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ARGENTINA

Una burbuja de la dictadura persiste hasta hoy: que no sea un Caballo de Troya

Por Ciro Annicchiarico (*) Correo

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 09/04/07.- Considero insoslayable y de urgencia plantearse seriamente la necesidad de proponer políticas claras y eficaces en torno al gravísimo problema que para la consolidación del estado de derecho y la democracia significan las fuerzas de seguridad interior, provinciales y federales. La evidencia de un estado calamitoso en todo el país lo exige. La muerte del docente Carlos Fuentealba en Neuquén es un lamentable caso más de cientos de abusos, hechos de corrupción y muertes.

Mientras que de algún modo la democracia ha podido encausar democráticamente a las fuerzas armadas, en estándares hoy aceptables de sumisión al estado de derecho a la luz de las prácticas que las caracterizaban hace treinta años -aunque por cierto insuficiente aún-, lo cierto es que los sistemas policiales y penitenciarios siguen actuando con un desprecio por los derechos esenciales de las personas equivalente a las épocas del terror. Es como si continuasen en una especie de burbuja de la dictadura persistente en el tiempo. Amenaza con ser un Caballo de Troya del proceso de cambio que anhelamos continuar.

Sabemos del honesto impulso del Gobierno Nacional, fundamentalmente del Presidente Kirchner, por modificar prácticas e impulsar una política integral de respeto por los derechos humanos, largo proceso que se ha comenzado a transitar, pero lo cierto es que en el enorme cúmulo de exigencias generales relacionadas con la macro política que convocan su presencia y atención a diario, hora a hora, estas cuestiones que hacen a las prácticas de las fuerzas de seguridad, quedan después relegadas a la atención de funcionarios de segundas y terceras líneas cuya confiabilidad en cuanto hace a una sincera y efectiva convicción y preocupación por el respeto a la dignidad humana, está seriamente en duda. Por lo menos si se consideran los hechos concretos que se contabilizan a diario.

Mensajes y directivas claras que se dan desde la Presidencia de la Nación, desde los Ministerios y las Secretarías de Estado con competencia específica, se diluyen después en la práctica cotidiana, en áreas inferiores y en jefes policiales y penitenciarios que en el llano no hacen otra cosa que continuar aplicando una lógica represiva, violenta, irrespetuosa de la condición de ciudadanos de los destinatarios, carentes casi por completo de capacitación negociadora, sumidos aún en muchísimos casos en hábitos de corrupción y corruptelas de todo tipo. En demasiados casos no producen desactivación de conflictos sino malos tratos, daños y muertes. En estas prácticas disfrazadas muchas veces de "falta de capacitación" se cuelan, dicho sea de paso, veladas acciones de oposición y sabotajes al gobierno nacional, que les resultan hoy viables. Es lógico, la mayoría son funcionarios, punteros y agentes que vienen de esas historias. La mayoría no pertenecieron al personal de la dictadura, es cierto, pero si a los que se cocinaron durante el Pacto de Olivos, el menemismo y el duhaldismo. O hace falta recordar las represiones y asesinatos sucedidos desde 1983 en adelante? O hace falta recordar que más allá de las críticas del infantilismo de izquierda lo cierto es que Kirchner y el modelo de gestión que impulsa son detestados por la derecha y los representantes del neoliberalismo y la represión de la dictadura en todas sus facetas?

En el marco de esas modalidades del pasado que persisten hoy, siguen siendo casi constantes en todo el país las prácticas brutales por parte de las policías en su actuación cotidiana, los golpes, palizas y agresiones en el "cumplimiento de su deber", aunque sea lícitamente ordenado por un juez, es la única forma de actuación que parecen entender como propia de su función. El abuso está presente en una proporción altísima. Las amenazas y aprietes a testigos en casos de violaciones a los derechos humanos son casi cotidianos. Las muertes por gatillo fácil, golpizas, prepotencia y graves malos tratos en general a toda persona que es sometida a un procedimiento policial, forma parte del paisaje de la actuación de las fuerzas de seguridad, forman parte de la cotidianidad en medida que va más allá de casos aislados. Las denuncias que se reciben en las áreas de gobierno vinculadas con estos temas, son diarias y permanentes. Y se percibe que la gente está harta de estos abusos.

Al mismo tiempo, en muchos casos los propios gobernantes y funcionarios locales parecen tolerar esas prácticas como aceptables, en un inconcebible repudio de la Constitución Nacional, no solo la vigente desde 1994, sino inclusive en los términos de la Constitución histórica cuyos principios respetuosos y garantes de los derechos esenciales de las personas ya regía desde 1853.

Por citar solo algunos ejemplos, se ha escuchado a gobernadores, frente a un motín carcelario -paradojalmente provocado por el propio maltrato de la autoridad- decir cosas inconcebibles como que "los presos no tienen derechos humanos", o afirmar demagogias como que "nosotros nos preocupamos por la seguridad de los buenos ciudadanos, no de los presos", o a funcionarios políticos del área negar el derecho a la opinión a personas privadas de libertad. Todo eso es ilegal, y a la vez claramente potenciador de conflictos y de futuras situaciones de inseguridad, que quienes las toleran al mismo tiempo tanto dicen pretender combatir. No demuestran otra cosa más que un profundo desconocimiento. La consternación es enorme: uno no se explica cómo es que llegaron a ocupar semejantes cargos.

Las corruptelas y los hechos de corrupción policial siguen siendo también moneda corriente en todos lados, el arreglo de sumarios a cambio de plata, la coima, el manejo del juego ilícito, la administración de bandas y banditas mediante la instauración de zonas liberadas, la estrecha vinculación entre la policía y las agencias de seguridad privada, que aparte de demostrar su absoluta inutilidad para prevenir el delito, como de esto ya hay pruebas elocuentes, no son otra cosa que una vasta red de inteligencia social puesta a disposición de la identificación de lugares propicios para organizar asaltos mediante la implementación de zonas liberadas, la trata de mujeres secuestradas para ingresarlas a redes de prostitución forzada, la prostitución infantil, el mantenimiento de redes de prostíbulos que son verdaderos centros clandestinos de secuestro de adolescentes pobres, los arreglos con punteros políticos locales, etc.

Este caldo pútrido sigue vigente hoy en todo el país, apenas tocados por reformas que por puras inconsecuencias parecen no terminar jamás de ir al grano. Esta es la verdadera inseguridad que padecemos, precisamente porque es en muy importante medida, aparte de la exclusión social, la causa de la inseguridad que padecen los ciudadanos a diario en las calles. Hoy, que tenemos un gobierno que consideramos popular y en el que participamos muchos militantes históricos y contemporáneos, del que forman parte sectores pertenecientes a organizaciones sociales, organismos no gubernamentales de derechos humanos, inclusive organizaciones piqueteras que se dispusieron racional y saludablemente a poner el hombro para el esfuerzo común de construir un proyecto nacional y popular que se considera propio, no obstante pareciera que no terminamos de darnos cuenta que quienes fueron el brazo armado del apriete de los gobiernos de las desapariciones forzadas y de la entrega, vaciados en el molde de la dictadura y del menemismo, es decir de la lógica de la represión y la muerte, siguen en lo suyo, y muchas veces amparados por políticos y políticas que deben ser puestos necesariamente bajo la lupa. Debemos exigir a nuestras dirigencias, a todas, cuanto antes, que este tema sea tomado urgentemente en serio, que sea puesto en la agenda nacional ya, porque las víctimas volvemos a ser nosotros.

Lo que serían capaces de hacer los Sobich, los Macri, los Romero, los López Murphi, los Blumberg, los De la Sota, y muchos otros, si es que llegan, ya lo sabemos, lo acabamos de ver en Neuquén. El problema radica en ver qué hace hoy el pueblo argentino que vuelve a ser agredido, qué hacemos nosotros que nos sentimos parte de esta gestión de gobierno, qué les exigimos a las autoridades a quienes en definitiva nosotros elegimos.

(*) Abogado penalista, ex concejal de Lomas de Zamora; integrante de Conciencia Al Sur (CONSUR), Grupo de Reflexión y Gestión.
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