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CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) - COLOMBIA / Web

Estado, participación y sociedad civil

Por Julio Roberto Gómez Esguerra, Secretario General de la CGT, Presidente Adjunto de la CSA y Vicepresidente de la UTAL

Rebanadas de Realidad - CGT, Bogotá, 20/08/09.- En anteriores escritos hemos llamado la atención sobre el sindicalismo, la sociedad civil y la participación, en esta ocasión, la intención es referirnos a la participación y la sociedad civil en contextos y/o en relación con el Estado.

La expresión Estado Demoliberal, se inicia en 1668 con el triunfo de la Revolución Inglesa sobre Jacobo Segundo, abriéndose paso la Monarquía Parlamentaria, esto es, el poder de la Monarquía en el Parlamento.

El Parlamento adoptó un documento llamado Bill Of Rights que se considera precedente para sucesivas declaraciones de derechos que surgen a partir de allí; marca el fin del derecho divino para gobernar y se inicia el poder parlamentario para legislar y celebrar elecciones libres.

Cien años después vino la Revolución Francesa contra una sociedad instalada en prerrogativas exclusivas para el alto clero y la aristocracia, así se dio paso a sucesos como la ejecución de Luís XVI y María Antonieta, la declaración de los derechos del hombre, la declaración de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y el Golpe de Estado dado por Napoleón Bonaparte concluyendo la etapa histórica conocida como la revolución Francesa.

El 4 de julio de 1776 el Congreso de Filadelfia, declaró la independencia de Estados Unidos, entonces se dijo: "Todos los hombres son creados iguales (…) dotados de ciertos derechos inalienables (…) y cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla", algo similar habían dicho pocos días antes los representantes de Virginia.

Hasta aquí, solo aparecen aspiraciones a que se respeten unos derechos naturales e individuales y al Estado no se le menciona como el hacedor del bien común y el responsable de lo que ocurra con los derechos económicos, sociales y culturales, desde luego, tampoco aparece aún el derecho fundamental para el sindicalismo, el derecho de asociación.

Es en el siglo XIX cuando Marxismo e Iglesia se refieren en profundidad a lo social, -Manifiesto Comunista, 1848 y Encíclica Rerum Novarum, 1891, muchos otros pronunciamientos de la Iglesia conocimos en el siglo XX en pro de que el Estado cumpla con un rol protector de la persona ante los poderes de las fuerzas económicas privadas, tal vez debamos leer con todo detenimiento la Encíclica sobre el Trabajo Humano de SS Juan Pablo II y Laborem Exercens.

Todas estas presiones y las crisis del 29 y los años 30, llevaron a Lord Keynes a cuestionar los postulados económicos que hasta el momento imperaban inspirados en las tesis de Adam Smith, según las cuales " el trabajo es la fuente de las riquezas, pero su valor como el de cualquier mercancía, lo determina la oferta y la demanda, lo que hace que el comercio -incluyendo el trabajo- debe ser absolutamente libre y fundamentarse en el principio de la libre competencia.

Keynes propuso que los gobiernos son los que deben promover el pleno empleo de la mano de obra, redistribuyendo la renta para que el poder adquisitivo se incremente en proporción al desarrollo de los medios de producción, estos son el conjunto de objetos y medios de trabajo utilizados en el proceso de producción material, su nivel y grado de desarrollo dan la medida para determinar el desarrollo de las fuerzas productivas.

Estos criterios se impusieron en occidente, propiciándose la intervención Estatal reguladora de la economía. El sindicalismo en el que crecimos, se inserta en los marcos del Estado Interventor.

En los años 80, gobiernos neoconservadores inspirados en ideólogos de ultraderecha decidieron que el Estado no debe intervenir porque lo que ocurre en el mundo nosotros no podemos manejarlo, para ellos, hay que volver a la mano invisible, al mercado sin regulaciones, a la libre competencia que se da entre los productos más que entre los hombres, hay que hacer flexibilidades laborales que se ajusten a las necesidades de las empresas para asegurar el crecimiento y la superioridad de lo privado sobre lo público y para lograrlo hay que desarticular fuerzas sociales, entre ellas principalmente los sindicatos tal como lo hemos constatado a lo largo de los últimos 30 años, avezados neoliberales inician el desmonte de la función social del Estado con la tesis de que el libre mercado todo lo solucionaría, sin embargo hoy todos reclaman la intervención del Estado.

Estado Social de Derecho

La idea de Estado Social de Derecho es de Herman Heller, tratadista de teoría política del Estado y militante socialdemócrata, Heller quiere sacar al Estado del positivismo jurídico encubridor de intereses de clases dominantes, clama porque el Estado de Derecho deje de funcionar simplemente como defensor de una especie de feudalismo económico que predica la igualdad sin importar si existen las condiciones para disfrutarla y pase a ser Estado Social de Derecho, dándole unos contenidos económicos y sociales en marcos de un nuevo orden laboral y de distribución.

Constitucionalmente el Estado Social nace en la Constitución Alemana en 1949, aunque lo social ya estaba en la Constitución Mexicana desde 1917. El valor de la expresión social estriba en que la organización política está obligada a garantizar materialmente los principios de dignidad humana e igualdad de oportunidades; se deben crear las instituciones, los programas y destinar los presupuestos para hacer realidad la justicia social promoviendo la inclusión y la participación de los grupos más vulnerables y en desventaja.

Solo después de 4 siglos de evolución del Estado Demoliberal hemos llegado al punto en que las constituciones modernas contemplan lo social.

Las tesis constitucionales se han hecho impracticables porque derechas neoconservadoras han implantado el modelo neoliberal y consiguieron postergar no sabemos hasta cuando, la llegada real del Estado Social de Derecho y han impuesto una suerte de individualismo asocial propiciador de competencias salvajes dejando sin espacios conceptos como la cooperación y la solidaridad, se ocuparon de hacer negocios tales que los ingresos de los pobres y las clases medias han pasado a distribuirse entre los ricos mediante diversos mecanismos como los utilizados en la actual llamada crisis hipotecaria en la que el dinero que recolectaron no se fue a la producción sino a la especulación, grandes volúmenes de capital fueron acaparados por grupos financieros mientras la llamada economía real se estancó, la consecuencia, nuevos contingentes en la miseria por el desempleo.

Los derechos de segunda generación no llegaron a ser reales y hoy son meras abstracciones o derechos proyecto, han armado una nueva legalidad laboral y económica desbaratando la existente en procesos cuestionados por opositores de diferentes tendencias, frente a semejantes asaltos a las constituciones, sociedades civiles o sectores de ellas y organismos internacionales estamos en mora de ofrecer respuestas más contundentes, sobre todo ahora que aún no lo han desmontado todo, pues quedan estructuras jurídicas internas e internacionales que favorecen opciones para los más débiles.

Las clases dominantes se transnacionalizaron y neoliberalizaron los principios rectores del Estado Social de Derecho transfomándolo en Estado destructor de derechos y mediante presiones políticas y extorsiones le hacen obedecer mandatos del BM, el FMI, el BID y la y OMC, empero, varios Estados de América Latina hacen esfuerzos por colocar en sus dietarios otros caminos para el desarrollo como derecho síntesis, buscando retomar la iniciativa principalmente en lo económico y social, el sindicalismo se asocia a estas aspiraciones de consolidar una nueva América Latina, así lo reclamó históricamente el Movimiento de los Trabajadores y esa sigue siendo nuestra búsqueda ahora en la CSA.

En constituciones como la Colombiana, la de 1991, se cuenta al menos teóricamente con un Estado Social de Derecho que para efectos de su organización y funcionamiento, se divide en cuatro poderes:

  • Legislativo o Congreso dividido en dos cámaras,
  • Ejecutivo o Gobierno o Administración,
  • El Judicial, y,
  • Los Órganos de Control y Vigilancia:

Esta es la Institucionalidad Estatal que en el nivel Nacional debe responsabilizarse de legislar, gobernar, hacer justicia y vigilar para que las sociedades civiles convivan en la diversidad y la pluralidad.

En los niveles locales contamos para la Administración con Asambleas y Gobernadores, Consejos y Alcaldes. También con Tribunales y jueces nacionales que funcionan territorialmente y Órganos de Control y Vigilancia; no existe Poder Legislativo local.

Crecimos con vigencia de la Constitución Política de 1886, pero es bueno recordar algunas reformas a esa carta: la de 1936 que definió la intervención del Estado asignándole a la propiedad función social, el trabajo como obligación social que goza de especial protección del Estado, la intervención en la educación, razones que nos indican que desde entonces se pensó en un Estado Social; los hechos posteriores nos demostraron las grandes dificultades que siempre se le atraviesan a este propósito. Con la reforma de 1954 en el Gobierno de Rojas Pinilla, la Asamblea Nacional Constituyente otorga los derechos políticos a la mujer

La mayoría de este aparato Estatal en manos de neoliberales ha desarticulado la constitución para favorecer intereses privados, ha despolitizado las relaciones sociales, ha separado lo económico de lo político, le ha otorgado al mercado la competencia en organizar quien es viable a sus propósitos y quien no, incluso desacoplando fuerzas sociales minimizándolas al máximo posible y ahí estamos los sindicatos.

El Estado Social de Derecho ha cedido terrenos enormes al Estado Neoliberal, entregándole sus funciones a la mano invisible del mercado para que sea ella la que planifique, medie, redistribuya y se encargue del cómo viven las personas; toda esa estructura de poder público protege el libre juego del mercado suprimiendo la participación y la politización devaluando las fuerzas laborales. El nuevo lenguaje consiste en que el capital tiene necesidades y frente a ellas, el sindicalismo debe moderar sus exigencias y deponer de sus acciones lo político, limitándose a mirar sin inmutarse la marcha "natural" de la acumulación, impulsada fundamentalmente con su preferida herramienta, los TLC que recogen en sus contenidos todos los elementos estratégicos de la economía para ponerlos al servicio del capital financiero externo y de las multinacionales.

Es importante tener en cuenta que la oposición del sindicalismo a los TLC, no es una cuestión táctica sino que más bien se fundamenta en las cuestiones del pasado, en donde los procesos oportunistas de nuestras economías colapsaron nuestros endebles aparatos productivos con graves repercusiones en el empleo y en la calidad de vida de nuestras poblaciones. La oposición a un TLC entre un país en vía de desarrollo y un país industrialmente desarrollado no es ideológica, de lo que se trata es de la asimetría económica entre las partes, no se trata pues de una oposición a ultranza, ni perse, si mañana se puede convenir un tratado que respete a las partes, entonces el marco será distinto

Observen cómo en los planes de desarrollo solamente revisando el tema educación pública superior, cuando antes era para la inversión social enfocada a preparar personas con capacidad para resolver problemas de la sociedad, se ha pasado prácticamente a que la educación sirva ahora para entrenar recurso humano que atienda las necesidades del mercado.

El Estado Social de Derecho es aquel que cumple su misión de satisfacer el interés general sin limitarse a "rendir cuentas", es aquel que no es instrumento de la dictadura del mercado y que genera opciones de participación activa, sin escudarse en que no puede ampliar la democracia social y económica porque diversos factores no se lo permiten.

Los sindicalistas queremos ese Estado que no se declare "convenientemente" incompetente cuando algo no funciona y acude como único recurso a llamar al mercado para que asuma las funciones que la sociedad le confió, queremos que el Estado no se aparezca ante la opinión pública diciéndole que él mismo debe desaparecer o ser vendido porque es un inepto o porque no sabe qué hacer ante las mil caras de la corrupción.

Queremos al Estado Social de derecho en el que los cuatro poderes funcionen con independencia, sin que uno de ellos manipule o amenace a los otros para obtener los propósitos del mercado.

Neogolpes de Estado

El momento es oportuno para referirse a la moda utilizada por el Neoliberalismo para retomar el poder cuando gobiernos elegidos popularmente no responden a las aspiraciones del mercado.

Es claro que quienes están interesados en que el mercado gobierne, son los dueños del mercado; cuando un gobernante elegido popularmente orienta los actos gubernamentales en sentido contrario, las élites económicas estudian varias vías para deshacerse de ese inconveniente; uno de esos caminos es el golpe de Estado para cambiar personas, partidos y programas.

Veamos tres casos Latinoamericanos: Cuando se pretendió el golpe contra el Presidente Venezolano, los golpistas no quisieron o no pudieron sacar del país al mandatario Hugo Chávez, lo cual facilitó su regreso al poder. En el caso de Haití, se depuso al Presidente Arístides y se le envió al África, lo que facilitó las intenciones de los usurpadores. El más reciente caso, el de Honduras, el Presidente Zelaya fue enviado a Costa Rica, pero no han prosperado las peticiones formales de toda clase de instituciones exigiendo la restitución del orden Constitucional.

Lo que es claro en los tres casos es que las derechas neoliberales se asocian internacionalmente para acabar con procesos de reformas económicas y políticas impulsadas con mandatos legales y/o constitucionales que impiden a minorías privilegiadas seguir detentando un poder que les entrega todos los privilegios en detrimento de las condiciones de vida para mayorías siempre vulneradas en sus derechos más elementales.

Estos golpes tienen como propósito implantar marcos jurídicos que permitan obedecer decisiones de multinacionales emparentadas con socios locales, así sea necesario volver a viejas doctrinas de la seguridad nacional e impedir que sectores democráticos mediante el uso de las libertades de expresión, creen conciencia de pluralismo, convivencia en diversidad, participación y oportunidades para los que nunca las han tenido.

La Participación y la Sociedad Civil

Es necesario decir que son muchos los imaginarios de los sindicalistas sobre el significado de la expresión sociedad civil, porque involucra una gran masa de actores desiguales y con disímiles intereses, en su seno hay movimientos populares, culturales, de génesis religiosa, gente de la agricultura, consumidores y toda clase de organizaciones en las que uno participa según la vocación o función que cumpla en la vida, lo que se aprecia son variadas clasificaciones de sectores sociales que pueden hallarse en un concepto de sociedad civil.

Si revisamos autores que han conceptualizado este tema, encontramos que:

  • Hegel la concibe como esfera diferente del Estado, incluyendo lo económico y lo asociativo.
  • El Marxismo la ubica en la base económica del mercado y la producción
  • Alexis Vizconde de Tocqueville le otorga dimensión asociativa con finalidades en el mantenimiento de la democracia, y,
  • Gramsci separa la sociedad del Mercado y del Estado encontrándola como espacio de discusión y generación de consensos políticos.

Modernamente, Habermas y otros, hacen tres precisiones importantes para entender el espíritu de este tema: Existen tres ámbitos para comprender la sociedad civil, el Público-Estatal o Sociedad Política; el Público no Estatal o Sociedad Civil, y, el de la Familia y el Mercado o ámbito privado.

Un análisis más detenido con esos elementos nos permitirá clarificar qué es la sociedad civil - invito a quienes quieran enviarnos sus opiniones-En anexo, breve referencia a los autores citados.

En la Constitución Política se incluyó la participación de la sociedad civil, pero se cuidaron mucho de propiciar una cultura que la sustente. Sobre el tema participación y sociedad civil ya hemos hecho alusión en anterior escrito.

Es la Sociedad Civil la interesada en participar en la estructura del poder, pero la sociedad civil está segmentada en visiones, en ideologías y en conceptos sobre lo que significa participar; para nosotros los sindicalistas, participar es una capacidad y una práctica ejercitable como atributo natural al servicio de nuestro desarrollo integral, por tanto, hace parte de nuestros valores espirituales y materiales; lo que necesitamos es conceptuarla como valor y como norma, elaborarla, transmitirla y comprometerla como una subcultura concordante con las criterios de un Estado Social de Derecho.

Al Estado Neoliberal le atrae una sociedad civil antiestatista que le preste servicios legitimadores de su proyecto y no le gusta una sociedad civil con cultura de participación activa, a ese tipo de Estado le sirven unas comunidades que se inserten en programas de participación pasiva, que acepten algunos beneficios a cambio de despolitizarse y no cuestionar; los sindicalistas con las luchas diarias, hacemos participación activa para más vigor social y para combatir las causas y efectos de un modelo neoliberal que hemos venido soportando, aspiramos a participar en todo aquello que nos afecta y que son casi todas las decisiones que el Mercado impone de consuno con el Estado Neoliberal.

Los sindicatos somos vectores de tejido social con capacidad para participar en decisiones Institucionales, nosotros estamos obligados a avivar políticas sociales porque tenemos la condición de movimiento con vocería para hacer llegar a los centros de poder las esperanzas de quienes no pueden hacerse escuchar, contamos con cauces de comunicación así como de sentimiento de pertenencia a la clase trabajadora siempre dispuesta a participar en el mantenimiento y desarrollo de todo lo que hemos ayudado a construir

En términos concretos queremos un Estado que sea verdadera sociedad jurídico-política como creación que es de la sociedad civil, que se exprese con los poder que lo conforman llevando a lo más alto de sus agendas el interés público basándose en la Constitución política. Al Estado hay que volverlo a la economía social, solo una sociedad civil participativa acabará con las exclusiones y logrará que los bienes provenientes de la producción sean equitativamente distribuidos.

En la constante neoliberal por hacer regresivos nuestros derechos, entre ellos el de participación, la sociedad civil se ha debilitado en cantidad y calidad organizativa y en la capacidad de incidir con iniciativas políticas, ha perdido aprecio por lo público, se ha alejado de los debates y las ideas y gran porción de ella ha sido capturada por idearios propensos a las avideces del mercado. Vale recordar cómo cuando la sociedad civil se posiciona obtiene logros importantes, caso Colombiano cuando se votó contra un referendo que pretendía acabar con los organismos de Control y Vigilancia -Personerías y Contralorías-, o en aquellos países en donde el posicionamiento de la sociedad civil se ha opuesto a la privatización de lo público, casos concretos de Uruguay y Puerto Rico, entre otros.

Contextualicemos la participación entendiendo que para su ejercicio somos actores identificados por intereses, deseos y necesidades, que contamos con unos medios y vamos tras unos objetivos a realizar en múltiples escenarios familiares, laborales, en seguridad social, educación, vivienda, deportivos, estudiantiles, de género, culturales, etc., la participación pasa por las normas jurídicas existentes en cada una de estas materias, pero requiere acciones y decisiones que debemos programar para su eficacia pues la experiencia nos enseña que los gobiernos la limitan en tanto les es posible hacerlo.

Estado y Responsabilidad Sindical

El sindicalismo continúa siendo actividad riesgosa, a muchos se les intimida, se les despide, se les margina se les amenaza y muchos pagan con sus vidas el dedicarse a lo que en su fuero interno consideraron una causa legal y de vocación.

El Estado, quedó dicho, surgió de la sociedad civil, no podemos permitir que se vuelva contra ella o contra una parte de ella, simplemente porque disiente o se opone a injusticias cometidas unas veces con medidas jurídicas otras veces con persecuciones, seguimientos ilegales, señalamientos y hasta con crímenes que se quedan sin investigar; qué lejos estamos de lo que pregonaron los liberales de la Ilustración cuando le dijeron al mundo que los problemas se arreglan con el uso de la razón, con la aplicación de los principios de libertad e igualdad y con gobiernos dedicados a servir al pueblo.

Pensando en un sindicalismo funcionando en un Estado Social de Derecho, nos corresponde velar por la Responsabilidad Social Empresarial. Las empresas se han hecho con nuestro trabajo, su razón de ser está en la sociedad, en lo colectivo y no en lo individual, hay regulaciones nacionales e internacionales que debemos conocer, se nos han otorgado derechos sociales de protección no solo como trabajadores, sino que van más allá, al medio ambiente, a la comunidad, al consumidor, en síntesis la RSE es también un asunto relativo a los Derechos Humanos aunque las empresas son por naturaleza, dice la OIT, órganos económicos especializados con tareas diferentes de las del Estado.

Los sindicatos debemos presionar al Estado para que se nos garantice el ejercicio de nuestros derechos y quehaceres, demandar informaciones, consultas, generar iniciativas, hacer concertaciones, pedir garantías para nuestras iniciativas, tomar nuestras decisiones y gestionar asuntos; cada sindicato debe ser una fuente de pensamiento y acción participativa.

Debemos recordar también que desde 1919 se fundó la OIT, único organismo tripartito del sistema de Naciones Unidas y aprovechar esta ocasión para llamar la atención del mundo sindical para que participemos en el estudio de uno de sus documentos que hoy frente al neoliberalismo multinacional, cobra vigencia: La Declaración Tripartita de Principios sobre Las empresas multinacionales y la política social, adoptada por el Consejo de Administración el 16 de noviembre de 1977 y comparar con los términos en que fueron elaborados los TLC, para elevar una controversia internacional que arroje más luces sobre el significado y alcances de uno y otro documento.

Anexo cuadro preparado por la propia OIT en marzo de 2009, contentivo de las consecuencias potenciales que la promoción de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales tienen para la organización. (Nota de Rebanadas: solicitarlo al correo)

Autores consultados:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 1770 - 1831 : Filósofo Alemán, considerado gran metafísico, de formación Protestante; creador del sistema de la dialéctica en sus tres momentos -tésis, antitesis y síntesis-, en sus Filosofía del Derecho presenta su versión de Sociedad Civil.

Alexis Henry Charles de Cléral, Vizconde de Tocqueville: 1805 - 1859 : Francia; Jurista, Político, ideólogo del liberalismo; en su obra " La democracia en América" expone su concepto de Sociedad Civil.

Antonio Gramsci: 1891 - 1937 :Político y Filósofo Italiano, escribe en sus Cuadernos desde la cárcel, entre otros temas sobre partidos políticos, los intelectuales, clases subalternas, Economicismo, y, Sociedad Civil; de formación Marxista.

Jurgen Habermas: 1929 : Alemán, Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales 2003. Estudioso de Filosofía, Historia, economía, entre otras áreas del Conocimiento. Entre su abundante producción se cuenta Teoría Critica de la Sociedad, Historia y Crítica de la Opinión Pública, La Lógica de las Ciencias Sociales.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Nancy Güiza Acevedo, Asistente de la CGT Colombia.