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ARGENTINA

Breve comentario sobre la negociación colectiva, el derecho de huelga y la ley 13.453 en el sector público bonaerense

Por Oscar A. Cuartango y Gonzalo O. Cuartango

Artículos provistos a Rebanadas por el Estudio Cuartango:

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 23/06/06.- Con un notorio atraso respecto de los tiempos históricos que ha vivido el derecho del trabajo y también respecto de la regulación de esta materia en el ámbito de la relación de empleo público en el ámbito nacional, la Provincia de Buenos Aires ha sancionado la ley 13.453 de negociación colectiva.

Y comenzamos la nota hablando en primer término de esta omisión porque desde los orígenes mismos del Derecho del Trabajo la intervención de las partes colectivas ha sido la que ha marcado los tiempos históricos y la que ha posibilitado la mayor parte de las conquistas de los derechos que hoy detentan los trabajadores del ámbito privado.

El derecho del Trabajo nació a mediados del Siglo XIX como una respuesta a las condiciones de trabajo denigrantes a que se vieron expuestos la gran mayoría de los trabajadores que se encontraron inmersos en uno de los mayores cambios que registra la historia de la humanidad, la Revolución Industrial.

Como es obvio y hasta resulta redundante decirlo, fue poco lo que pudieron hacer los trabajadores en forma individual y aislada, pero en cambio cuando se agruparon e hicieron valer las fuerza del "gremio" o conjunto de trabajadores de un mismo oficio o categoría profesional, pudieron acceder a los primeros logros que significaron la aparición del derecho del trabajo como hoy lo conocemos, concretamente con la sanción y aplicación de las primeras leyes sobre jornada de trabajo de 8 horas.

Por ello es que los laboralistas decimos que el derecho colectivo precede y dio origen al derecho del trabajo y que lo marcó desde su inicio y acompañó cada uno de los pasos que ha recorrido. Porque el trabajador individualmente poco puede plantearle al empleador a quien le presta su trabajo subordinado a cambio de la remuneración con la que hace frente a las necesidades cotidianas de su existencia.

En cambio, cuando quien defiende los derechos es la organización que los representa colectivamente y reúne la voluntad del conjunto de los trabajadores la disparidad de fuerzas que se verifica desde el momento inicial de la relación de trabajo se iguala por la fuerza del conjunto y es entonces cuando las partes pueden discutir en paridad de condiciones. Si a este primer elemento le agregamos que nadie como las propias partes de la relación de trabajo conocen cuales son los puntos que singularizan al trabajo que discuten, entonces la importancia de la negociación colectiva como ámbito genuino de tratamiento de las condiciones de trabajo no parece muy discutible.

Esos dos elementos se constatan en las relaciones de trabajo que se desarrollan en el ámbito público como en el privado, por eso, el mantenimiento de la vieja y, a nuestro juicio, desacertada concepción de que siendo el Estado, en cualquiera de sus estamentos, una de las partes del eventual proceso de concertación de las condiciones de trabajo de sus empleados, se neutralizaba la posibilidad de negociar colectivamente, resultaba una verdadera anacronía, que ha sido largamente superada por el tiempo y el desarrollo de los contenidos del derecho colectivo del trabajo. En el ámbito nacional, la ley 24.185 tiene varios años de vigencia y se han celebrado convenios colectivos de trabajo que han mejorado notoriamente la situación de los trabajadores representados.

En ese marco, es que la primera consideración que realizamos respecto de esta posibilidad es señalar el notorio avance que significa que sean las propias partes de la relación de trabajo, vale decir, sindicatos representantes de los trabajadores públicos y representantes del Estado, quienes negocien y acuerden las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos provinciales. Recién después creemos que corresponde tratar los contenidos de la propia norma que regula materia.

En este sentido, todas las opiniones y todas las consideraciones se las lleva la regulación que se realice de la huelga en los servicios esenciales. Porque si la norma incluye como esencial para la comunidad la ejecución que realiza un determinado colectivo de trabajadores, la posibilidad de que ese colectivo realice medidas de fuerza va a quedar sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos que van a acotar significativamente en la práctica el ejercicio del derecho de huelga, acotamiento que, en el caso particular de los trabajadores sanitaristas, no podemos dejar de alertar sobre las consecuencias de esa posible regulación, que podría llegar a alcanzar ribetes indeseados, por el simple recurso de establecer que la provisión de agua y el funcionamiento de la red cloacal, constituye un servicio esencial para la comunidad, ya que de ello podría derivar una excesiva limitación al ejercicio del derecho de huelga por parte de los mismos.

Entrando en el análisis del texto legal en vigencia, corresponde aclarar que excede en mucho los alcances de este trabajo llevar a cabo un análisis exhaustivo del mismo. Por razones de espacio, nos limitaremos a resaltar algunos aspectos que desde nuestro punto de vista nos parecen los más trascendentes.

Una primera aproximación al texto legal, nos muestra que por su articulo 2º inciso e) se excluye del ámbito de aplicación general de la norma, "El personal que requiera un régimen particular por las especiales características de sus actividades cuando así lo resolviera el Poder Ejecutivo Provincial mediante decisión fundada".

Si bien la excepción contemplada en ese inciso es plenamente compartida por nosotros, habida cuenta que existen sectores de la actividad pública provincial que por sus características y tipología, no pueden ser incluidos en una negociación de carácter general, demandado la implementación de un régimen particular, tal el caso de los trabajadores comprendidos en la ley 10.384, entre otros, consideramos excesivo que la determinación de esa necesidad quede librada exclusivamente al arbitrio discrecional del Poder Ejecutivo Provincial, cuando sería preferible que ello fuera materia de regulación convencional entre las partes. Habrá que ver con el devenir de los acontecimientos, el buen o mal uso que las autoridades provinciales hagan de la misma.

La posibilidad de articular la negociación en general y sectorial, se corresponde con la realidad que exhibe el universo laboral y sindical bonaerense, siendo de capital importancia ver como funciona en la práctica la integración de la representación de los trabajadores en la constitución de las unidades negociadoras, donde se debe garantizar una representatividad genuina y adecuada del espectro sindical, garantizando la plena vigencia del principio de buena fe, que justo es reconocerlo, la propia ley declama en texto (artículo 13), con específica referencia a "la designación de negociadores idóneos y representatividad suficiente para la discusión del tema de que se trate", (artículo 13 inc. d), pero es necesario arbitrar los recaudos para que ello no quede en la mera declamación y se concrete efectivamente con la adecuada representación, en la constitución de las aludidas unidades negociadoras.

Otro aspecto que nos genera inquietud y preocupación, es el condicionamiento normativo del desarrollo de la actividad negocial a las limitaciones presupuestarias contemplada en el inciso f del referido artículo 13, ya que ello constituye un valladar a las posibilidades de negociación, a lo establecido en una norma en la cual el sector sindical no tiene ningún tipo de participación, como es el presupuesto provincial.

Ello es así, toda vez que, si como bien establece el artículo 11 de la norma en consideración, el ámbito negocial, es abarcativo, tanto de condiciones de trabajo, como las de contenido salarial, este enunciado se convierte en meramente declamatorio, en la medida que se lo condiciona a una norma preexistente y exógena como es el presupuesto.

No puede soslayarse en este breve comentario de la ley, algunas consideraciones sobre lo establecido en el artículo 19 de la misma, cabiendo señalar como aspecto positivo, que se habilite la autorregulación en materia de conflictos colectivos, pero con una limitante que nos genera algún grado de inquietud, cuando acto seguido, establece que "será materia obligatoria de negociación cuestiones vinculadas con los servicios esenciales para la comunidad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 25.877 y normas constitucionales y los principios del derecho internacional que rige en la materia establecidos por la Organización Internacional del Trabajo".

Como así también, en coincidencia con lo reseñado, el caso de conflictos suscitados en el marco de la negociación colectiva, el artículo 18 de la ley, establece que: "las partes deberán, en este orden: a) Apelar al procedimiento de autocomposición del conflicto que hubieren acordado. B) Someterse al órgano imparcial establecido en el inciso 4) del artículo 39 de la Constitución Provincial, el que será creado por Ley específica" y que bueno es recordarlo, es una deuda que desde 1994 la legislatura provincial tiene, para con el pueblo bonaerense en general y sus trabajadores públicos en particular.

Otro aspecto positivo que debe ser destacado, es la consagración legislativa del derecho a la información que se otorga a las organizaciones sindicales a tenor del texto del artículo 13 inciso c).

A manera de colofón, estimamos que la sanción de la ley 13.453 es un paso importante en dirección a una efectiva implementación de la negociación colectiva y la autorregulación de la forma de canalizar los conflictos laborales en el sector público provincial, pero que deja un gran interrogante que será develado con el devenir de los acontecimientos, ya que para arribar a buen puerto demanda madurez, equilibrio y grandeza, tanto de parte de los representantes de los trabajadores, como de las autoridades provinciales. Los primeros, habida cuenta la complejidad y diversidad del espectro sindical y laboral, deberán hacer prevalecer los intereses de los trabajadores que representan por encima de los intereses sectoriales de cada organización y enfocar la negociación con visión de futuro. Las autoridades provinciales, porque deberán también dejar de lado conveniencias u oportunismos coyunturales, adoptando los recaudos, vía reglamentación, necesarios para consolidar una alternativa negocial fuerte y en la que prevalezcan la buena fe y el interés general. El tiempo y los hechos dirán si la clase dirigencial, sindical y política, estuvo a la altura de las circunstancias.

Gentileza del Estudio Cuartango.
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