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Lecciones

Por Ciro Annicchiarico (*)
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Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 26/09/06.- Desde que se recuperó la democracia en 1983 se han iniciado, y se continúan iniciando, numerosas investigaciones y procesos judiciales por crímenes y abusos de agentes del poder, en los que tanto las víctimas como los testigos han venido quedando expuestos a las amenazas, intimidaciones y represalias, muchas veces fatales, provenientes de las mismas corporaciones a las que pertenecían los autores de los delitos investigados.

Hoy, cuando gracias primero a la anulación de las leyes de impunidad por el Congreso, y luego la declaración de su inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, se han retomado las investigaciones y los juicios en todo el país por los delitos atroces y aberrantes cometidos por el poder de facto durante la última dictadura militar, con más de doscientos represores presos y una clara señal de que serán muchos más los genocidas a identificar y detener, y que la justicia por fin llegará, no pueden descartarse livianamente reacciones, represalias, venganzas, o inclusive algún hecho más grave aún.

Los esfuerzos del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales comprometidos con las investigaciones de hechos violatorios de los derechos humanos, tanto en el pasado como en el presente, pueden verse condicionados o frustrados por el accionar de grupos vinculados con el terrorismo de estado, o con los autores en general de esos delitos y de los abusos y violaciones sucedidos en el presente.

Si bien existe hoy una elogiable decisión política de sanear nuestros sistemas de defensa (Fuerzas Armadas) y de seguridad interior (los distintos sistemas policiales), en pos de lo cual se advierte un notable esfuerzo en relación a nuestras Fuerzas Armadas por un lado, y por otro por ejemplo en el sistema policial de la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que ese camino recién se ha iniciado, restando un largo proceso para lograr una real y efectiva adecuación de nuestros sistemas de defensa y de seguridad a un verdadero estado democrático y de derecho, con respeto real y con convicción por los derechos humanos.

Lo anterior se pone en evidencia precisamente en el caso del compañero Jorge Luís López que se encuentra desaparecido, trátese de una represalia por su declaración o del resultado de su situación anímica y psicológica, lo cierto es que no se advirtió que requería una particular contención. Tampoco fuimos previsores con nuestras Madres a las que golpearon, con nuestras casas a las que asaltaron para robar. Y también en el caso de la Masacre de Ingeniero Budge: es absolutamente inconcebible que dos ex miembros de la que fuera la Policía Bonaerense, que estuvieron estrechamente vinculados a la maldita policía de Camps y de Etchecolatz, hace nueve años que se mantienen prófugos de la justicia, nadie los puede encontrar. El sistema policial de la jurisdicción tampoco. Solo se logró la detención de uno de ellos, Jorge Alberto Miño, mediante una sutil y reservada labor de una unidad especial del Ministerio de Seguridad de la provincia, de la que no tenían conocimiento más que esa unidad, el fiscal de Lomas de Zamora y los abogados que intervenimos en el caso. El prófugo estaba en su casa, tomando mate. Supo perfectamente que no fue el sistema policial el que lo encontró, y nosotros, debo reconocerlo con total sinceridad, no tomamos ninguna precaución frente a esa realidad. Estamos en buena medida obnubilados por una peligrosa, y tal vez infantil, sensación de triunfalismo.

Este prófugo, una vez detenido, se sintió verdaderamente sorprendido, porque hasta ese momento contaba conque podía quedarse tranquilo en su propia casa. Y realmente lo estaba. Y alguien de su entorno reaccionó después como tal vez sea esperable que lo hagan muchos otros que jamás se imaginaron que la justicia llegaría.

El campo popular ha generado las condiciones para investigar y condenar hechos gravísimos violatorios de los derechos humanos, en los que por definición están involucrados agentes del poder, y en particular pertenecientes a los sistemas de defensa y de seguridad o policiales. Esas investigaciones pusieron de manifiesto el alto grado de exposición y de vulnerabilidad de las víctimas y de los testigos frente a aparatos que detentan el uso de la fuerza pública, sumado a una respuesta para nada satisfactoria por parte de los poderes judiciales, tanto nacional como provinciales, los que no han podido generar o aplicar adecuados y efectivos mecanismos para garantizar por un lado la efectiva sanción de las violaciones a los derechos humanos, y por otro la seguridad e integridad de las víctimas y de los testigos. El resultado es que éstos son así doblemente victimizados, y lo que se consagra es la impunidad y el consecuente fracaso del estado de derecho.

Resulta entonces verdaderamente incomprensible que estemos atravesando esta etapa, que puede considerarse de altísimo riesgo si se presta adecuada atención a las condiciones que se conjugan precedentemente indicadas, sin haber generado nosotros mismos desde los organismos de derechos humanos una red de contención, que complemente adecuada y eficazmente las falencias que todavía exhiben nuestros sistemas de seguridad y prevención, y nuestras administraciones de justicia.

Más incomprensible aún si tomamos en consideración la cantidad de atentados que venimos sufriendo desde que se han reanudado las investigaciones por los crímenes de la dictadura: amenazas telefónicas, atentados a las Madres de Plaza de Mayo, a Abuelas de Plaza de Mayo y a miembros de otros organismos, golpes a militantes, llamativos "robos" y sustracciones de equipos de computación, de discos rígidos, sitios de internet hackeados, etc.

En razón de ello, muy por el contrario a paralizarnos, cosa que nunca lograrán porque la rueda de la historia va para adelante, no para atrás, lo que debemos hacer es extraer una lección, prestar atención a la luz amarilla que se ha encendido y actuar inteligentemente, que esa es el arma más importante que nos diferencia de ellos. Numerosos testigos y víctimas de hechos atroces, cuyos nombres y domicilios pueden ser públicos, fácilmente individualizables, sabemos que serán en algún momento citados, o que son citados en estos momentos en numerosos juicios que hoy se llevan adelante en todo el país. Por lo tanto considero que lo que debemos hacer es prevenir, generar una red de contención de ellos entre todos los organismos, tomar por ejemplo adecuado registro sobre sus respectivas situaciones, sus condiciones, eventuales dificultades económicas para trasladarse, no dejar que se desplacen por sus propios medios, generar postas de acompañamiento, constatar su estado previo o posterior a sus declaraciones, si necesitan apoyo psicológico, antes o después, brindárselos o vincularlos con programas que actualmente se desarrollan en varios lugares, inclusive oficiales. Podemos por ejemplo generar listados por jurisdicción y ponerlos formal y públicamente en conocimiento de la autoridad policial y judicial de esa jurisdicción haciéndolos responsables, sin solicitar la implementación de nada especial, simplemente de los programas de asistencia a las víctimas y a los testigos actualmente vigentes conforme a las leyes procesales que rigen en casi todo el país. Y sería muy aconsejable convocar para este programa a la juventud de los organismos de derechos humanos, y a la juventud en general también, que se sienta convencida de que su única posibilidad de futuro, de progreso y de desarrollo, tanto personal como social, está en la consolidación de la democracia y del estado de derecho, y del respeto irrestricto a los derechos humanos y a su promoción. Inclusive hasta se lo puede pensar como un instrumento eficaz para recuperar de la exclusión a vastos sectores de nuestra juventud, de modo que se sientan socialmente integrados y partícipes de un proyecto común, no solo legal sino por completo noble. No tengo dudas que esta experiencia ayudará indirectamente a reconstruir sus identidades, sus pertenencias, les dará un sentido positivo a sus vidas y los recuperará de la vacuidad y el riesgo a que a grandes sectores de jóvenes los empujó este modelo de exclusión que todavía padecemos.

Entiendo que debe concebirse como un programa de prevención, complementario y de colaboración con la labor legal que les cabe a los organismos oficiales según sus respectivas competencias, e incluso complementario del programa de protección de testigos que acaba de impulsar el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, evitando caer en cualquier tipo de confrontación, o pretensión de sustituir la labor que les compete a las agencias del estado. Ello en la inteligencia de que a los organismos y funcionarios oficiales nunca debe dejar de exigírseles que cumplan con sus obligaciones naturales y con la ley, ya que no hay que dejar jamás abierta la posibilidad a una imputación de que se está pretendiendo arrogar funciones estatales, o que estamos "fuera de la ley": los que están fuera de la ley son los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones legales de prevención que sancionaron el Congreso o las legislaturas provinciales, que son los representante del pueblo.

Tal vez sea una propuesta ambiciosa, que será sin dudas corregida, completada o ampliada por la más valiosa opinión de los organismos de derechos humanos, los militantes sociales u otros especialistas que aportarán sus mejores criterios; pero creo que no es malo, sino por el contrario es bueno, que la ambición sea de consolidar y profundizar la democracia y el estado de derecho, el respeto por los derechos humanos, la protección de nuestras víctimas sobrevivientes y nuestros testigos, y que a su vez resulte funcional para recuperar para la sociedad una buena parte de nuestros jóvenes que han sido empujados a la exclusión y al vacío de objetivos en la vida.

Tenemos un capital enorme de experiencias durísimas que forjaron nuestra actual comprensión de la realidad, y el reconocido nivel de conciencia al que hemos llegado.

Son lecciones.

(*) Abogado penalista, ex concejal de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
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