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COLOMBIA

Derechos laborales y libertades sindicales en Colombia

Rebanadas de Realidad - CUT-CGT-CTC-CPC, Bogotá, 03/06/07.- En el 2006 firmamos un Acuerdo Tripartito "Por el derecho de asociación y la democracia" en Colombia. Infortunadamente sus desarrollos no han tenido ningún avance significativo en la mejora de las condiciones de las libertades y derechos fundamentales del trabajo. Hasta ahora solo se puede mostrar la instalación de la Representación permanente y el inicio de los programas de cooperación, sumados a esfuerzos insuficientes de la Fiscalía y el poder judicial por esclarecer hechos de violencia y llevar a los criminales ante la justicia.

Por todo ello, el movimiento sindical colombiano espera que Colombia sea llamada a rendir cuentas ante la Comisión de Aplicación Normas de la Conferencia por su persistente y sistemático desconocimiento de los derechos reconocidos en los Convenios 87 y 98 y, como consecuencia del debate que se realice, la Conferencia debe instar de manera urgente, en un párrafo especial, a que el Gobierno ponga fin a la persecución y reconozca y garantice los derechos y libertades sindicales.

Contamos con la solidaridad de las organizaciones de los trabajadores del mundo y con el apoyo de los Gobiernos amigos de la paz, la democracia y del respeto a los derechos fundamentales de las y los trabajadores.

La situación en Colombia es la siguiente:

I. Estado del empleo y la protección social

  • A. Precarización laboral y modalidades de contratación

1. En Colombia, menos de la tercera parte de los trabajadores tienen algún grado de protección social y laboral. En los casos en que algún empleo se genera, se hace en condiciones precarias, las más de las veces usando formas de temporalidad, lo que contraviene el compromiso de generación de un empleo digno por parte del Estado colombiano. De igual manera, se afectan en forma grave y directa las libertades sindicales.

2. Seudocooperativas de trabajo asociado (CTA). Las CTA son realmente seudocooperativas, las cuales han contribuido a deteriorar la calidad del empleo. Estas son contrarias a los objetivos del trabajo decente porque son una herramienta para negar derechos irrenunciables de los trabajadores, permiten la precarización laboral, no son empresas productoras sino son bolsas de empleo e intermediación laboral, permiten la evasión a la seguridad social. Además, no hay voluntad por parte del Estado para ejercer control estricto sobre estas malas prácticas.

3. Se ha extendido notablemente la práctica de contratar "trabajadores en misión" para desempeñar oficios y actividades que corresponden al giro normal de actividades de las empresas, para lo cual se usan las "empresas de servicios temporales". De hecho se impide la sindicalización de tales trabajadores. Prolifera en la práctica patronal la celebración de "contratos basura", como los contratos de prestación de servicios, para desdibujar la relación de trabajo. En esta forma, no sólo se vulneran los derechos individuales de los trabajadores, sino que también se les impide el ejercicio de las libertades sindicales y de negociación colectiva.

  • B. Libertades sindicales

4. Derecho de asociación y situación del registro sindical. El Ministerio de la Protección Social niega la inscripción en el registro de muchos de los actos sujetos a ese requisito (1) y, por tanto, se configuran como autorizaciones previas del Gobierno para la creación y funcionamiento de los sindicatos. Esta y otras prácticas antisindicales del Gobierno han sido determinantes para que la tasa de sindicalización sea una de las más bajas de América Latina, tan solo del 4,5 de la población ocupada.

5. Derecho de negociación. En más del 50% de las 100 empresas más importantes de Colombia no existe sindicato: 48 empresas lo tienen y en 52 no existe. En 71 empresas existe algún tipo de negociación colectiva: en 48 empresas hay sindicato y se ha firmado una convención colectiva y en 23 de ellas, a pesar de no existir sindicato, se ha firmado un pacto colectivo. Sin embargo, en las 29 restantes no existe ningún tipo de negociación colectiva con los trabajadores.

6. Disminuyen las convenciones colectivas de trabajo y aumentan los pactos colectivos (2). En el 2007 se negociaron 463 convenios colectivos de trabajo, uno más que en el 2006. Esta cifra se debe al incremento de los Pactos Colectivos, que aumentaron en 183.33%, en tanto que las convenciones colectivas disminuyeron 34.03%.

7. La cobertura de la contratación colectiva sigue siendo una de las más bajas del planeta: sólo uno de cada 100 trabajadores tiene la posibilidad real de negociar sus condiciones de trabajo. Los demás o están ubicados en el sector informal (58 de cada 100), o son trabajadores del sector público, a los cuales la legislación les niega el reconocimiento de este derecho; o son trabajadores cuya vinculación está deslaboralizada a través de contratos precarios, de contratos cooperativos o son considerados como trabajadores "independientes".

8. Derecho de huelga. En Colombia el reconocimiento y ejercicio de la huelga, tanto en la legislación como en la práctica, es casi inexistente. Las reiteradas recomendaciones de los órganos de control en su gran mayoría son incumplidas por el Gobierno.

9. El Congreso aprobó, el 26 de mayo de 2008, una ley para eliminar la facultad del Ministerio de la Protección Social para declarar la ilegalidad de las huelgas, y la asignó a la jurisdicción ordinaria laboral, en dos instancias, mediante un procedimiento especial y sumario. El proyecto, de iniciativa gubernamental, recoge una de las reiteradas recomendaciones de los órganos de control de la OIT. No obstante, la norma deja de lado otras ocho importantes recomendaciones de los órganos de control, tendientes a hacer efectivo el derecho de huelga de las y los trabajadores.

10. El texto aprobado confiere al Presidente de la República, previo concepto favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la facultad de ordenar la terminación de la huelga cuando a su juicio esta afecte de manera grave la salud, la seguridad, el orden público o la economía, con lo cual continuará la injerencia indebida de la autoridad administrativa para limitar el derecho fundamental de huelga.

11. Incumplimiento de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical (CLS). Los casos conocidos por el CLS en relación con Colombia se refieren no sólo a amenazas, secuestros o asesinatos durante los últimos 20 años, sino también a despidos masivos antisindicales, injerencias indebidas en la autonomía de los sindicatos, la forma de declaración de ilegalidad de ceses de actividades, el incumplimiento de convenciones colectivas, incluso la negativa a negociar colectivamente.

12. Cabe advertir que las recomendaciones que expide el CLS no han incidido positivamente en la regulación de las relaciones laborales y sindicales y, por lo tanto, no han significado mejoras en el reconocimiento y disfrute de las libertades sindicales.

  • C. Violencia e impunidad.

13. En lo que va corrido del año 2008 han sido asesinados 26 trabajadores sindicalizados, cifra que corresponde al 66% del total de los homicidios del año 2007, cuando se registraron 39 asesinatos. Igualmente, hay un incremento del 71% de los asesinatos entre lo que va corrido del 2008 y el mismo período del año 2007, cuando se registraron 14 asesinatos (3).

14. El 42% de los homicidios cometidos con víctima sindicalista fue contra dirigentes, así como el 65% del total de violaciones se ha dirigido contra ellos. Esta situación presenta un cambio sustancial si observamos que históricamente en promedio el 30% de las violaciones se realizaba contra dirigentes y el 70% contra trabajadores afiliados.

15. Durante el año 2008 ha sido significativo el aumento de violaciones de presunta autoría de grupos paramilitares. Si bien hemos señalado en anteriores informes que la tendencia general frente a las violaciones es el ocultamiento o desinformación de la presunta autoría, durante este año, y pese a lo parcial de los datos, el 36% del total de las violaciones es atribuible a los paramilitares. Este 36% corresponde a casos de amenazas contra dirigentes sindicales.

16. La sistemática, selectiva y deliberada violencia antisindical. Aproximadamente, y en promedio, cada tres días durante los últimos 21 años ha sido asesinada una trabajadora o un trabajador sindicalizado, lo que se traduce en 2.669 (4) víctimas asesinadas entre el primero de enero de 1986 y el 30 de mayo de 2008.

Homicidios de sindicalistas en Colombia / 1° enero 1986 a 30 de mayo de 2008

Total

Año

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

2669

Nº de homicidios

37

67

78

50

38

83

135

196

104

237

275

Año

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nº de homicidios

182

101

80

137

197

186

94

96

70

72

36

26

Fuente: Escuela Nacional Sindical

17. Otras violaciones dejan más de 225 atentados contra líderes sindicales y 193 casos de desaparición forzada. Por lo menos 3.749 sindicalistas han recibido amenazas de muerte por su actividad sindical y 1.407 han tenido que desplazarse forzadamente. De los datos sistematizados durante este período se encuentra que se han cometido al menos 9.310 violaciones a la vida, libertad e integridad (1 enero de 1986 a 30 de abril de 2008).

18. Es posible señalar que la violencia antisindical se ha generalizado en todo el movimiento sindical, pero tomando como referencia las organizaciones más afectadas se puede concluir que esta violencia se concentra en 30 organizaciones sindicales, representando el 75% del total de los homicidios. Por sectores el orden es el siguiente: Agricultura, educación, salud, petróleo, judicial, alimentos, trabajadores oficiales y servicios públicos son los más victimizados.

19. Violencia antisindical en el período del Presidente Álvaro Uribe Vélez. De las 9.310 violaciones perpetradas contra la vida, libertad e integridad de sindicalistas en Colombia entre el 1° de enero de 1986 y el 30 de abril de 2008, 2.878, equivalentes al 26,7 %, se han presentado durante el gobierno.

20. Frente al año 2007 es importante señalar que entre enero y diciembre fueron asesinados 39 sindicalistas, situación que revela un descenso del 54% de los asesinatos en comparación con el año 2006. Sin embargo, esta disminución contrasta con el incremento desbordado en los atentados de muerte, que se duplicaron (pasando de 5 en el 2006 a 11 en el 2007), el incremento del 19% en las detenciones arbitrarias y el incremento de los allanamientos ilegales.

21. Persistente situación de impunidad. Subunidad y jueces de casos OIT (5). A pesar de los esfuerzos para avanzar en materia de impunidad, que se han logrado gracias a las permanentes solicitudes hechas desde el movimiento sindical, los resultados en esta materia siguen siendo muy pocos frente a la gravedad de la situación de impunidad. Si aceptáramos que los casos en los que existe alguna sentencia condenatoria han salido de la impunidad, el porcentaje de impunidad respecto del total de los casos de asesinato ocurridos en los últimos 21 años, es decir respecto de los 2.669 homicidios registrados, es del 96,8%.

22. Jueces de casos OIT. Encontramos 105 sentencias que contienen 72 casos de homicidio, que corresponden a 86 víctimas sindicalistas.

23. Al ritmo de unas 40 sentencias anuales emitidas por los jueces del país y los de descongestión de OIT, se tomaría la justicia más de 60 años para superar la impunidad, bajo el supuesto de que no ocurran más asesinatos a partir de hoy, y se mantenga la unidad especial de investigación y juzgamiento.

24. Las sentencias emitidas tienen por lo menos tres graves problemas: (i) Las sentencias evidencian que las investigaciones penales no corresponden a una política de investigación integral y sistémica de los delitos, (ii) En la mayoría de los casos las sentencias son contra autores materiales y (iii) Las sentencias fallan con base en valoraciones que hace la Fiscalía sobre los delitos donde no se consideró como hipótesis de investigación la calidad de sindicalista de la víctima.

25. La Fiscalía y el Gobierno continúan señalando como principal móvil de la violencia antisindical la presunta pertenencia de la víctima a un grupo armado ilegal. Sin embargo, de la lectura de las sentencias no se puede deducir dicha afirmación. Y no puede ser así porque, primero, el proceso penal no es contra la víctima; segundo, porque las sentencias han concluido que por la condición de sindicalista de la víctima constantemente son señalados como pertenecientes o colaboradores de los grupos armados ilegales. La Fiscalía institucionaliza afirmaciones contrarias a las sentencias, y atenta contra su dignidad y su buen nombre.

26. Ley de "Justicia y paz". Proceso con los paramilitares. En el proceso de "justicia y paz" se ha entregado información sobre hechos cometidos contra sindicalistas. Sin embargo, el número de víctimas relacionadas en las versiones libres es ínfimo: 58 casos, frente a las 1.973 violaciones presuntamente cometidas por paramilitares contra sindicalistas entre el 1 de enero de 1986 y el 30 de abril de 2008, de las cuales se registra su presunta autoría en 323 homicidios.

27. Los mecanismos establecidos por el Gobierno para la lucha contra la impunidad, la garantía de la verdad y reparación para las víctimas. Esta preocupación es mayor por la extradición a los Estados Unidos de 14 jefes paramilitares, quienes serán juzgados por narcotráfico, dejando serias dudas sobre el trámite efectivo de sus procesos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia.

  • D. Diálogo social.

28. El diálogo social efectivo y útil para el respeto y garantía de los derechos de las y los trabajadores en Colombia continúa siendo una herramienta ajena a la realidad y práctica sociales.

29. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, órgano de rango constitucional, no ha tenido la eficacia ni continuidad que requiere. Muchos proyectos de ley, decisiones de políticas públicas y otras medidas que debían ser previamente discutidas en la Comisión, no sólo no se llevan allí previamente sino que terminan adoptándose en contra de las opiniones de los voceros de los trabajadores. Adicionalmente, la Comisión Interinsitucional de Derechos Humanos de los Trabajadores, así como la comisión de resolución de conflictos ante la OIT, no han sido mecanismos efectivos para hacer realidad los derechos y libertades sindicales en Colombia.

II. Estado del Acuerdo tripartito

30. El Acuerdo tripartito "Por el derecho de asociación y la democracia", de junio de 2006, no ha tenido consecuencias prácticas para los derechos fundamentales de las y los trabajadores, pues sólo se ha instalado la Representación Permanente y se ha comenzado a implementar algunos de los programas de cooperación, y se ha constituido una unidad de fiscales y jueces para conocer los casos de violencia contra sindicalistas, que hasta ahora ha arrojado resultados insuficientes.

31. Agenda del Gobierno y de los empresarios. El Gobierno sometió a consideración del Congreso un proyecto sobre Cooperativas de Trabajo Asociado que, de ser aprobado como ley, no impedirá que las CTA sigan siendo un mecanismo para impedir la sindicalización y la precarización del empleo.

32. El Congreso aprobó una ley que ponía fin a la provisionalidad en los empleos de cientos de miles de trabajadores del Estado, como resultado de la concertación entre los grupos políticos con representación parlamentaria, el Gobierno y las Centrales Sindicales. El Presidente de la república desconoció los acuerdos y objetó la ley.

33. El sindicalismo saludó la expedición de la ley que estableció la oralidad en los procesos judiciales laborales, por cuanto su adecuada implementación, haría ágiles la resolución de los procesos. No obstante, expresan su preocupación por la lentitud para su aplicación, prevista para ponerse en marcha en forma gradual en un plazo de 4 años.

34. La Resolución 626 de 2008 sobre registro sindical, expedida por el Ministerio de la Protección Social, es contraria a la constitución, viola la autonomía y la libertad sindical, reproduciendo causales que impiden el registro de las organizaciones sindicales.

35. Otros programas del Estado. La Subunidad de Fiscales y el grupo de Jueces deben asumir las investigaciones con una perspectiva sistémica para poder esclarecer de conjunto las dinámicas de la masiva violencia desatada contra las y los sindicalistas desde mediados de la década de los años 80 del siglo pasado.

36. El Programa de protección a sindicalistas y organizaciones sindicales del Ministerio del Interior y de Justicia, si bien ha sido dotado de recursos, no siempre ha respondido con la celeridad que requieren las situaciones de amenazas o ataques. En todo caso, por sí solo resulta insuficiente para configurar una política seria de lucha contra la violencia antisindical. La protección debe ir acompañada de una investigación penal para esclarecer los hechos.

37. La agenda de los empleadores. Los empleadores presentaron en la Comisión de Concertación una agenda de 17 puntos, que en su mayor parte está encaminada a desmontar los pocos derechos que hoy tienen los trabajadores en materia de libertad sindical y van en contravía no sólo de los Convenios 87 y 98, sino de las expresiones que hacen los representantes empresariales en las reuniones internacionales, en particular en la Conferencia, e implican un desconocimiento de los objetivos del acuerdo tripartito de 1 de junio de 2006.

III. RECOMENDACIONES

38. A la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo: Que Colombia sea llamada a rendir cuentas ante la Comisión por su persistente incumplimiento en la aplicación, tanto en la legislación como en la práctica, de los Convenios 87 y 98. Y que como conclusión del debate en la Comisión, se adopte un párrafo especial que inste al Gobierno de Colombia a poner en práctica, de forma inmediata, las recomendaciones de los órganos de control de la OIT, para adecuar su legislación y su práctica a los Convenios 87 y 98.

39. Al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo: Que tome las medidas adecuadas para fortalecer la Representación Permanente de la OIT en Colombia, asegurando la presencia permanente de expertos en las distintas materias que abarca el Acuerdo Tripartito, para lo cual puede tomar como referencia la organización de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Que a través de la Representación Permanente promueva y facilite el diálogo social efectivo y útil para poner en práctica las recomendaciones de los órganos de control de la OIT, de tal manera que en un futuro cercano las y los trabajadores colombianos encuentren reconocidos y garantizados los derechos y libertades fundamentales. Asi mismo que adopte medidas para dar seguimiento y promover la aplicación de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical al Gobierno de Colombia.

40. A la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones: Que tome las medidas conducentes para pedir al Gobierno de Colombia que cumpla con los plazos previstos para la presentación de las memorias, las cuales deben ser resultado de la concertación con los mandantes de la OIT.

Notas:

(1) Los actos sindicales sometidos a registro ante el Ministerio de la Protección Social son: Fundación y constitución de organización sindical; elección de junta directiva, cambios en juntas directivas, remoción cargos dignatarios; creación de comités y subdirectivas, elección de juntas directivas; reformas estatutarias.

(2) Los "pactos colectivos" se han establecido en la legislación supuestamente como una alternativa de "negociación" para los trabajadores no sindicalizados, pero es usada como práctica antisindical.

(3) Cifras de la Escuela Nacional Sindical.

(4) Esta cifra de asesinatos corresponde a los casos que hasta el momento tenemos documentados. Es muy posible que esta cifra sea mayor. Además, aún hace falta indagar casos anteriores a 1986.

(5) Quienes conocen algunos de los hechos comprendidos en el caso 1787 del Comité de Libertad Sindical.

El presente material se publica en Rebanadas por gentileza de la Presidencia de la CUT, Colombia.

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