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FEDERACIÓN GRÁFICA DEL PERÚ (FGP)

Cuestionado informe sobre los sucesos ocurridos en Bagua

Por Carlos Ortiz Cornejo, Director General del ILA y Secretario General Adjunto de la FGP

Artículos de Carlos Ortiz Cornejo editados en Rebanadas:

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Rebanadas de Realidad - FGP, Lima, 07/01/10.- Lo que ha generado heridas profundas en el año 2009 y enfrentamientos sociales graves en el Perú ha sido los sucesos ocurridos en Bagua donde murieron demasiadas personas por la actitud soberbia e irresponsable de las autoridades políticas y militares que nos gobiernan, queriendo responsabilizar de estos lamentables hechos que causaron tristeza y dolor solo a los nativos y otros sectores de la sociedad civil de esas muertes que se quiso tapar con la renuncia de la Ministra Cabanillas. Ningún acto legal, político puede justificar la pérdida de una vida.

Hoy al inicio de este 2010 vemos que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana ha informado que los apus de las ocho regiones de nuestro país que integran esta asociación se reúnen para evaluar si continúan o se retiran de las Mesas de Dialogo instauradas tras este suceso porque consideran que el gobierno ha utilizado estas instancias para lavarse las manos "teñidas de sangre" de su responsabilidad política en estos acontecimientos que ha conmocionado a la opinión publica del mundo entero.

Ya han pasado siete meses de estos lamentables hechos y aún no se cierran las heridas, los pueblos indígenas están indignados porque sus dirigentes siguen siendo perseguidos, amenazados, acusados por el presidente Alan García como asesinos de los policías que fallecieron por la irresponsabilidad de los jefes policiales que cumplieron una orden de la Ministra del Interior Sra. Mercedes Cabanillas. Lo que causa mayor preocupación es que un miembro de la policía dijo que los pobladores están contra la Constitución y la Ley, y, puesto que habían matado policías, ellos estaban facultados para matar a los pobladores, lo que grafica claramente una amenaza de muerte basada en la ley de impunidad dictada por el gobierno aprista lo que debemos rechazar en forma categórica. Nos preguntamos: ¿La justicia acaso sólo está reservada solo para proteger a los ricos y a las empresas transnacionales, en este mundo oscuro e injusto?.

Las organizaciones que conforman la AIDESEP, estaban seguros que en el informe presentado por la comisión investigadora de los hechos ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio del año 2009 se iba a buscar y encontrar la verdad y la reconciliación, sin embargo, lo que se ha podido notar es que a través de las mesas, el gobierno ha tratado de limpiarse por la muerte de nativos y policías y la desaparición del Mayor Felipe Bazán que el Ministro del Interior asegura que ha sido asesinado por los nativos según un supuesto testimonio de Astenio Wachapea Pujupat y que la defensa de él denunció que de las 33 preguntas que le formuló la policía solo respondió 3 porque es analfabeto.

Según el informe presentado por la Comisión incompleta porque todos no lo firmaron no encuentra ninguna responsabilidad en el ex premier Yehude Simon, -amigo del presidente- ni tampoco en la ex ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz, -premiada por el Presidente García con la cartera de economía-, la ex ministra del Ministerio del Interior Mercedes Cabanillas, el ex ministro de Defensa Antero Flores Aráoz, -hoy comprometido en el faenón de Rómulo León Alegría, ex Ministro Aprista que le recomendó a la empresa Elbit Systen de origen Israelí, que trabajaron con la mafia fujimorista para que vendiera a las Fuerzas Armadas equipos por un valor de más de 64 millones de soles- y, tampoco a los generales de la Policía Nacional Javier Uribe y Luis Muguruza que estuvieron al frente de este operativo.

En su oportunidad hubo comentarios ante estos terribles hechos desatados en la selva de Bagua y que señalaron que el Perú está en deuda con los valerosos policías, pues llegaron a un lugar sin saber a que se enfrentaban, pero ofrendaron su vida cumpliendo con su deber. Pero, así como se valoró ese gesto se condenó a los insensatos políticos, como el Presidente, el Premier, la Ministra del Interior y a los Congresistas del APRA y del FUJIMORISMO que al caballazo en el congreso de la República bajo la presidencia de Javier Velásquez Quesquén, -hoy premiado con la Presidencia del Consejo de Ministros- pretendieron zanjar el debate del polémico decreto 1090 (Ley de la Selva) que generó una descomunal movilización de las comunidades nativas y del pueblo en general. Lo curioso es que el gobierno a través de su Ministro Octavio Salazar dice contar con un eficiente servicio de inteligencia no sabía que estas etnias no iban a ceder en sus jornadas de lucha, en la toma de carreteras si es que no se daba solución a este tema tan complicado por capricho del gobierno para favorecer a las grandes empresas transnacionales que quieren adueñarse de la selva nuestra y darle gusto a la Ministra del baguazo y de los TLC que ahora el Presidente García a través de ella tendrá en sus manos el control de los fondos públicos que va a usarlos para financiar su campaña electoral con plata de todos los peruanos como lo señala el Secretario General de la CGTP Mario Huamán.

Si los diálogos sostenidos no dieron resultados, la pregunta sería porque quisieron hacer una jugada tan sucia en el Congreso, o es que la publicación del artículo del presidente Alan García en el año 2007 "El síndrome del perro del hortelano" publicado en el Comercio, considerado por algunos entendidos como una declaración de guerra a los pueblos indígenas y de una política de transnacionalización de la Amazonía fue el que inició esta tragedia. Este inusual estilo de hacer política del APRA y sus aliados en nuestro país llevó a una muerte cruel y absurda a policías y nativos pretendiendo hoy ocultar los hechos y a los responsables directos de esta tragedia.

Para quienes ahora quieren justificar con un informe vacío de contenido real porque sólo se culpa a los pueblos indígenas, las ONGs, la Iglesia Católica , el Partido Nacionalista, los ronderos -entre otros- de estos horrendos hechos, no tomaron en cuenta que los comuneros tienen todo el derecho de oponerse a decisiones foráneas sobre su territorio, sobre todo, cuando el Ejecutivo promulgó más de cien decretos legislativos -de los cuales más de diez de estos dispositivos eran para la implementación del TLC con los Estados Unidos- considerados como una amenaza para las tierras y territorios de los pueblos indígenas y también para nuestra soberanía nacional que se pretende regalar.

Para el entonces congresista Aurelio Pastor -premiado con la cartera de Justicia que justifica los indultos a los ladrones de corbata- la selva es solo Iquitos y las comodidades que se les puede brindar a los turistas y a él cuando viaja porque se alojan en hoteles de cinco estrellas y recorren en autos blindados las calles bien protegidos. Para los nativos en cambio, es su tierra madre, la de sus ancestros, que les da vida, agua, alimento y vivienda y que a estos políticos defensores del neoliberalismo a ultranza poco les importa imponer estos cambios a costa de la sangre de los peruanos bajo el supuesto desarrollo de los pueblos indígenas.

Seguro que en esos momentos el presidente, que se dice intelectual, cree que los nativos no tienen cerebro, son brutos y digitables. Muy bien lo señaló en su columna en el diario Trome la Seño María que dice que esta decisión del gobierno por desalojar a los indígenas fue un graso error y no por nada ni los poderosos Incas, ni los españoles con sus arcabuces, ni los terroristas de Sendero Luminoso pudieron derrotarlos. Decir que bolivianos o ecuatorianos estaban detrás de su protesta, es una manera vulgar de ocultar el terrible error del gobierno de imponer una ley 'cocinada' en Palacio de Gobierno con empresarios petroleros a costa del despojo de sus tierras de miles de nativos.

Roger Rumrril en su columna de opinión de La Primera, menciona que una lectura fría y desapasionada del documento presentado por esta "Comisión Gubernamental" revela que estos principios y compromisos no fueron honrados a cabalidad porque este informe exculpa a quienes tienen las mayores responsabilidades políticas y éticas para señalar cargos que dañan la imagen de un gobierno democrático como dice ser el APRA. Estos personajes por supuesto están completamente blindados y protegidos al más alto nivel político.

Lo que si estamos seguros es que los nativos no empezaron esta guerra, ellos vivieron siglos sin pedirle nada al Estado peruano, habitando su selva virgen, pero sí fueron utilizados cuando el Estado le dio la gana y no es posible que se quiera canjear la vida de ese sector de peruanos con el "supuesto desarrollo de la Selva" una vez que se vendan sus tierras a las grandes corporaciones para liquidar sus riquezas naturales como viene ocurriendo en estos momentos de "bonanza económica" y próximos a ser ciudadanos del primer mundo como lo aseguró el Presidente Alan García en su discurso con baile y todo en la fiesta que organizó en el patio de Palacio de Gobierno con ocasión de recibir el año 2010. Pienso que Soñar no cuesta nada, mentir tampoco.