Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
OPINIÓN - ARGENTINA

¿Es lícito para un medio de comunicación mentir y desinformar intencionalmente?

El daño social generado por la desinformación intencional ¿debe ser aceptado sin más, o asiste a la ciudadanía el derecho a denunciarlo?
Por Ciro Annicchiarico (*)

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 07/11/09.- Ya destaqué en anterior oportunidad, en un intento de conceptualización, que los medios masivos de "desinformación" casi siempre han representado a la más abyecta manipulación de la realidad en contra de los intereses del pueblo. La preocupación por dominar la palabra por parte de quienes detentaron, en todas las épocas, el poder concentrado, los privilegios de las minorías privilegiadas, amigas a la vez de dictaduras sangrientas, fue y es una constante en nuestra historia.

El fenómeno está lamentablemente difundido en toda Latinoamérica. Son ejemplos de ellos el Grupo Clarín y Grupo Uno de De Narváez en Argentina, el Grupo del Diario El Mercurio en Chile, la Red Globo en Brasil, Televisa en México, Prisa de España, etc. Cuatro o cinco empresas dedicadas al monopolio de la información excluyen del ejercicio de la palabra y del derecho a la información libre, cabal, veraz e independiente, a la inmensa mayoría del pueblo, que se entera o no de las cosas según si quieren o no esos medios. Y si se enteran, lo es según el barniz con que deciden arbitrariamente pintarlo.

Más allá de la formalidad de diversos sellos empresarios con los que pretenden mostrar "diversidad", en realidad expresan un único discurso, acertadamente calificado de "discurso en cadena de los monopolios". Al mismo tiempo, aparecen siempre conspirando, de manera sistemática, contra los intereses de las mayorías y de los gobiernos que resultan del ejercicio democrático de esas mayorías. Esto lo vemos hoy palpable en Suramérica, todas estas cadenas mediáticas monopólicas, y los medios satélites que conforman ese "discurso en cadena", atacan brutalmente a los gobiernos populares de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Ecuador, Venezuela y Uruguay. ¿Puede haber una prueba más evidente de que no se trata de información, sino de la verdadera existencia de un fin empresario de tipo opositor a determinados modelos políticos? ¿Puede caber alguna duda acerca de que no es libertad de prensa lo que persiguen sino libertad de empresa?

Se les caen así las máscaras de "periodismo independiente" detrás de las que se ocultan, mostrando sus verdaderas caras, con ojos enrojecidos y colmillos sangrantes, de verdaderos partidos políticos de oposición a los gobiernos que no son complacientes con sus pretensiones empresariales. Como empresas con fines de lucro que son, en definitiva terminan exhibiendo sin ningún pudor su único eterno fin: aumentar las ganancias. De hecho, se erigen en adalides de la manipulación mediática a favor de las clases privilegiadas, a las que pertenecen, y de los negocios empresarios, de los que participan. Eso los lleva, casi siempre, a estar vinculados a los sectores e intereses más retrógrados y conservadores, representando en definitiva, y contrariamente a lo que pregonan, a la negación de la libre expresión, de la libre información, y del progreso, que es resultado de esos bienes. Si la expresión y la información para ellos fueran libres, Clarín, por ejemplo, no hubiera ocultado olímpica y patéticamente la identificación del nieto número 98 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Una noticia que recorrió el mundo, para Clarín no existió. El anunciado fin de la información objetiva e independiente es así nada más que un burdo cartel de neón, meramente propagandístico, por completo engañoso. Sin plataforma ni programa de gobierno, operan como si se trataran de partidos políticos, inclusive hasta los sustituyen cuando éstos son débiles en la persecución de aquellos objetivos de poder. No informan, sino que "administran la presentación de la información", recurriendo a sutiles artilugios psicológicos que gobiernan las formas de la comunicación, para crear climas sociales, orientar opiniones en la comunidad, generar malestares, instalar o intensificar campañas, ocultar hechos importantes que no son de su agrado, magnificar otros que son irrelevantes, etc. Basta nada más que prestar atención, en Argentina, en los últimos tiempos -y no solo en los últimos tiempos-, a los titulares de los diarios Clarín, La Nación, u otros menores pero vaciados en el mismo molde, verdaderos ejemplos, con utilidad académica para clases de comunicación social, sobre los extremos a los que pueden llegar los medios masivos convertidos en factores de poder político, que han perdido la serenidad, el rumbo por completo y por lo tanto la seriedad, encrispados contra políticas del gobierno. No hay título, en los últimos dos años, que no haya sido acompañado de adjetivaciones, relativizaciones, descalificaciones, etc. Cualquier medida que tome el gobierno es acompañada de los adjetivos "polémico", "discutible", "confuso", o del predicado "ha generado oposición". En vez de informar simplemente de manera objetiva y serena algún hecho social, político o gubernamental, se lo tiñe desde la subjetividad del medio, impidiendo el análisis independiente del lector. Es decir, faltándole el respeto. Tal como han señalado prestigiosos analistas europeos recientemente, la famosa "crispación" de la que tanto hablan ciertos medios en Argentina, en realidad está en esos medios, no en la sociedad. El hecho real en sí, el acontecimiento, pasa a convertirse en un producto neutro por entero manipulable. Como si se trata de una masa de arcilla, a la que según el objetivo del ceramista puede dársele una forma u otra. Puede presentarse como una hermosa ánfora o como un repugnante desecho animal.

Ahora bien, para cumplir con el objetivo de información mediática que constituye la razón de la atribución de las respectivas licencias, cuentan con herramientas que en definitiva son patrimonio público y están sujetos a reglas legales y constitucionales, que son derechos del pueblo. Así, la licencia para usar determinadas frecuencias, que son del Estado siempre, no de propiedad privada, las condiciones de su uso, la prohibición de buscar fines monopólicos y el respeto a la ley, el respeto por el derecho ciudadano a una información cabal y veraz. Y aquí quería llegar, esa forma de utilización de las licencias otorgadas por las autoridades elegidas por el pueblo, a las que hice referencia al principio ¿es lícita? ¿Es lícito desinformar intencionalmente con el fin de satisfacer apetencias económicas alternativas, disfrazando ese fin espurio con la máscara de la libertad de prensa? ¿Es lícito generar climas de enrarecimiento social difundiendo noticias falsas, o potenciando hechos menores, o anunciando sistemáticamente situaciones de supuestos caos? ¿Es lícito confundir intencionalmente a los lectores y a la sociedad en general? ¿Es lícito distorsionar la información con el fin de desgastar gobiernos elegidos por el pueblo? ¿El daño social que se genera con esos ejercicios abusivos, debe ser aceptado acríticamente?

Yo creo que el derecho a denunciar a quienes usan la libertad de expresión con fines desestabilizadores no es ataque ni censura a "la prensa", es ejercicio del derecho de defensa de la democracia. Creo, sinceramente, que el gobierno y el pueblo trabajador que se siente en mayor o menor medida representado en el, tiene el derecho inalienable de denunciar esos ataques miserables, producidos en definitiva por sectores que han apoyado y apañado siempre los golpes de estado y las dictaduras criminales.

¿Por qué motivo una información o un título mentirosos de Clarín, de La Nación o de cualquier otro medio de desinformación, gozan del derecho a exhibirse impúdica e impunemente, y otro cartel, al lado del puesto, que diga que Clarín, La Nación y los otros, mienten, intoxican el humor colectivo, explicando por qué, no puede ser exhibido? Por qué si se hace esto último las empresas mediáticas inmediatamente pregonan supuestos ataques a la prensa, pero si esas mismas empresas titulan falsedades no podemos nosotros denunciar ataques al derecho a una información cabal y veraz, como exigen las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que rigen con jerarquía constitucional?

(*) Abogado penalista, ex concejal de Lomas de Zamora; integrante de Conciencia Al Sur (CONSUR), Grupo de Reflexión y Gestión.
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