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BOLIVIA

Pensiones: Evo se burla de los sindicatos

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Rebanadas de Realidad - Econoticias - La Paz, 08/02/08.- La decisión gubernamental de romper sus promesas y “parchar” la neoliberal ley de pensiones, en vez de derogarla, obligó a la oficialista dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) a declarar una movilización social a partir de la penúltima semana de febrero, acción que podría ser el inicio de la ruptura entre los sindicatos y el gobierno de la izquierda indigenista.

En su última reunión ampliada de dirigentes, la COB determinó realizar una huelga general indefinida y bloqueo de caminos a partir del 18 de febrero por la negativa gubernamental de aprobar una nueva Ley de Pensiones (trabajada entre el Gobierno y los sindicalistas) y atender el pliego laboral de peticiones en el que se encuentra el aumento de salarios y otras reivindicaciones.

Aunque está en duda la efectivización real de estas medidas, por el enorme peso que tiene el oficialismo para frenar o atenuar la huelga y los bloqueos en los principales sectores laborales, es claro que la decisión de Morales por mantener el neoliberal régimen de las pensiones en manos de las administradoras privadas y otorgar un aumento salarial que no cubre el alza del costo de vida, provoca una enorme fisura entre las organizaciones laborales urbanas y el esquema gobernante.

Molestia laboral

Según el dirigente cobista Ramiro Condori, 34 organizaciones laborales reunidas en el último ampliado habrían manifestado su enojo contra el gobierno de Morales.

“Los trabajadores exigimos la inmediata aprobación de una nueva Ley del Régimen de Pensiones que fue entregada por la COB al presidente Evo Morales, en agosto de 2007, mediante la cual se pide abrogar la Ley 1732 en actual vigencia, eliminar las Administradoras privadas de Fondos de Pensiones (AFP) y reducir la edad de jubilación a 55 años para varones y a 50 para las mujeres”, resumió.

El dirigente dijo que la propuesta de la nueva Ley de Pensiones es fundamental para los trabajadores que actualmente no pueden jubilarse dignamente. Esta propuesta fue trabajada hace un año y seis meses por una comisión conformada por dirigentes de la COB y expertos en seguridad social.

Evo y el neoliberalismo

"Pero, lamentablemente, el Gobierno ha defendido a las AFPs y la actual Ley de Pensiones en vigencia", dijo Condori al lamentar la decisión gubernamental de “remendar” la actual legislación en vez de cambiarla a fondo.

El último decreto de Morales (el DS 29423 del 16 de enero) baja la edad de jubilación de 65 a 60 años, establece una pensión mínima mensual de 566 bolivianos (75 dólares) para todos los que hayan aportado al sistema y permite que los asalariados independientes puedan retirar temporalmente sus aportes de las AFPs.

Estas modificaciones no alteran, sin embargo la esencia de la ley neoliberal de pensiones, por lo que de no fructificar la lucha que iniciará la COB, nueve de cada 10 trabajadores estarán al margen de la seguridad a largo plazo, no gozarán de los beneficios de la jubilación y literalmente estarán obligados a trabajar hasta morir (ver: El drama de llegar a viejo en Bolivia).

Rentas de hambre

Los datos oficiales remitidos a Econoticiasbolivia revelan, en números redondos, que sólo el 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana cotiza en el actual sistema de pensiones y está habilitada para tener algún día su jubilación, otro 10 por ciento ha dejado de cotizar y su situación es incierta, mientras que el restante 80 por ciento está totalmente al margen del sistema de pensiones y, si todo sigue igual, nunca tendrá una jubilación.

En cifras absolutas, esto quiere decir que, en el actual sistema privado, 3,8 millones de ciudadanos, que hoy trabajan o buscan trabajo, no tienen derecho a la jubilación, que otro medio millón de bolivianos tendrán serios problemas a la hora de obtener una renta para la vejez y que sólo otro medio millón estará en condiciones de recibir un apoyo económico cuando ingrese a la tercera edad.

Frente a esta dramática realidad y como un paliativo para los ancianos más pobres, el presidente Morales mejoró desde febrero la cuantía y la distribución de un bono solidario creado por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el millonario neoliberal derrocado por una insurrección popular en octubre del 2003.

Esta renta, que es de apenas 25 dólares al mes para los ancianos sin jubilación y de 20 dólares para los que tienen renta jubilatoria, permite cubrir apenas el costo diario de un plato de comida, un vaso de leche y dos bollos de pan. El financiamiento de este beneficio corre a cargo de las regiones y ya no del Gobierno central (ver: Renta de 25 dólares desata otra crisis en Bolivia).

Mineros en apronte

Por ello, la protesta de los sindicatos, especialmente de los más radicales, no se dejó esperar. En el ampliado de la COB, la combativa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la vanguardia del proletariado, comprometió el apoyo de 5.000 asalariados del subsuelo para iniciar las protestas, junto a otros sectores que no descartaron asumir acciones más radicales.

"Esperamos que el Gobierno pueda reflexionar, dé una respuesta favorable a los trabajadores y se comprometa a crear nuevas fuentes de trabajo para los miles de jóvenes que salen al exterior, porque no encuentran un trabajo digno en el país", agregó Condori.

Sistema privatista

Los informes estadísticos muestran que en el actual sistema de pensiones, --controlado por las Administradoras privadas (AFPs), por la Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-- están afiliadas formalmente 1.024.294 personas, pero que sólo 495.396 cotizan regularmente. Esto quiere decir que sólo uno de cada 10 trabajadores bolivianos aporta regularmente para su jubilación.

Las cifras oficiales están mostrando que la población protegida es muy reducida y se circunscribe al personal que figura como empleados regulares, en planilla y con contratos formales, de las empresas privadas formales y del Estado.

Fuera del sistema y sin posibilidades de jubilación están los trabajadores que son eventuales, que no figuran en planillas o están subcontratos por las empresas privadas, el personal eventual y consultores de las reparticiones públicas.

Los desempleados, campesinos, la mayor parte de los obreros y trabajadores informales están también al margen de todos estos beneficios futuros, por lo que la jubilación tiende a ser un beneficio para muy pocos, lo que muestra la inviabilidad e injusticia de este sistema privado, además de sus grandes limitaciones e insuficiencias.

Batalla salarial

Otro eje fundamental de la lucha que intentan iniciar los trabajadores se da en torno al aumento salarial. El ampliado de la COB, según Condori, denunció que el Gobierno de Morales tampoco dio respuesta al pliego laboral y mucho menos a incremento de sueldo a la masa salarial.

Los sindicalistas reclaman un aumento del salario mínimo mensual a Bs 1.800 (237 dólares), en tanto que el Presidente sólo tiene previsto elevar el mínimo a Bs 566 (75 dólares).

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Antonio Solares Soliz, de la agencia Econoticias / Web