| Bufete de Informaciones Especiales y Noticias |
| ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CICoP) | ||||
| CICoP denuncia: | ||||
| La crisis de los sistemas de salud dependientes de municipios bonaerenses sigue sin solucionarse | ||||
Rebanadas de Realidad - CICOP-CTA, Buenos Aires, 08/06/06.- Las políticas sanitarias que comienzan a aplicarse a partir de la dictadura y que tuvieron continuidad durante los 90 tuvieron entre sus principales objetivos la fragmentación del sistema de salud pública de nuestro país. Con el argumento falaz de "acercar a la gente el lugar de la toma de decisiones" y en el nombre de la eficiencia (siempre entendida como reducción de la inversión estatal en políticas sociales lo que en la práctica implicó una redistribución regresiva del ingreso) se promovió el traspaso de los hospitales nacionales a las provincias y de éstas a los municipios. En términos generales ese traspaso de responsabilidades no se acompañó de un traspaso de recursos desde los niveles centrales hacia los niveles locales. Y en los casos en que eso sí se produjo (vía coparticipación, por ejemplo), no hubo ningún mecanismo de control que asegurara que los fondos destinados a salud pública no terminaran derivándose a sostener los nidos de corrupción y clientelismo en que se han transformado la gran mayoría de los municipios bonaerenses o, en su defecto, al financiamiento espurio de los aparatos políticos que los controlan. La fragmentación del sistema tuvo un claro objetivo político: habiendo tomado nota los propulsores de las reformas de signo neoliberal (FMI, BANCO MUNDIAL, BID y sus representantes locales) de que la resistencia organizada de los trabajadores del sector era uno de los principales obstáculos para la implementación de las reformas, fragmentar a ese actor social y debilitar su capacidad de resistencia era uno de los principales objetivos a alcanzar. A partir de allí era posible comenzar a avanzar en las reformas allí donde la resistencia estuviera suficientemente debilitada. Es justamente en el nivel municipal del sistema público de salud donde más han avanzado las políticas de precarización laboral, vaciamiento, arancelamiento y privatización. Es en ese nivel donde el acceso a la salud se convierte muchas veces en una herramienta más de control social por la vía del más abyecto clientelismo político. Es en ese nivel donde menos se respetan la dignidad y los derechos laborales de los trabajadores de la salud, en particular de los profesionales, sometidos al autoritarismo, al maltrato, a condiciones de trabajo propias de la esclavitud. Hay municipios donde los profesionales trabajan ad-honorem, bajo contratos de las cooperadoras o mediante contratos de locación de obra. Una de las contrapartidas para la población, allí donde la mayor parte de las prácticas se hallan "aranceladas", es que sólo se atiende el que puede pagar el bono de cooperadora. Pero aun en aquellos municipios en que la atención sigue siendo "gratuita" desde un punto de vista formal, es cada vez mayor el aporte que deben hacer los mismos pacientes comprando de su bolsillo insumos, material descartable, placas radiográficas o los mismos medicamentos que se les indican pues los programas de suministro gratuito son siempre parciales (una de las consecuencias de las políticas focales) e insuficientes. El Remediar, que merecería un capítulo aparte es un buen ejemplo de ello, más allá del marketing y las cortinas de humo. En la mayoría de los municipios, estén o no adheridos a la Ley de Carrera Profesional de la Provincia, la relación laboral predominante es la precaria, bajo la forma de contratos o becas. El resultado: miles de profesionales trabajan sin estabilidad, sin vacaciones, sin percibir asignaciones familiares o aguinaldo y dejando de recibir su paga si tienen la mala suerte de enfermarse. En un mismo centro de salud hoy pueden coexistir cinco o seis modalidades de relación laboral distintas entre los profesionales. La razón fundamental para perpetuar la precarización laboral no es de índole económica sino política. La relación laboral precaria en un contexto general de desocupación se transforma en una herramienta de disciplinamiento y control social formidable. La autoridad de turno utiliza estas formas precarias de relación laboral para intentar aplastar todo intento de organización gremial y toda denuncia de la calamitosa situación que reina en las redes locales de "salud". Así se acallan las denuncias por carencias de los insumos más elementales o los negociados a través de los cuales los intendentes y sus "secretarios de salud" derivan los fondos que les niegan a los efectores públicos a sospechosos contratos con los mercaderes de la salud privada con los que muchas veces están emparentados. Los profesionales que trabajan en estas condiciones pagan muchas veces con su salud física y mental el precio de ejercer la tarea para la que se formaron: sufren afecciones cardíacas, contraen enfermedades infectocontagiosas, caen en el alcoholismo u otras formas de adicciones, se deprimen, se suicidan... A nadie parece importarle. Muchas veces son víctimas de la violencia social, sufriendo asaltos o robos en tránsito o en sus mismos lugares de trabajo. Y muchas veces también son los que ponen la cara (y aquí poner la cara no es una metáfora) cuando la población víctima de la deserción del estado explota y expresa su indignación: es raro que "cobren" los responsables de la falta de respuestas del sistema de salud ante la desesperación de una madre o un padre por las demoras en la atención cuando ven que su hijito se les muere. Los que reciben los golpes son muchas veces el médico o la enfermera. Las vacantes rara vez se cubren y cuando ello ocurre se hace a expensas de trabajo estable que viene siendo reemplazado sistemáticamente por más empleo precario, sea bajo la órbita de los mismos municipios, sea bajo modalidades precarias en el nivel provincial (Becarios, Seguro Público de Salud) o, más recientemente también desde el nivel nacional (Plan de Médicos Comunitarios). El impulsor de este último engendro precarizador (bajo la inspiración del Banco Mundial) no es otro que el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. El mismo que hace catorce años creara, desde la cartera provincial, las Becas de los Planes Materno-Infantil y Salud con el Pueblo, programas que periódicamente amenazan con hacer desaparecer sin que nadie aclare qué ocurrirá con los profesionales y otros trabajadores que vienen desarrollando tareas insustituibles en el primer nivel de atención bajo esas modalidades. Bajo las formas precarias de contratación antes descriptas, el salario ha pasado a ser una variable más de ajuste. En muchos municipios los salarios están muy por debajo de la línea de la pobreza rondando los $ 500 o $ 600 de bolsillo. Han sufrido no sólo los efectos de la devaluación y la inflación sino incluso rebajas nominales ¡En algunos hasta hay profesionales trabajando por un Plan Jefes y Jefas! Aun los municipios que tienen adhesión a la ley provincial se han negado sistemáticamente a aplicar las mejoras salariales obtenidas en el ámbito provincial desde febrero de 2004 con lo que en muchos casos los salarios no se modifican desde 1998. En Malvinas Argentinas o en San Miguel, en Lomas de Zamora, en Tigre o en Ensenada, en Moreno o en Tres de Febrero, en San Fernando o en Quilmes, por hablar solo del conurbano, porque las situaciones no son muy diferentes a las del interior de la provincia, cerca de trece mil profesionales enfrentan diariamente su trabajo en las condiciones más adversas, solo mitigadas por el grado de resistencia organizada que han logrado oponer a tanta arbitrariedad (en la mayoría de los casos tejiendo alianzas con las organizaciones sociales de su comunidad). Pero la batalla es desigual y el resultado es un deterioro creciente en la calidad de la respuesta que estos efectores brindan a la población, que es como siempre la más castigada: la que requeriría mejores y mayores prestaciones es la que peor atención recibe. Aquí se esconde una de las razones que explican un fenómeno que ha sido expuesto por distintas investigaciones: más del 30 % de los pacientes que se atienden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires provienen del conurbano bonaerense y las cifras trepan al 50% en algunos hospitales como el Ramos Mejía o al 60% en los hospitales pediátricos de la ciudad. Las autoridades de la provincia no pueden seguir escudándose en los principios de "autonomía" y "autarquía" municipal y desligándose de toda responsabilidad sobre esta calamitosa situación descargando las culpas en los intendentes. Esos principios no pueden estar por encima de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional. El gobierno de la provincia no puede seguir haciéndose el desentendido de su obligación de garantizar el Derecho a la Salud a toda la población y no puede permitir que sigan prosperando las condiciones salariales y laborales que se aplican en la gran mayoría de los municipios rayanas con la esclavitud. CICOP, junto a los Profesionales de la Salud que trabajan en los municipios bonaerenses ha exigido la constitución de una Mesa de Trabajo para abordar la problemática descripta, con participación de los Ministerios de Salud y Trabajo de la Provincia que apunte a:
El Acta suscripta el 3 de Mayo entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la CICOP reconoció explícitamente ese reclamo. Ahora es tiempo de ponerse a trabajar porque la situación no admite más demoras. | ||||
