredes, nacionalizada por el gobierno del presidente Evo Morales este 2 de junio de 2008.

El financiamiento para la construcción del gasoducto al Brasil provino de Petrobras y al tener financiamiento brasileño ya no era necesaria la presencia de Enron, pero Sánchez de Lozada la mantuvo en contra de los intereses nacionales.

Según el ex ministro Soliz Rada, el vicepresidente Cárdenas fue quien promulgó el decreto que aprobaba el ilegal contrato con la Enron, ya que Sánchez de Lozada estaba en Estados Unidos.

Los entonces altos ejecutivos de YPFB, Arturo Castaños y Hugo Peredo, aparecieron trabajando luego en Petrobras; en tanto que el hoy ex Superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, no exigió que se instalara una planta separadora de líquidos, lo que hizo que Brasil se beneficiara con el gas húmedo que recibía en forma adicional y gratuita.

Rada asegura que no se conocieron protestas del directorio de YPFB, integrado también por el economista y analista Gonzalo Chávez, e incluso Transredes "prestó" a uno de sus directores, Carlos Kempff Bruno, para que sea ministro del ex presidente Jorge Quiroga, hoy jefe de Podemos, para luego recuperarlo.

Denunciados

Fueron denunciados el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex canciller Antonio Araníbar que gozan de privilegio constitucional, además de las ex autoridades Andrés Petricevic Raznatovic, Jorge Mauricio González Sfeir y Arturo Jesús Castaños Ichazo, que no gozan de privilegio.

Todos ellos están acusados por la comisión de los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Entretanto el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, los ex ministros Alfonso Erwin Kreidler Guillaux, Carlos Sánchez Berzaín, Domingo Enrique Ipiña Melgar, Edgar Saravia Durnik, Eduardo Trigo O’Connor D’arlach, Fernando Álvaro Cossío, y Franklin Anaya Vásquez están acusados por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y conducta antieconómica.

Al igual que los ex ministros Freddy Teodovich Ortiz, Germán Quiroga Gómez, Guillermo Richter Ascimani, Hugo San Martín Arzabe, Jorge Otasevic, Jorge Ernesto Machicao Argiró, Mauricio Balcázar Gutiérrez, Moisés Jarmúsz Levy, Raúl España Smith, Raúl Tovar Piérola, René Oswaldo Blattman Bauer y Reynaldo Peters Arzabe.

También los ex ministros Alfonso Revollo Thenier, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés y Juan Fernando Candia Castillo, están acusados por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y conducta antieconómica.

Asimismo, al ex funcionario Juan Azcui Sandoval por los delitos de uso indebido de influencias y conducta antieconómica; y a Alfonso Romero Loza, Fernando Kempff Bacigalupo, Julio Lucas Pemintel Alcalá y Julio Alem Rojo acusados por la comisión del supuesto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Por último, están acusados Mario Luis Morales Martínez por la comisión del supuesto delito de conducta antieconómica, y Rebecca P. Mark y Austin Laine Powell por la comisión del presunto delito de contratos lesivos al Estado.

El Ministerio Público, hizo constar en el documento que el requerimiento acusatorio puede ser ampliado a otros delitos y contra otras personas que pudieran resultar partícipes de los hechos ilícitos descritos, previo cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

Para ello anunció la formulación de la imputación formal si correspondiera y de contarse con las autorizaciones solicitadas.

El presente material se publica en Rebanadas por gentileza de la Embajada de Bolivia en la República Argentina / Web