La cadena nacional como herramienta frente a la manipulación mediática cartelizada…

Artículos de Ciro Annicchiarico editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 01/02/12.- Una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta difundir intencionalmente falsedades que ocasionan o pueden ocasionar perjuicios a la comunidad. Esto último no está amparado por el derecho a la libertad de expresión tutelado por las leyes nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos (Arts. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Difundir por los medios masivos una información a sabiendas de que es falsa, o por grave negligencia en el chequeo de la seriedad de la fuente, en ciertos casos, puede implicar daños y consecuencias graves de tipo general. Es en esos casos en los que, indudablemente, está presente la gravedad institucional o el interés público, y por lo tanto justifica la presencia del Estado a través de quien ejerce el gobierno elegido por el pueblo. Anunciar intencionalmente falsas medidas económicas (por ejemplo importantes devaluaciones, aumentos significativos de precios, desabastecimiento de productos esenciales, etc.) con fines especulativos o por negligencia, de modo que pueda el anuncio generar distorsiones en el normal desenvolvimiento del mercado, corridas bancaria, o falsas situaciones de calamidad, susceptibles de ocasionar temor generalizado en la población, son claros ejemplos. Otro ejemplo es la cartelización mediática respecto de ciertas afirmaciones, o su contratara: el acuerdo mediático hegemónico en invisibilizar ciertos datos, que impiden al gobierno dar a conocer acciones oficiales de interés público. No es razonable aceptar que el gobierno no tenga un medio para asegurarse que cierta información oficial, considerada trascendente, llegue al conjunto de la población. En estos casos de utilización maliciosa de los medios con fines de oposición política y no de información, no es suficiente la existencia de uno o dos medios públicos alternativos, porque los sectores que consumen habitualmente ciertos medios, gráficos, radiofónicos o televisivos, muy raramente contrastan informaciones con otros de línea editorial distinta. De esta manera, la población que es víctima de informaciones falsas, intencionadas o que están originadas en el puro interés económico especulativo o político de algún monopolio, jamás tiene la oportunidad de confrontar la versión, ni siquiera la simple posibilidad de enterarse de que existía una versión alternativa que le permitiera ejercer la libertad ciudadana de evaluar por sí misma la consistencia de los fundamentos en un caso y el otro. Simplemente no se enteró, y por lo tanto incorpora como válidas las especies cartelizadas. Este es el verdadero derecho a defender, el de todo ciudadano de tener la posibilidad de elegir por sí mismo entre varias alternativas de distinta orientación.

Los artículos 75 y 76 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, prevén los casos en los que el Poder Ejecutivo puede acudir a la cadena nacional y a los avisos de interés público, de obligatoria transmisión para todos los servicios de comunicación concedidos por el Estado. La ley se refiere a situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. Desmontar el intento de un ataque financiero, llevar tranquilidad general ante el falso anuncio de subas de precios, desmentir inexistentes situaciones de calamidad en algún ámbito, contrarrestar campañas difamatorias intencionadas o permitir el conocimiento de datos de interés público que resultan completa e intencionalmente invisibilizados por los medios monopólicos, son supuestos de indudable trascendencia institucional o de interés público, según el caso. Si el ciudadano en general se ve privado de contar con una o más alternativas, sin interferencias, se le está privando de su derecho a elegir. Un ejemplo concreto de esto es la reciente mentira, que no puede entenderse sino intencional, por la cual los medios monopólicos con el único fin de desprestigiar al gobierno le atribuyeron a Canal 7 haber censurado el segmento del cantante Raly Barrionuevo en el Festival de Cosquín, en el momento en que en la pantalla gigante aparecían anuncios contra la explotación minera en Famatina. El programa 6,7,8 demostró (no es que opinó, sino que demostró) la absoluta falsedad de esa afirmación. Varios artístas se pronunciaron en igual sentido y además Canal 7, de manera oficial, lo desmintió tajantemente. Todo el mundo pudo ver en la transmisión del Canal Público los carteles "Famatina no se toca" y escuchar íntegramente las canciones de Raly Barrionuevo. Sin embargo, de esas demostraciones los medios cartelizados no hicieron ninguna mención, por el contrario, los días siguientes continuaron afirmando la falsedad de una supuesta censura, haciendo notas y entrevistas al respecto, inclusive sorprendiendo en su buena fe a muchos entrevistados, a quienes se los encaraba partiendo de la especie de la "censura", como supuesto dato "objetivo", en una conocida técnica de manipulación de la conciencia del entrevistado y ciudadana después. Es la que utilizó Durán Barba para ensuciar al candidato Daniel Filmus en las últimas elecciones de la CABA, y por lo que fue llevado a la justicia junto a su empleador, Mauricio Macri. Me consta, porque tengo muchos conocidos y amigos que son lectores de los diarios Clarín y La Nación, o habituales consumidores de TN, que jamás contrastan con otros medios alternativos las noticias que difunden esos medios, ni las lecturas tendenciosas que hacen. Simplemente las incorporan de buena fe como datos de realidad, de manera casi acrítica, y suelen repetirlas como si se tratara de dar la hora cuando uno la pregunta. Esta experiencia seguro no es mía exclusivamente.

Todos los habitantes de la Nación tenemos derecho a conocer cuál es la posición oficial respecto de todos los temas que hacen al ejercicio del gobierno, para el que fue electo por la mayoría del pueblo. Y por todos me refiero también al pueblo opositor, a quienes legítimamente adhieren a otros partidos y a otros modelos políticos, y a aquellos que están ancestralmente acostumbrados a "informarse" a través de ciertos medios tradicionales. Esto es así, en la plena conciencia de que es a éstos principalmente a quienes los medios monopólicos dirigen sus mentiras, a fin de mantener, por un lado, una determinada clientela de pensamiento afín que les permita seguir girando en el mercado de las noticias, y por otro mantener a un sector de la comunidad completamente desinformado y privado de ejercer su derecho al libre ejercicio del pensamiento y por lo tanto a la libre elección. Compensar la mentira intencionada y cartelizada mediante la utilización de una herramienta legal prevista para casos de trascendencia institucional y de interés público, es no solo la vía adecuada sino también una obligación del gobierno que ha sido electo por la mayoría del electorado. Tan válido es este instrumento, la cadena nacional, para contrarrestar las mentiras con capacidad de daño general, que su importancia ha sido detectada por los propios poderes económicos adversos al gobierno popular, disfrazados de "medios de comunicación independientes". Durante el año pasado, 2011, año electoral, fueron numerosas las acusaciones mediáticas monopólicas sobre el supuesto "mal uso de la cadena nacional" o el "uso de la cadena nacional como herramienta de campaña". Esas críticas, que se notó fueron verdaderos enojos, siempre tuvieron que ver con anuncios de interés público que los medios hegemónicos hubieran omitido por completo informar o lo hubieran hecho de manera distorsionada, privando a los ciudadanos del cabal conocimiento de la medida que fuere: asignaciones de la ANSES, techo a las tasas de descuento para préstamos a jubilados, y otras similares de incuestionable interés público.

A tal punto fue la reacción, que por medio de políticos que se mueven al compás de los intereses monopólicos hasta han presentado rápidamente un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación: Expediente 3608-D-2011, trámite parlamentario 087, ingresado el 11 de julio del año pasado. El proyecto tiene por objetivo modificar el mencionado Art. 75 de la Ley 26.522, de modo que toda pretensión de uso de la cadena nacional por parte del Poder Ejecutivo debería pasar por la previa autorización de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según este proyecto, la decisión debe tomarse por mayoría absoluta, es decir la mitad más uno. El Art. 14 de la ley 26.522 establece quien es la conducción de dicha Autoridad: el Directorio. Fija a la vez su integración: el presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la comisión legislativa de seguimiento, uno de los cuales corresponde a la mayoría parlamentaria, y dos directores designados por el consejo federal. Es decir, está claro que el Poder Ejecutivo tendrá solo tres votos: presidente y un director nombrados directamente y el representante de la mayoría parlamentaria, si es que no aparece algún acuerdo espurio que también le quite a éste. De modo que el proyecto está pensado, lisa y llanamente, para evitarle al Poder Ejecutivo el uso de la cadena nacional a fin de compensar la manipulación mediática monopólica. No solo eso, sino que inclusive prevé sanciones penales para los miembros de la Autoridad de Aplicación que autoricen las emisiones en cadena en inobservancia de esos filtros. Y, si es que el pedido logra pasar semejante filtro, el o la presidenta, o el funcionario del ejecutivo que fuere, ¡solo tienen siete minutos para expresar su mensaje! Una verdadera aberración, que mueve a risa. Baste pensar en la duración de nuestro Himno Nacional o la de un normal mensaje de apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, cosa que ni el propio diputado firmante parece tener bien en claro, siendo un acto de su intervención. El firmante del proyecto es el Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires Gerardo Fabián Milman, integrante del Bloque del GEN, que preside Margarita Stolbizer. En sus fundamentos, aparte de utilizar una retórica que se parece más bien a la de algunos viejos émulos de la dictadura (habla de "fines facciosos", "voz totalizadora", "gobierno de turno", "actitud totalitaria", etc.) incurre en notorias imprecisiones, a la vez que permite entrever cuál es el fastidio real que lo mueve a reaccionar, a el y a los intereses monopólicos a los que lamentablemente se dispuso a representar. Dice: "La cadena nacional de radiodifusión es de todos y para todos los argentinos, no puede ser empleada de manera discrecional por el gobierno de turno para realizar acciones proselitistas…" Incorrecto, la cadena nacional es un instrumento del poder ejecutivo para dar a conocer medidas o anuncios de trascendencia institucional o públicos, que hacen al ejercicio de su función. Que yo sepa no existe ningún antecedente de que la cadena nacional sea utilizada por entidades privadas, grupos o asociaciones de ciudadanos, etc. Semejante afirmación denota desconocimiento del tema, inclusive constitucional: el presidente de la Nación es jefe supremo de la administración, entre una de cuyas facultades, inclusive obligaciones, está la de asegurarse la comunicación fehaciente de sus actos, de manera directa. Por otra parte, es un contrasentido que teniendo el presidente de la Nación la obligación de publicitar sus actos, no pueda al mismo tiempo asegurarse de que esa publicidad sea fehaciente y no distorsionada (Arts. 1º y 99 Inc. 1º de la Constitución Nacional). Luego, al Diputado Milman le molestó sobremanera, así lo expuso en el considerando sexto de su proyecto, que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, elegida después por más del 54% de los votos de la ciudadanía y hoy con una imagen positiva de cerca del 65%, haya emitido un mensaje por cadena nacional el pasado 9 de julio, informando no otra cosa que actos de gobierno que resultan permanente y sistemáticamente distorsionados por los medios monopólicos. Mostró la hilacha, lo que no quiere Milman y los grupos económicos a los que tristemente resulta funcional, es que las cosas se sepan. Tanto se enojó que el proyecto lo presentó a los dos días, el 11 de julio. Así le salió.