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ARGENTINA

Sobre la reciente reforma a la Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires

Por Oscar A. Cuartango, Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires

Artículos provistos a Rebanadas por el Estudio Cuartango:

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 22/07/08.- El gobernador Daniel Scioli, mediante decreto 1200/08 del 27 de junio del año en curso, promulgó la ley 13.829 que incorpora a la ley 11.653 de procedimiento laboral de la Provincia de Buenos Aires los artículos 53 bis y 53 ter mediante los cuales se implementa el mecanismo de "preparación de la vía ejecutiva" y se establecen "sanciones económicas" al empleador previamente intimado, que persista en la falta de pago en término de los salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos obligando al trabajador a promover acciones judiciales.

Esta modificación viene a cubrir un vacío legislativo en la normativa procesal laboral de nuestra provincia, que se remonta a los orígenes de la misma.

Del caso es destacar que el Fuero Laboral de la Provincia de Buenos Aires, instrumentado sobre los principios de oralidad e inmediatez con la creación de Tribunales Colegiados de procedimiento oral e instancia única, implementado en el año 1947 mediante la ley 5.178, originariamente careció de un camino procesal ágil para el cobro de las remuneraciones adeudadas al trabajador, no obstante la indudable naturaleza alimentaria de las mismas.

Dicha carencia, si bien con deficiencias técnicas elementales que habilitaron la impugnación de inconstitucionalidad, al no tener contemplada la debida salvaguarda de la garantía de defensa en juicio y debido proceso, fue cubierta por un procedimiento preparatorio de la vía ejecutiva implementado en la ley 7184 sancionada en 1965.

En el año 1971 mediante la ley 7.718 se derogó la alternativa procesal preparatoria de la vía ejecutiva aludida y a nuestro criterio erróneamente se retorna al sistema preexistente que carecía de ese mecanismo ejecutivo dotado de celeridad acorde a la naturaleza del crédito, para el reclamo de las remuneraciones adeudadas al trabajador, dejando al mismo como única alternativa el camino del juicio ordinario de conocimiento pleno, en lugar de corregir las falencias defensivas que viciaban el mecanismo ejecutivo de la ley 7.184, pero manteniendo el mismo en su esencia.

Esa carencia que se mantuvo hasta nuestros días, ya que fue mantenida por la ley 11.653 de 1995, ahora ha sido plenamente cubierta por la ley sancionada por la legislatura provincial y promulgada por el Gobernador de la Provincia, implementando una novedosa alternativa procesal mediante la cual se posibilita un mecanismo para el cobro de las remuneraciones que los empleadores adeuden a sus trabajadores, dotado de la celeridad que la naturaleza alimentaria de las mismas requiere, pero con la debida salvaguarda de las garantías de defensa en juicio y debido proceso de los empleadores a los que se demande por esa vía.

El procedimiento, aplicable a "los salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos provenientes de de una relación individual de trabajo subordinado hasta un máximo de tres (3) meses devengados, vencidos e impagos" (sic. Art. 53 bis), se desarrolla en una etapa extrajudicial en la que el trabajador debe intimar al empleador el pago de lo que le adeuda, consignando 1) Fecha de ingreso o antigüedad computable, 2) Categoría profesional o tareas cumplidas y 3) Un preciso detalles de los rubros y montos que le reclama, con lo cual se posibilita al empleador intimado, que en su réplica haga uso irrestricto del derecho de defensa, poniendo a su cargo, la obligación de responder a la intimación, y pronunciarse en forma expresa y específica sobre la exactitud de cada uno de los datos consignados en la intimación del trabajador, teniendo estos por ciertos, tanto en caso de silencio, como la falta de respuesta concreta o específica.

Cumplida esa etapa extrajudicial, se habilita "la preparación de la vía ejecutiva" que sobre la base de las circunstancias fácticas reconocidas o desconocidas que se desprendan del intercambio epistolar, en función de reconocimientos, negativas, silencios u omisiones en él formulados, consiste en la realización de medidas de prueba direccionadas a convalidar esos extremos, tales como: a) requerir al correo informe sobre la autenticidad y recepción de las comunicaciones intercambiadas por las partes, b) declaración de hasta tres testigos que con sus dichos avalen la fecha de ingreso o antigüedad computable y la categoría profesional y c) hacer comparecer al actor ante el Tribunal para ratificar personalmente bajo juramento los extremos invocados en su reclamo.

Como la negativa de la existencia de la relación laboral por parte del presunto empleador requerido, tiene el efecto de enervar por completo la preparación de la vía ejecutiva en análisis, y con sustento en los principios de "buena fe" que deben presidir los comportamientos de las partes, el artículo 53 ter establece que cuando el empleador intimado con su conducta obligue al trabajador a promover acciones judiciales, al dictar sentencia, los montos resultantes serán incrementados en un 30 %, salvo que los jueces prudencialmente, estimen que han existido causas que justifiquen su actitud omisiva, en cuyo caso podrán reducir esa sanción hasta la mitad de su porcentaje. Este mecanismo, es de neto cuño procesal, ya que se inicia con la intimación que debe practicar el Tribunal al dar intervención al empleador demandado para que se debiendo y culmina cuando al dictar sentencia se comprueba que el mismo omitió abonar al tiempo de presentar su defensa, es decir que el recargo es una sanción al incumplimiento del requerimiento judicial.

La norma legal en cuestión, reconoce la autoría intelectual del Doctor Beltrán Jorge Laguyas, distinguido Ius Laboralista Marplatense, con un largo batallar en la profesión, hoy en ejercicio de la magistratura en el fuero laboral de ese departamento judicial y el proyecto convertido en ley, fue presentado con la firma del Diputado Juan Domingo Novero y en el senado motorizado por el Senador Roberto Ravale, reconociendo como antecedente un proyecto de similares características suscripto por la Senadora Susana Salerno, sancionado por la legislatura de Buenos Aires el 28 de noviembre de 2002, que fuera vetado por el Poder Ejecutivo mediante decreto 3061 del 19/12/02.

Como miembro del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a cargo de la cartera laboral, no puedo menos que expresar mi satisfacción y reconocimiento, tanto a los integrantes de ambas cámaras de la Legislatura provincial que con sus votos posibilitaron la sanción de esta norma, como al Señor Gobernador de la Provincia, que al promulgarla, la convirtió en ley, concretando un salto cualitativo importante en la protección de los derechos de los trabajadores, siguiendo el rumbo marcado por Raúl Scalabrini Ortiz, en cuanto acertadamente sostuvo que: "cuando no se legisla explícitamente en favor de los más débiles, se está legislando implícitamente en favor de los más poderosos".

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