Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) - COLOMBIA

Documento enviado por la Confederación General del Trabajo al Dr Álvaro Uribe Vélez

Por Julio Roberto Gómez Esguerra y William Millán Monsalve (*)

Rebanadas de Realidad - CGT, Bogotá, D.C., 26/10/07.-

Bogotá, 18 de octubre de 2007
Doctor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Casa de Nariño
Bogotá, D.C.
Respetado Señor Presidente.

En nombre de la Confederación General del Trabajo CGT, nos permitimos hacerle conocer nuestros puntos de vista y propuestas que consideramos deben ser tenidos en cuenta en la perspectiva de construir un país más incluyente, en el que se respeten los derechos de los trabajadores y del pueblo colombiano en general, aspectos que se encuentran contemplados en el texto del Acuerdo Tripartito del 1° de Junio de 2006 en Ginebra Suiza, suscrito entre las Confederaciones, el Gobierno y los Empresarios.

Las siguientes son propuestas que han sido discutidas y aprobadas en el seno del Comité Ejecutivo de nuestra confederación y apuntan principalmente a satisfacer las necesidades más apremiantes de la clase trabajadora.

Garantías para el ejercicio de la actividad sindical

En relación con este tópico, el que se encuentra relacionado con los llamados "Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo" se hace imperioso que se introduzcan reformas a nuestro sistema normativo en la dirección de rescatar el derecho de asociación y la libertad sindical, de tal forma que efectivamente se respeten por parte de todos los actores sociales, empezando por el propio gobierno, que en este caso debe ser entendido por el ejercicio de toda autoridad en cualquier parte del territorio nacional.

No resulta entendible, ante propios y extraños, que se pregone que en Colombia existe el respeto a estos derechos y en la práctica se sigan sucediendo toda clase de actuaciones por parte de empresarios privados y públicos que atentan en contra de los derechos de organización.

Es por ello que consideramos, se deben implementar normas que posibiliten el ejercicio del derecho de asociación, apuntando hacía el fortalecimiento del movimiento sindical, de tal forma que no se continúen abriendo puertas al futuro hacia una sola interlocución y que esta sea con los actores armados. Se deben en este contexto obviar requisitos para el reconocimiento de organizaciones sindicales, que encuentran en el Ministerio de la Protección Social, más que incentivos, prácticas que impiden la conformación de nuevas organizaciones. Igual acontece en lo que tiene que ver con el impedir simples rotaciones de cargos directivos o suplir vacantes que se presentan por diversas situaciones, incluida la muerte de directivos.

Se hace urgente la armonización de nuestra legislación con los Convenios y Recomendaciones de la OIT, de tal forma que se pueda construir de manera conjunta toda una normatividad que desarrolle al mismo tiempo los principios del artículo 53 de la Constitución Política, máxime cuando se han presentado al Congreso dos iniciativas de Estatuto del Trabajo

Este es el primer punto que consideramos debe desarrollarse en procura de construir garantías efectivas para el desarrollo de la actividad sindical, que debe traducirse en leyes o decretos, expedidos de forma urgente en beneficio de la clase trabajadora. Ejemplos de lo anterior son la expedición de un Decreto que desarrolle en debida forma al 2813 de 2000, en lo que concierne a la concesión de permisos sindicales, de tal forma que éstos puedan ser pactados por los empleados públicos, a través de actos administrativos, expedidos por autoridad competente, para que los permisos no queden condicionados al capricho del administrador, sino que éstos respondan a las necesidades de las organizaciones sindicales de empleados públicos, un ejemplo de lo anterior lo constituye la Procuraduría General de la Nación, en donde los permisos se encuentran reglamentados pero introduciéndole controles a su uso que van desde el propio autocontrol de las organizaciones sindicales.

También debe expedirse un Decreto que reglamente el ejercicio del derecho de negociación colectiva para empleados públicos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política en armonía con el 53 y los Convenios 151 y 154 de la OIT, que hacen parte de la legislación interna por haber sido debidamente ratificados por la leyes 411 y 524. El contenido de este decreto debe ser concertado con los trabajadores estatales antes de su expedición.

Otro aspecto que es necesario enfrentar de manera decidida es la cultura antisindical que distingue a buena parte de nuestra sociedad y para ello se deben establecer campañas de sensibilización acerca de lo que es el movimiento sindical y su papel en beneficio de la democracia y de la consecución de los mayores logros que, en materia social, ha alcanzado la humanidad. Para ello se deben abrir espacios en medios de comunicación en horarios triple A que garanticen la debida sintonía e instar a estos para que promuevan las posiciones del sindicalismo.

En resumen, debe posibilitarse el ejercicio del derecho a sindicalizarse con facilidad y rodearlo de las garantías correspondientes, como por ejemplo acabar con el limitante a fundar organizaciones sindicales en municipios y permitir que éstos se conformen con un mínimo de veinticinco afiliados por departamento o agrupados en un mínimo de tres municipios.

También es importante avanzar de manera rápida y decidida en la implementación de la oralidad en el proceso laboral ya aprobada en el Congreso; lo que requerirá seguramente nuevos jueces, que se encargaran de lo nuevo y otros que tendrán que lidiar con los procesos que vienen con el anterior sistema. Esto implica la adecuación de instalaciones locativas y el mobiliario indispensable para trabajar, incluidas computadoras e impresoras y líneas telefónicas.

Finalmente en lo que concierne a este punto, sería bueno rescatar de las normas que regían los conflictos colectivos la figura de la CONCILIACIÓN, que permitiría encontrarle solución a la etapa previa a la huelga o al tribunal de arbitramento.

En relación con la huelga en el sector público no es conveniente que sea el propio gobierno, en cabeza del Ministerio de la Protección Social, quien se pronuncie en relación con la legalidad de la misma; habría la necesidad de idear un mecanismo o instrumento imparcial, que brinde confianza a las partes, que se pronuncie sobre este tema.

Fortalecimiento de la inspección del trabajo

Consideramos que deben revivirse el Ministerio del Trabajo, con algunas reformas que lo harían especializado en Trabajo, Seguridad Social y Empleo, fortaleciendo la labor de inspección y vigilancia, que empezaría por la ampliación de la planta de personal y seguiría por la actualización que en materia laboral debe producirse, pues en muchas ocasiones no se ejerce la vigilancia y el control requeridos, sino que sus tareas parecen más dedicadas a impedir el ejercicio del derecho de asociación o la aprobación de estatutos que recojan las aspiraciones de las organizaciones, de conformidad con la autonomía que deben tener, ateniéndonos a lo dispuesto por el artículo 39 de la Carta.

Estos inspectores tendrán que cumplir un muy importante papel en materia de control preventivo, que agilice la intervención del Estado en procura de evitar que los empleadores desconozcan lo pactado en las convenciones colectivas o que se valgan de artimañas para impedir el verdadero ejercicio de los derechos de organización, negociación colectiva y de huelga, mediante la presentación de contrapliegos, que lo único que persiguen es acabar con las convenciones colectivas y las organizaciones sindicales.

En materia de impunidad

Creemos importante fortalecer la Unidad Especial creada por la Fiscalía General de la Nación en el marco del Acuerdo Tripartito del 1° de junio de 2006 y consideramos que podría convertirse a esta unidad en permanente, pero rodeándola del mejor apoyo en materia logística, de tal forma que tengan acceso a las más avanzadas técnicas de investigación criminal y los recursos suficientes que aseguren su operatividad continua.

En este terreno se deben aprovechar instrumentos consagrados por la legislación penal, como por ejemplo la protección eficiente a victimas y testigos, que permitan asegurar la prueba testimonial desde el comienzo, donde se incluya el traslado del sitio o región de riesgo a otra zona e incluso, de acuerdo con los involucrados, protegerlos fuera del país.

No se debe perder de vista que además de lo anterior, se deben producir determinaciones del Fiscal General de la Nación, que permitan desplazar del conocimiento al fiscal del lugar en que se produzcan los hechos y que el Consejo Superior de la Judicatura haga lo propio, en lo que concierne a los jueces encargados de juzgar a los implicados.

Igualmente sería de buen recibo una reforma al tipo penal previsto por el artículo 200 del Código Penal de tal forma que la violación al derecho de asociación y libertad sindical, además de ser más claro, contemple penas de prisión y no simples multas como ocurre en el presente, hecho que no guarda ninguna proporción con las violaciones que a diario se producen en esta materia.

Diálogo social

En Colombia se hace necesario profundizar nuestra democracia, lo que se alcanza en la medida que se permita la interlocución permanente entre las autoridades, de todo nivel, y la sociedad en general.

La democracia se profundiza en la medida que se brindan garantías para la participación eficiente y efectiva del pueblo, o parte de él, en las decisiones que los afectan, empezando por el ámbito local, de barrio para ser explicito, donde una comunidad seguramente se encuentre interesada en la construcción de una obra prioritaria y hay más de una que pueda reunir esas condiciones. Igualmente en la preparación del presupuesto, en donde francamente, no se ha posibilitado que la participación sea efectiva.

A instancias de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, es pertinente que los proyectos de ley que afecten los derechos de los trabajadores y la población en general, sean examinados tripartidamente, de tal forma que se puedan efectuar los comentarios, observaciones y correcciones en dirección a concretar los aspectos que interesan a los trabajadores y a la población en general.

Los diálogos nacionales deben replicarse a nivel local y regional, convirtiéndose en verdaderos modelos de democracia participativa, dando un verdadero alcance a lo dispuesto en la Constitución Política sobre el tema.

Protección

Sobre el particular, se debe reforzar y capacitar al equipo encargado de efectuar la valoración de los casos sometidos a consideración del CRER del Ministerio del Interior, de tal forma que la sustanciación de los casos sea ajustada a la realidad, para lo cual se requiere del apoyo de los organismos competentes, a fin de determinar de donde provienen las amenazas y al mismo tiempo que se implementan medidas de protección, también se avance en la investigación sobre los autores de las intimidaciones. Sobre este particular el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos CRER debe mantener su facultad de apartarse de los resultados de un nivel de riesgo bajo, para implementar una medida de protección, más no cuando el riesgo sea alto.

Igualmente se deben mejorar aspectos como la demora entre la aprobación de un esquema y su implementación así como lo concerniente a buscar acuerdos con gobiernos extranjeros, a instancias de la OIT, para sacar fuera del país a sindicalistas amenazados en asocio de sus familias cuando corresponda.

Asimismo, es indispensable que las personas contratadas para proteger a los sindicalistas gocen, de todas las garantías de estabilidad en el empleo, el pago oportuno de sus salarios, así como de los viáticos para las misiones y la afiliación a la seguridad social.

Tercerización

Es indispensable señor Presidente, desarrollar el más amplio compromiso de Gobierno y de los empresarios para acabar de una vez por todas con todos los mecanismos que han llevado a la clase trabajadora a la peor de sus crisis a través de los contratos basura, los cuales se expresan en ordenes de prestación de servicios, contratos a término fijo, contratos temporales, cooperativas de trabajo asociado, contratos civiles, nóminas paralelas y todas aquellas formas violatorias de los que debe ser TRABAJO DECENTE - DIGNO - ESTABLE Y JUSTAMENTE REMUNERADO.

Como medida inicial, insistimos en la necesidad de acabar definitivamente con la intermediación laboral, auspiciada en la última época por la existencia de Cooperativas de Trabajo Asociado, que han deslegitimado el sentido de la existencia del cooperativismo, al convertirse en nuevas formas de precarización del empleo, agenciadas en su gran mayoría por el sector empresarial tanto público como privado.

Consideramos un desacierto la expedición del Decreto 1466/07, que fortalece la tercerización en el Sector Público al afianzar, la contratación de cooperativas de trabajo asociado y agencias temporales de empleo, amenazando gravemente el empleo público y la función pública

Al Señor Presidente de la República le hemos manifestado que consideramos que basta con la expedición de un solo Decreto que les prohíba ejercer intermediación laboral, a las cooperativas de trabajo asociado, con un artículo adicional que derogue las normas que le sean contrarias, para empezar a ponerle freno a estas perversas formas de explotación laboral.

Acciones en la dirección anterior le pueden devolver la fe a la clase trabajadora en un establecimiento donde el Estado Social de Derecho deje de ser un enunciado para convertirse en una realidad.

Sobre este particular, no se puede pasar por alto que en gran medida el aumento de la concentración de la riqueza, en pocas manos tal y como lo ha expresado la PNUD de la ONU, en su reciente informe y el consecuente aumento de la pobreza y la pérdida de empleos en el campo, según el informe del DANE, tiene sus orígenes en este tipo de medida que obedecen a la profundización del modelo neoliberal.

Pensionados

Es de conocimiento público los abusos que a diario se cometen contra la clase pensional en nuestro país, razón por la cual estamos instando al Gobierno Nacional para que se adopten políticas encaminadas a proteger los derechos de las y los pensionados en todos los órdenes, desmontar de inmediato el aporte del 0.5% de sus mesadas con destino a la salud, entre otras razones porque no se puede asimilar a un pensionado a la categoría de entidad o empresa empleadora tal como personalmente se lo hemos argumentado al señor Presidente.

De otro lado es urgente un compromiso del Gobierno en cuanto a garantizar la no presentación de ningún proyecto de Ley que signifique reducción alguna en los derechos de los pensionados entre otras razones porque las reformas hasta ahora impuestas ya han lesionado de manera muy sensible tanto a los pensionados como las aspiraciones de quienes sueñan con la construcción de un derecho en este sentido.

Fondos de pensiones y cesantías

Especial mención merece la boyante situación por la que atraviesa el sector financiero quien pleno de garantías viene obteniendo en los últimos 5 años, utilidades que sobrepasan los 4 billones de pesos por año, ya que ha sido una constante de este sector, socializar las perdidas y privatizar las utilidades; cuando en la práctica deberían contribuir ejemplarmente con la nación en el desarrollo de empresas, generar empleo en lugar de mantener invertido mas del 85% de los 50 billones de pesos acumulados en el sector especulativo e improductivo y en particular en títulos de deuda como los TES, Bonos del Estado y Banco de la República.

Es absurdo que mientras los bancos y corporaciones financieras so pretexto de la bancarización exigen el desmonte del 4 por mil y eliminar los topes en la tasa de usura, los trabajadores se vean abocados a perder significativas sumas en sus ahorros pensiónales y de cesantías debido a las constantes fluctuaciones del especulativo mercado financiero.

En este contexto señor Presidente estamos demandando la representación de los Trabajadores a través de las Confederaciones de Trabajadores en las Juntas Directivas de los Fondos de Pensiones y Cesantías, entre otras razones porque requerimos saber que se esta haciendo con estos recursos, en que están invirtiendo y cual es nuestra futuro.

Reversión de la ley 789

Como es de conocimiento público, desde los escenarios de la discusión de esta ley en el Congreso de la República en el año 2002, la Confederación advirtió que ella no iba a generar las plazas de trabajo prometidas y que con la misma lo que se provocaría era una reducción en los pagos a los trabajadores, sobre todo a aquellos de menores ingresos, así como abrir el espacio para más recortes a los derechos de la clase trabajadora. Fue tan sólida nuestra argumentación que en la Ley se estableció una comisión de evaluación y seguimiento prometiéndose la reversión de la misma, si esta no cumplía con los objetivos que le dieron origen.

Pues bien, hoy los hechos saltan a la vista, los nuevos empleos no aparecieron, la reducción de los ingresos de los trabajadores no admite dudas, a tal punto que el último estudio de la Universidad Nacional demuestra con lujo de detalles el fracaso de la 789, al punto que el señor Procurador General de la Nación está pidiendo a la Corte Constitucional que revise su posición inicial y estudie el camino que nos conduzca a la reversión de esta Ley, sobre todo en aquellos aspectos que más han impactado económicamente a los trabajadores, tales como la Jornada Diurna que debe volver a ser entre las 6:00am y las 6:pm; el pago debido de las horas extras dominicales y festivas. Los recargos nocturnos entre otros muchos aspectos que contempla la 789.

Tratado de Libre Comercio

Señor Presidente, conoce usted muy bien nuestra oposición a la firma de un TLC, que lejos de dinamizar nuestra economía, va a significar un mayor deterioro de nuestro aparato productivo nacional, mayor desintegración del agro, más sometimiento a la dictadura de las instituciones como el FMI, BM, BID y la OMC, además porque este tratado es más bien un contrato de adhesión de nuestro país a los intereses económicos de los Estados Unidos y de las empresas multinacionales.

Tal vez sea necesario recordar lo nefasta que resulto para nuestro país la aplicación de la apertura económica impuesta a partir de los años 90, que llevó a la nación al extremo de estar importando toda clase de bienes y servicios con sus consabidas consecuencias al punto que hoy estamos consumiendo prácticamente una tercera parte del café vía importaciones, al igual que alimentos que amenazan la seguridad alimentaria de los colombianos.

No estamos asumiendo una posición caprichosa ni mucho menos, por el contrario consideramos que en defensa de nuestra industria, de nuestra producción agropecuaria y de nuestra propia dignidad, el país debe poner en el congelador cualquier acuerdo que lesione los intereses del mismo.

Transferencias

Otro aspecto que la CGT considera debe abordarse, tiene que ver con el recorte que se hizo de las transferencias corrientes de la Nación que afectan, en gran medida, a los sectores más vulnerables de la población colombiana por cuanto, por un lado, no se entiende que crezca el número de habitantes y disminuya por el otro los recursos del Estado para la salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Consideramos que debe reversarse esta decisión y no debilitar los ingresos de los entes territoriales, fortaleciendo el control para que sean invertidos verdaderamente a lo que constitucionalmente están destinados.

Política social agraria

El empobrecimiento del sector campesino es motivo de enorme preocupación para la CGT, sobre todo si tenemos en cuenta que la PAZ ENTRA POR EL CAMPO, razón de más para manifestar al señor Presidente la urgencia de entrar en un proceso de negociación y concertación de políticas agrarias en el país, con todas las organizaciones campesinas nacionales integrantes de la mesa de unidad agraria, sobre el desarrollo de una política que nos conduzca a convertir en realidad la entrega de la Tierra para quienes la trabajan, con asistencia técnica, créditos con intereses manejables y periodos de gracia, programas de mercadeo, vías de acceso, establecimientos de educación y de salud en las zonas rurales, sistemas de recreación social y en general todas aquellas políticas que propicien y estimulen la permanencia de nuestros campesinos en sus lugares, así como el retorno de más de 3 millones de desplazados y de todos aquellos hoy obligados por la violencia el abandono oficial se encuentran contra su voluntad desarraigados en los cinturones de miseria de las capitales de Departamento y las cabeceras municipales.

Para implementar una verdadera política de reforma agraria y desarrollo rural, se debe derogar el "ESTATUTO DE DESARROLLO RURAL", la "LEY DE AGUAS Y PÁRAMOS" y el articulo del Código Penal donde se sanciona la producción de semillas.

Democratización de COMCAJA para permitir la afiliación de campesinos, pequeños y medianos productores con una base salarial del mínimo mensual.

Sin lugar a dudas un buen inicio de esta política los constituye la entrega de todos los predios incautados al narcotráfico y otras instituciones al margen de la ley, a través de las organizaciones campesinas y las Confederaciones Sindicales.

En materia de empleo

Los trabajadores colombianos consideramos que la integralidad de las soluciones y rectificaciones estructurales y la conducción de la Política Macroeconómica, solo son viables a partir del cambio del modelo de desarrollo vigente y la implementación de uno nuevo como el que aquí proponemos. Dentro del actual modelo de desarrollo no será posible una solución de fondo y duradera al problema del empleo.

Mientras tanto es imprescindible la ejecución de acciones y medidas inmediatas, contrariando la dependencia y ortodoxia imperantes en el diseño de las políticas económicas nacionales, para combatir la profunda crisis de desempleo, como por ejemplo.

  • Supresión inmediata de la privatización de servicios públicos, sociales y de empresas del Estado y de actividades de interés nacional.
  • Recurrir a la emisión primaria de dinero para canalizarlo, en forma específica y con vigilancia de las entidades de control del Estado y la Veeduría Ciudadana, en la financiación de proyectos intensivos con utilización de mano de obra, lo mismo que en la financiación de actividades productivas, principalmente PYME y campesinas, a través de entidades de redescuento, con tasas blandas de interés. Una decisión de esta naturaleza no es inflacionaria, su impacto se concentra en el aprovechamiento de recursos subutilizados: mano de obra, capacidad instalada de la industria y tierra no cultivada.
  • En oposición a lo propuesto por el Gobierno nacional, eliminar todas las disposiciones legales vigentes o en proyecto, que afecten la estabilidad laboral, la seguridad de los pensionados y la organización de los trabajadores, sus ingresos salariales y a instituciones de servicios como Cajas de Compensación, SENA e ICBF.
  • Erradicar la utilización perversa de formas de contratación indirecta, tales como Empresas temporales, contratistas y Cooperativas de Trabajo Asociado, por parte de empresarios inescrupulosos o de entidades del Gobierno para eludir sus responsabilidades laborales.
  • Proteger selectivamente el comercio exterior, tal como lo están haciendo varios países de América Latina
  • Adoptar la jornada laboral de 40 horas semanales y suprimir las horas extras, sin que esto signifique reducción salarial.
  • En lugar de incurrir en nuevos créditos externos agenciar, ante los organismos financieros internacionales y banca multilateral, el alivio o renegociación de la deuda pública externa como un aporte al proceso de paz.
  • Reducción substancial de las tasas de interés de colocación, de los márgenes de intermediación y de costos financieros en general.
  • Montar programas de créditos de fomento blandos, estímulos tributarios y asistencia técnica a las PYME, sector solidario, campesinos y pequeños productores en general.
  • Estímulo decisivo al sector de la construcción, particularmente a la vivienda de interés social. Destrabar, en el sector financiero, los créditos para la construcción e industrias afines.
  • Acelerar el proceso de negociación política para garantizar la paz y de esta forma liberar recursos para el desarrollo económico y social y para reintegrar a los campesinos desplazados a sus lugares de origen y desarrollar, en forma inmediata, programas integrales de producción.
  • Suspensión inmediata de la fumigación de cultivos por aspersión aérea.
  • Restitución inmediata al campesinado, pequeños productores urbanos y propietarios residenciales de las propiedades "arrebatadas" por el sector financiero.
  • Promover programas especiales de empleo para mujeres jefes de hogar y para jóvenes de hogares pobres; de retención estudiantil y de erradicación del trabajo infantil.
  • Programas de capacitación y readaptación laboral para desempleados, cesantes públicos y privados y al sector informal.
  • Establecer Zonas Productoras de Paz en las regiones más afectadas por la guerra, mediante dotación de infraestructura física y social, acceso a la tierra, crédito e inversión productiva, capacitación y asistencia técnica, proyectos específicos y mercadeo, con la vigencia plena de la legislación laboral y bajo formas de economía solidaria.
  • Programas de fomento y estímulo al sector de la construcción de vivienda de interés social a través de instituciones sociales y las cajas de compensación familiar.
  • Desarrollo de programas agrarios que contemplen asesoría, asistencia técnica, comercialización, desarrollo tecnológico, subsidios directos para la producción de ciertos productos agrícolas y mejoramiento de la productividad y competitividad del agro.
  • Desarrollo de programas de estímulo al sector turismo (hoteles, agencias, restaurantes y otros prestadores de servicios), con enfoque de turismo social integrado a los componentes ambientales, culturales y de desarrollo local.
  • Entrega a los campesinos, a través de sus organizaciones, de los predios incautados al narcotráfico.
  • Desarrollo de programas de ampliación, rehabilitación y construcción de sistemas de agua potable y saneamiento básico, con participación de los departamentos y municipios a través del Fondo Nacional de Regalías.
  • Repatriación y reinversión de capital en las empresas actuales o en nuevos proyectos empresariales, para ampliar la base productiva y la generación de nuevos puestos de trabajo.
  • Cofinanciación entre el sector público, las administraciones municipales y el sector privado, de programas de becas escolares para niños y niñas ubicados en el estrato socioeconómico uno.
  • Utilización de la infraestructura ociosa y/o subutilizada para la construcción de vivienda de interés social, centros comerciales, mercados públicos y parques recreativos, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y los planes de desarrollo local.
  • Privilegiar la compra de productos nacionales.
  • Creación del Fondo Nacional para la Generación de Empleo, el cual podría ser administrado por las Cajas de Compensación Familiar, bajo la vigilancia y control del Estado, así:
    • La Totalidad de los recaudos del cuatro por mil.
    • El 1% de los recursos del presupuesto nacional.
    • El 5% de quienes devenguen de más de 20 salarios mínimos legales vigentes.
    • El 2% de quienes devenguen entre 10 y 19 salarios mínimos legales vigentes.
    • El 1% de quienes devenguen entre 5 y 9 salarios mínimos legales vigentes.
    • El 0.5% de quienes devenguen entre 3 y 4 salarios mínimos legales vigentes.
    • El 10% de los recaudos de la sobretasa a la gasolina.
    • El 10% de los recaudos del IVA.
    • Las empresas tanto del sector público como privado, contribuirán con una suma igual a la de los trabajadores en todos los niveles.

Política salarial 2008

En el escenario del Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales debemos abordar todo lo relacionado con la definición de la política salarial que tendrá vigencia a partir del 1º de enero del año 2008, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

Salario Mínimo Legal: Este debe incrementarse en cinco (5) puntos por encima de la inflación causada en el año 2007, en la perspectiva que algún día este sea suficiente para alcanzar el costo de la canasta familiar básica.

Salarios Sector Público: Debe crearse una mesa de Negociación de Salarios para todos los trabajadores del estado, incluidas las fuerzas armadas y de policía constituida por las Confederaciones CGT, CTC, CUT, CPC, las Federaciones Estatales UNETE, FECODE, FENASER, FENALTRASE y los Ministerios de Protección Social, Hacienda y demás instituciones que el gobierno considere conveniente deben estar.

Alza General de Salarios: Atendiendo el precepto constitucional sobre el carácter vital y móvil del salario, es indispensable instar al sector empresarial en todos los niveles para que incrementen los salarios de sus trabajadores entre otras razones porque la forma más justa de distribuir ingreso y dinamizar la economía colombiana por la vía de incrementar el consumo de hogares, a mayor demanda mayor producción y mejor desarrollo del aparato productivo.

No sobra estudiar en la Comisión Permanente de Concertación, la adopción de medidas que blinden los salarios de la CLASE TRABAJADORA y eviten los fenómenos de especulación que por esta época se generan.

En estas condiciones, la CGT deja en manos del señor Presidente, de su Consejo de Ministros, del Congreso de la República, de los Medios de Comunicación, de las Iglesias, de las ONGs y de todo el pueblo colombiano sus preocupaciones y propuestas básicas como un medio indispensable para la construcción de caminos de paz.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle.

COMITÉ EJECUTIVO

Copia: Gabinete de Ministros, Senado de la República, Cámara de Representantes, Organización Internacional del Trabajo OIT, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Comisión de Conciliación Nacional, Iglesia, Confederación Sindical Internacional CSI, Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT, Organización Regional Interamericana del Trabajo ORIT, Central Unitaria de Trabajadores CUT, confederación de Trabajadores de Colombia CTC, Confederación de Pensionados de Colombia CPC, ACOPI, ANDI, FENALCO, SAC, FEDEGAN, Partidos Políticos, Medios de Comunicación, Cajas de Compensación Familiar, ONGs de Derechos Humanos - Red Nacional e Internacional y Opinión Pública en General.

(*) Secretario General y Secretario General Adjunto de la CGT-Colombia.

El presente material se publica en Rebanadas por gentileza de Julio Roberto Gómez Esguerra, Secretario General.

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