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Con motivo de cumplirse el 90 Aniversario de la Fundación de la Organización Internacional del Trabajo

Por Oscar A. Cuartango, Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires

Artículos provistos a Rebanadas por el Estudio Cuartango:

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 24/05/09.- Este año se cumple el 90 aniversario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, durante la fugaz expectativa de paz mundial, surgida a la finalización de la primera gran guerra, en el marco de la posteriormente desaparecida Liga de las Naciones, para garantizar los derechos humanos y civiles de los trabajadores.

Es el organismo más antiguo de todos los que integran las Naciones Unidas y el único que sobrevivió a la segunda guerra mundial.

También cabe puntualizar que es una de las agencias internacionales más prolífica y que ha demostrado a través de sus 9 décadas de vida, gran capacidad de renovación, de cambio y de adaptación a las grandes mutaciones acaecidas en el planeta durante las mismas.

El conjunto de relaciones económicas, productivas y sociolaborales comenzaron a ser, ya desde principios del siglo pasado, objeto de la atención del sistema internacional en su conjunto, como consecuencia de la internacionalización de las mismas.

Problemas como la discriminación racial o política, el desempleo, la inseguridad económica, la distribución desigual de la riqueza, han sido objeto de regulación de las normas internacionales de trabajo a fin de fomentar el equilibrio y equidad internacional.

Uno de los propósitos fundamentales de la OIT desde su creación ha sido procurar la adopción de normas internacionales que abordaran el problema de las condiciones de trabajo que encubrían “injusticia, miseria y privaciones”.

Para ello, fue creada, como organización tripartita, que reúne en sus órganos ejecutivos y deliberativos a los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores con el fin último de erradicar la injusticia social.

La primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919 en Washington.

Se aprobaron durante la misma los seis primeros convenios internacionales del trabajo, vinculados a:

  • 1) las horas de trabajo en la industria,
  • 2) al desempleo,
  • 3) a la protección de la maternidad,
  • 4) al trabajo nocturno de las mujeres
  • 5) a la edad mínima
  • 6) y al trabajo nocturno de los menores en la industria.

Hacia mediados de la década del veinte, se introdujo un instrumento fundamental dentro de este sistema multilateral para la aplicación de las normas emanadas de esta organización, que aún existe en la actualidad.

Este mecanismo consiste en una Comisión de Expertos, compuesta por juristas independientes con la misión de examinar las memorias sometidas por los gobiernos, las quejas del gobierno de un estado contra otro, las denuncias de organizaciones sindicales o empresarias y presentar cada año su propio informe a la Conferencia.

Al examinar los informes, quejas y denuncias, la Comisión puede estimar que determinado gobierno no cumple plenamente con los requisitos de un convenio ratificado, o con sus obligaciones constitucionales respecto de los convenios y las recomendaciones, como consecuencia de lo cual, dirige un comentario a ese gobierno, señalando las fallas y solicitando que se tomen medidas para subsanarlas; podemos decir que la OIT comienza a afianzarse promediando la década del cuarenta, luego de la finalización de la segunda guerra mundial, marcando hitos debemos citar:

1) La Declaración de Filadelfia, adoptada en la Conferencia Internacional del Trabajo reunida en esa ciudad en 1944 y que estableció los siguientes principios generales:

  • El trabajo no es una mercancía
  • La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante.
  • La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos.
  • Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad. Dignidad y seguridad económica y en igualdad de oportunidades.

2) En 1948, donde la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

Entre las actividades de envergadura que hoy realiza la OIT en este campo cabe destacar como principal, la formulación de normas internacionales del trabajo, esto es: convenios y de recomendaciones.

A través de ellas se fijan condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales:

  • 1) libertad sindical,
  • 2) derecho de sindicación,
  • 3) derecho de negociación colectiva,
  • 4) abolición del trabajo forzoso,
  • 5) igualdad de oportunidades y de trato,
  • 6) así como otras normas por las que se regulan condiciones que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con el trabajo.

Por otro lado, presta asistencia técnica, principalmente en los siguientes campos:

  • formación y rehabilitación profesionales;
  • políticas de empleo;
  • administración del trabajo;
  • legislación del trabajo y relaciones laborales;
  • condiciones de trabajo;
  • desarrollo gerencial;
  • cooperativas;
  • seguridad social, estadísticas laborales, y seguridad y salud en el trabajo, a la vez que fomenta el desarrollo de organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores, y les facilita formación y asesoramiento técnico.

Desde su nacimiento a la actualidad, la organización ha adoptado más de 180 convenios y de 185 recomendaciones sobre una amplia gama de temas y cuenta con 175 Estados Miembros.

Podemos decir que dentro de este elenco de convenios y recomendaciones, 8 de ellos son fundamentales, y así han sido calificados por su Consejo de Administración, independientemente de su nivel de desarrollo en cada Estado Miembro.

Estos Convenios se anteponen a los demás porque proporcionan los instrumentos necesarios para luchar por la mejora de las condiciones de trabajo individuales y colectivas y manifiestan la expresión del compromiso de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de respetar y defender los valores humanos fundamentales en el plano económico y social.

En el ámbito de la libertad sindical, existen dos convenios categorizados como esenciales:

  • 1) el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, aprobado en 1948 y
  • 2) el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado en 1949.

A través de ellos se afirma el principio de la libertad de asociación sindical, entendiendo que la libertad de expresión y de asociación es condición sine qua non para el progreso en el ámbito de los derechos sociales.

3/4) El Convenio 29 sobre el trabajo forzoso, aprobado en 1930 y Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, aprobado en 1957, son pilares constitutivos de este conjunto de normas fundamentales.

Por los mismos, todo miembro de la Organización se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio:

  • Como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido;
  • como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico;
  • como medida de disciplina en el trabajo; como castigo por haber participado en huelgas y como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.

5) En relación a la igualdad, el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), aprobado en 1958 obliga a los Estados a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

6) Por otro lado, el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, aprobado 1951 establece que los estados deberán emplear medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

7/8 ) Vinculados a la eliminación del trabajo infantil, el Convenio 138 sobre la edad mínima, aprobado en 1973 y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantiles, aprobado en 1999 son los instrumentos mas significativos dentro de esta materia.

Por medio del primero, los Estados se comprometen a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.

A través del segundo, el convenio 182, los estados se comprometen a adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia, a la vez que deben elaborar y poner en práctica programas de acción como medida prioritaria.

Por otro lado, hay que señalar que en 1994, el Consejo de Administración al realizar un reajuste de las actividades de control de la Organización respecto de los convenios ratificados, decidió calificar a cuatro de los mismos como prioritarios, ellos son:

  • Convenio 144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), aprobado en 1976.
  • Convenio 81 sobre la inspección del trabajo, aprobado en 1947.
  • Convenio 129 sobre la inspección del trabajo (agricultura), aprobado en 1969.
  • Convenio 122 sobre la política de empleo, aprobado en 1964

El convenio sobre consulta tripartita, refleja la naturaleza de esta Organización y prevé la consulta con organizaciones o representantes de empleadores y de trabajadores acerca de las medidas que se han de tomar y de la eficiente aplicación de las mismas.

El convenio sobre inspección del trabajo, tiene por objeto hacer cumplir las leyes y las reglamentaciones nacionales con miras a proteger a los trabajadores y mejorar sus condiciones de labor mediante una apropiada inspección del trabajo.

Tanto éste como el 129 obligan a mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales, comerciales y agrícolas.

Dicho sistema debe funcionar de conformidad con las normas estipuladas en estos instrumentos.

Por último, el convenio sobre la política de empleo establece como objetivo prioritario formular e implementar una política activa orientada a fomentar el pleno empleo con miras a estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, elevar el nivel de vida, satisfacer las necesidades de mano de obra, y resolver el problema del desempleo y el subempleo.

Este sistema de derecho internacional presenta ciertas características susceptibles de destacar.

En primer lugar cabe mencionar que las normas internacionales del trabajo son de carácter universal, lo cual implica que dichas normas receptan objetivos y reglas ampliamente aceptadas que todos los países pueden y deben seguir y aplicar en su acción nacional.

En este marco, la competencia de cada estado es transformar estas decisiones aceptadas universalmente en instrumentos jurídicamente vinculantes a través de su ratificación.

Por otro lado, el proceso de debate para la adopción de éstas normas, es tripartito, lo cual significa que los estados junto con las instituciones representativas de los trabajadores y de los empleadores se reúnen con el objeto de garantizar que el resultado sea viable.

Desde 1919, las normas internacionales del trabajo han debido adaptarse a un mundo cambiante asediado por conflictos internacionales a diversa escala y en distintos ámbitos.

Cabe mencionar que el desarrollo del modelo capitalista de producción conlleva desde su instauración una tendencia inevitable a una nivelación a la baja de la remuneración laboral que se paga por trabajos de escasa calificación idéntica.

A su vez, la tendencia hacia la internacionalización de las relaciones económicas conlleva asimismo al aumento de la circulación del factor trabajo que trae como consecuencia, tal como lo advierte en el Preámbulo de la Constitución de la OIT, que la competencia internacional, al inhibir la voluntad de progreso de ciertos Estados Miembros, pueda constituir un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países.

Es por ello que esta situación constituye la razón de ser y el objetivo de las normas internacionales del trabajo.

En el actual contexto de globalización, en donde la interdependencia de los estados se acrecienta día a día y abarca no solo cuestiones económicas y comerciales, sino también que penetra en ámbitos como las relaciones sociales y laborales, resulta una prioridad la construcción de un sistema justo, capaz de crear oportunidades para todos los actores que intervienen en este sistema de interacción, de tal manera que los beneficios de esta internacionalización sean democráticamente compartidos por la mayoría y no monopolizados por una minoría.

Al respecto quisiera citar algunos aspectos de uno de los informes del Director General sobre la dimensión social del la globalización de la OIT en el que se manifiesta:

“....Lograr una globalización justa es la responsabilidad colectiva de muchos actores y requiere una convergencia de compromisos y voluntades.

Y como ocurre siempre, cuando se trata de cuestiones de cambio y liderazgo, quienes tienen el mayor poder para mejorar la situación tienen también la mayor responsabilidad en todos los niveles, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.”

“....Los Estados y las sociedades son los actores centrales en lo que respecta a lograr que la globalización sea justa.

Los países con un buen gobierno y con organizaciones de trabajadores, empleadores y ciudadanos fuertes y representativas tienen más probabilidades de ampliar las ventajas y evitar muchos de los riesgos de la globalización.

La inclusión es esencial para que todos puedan estar representados.

Para incrementar los beneficios que la integración de un país en la economía global aporta a su población es crucial contar con políticas locales y nacionales adecuadas en un contexto democrático.”

En la memoria que el Director General de la OIT ha presentado a la consideración de la NONAGÉSIMA SEGUNDA Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, se ponen de manifiesto, los esfuerzos de la OIT para promover, a través del Tripartismo y del Diálogo Social, las normas internacionales del trabajo y las políticas laborales para superar la pobreza y el desempleo.

Corroborando esa afirmación, desde hace unos años se viene registrando en la documentación emanada del FMI y el Banco Mundial un leve, pero por ello no menos significativo cambio de rumbo al comenzar a reconocer la importancia de las políticas sociales y laborales y la necesidad de ser tenidas en cuenta en las políticas de desarrollo sostenido, ello consecuencia de la firma prédica de la OIT y en coincidencia con la postura de la misma sobre empleo y estabilidad laboral.

Este pequeño cambio de rumbo constituyó un gran aporte de la OIT, al estar direccionado a que las organizaciones multilaterales de crédito revisen sus posturas económicas, sociales y laborales.

En la misma sintonía se inscribe la iniciativa de los presidentes de nuestro país y Brasil, de pedir la incorporación de una representación de la O.I.T. en los debates del G 20 para afrontar la crisis financiera global y escucharlos en un plano de igualdad con los representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas.

En consonancia con lo hasta aquí expuesto podemos afirmar que la acción de la OIT está orientada a enfocar los derechos humanos considerados desde la óptica del mundo del trabajo.

Para enmarcar adecuadamente el tema, considero conveniente destacar que el tema de los derechos humanos en general, no es otra cosa que la lucha del hombre por jerarquizar al hombre poniéndolo a cubierto de los abusos y ultrajes de que puede hacerlo objeto el hombre; paradojal situación magistralmente sintetizada en la acertada frase del pensador inglés “EL HOMBRE ES LOBO DEL HOMBRE” (Homi homini lupus).

En efecto, nadie más que el hombre es el destinatario de los derechos humanos, nadie más que el hombre brega por ellos y también, nadie más que el hombre los ataca y vulnera.

Si trasladamos estos simples enunciados al mundo del trabajo, no podemos sino concluir que la implementación de los derechos humanos en ese ámbito requiere encontrar un punto de equilibrio entre los intereses del capital y del trabajo, lo cual nos lleva a desestimar “ab initio” las recetas flexibilizadoras que pretendieron y aún pretenden dejar todo librado a las leyes del mercado, ya que de así hacerlo posibilitaremos que el hombre lobo se coma al hombre ser social y en esa hipótesis no se concibe la forma de construir una sociedad viable.

Este divorcio creciente entre la concepción económica y los ideales que legitimaron las grandes construcciones políticas y la forma de neutralizarlo, constituye el desafío más significativo para imponer en el mundo el respeto irrestricto por los DERECHOS HUMANOS.

Para ello, considero conveniente remarcar, desde la óptica del mundo del trabajo un par de hechos trascendentes para la construcción de una sociedad donde la dignidad humana y la justicia social sean posibles.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Nacionales Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre cuyo artículo 25 describe los derechos inherentes a la Seguridad Social:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros de desempleo en caso de enfermedad, invalidez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Esa declaración en nuestro país tiene jerarquía constitucional y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable.”

En junio del año 2000 se trató a iniciativa del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, un anteproyecto de Declaración de Principios de la O.I.T., en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra..

Esencialmente esa declaración rescata los siete convenios principales de la O.I.T., y pone de nuevo en el centro de la escena internacional cuestiones tales como la libertad sindical, la discriminación en el empleo, la eliminación del trabajo infantil, la igualdad de géneros, la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

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