Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
ARGENTINA

El retorno a la versión originaria de la Ley 20.744, del actual artículo 66 de la L. C. T. limitando el ejercicio del Ius Variandi por parte del empleador

Por Gonzalo Oscar Cuartango y Oscar Antonio Cuartango

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 05/04/06.-

1. Introducción

Artículos provistos a Rebanadas por el Estudio Cuartango:

El 29 de marzo la Cámara de Diputados de la Nación, convirtió en ley un proyecto del senador jujeño Gerardo Morales, defendido en la cámara baja por Héctor P. Recalde (1), proyecto que, más allá de algunos cuestionamientos periodísticos que se le formulan, no hace otra cosa que reestablecer el texto originario pergeñado por ese gran Ius Laboralista Marplatense que fuera Norberto Centeno, víctima del terrorismo de estado, al elaborar la primigenia Ley de Contrato de Trabajo que deviniera en la versión establecida en el entonces artículo 71 de la ley promulgada bajo el número 20.744 con fecha 20 de septiembre de 1974 mediante decreto 886/74, y que fuera modificado por la regla estatal de la dictadura militar nº 21.297.

2. El nudo de la cuestión

Tanto en el originario artículo 71, como en el actual artículo 66, se trata el denominado IUS VARIANDI, que no es otra cosa que la facultad que posee el empleador de introducir modificaciones a las condiciones laborales en que se viene desempeñando el trabajador y en todas las versiones, tanto la originaria del referido artículo 71, en la actualmente vigente del artículo 66, como la que se propone en el proyecto en consideración, el valladar que se coloca al ejercicio del aludido Ius Variandi, consiste en que:

  • a) el mismo no importe un ejercicio irrazonable de esa facultad,
  • b) ni altere modalidades esenciales del contrato de trabajo,
  • c) ni cause perjuicio material o moral al trabajador.

La determinación en cada caso concreto, cuando los cambios que introduzca el empleador se encuentran dentro de los límites de la norma legal en consideración y cuando exceden los mismos, es una cuestión que se debe analizar teniendo en cuenta las particularidades del mismo y las circunstancias que lo rodean y ello ha dado lugar a una numerosa y pormenorizada jurisprudencia ante la diversidad de supuestos que han sido sometidos a la consideración jurisdiccional de la justicia especializada en la materia, pero todo ello excede en mucho la cuestión que aquí se analiza, referida específicamente al proyecto referenciado.

Lo que establecía el artículo 71 de la ley 20.774 en su segundo párrafo, que fuera eliminado por la reforma introducida mediante la regla estatal 21.297/76 y que se pretende reestablecer en el proyecto sancionado, es que ante el ejercicio abusivo del Ius Variandi por parte del empleador, el trabajador podía optar entre considerarse despedido con causa ante la inconducta del empleador, o accionar judicialmente por procedimiento sumarísimo en procura del mantenimiento de las condiciones laborales alteradas abusivamente. En tanto, luego de la reforma introducida por la dictadura, solo le queda al trabajador la posibilidad de considerarse despedido, es decir o aceptaba las modificaciones de las condiciones de trabajo introducidas por el empleador, aún cuando las mismas fuera abusivas o se quedaba sin trabajo.

Lo que se persigue en el proyecto sancionado en ley, a la espera de la correspondiente promulgación, temperamento que compartimos, es reestablecer esa posibilidad del trabajador, eliminada por la dictadura, de recurrir a la justicia para anular la imposición de una modificación de las condiciones de labor indebida, conservando el puesto de trabajo, aclarando para tranquilidad de los apologistas de la flexibilización laboral, que la prohibición de innovarse en las condiciones y modalidades de trabajo, tenía la ley originariamente y se restablece, la salvedad en el caso de que las mismas fueran generales para el establecimiento o sección, y hasta que recaiga sentencia definitiva

La herramienta o instituto procesal reestablecido, por un lado se compadece con un fin prioritario de la gestión de gobierno en la lucha, contra los aún elevados índices de desocupación, como es habilitar una vía de preservación de los puestos de trabajo y por otro, el mismo fue oportunamente muy bien recibido por la doctrina que comentó el texto originario de la ley 20.744.

Entre otros muchos, merecen mencionar a José Rivas (2), que al respecto manifiesta: "ES UN JUSTO REMEDIO, SIENDO DE ADVERTIR LA PRUDENCIA DEL LEGISLADOR QUE SOLO APLICA LA MEDIDA DE NO INNOVAR CUANDO SE TRATA DE UNA SITUACIÓN INDIVIDUAL Y NO CUANDO EL CAMBIO TIRENE CARÁCTER GENERAL". En coincidencia con la posición asumida por Rivas, se pronunciaron autores de la talla de Vázquez Vialard (3), y Ruprech (4).

Mientras que una línea de pensamiento expresada por Miguel Ángel Sardegna (5), así como también Rodolfo Capón Filas (6), quien pone fin a su destacado paso por la magistratura mañana, y Meilij (7), entre otros, van más allá y se pronuncian por la subsistencia de la vía judicial para impedir los cambios de tareas abusivos a pesar de la supresión que de la misma se efectuó en el texto legal por la regla legal 21.297.

Pero independientemente de estos matices referidos a la subsistencia o no de la alternativa judicial que hoy, para poner fin al debate se reestablece en forma expresa, la inmensa mayoría de los más destacados laboralistas, tales como Juan Ángel Confalonieri (8), Héctor Jorge Scotti (9), Jorge Jerónimo Sappia (10), Carlos Alberto Livellara (11) coinciden en que la supresión en el texto de la referencia expresa respecto de la acción para el reestablecimiento de las condiciones alteradas de la reforma de la regla legal 21.297, ha sido realmente desafortunada por lo cual no se justifican los histéricos cuestionamientos que algunos formulan a la ley sancionada y que no hace otra cosa que reparar esa injusticia que se cometió hacía los asalariados.

Ello es así, porque LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE TODO ORDENAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA LABORAL, CONSISTE EN EVITAR HASTA DONDE SEA POSIBLE, LA RUPTURA DEL CONTRATO DE TRABAJO, tal como sabiamente lo expresaron Mario L. Deveali y Horacio Ferro (p) en el informe con el que acompañaron los anteproyectos de las leyes 2030 y 2031 de creación y organización de los Tribunales del Trabajo y de los procedimientos en materia laboral para la provincia de Mendoza, COMO NO PUEDE SER DE OTRA MANERA, HABIDA CUENTA QUE LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL, DEBE DIRECCIONARSE A GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO, DEVINIENDO ABSURDO QUE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, NO LE QUEDE AL ASALARIADO DISCONFORME, OTRA POSIBILIDAD QUE ABANDONAR EL TRABAJO, PARA RECLAMAR UNA COMPENSACIÓN PATRIMONIAL, GENERALMENTE INSUFICIENTE.

Para concluir, quiero puntualizar que la posición que aquí sustentamos registra importantes antecedentes jurisprudenciales anteriores a la sanción de la ley 20.744 pudiendo citarse entre otros muchos, a la Suprema Corte de Mendoza en causa Cerutti Pedro c/Alias Guillén Antonio (12) que se remonta a junio de 1946, donde, con claridad meridiana dictaminó "LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RESISTIR TODA MODIFICACIÓN ESENCIAL ABUSIVA A LAS CONDICIONES DE LABOR QUE TENGA CARÁCER DEFINITIVO O IMPLIQUE AGRAVIO MORAL O MATERIAL A SUS INTERESES…".

3. A modo de colofón

Para redondear el presente, adherimos en todo a la reforma sancionada, ya que consideramos descabellado y antijurídica la postura contraria, que implica el contrasentido de no dejar al trabajador otra alternativa que la de recurrir al despido indirecto y al reclamo de una resarcimiento económico y tarifado que dista mucho de compensar el perjuicio que para él y su grupo familiar suele derivar de la pérdida del trabajo.

En consonancia con lo hasta aquí manifestado, deseamos finalizar este trabajo, recordando las palabras de Capón Filas, cuando expresó que el ejercicio de la facultad modificatoria del empleador debe necesariamente ser estrecha porque primero debe analizarse su campo (no alterar las modalidades esenciales del contrato) y una vez ubicado el terreno a modificar, vienen el segundo paso (ser un cambio razonable) y el tercero (no dañoso). Consideramos también que, como señala el mismo Capón Filas, dentro de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo, son esenciales la categoría o valencia laboral, el lugar donde se trabaja. la remuneración, el horario, precisamente los cuatro elementos que más decisiones uni-laterales del empleador conocen. Si se reflexiona bien, tales modificaciones son nulas por exceder el terreno a disposición del empleador.

La reforma legislativa que es objeto de este comentario, receptando esa doctrina, permite al trabajador recuperar la anterior posición mediante un proceso sumarísimo, introduciendo así una cuña en las posibilidades de los empleadores de decidir, por sí y ante sí, modificaciones en las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Pero con ello solo no se alcanza a mejorar la situación jurídica regulada. Por el contrario, será necesario que una nueva reforma legislativa nulifique el despido sin causa mientras dure el proceso judicial, por ser pronosticable que, ante la demanda del trabajador, el empleador la conteste judicialmente pero también responda con el despido."

Notas:
(1) Que dice: "Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 66 de la Ley Nº 20.744 (t.o.1996) por el siguiente: "Artículo 66.- Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este ultimo supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que estas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva. Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo".
(2) "Manual de Derecho del Trabajo", Buenos Aires, Editorial Macchi, 1975, página 103.
(3) "Deberes y Derechos de las partes en la ley de Contrato de Trabajo", Legislación del Trabajo, tº XXIII, página 113.
(4) "Contrato de Trabajo Ley 24.744" página 105, Ensinck "Ley de Contrato de Trabajo anotada, página 222.
(5) "La Acción procesal del Ius variandi" Legislación del Trabajo tº XXIV páginas 686 y siguientes.
(6) En el informe de Justo López del VI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Mendoza.
(7) Jurisprudencia Argentina, del 18 de abril de 1979 nº 5094 página 9.
(8) Adoptado la postura de Capón Filas, con sustento en el artículo 10 de la L.C.T. (D.T. 1979 página 753).
(9) D.T. 1979 página 753.
(10) D.T. 1979 página 753
(11) Livellara, Carlos Alberto, El "ius variandi" enla LCT y en su reforma por la ley 21.297, D.T. 1976, página 789.
(12) Repertorio La Ley VII página 302.
(13) Cuando analiza el instituto "FACULTAD DE MODIFICAR LAS FORMAS Y MODALIDADES DEL TRABAJO ANÁLISIS DE LA FACULTAD MODIFICADORA DEL EMPLEADOR", Revista Científica del Equipo Federal del Trabajo: www.eft.org.ar
Gentileza del Estudio Cuartango.
Rebanadas de Realidad - Envíenos sus comentarios e informaciones