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OPINIÓN - ARGENTINA

Francisco de Narvaez no puede tratar ni votar el proyecto de ley de medios de comunicación

Está legalmente obligado a excusarse.
Por Ciro Annicchiarico (*)

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 29/08/09.- La vigente ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (BO 1/11/99), hace que el Diputado Nacional Francisco De Narváez tenga la obligación de excusarse de intervenir en el tratamiento y votación del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que el Poder Ejecutivo acaba de remitir al Congreso de la Nación.

En efecto:

I.

La ley citada en su artículo 1º establece que sus disposiciones alcanzan a todas las personas que se desempeñen en la función pública, encontrándose comprendidos quienes ostenten cargos derivados de elección popular, como los diputados y los senadores nacionales.

Luego, conforme a lo previsto en su artículo 2, entre las obligaciones que establece la ley están las de desempeñarse en la función de buena fe, con honestidad y rectitud, velando en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular.

Como correlato de dichas reglas principales, el mismo artículo expresa que el funcionario no debe recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello.

Consecuente con esas reglas, la norma dispone que el funcionario alcanzado debe abstenerse de intervenir en el asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil. Una de esas causas, conforme al artículo 17 Inc. 2º del Código Procesal Civil de la Nación, es tener él o personas afines cercanas, interés personal en el tema.

La ley 25.188, en su artículo 13, prevé también los supuestos de conflictos de intereses, disponiendo que es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga, entre otras funciones previstas, la de control de tales concesiones, beneficios o actividades.

Debe por último tomarse en consideración que el artículo 3 de la misma Ley concluye que el respeto a lo establecido por ella es requisito para la permanencia en el cargo del funcionario alcanzado, bajo apercibimiento de sanción o remoción por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función. Y, por último, el artículo 17 prevé que la violación de dicha Ley traerá además aparejada la nulidad del acto realizado por el infractor.

II.

Es de conocimiento público que, entre otras actividades económicas, el Diputado Nacional Francisco De Narváez tiene intereses personales, de carácter económicos, en por lo menos -esto debería precisarse- el 50% de la empresa que controla al canal de televisión América TV. Aún cuando él ha argumentado en reiteradas oportunidades que "no gerencia" esa empresa, lo cierto es que sí lo hacen los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, relacionados económicamente con el nombrado Diputado, de modo que, directa o indirectamente, De Narváez ejerce control sobre una empresa mediática alcanzada en su regulación por el proyecto de ley. Todos esos supuestos, cualesquiera fueren, hacen que De Narváez se encuentre comprendido en los casos en los que la Ley 25.188 le prohíbe su intervención como funcionario público, específicamente como Diputado Nacional, en el tratamiento de un proyecto legislativo que implica regular aspectos que hacen a esa actividad.

De Narváez tiene intereses personales en el tratamiento de la ley, y está clarísimo que el sentido de su voto puede estar condicionado por el objetivo de asegurar beneficios personales, en conflicto con el interés público objeto del proyecto de ley. Por lo tanto se encuentra claramente alcanzado por la prohibición de intervenir. La buena fe, la rectitud en su proceder y el deber de privilegiar los intereses públicos por sobre los privados, exigidos por la ley vigente, así se lo imponen. De no observarlo, debería ser sancionado, removido del cargo, y anulado su voto. Por lo tanto debe excusarse de intervenir.

Cabe recordar por último que por Res. 17/00 del 7-1-00 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Oficina Anticorrupción será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley. (B.O. 10-01-00).

(*) Abogado penalista, ex concejal de Lomas de Zamora; integrante de Conciencia Al Sur (CONSUR), Grupo de Reflexión y Gestión.
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