Setenta años de lucha intensa por nuestra riqueza petrolera

Artículos de Cuauhtémoc Amezcua Dromundo editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - Ciudad de México, 17/03/08.- El rescate para la nación de su riqueza petrolera, decretada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, fue una respuesta patriótica a una demanda de los sectores más avanzados de México, sobre todo del movimiento obrero, y tuvo un significado económico concreto y otro de contenido político en el más elevado sentido de la expresión: en el primer aspecto, sentó las bases para el inicio de la industrialización del país que, por esa vía, en pocos años pasó de semifeudal y agrario a agrícola e industrial, y más tarde industrializado. En lo político, el acto expropiatorio, al ser un vigoroso ejercicio de la Soberanía Nacional, ratificó la Independencia política de México frente a las prepotentes empresas petroleras transnacionales y los poderosos estados imperialistas que, en los hechos, trataban de ignorarla y atropellarla, y dio inicio a la edificación de nuestra independencia económica. Por esto último, el 18 de marzo es una fecha equiparable por su contenido patriótico al 16 de septiembre.

Es cierto, el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país no se podría haber dado sin las acciones más relevantes del gobierno de Cárdenas, entre las que figuran destacadamente, además del fuerte impulso que dio a la Reforma Agraria, la Nacionalización de la Industria Petrolera y la fundación del Instituto Politécnico Nacional.

En el caso de nuestra Industria Petrolera, los setenta años transcurridos de 1938 al actual, 2008, han constituido un largo período de presiones de quienes nunca aceptaron su derrota y por todos los caminos han pretendido revertirla, y, por tanto, también han sido los de una larga e incansable lucha de las fuerzas más lúcidas y patrióticas, para defender esa enorme riqueza nacional, evitar su saqueo, ponerla de manera plena al servicio de la nación y el pueblo, y evitar que se apoderen de ella, de nueva cuenta, quienes sólo la ven como un medio de lucro de dimensiones gigantescas, para su beneficio particular.

Una y otra vez los que han pretendido revertir la nacionalización han usado los mismos argumentos: dicen que las cosas han cambiado; que ahora, transcurrido el tiempo, las nuevas circunstancias exigen de recursos tecnológicos de los que carecemos, y de recursos económicos que tampoco nos alcanzan. Ahora el pretexto son los yacimientos en aguas profundas, pero el argumento es viejo y reiterativo: lo han usado en innumeras ocasiones. Ya en 1938 decían lo mismo: “es una industria muy compleja; sin las empresas extrajeras, sin sus técnicos, sin su tecnología, sin sus recursos, México no podrá explotarla ni sostenerla, menos desarrollarla”; pero los trabajadores petroleros mexicanos, los técnicos mexicanos han desmentido con hechos una y otra vez el desgastado alegato.

A veces, los enemigos de la nacionalización inventan algún término nuevo para insistir en lo mismo: en los últimos veinticinco años han hablado de la “reforma energética que el país necesita” y lo han venido repitiendo como un estribillo comercial; el contenido que dan a la tal “reforma” es la misma vieja pretensión: que se dé marcha atrás a la nacionalización, que se abran espacios, los mayores posibles, al lucro privado, al capital privado local y extranjero. Hoy mismo, la ofensiva en ese sentido es brutal y se da por todos los medios, incluso una campaña brutal en los medios de comunicación de masas.

Por eso, la única forma consecuente de conmemorar el setenta aniversario de la expropiación y nacionalización de la Industria Petrolera, consiste en dar respuesta firme y clara a los nostálgicos de la industria petrolera privada y extranjera, sin titubeos ni concesiones: no hace falta ninguna “reforma energética” que implique apertura a capitales privados locales y menos extranjeros; el país no la necesita en absoluto; quienes la quieren son los negociantes inescrupulosos ávidos de lucro para acrecentar más sus enormes fortunas; y las grandes potencias que advierten que su poderío militar y económico corre peligro en la medida en que pierdan el acceso a fuentes de energía abundante y lo más barata que sea posible.

No es necesaria ninguna forma de privatización, ni abierta y franca ni encubierta y furtiva. Por el contrario, es necesario revertir la que se ha venido dando de manera velada, buscando salidas ilegales y manipuladas a las prohibiciones que establecen la Constitución y la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia petrolera: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgaran concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevara a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”, (Art. 27 constitucional) “Corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional -incluida la plataforma continental- en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañan o se derivan de él”, (Art. Primero de la Ley) “Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera...” (Art. Segundo) “I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación; II. La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración, y III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas...” (Art. Tercero)

Es necesario prohibir de manera expresa al gobierno que siga saqueando los recursos de PEMEX, impidiendo la necesaria reinversión en la exploración de yacimientos, la construcción y modernización de las refinerías, el mantenimiento adecuado de las instalaciones, la investigación y el desarrollo de tecnologías de punta. Es menester impedir que se sigan dando las prácticas criminales, contra la nación y el pueblo, que ejerce el actual gobierno y que han ejercido todos en los últimos veinticinco años, prácticas deliberadamente destinadas a debilitar la industria petrolera nacionalizada, llevarla a la inoperancia y a la quiebra, como pretexto para la apertura creciente a los capitales privados, es decir, a la reversión del decreto expropiatorio emitido por Lázaro Cárdenas, el presidente visionario y patriota, hoy hace setenta años.

(*) Primer Secretario del Partido Popular Socialista de México.