Ecuador: el genocidio petrolero tiene huellas italianas

Denuncian los efectos nocivos en el medio ambiente y en las comunidades indígenas del Ecuador por parte de corporaciones petroleras.
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Ecuador es el cuarto exportador de petróleo en Latinoamérica y el sexto en el mundo. Sin embargo, su situación no es de las mejores: el sub-empleo alcanza a 61 ecuatorianos sobre 100. Seis ecuatorianos sobre 10 ganan menos de dos dólares al día (Fuente: diario El Universo, Ecuador, 8 de octubre del 2000). Pareciera que hay algo que no funciona. La Amazonía Ecuatoriana es el escenario de la mayor bio y socio-diversidad de todo el Ecuador, con una superficie de 130.832 km cuadrados, que corresponden al 45% del territorio nacional y al 1.6% de toda la Cuenca Amazónica. Esta zona está considerada además como una de las más importantes, dado que alberga a casi 25.000 especies de plantas milenarias.

La actividad petrolera ha sido la mayor causa de la destrucción de esta tierra, como lo demuestra la experiencia que viven desde hace treinta años los habitantes de las provincias de Napo, Sucumbíos y Francisco de Orellana. De ahí que el paradigma del progreso y desarrollo aportado por el petróleo para la Amazonía Ecuatoriana no sea más que un espejismo y una forma más de complicidad con la deuda externa. Además, es una forma de agresión de la civilización occidental y del "auge" de la globalización, que acarrea un genocidio humano y la destrucción de la fauna y la flora de la región. Desde el 1941, con la llegada de la Shell a Pastaza, las poblaciones de la zona han sido agredidas en nombre de los intereses financieros de las empresas de turno: Shell, ARCO, Tri-Petrol, CGC, AGIP, ENI, etc.

Por su parte, el Estado Ecuatoriano ha hecho poco para defender los intereses de los Pueblos Indígenas. Si bien por medio de decretos del ejecutivo (n° 551 y 552), el Presidente del Ecuador decretó intocables y protegidas de manera perpetua de todo tipo de actividad extractiva a las zonas de Cuyabeno-Imuya y las tierras habitadas por los Huaorani, los Tagaeri y los Taromename (Parque Nacional Yasuni), muy poco ha hecho por las poblaciones indígenas de Pastaza. Aquí se han entregados títulos de propiedad a 10 comunidades: Pandanuque, Paparagua, Santa Cecilia, Kurintza, Elena, Bellavista, Chuyayacu, San Virgilio, Pitacocha y Liquino.

Es necesario subrayar que las leyes sobre la propiedad comunal valen únicamente para la superficie de la tierra. Y pese a que la Ley Forestal contempla la prohibición de las actividades extractivas en el subsuelo de los territorios indígenas, el Estado se ha valido de la Ley sobre los Hidrocarburos para favorecer los intereses de las transnacionales. Es así como, en 1992, la Arco Oriente Inc. (una empresa controlada por la norteamericana Atlantic Richfield Co.) empezó sus exploraciones, encontrando un yacimiento en la zona entre los ríos Villano y Liquino (luego nombrada Campo Villano). La empresa italiana ENI se incorporó inmediatamente al negocio, con una participación del 40% (a través de la AGIP OIL Ecuador S.A.).

La transnacional italiana opera desde 1987, cuando la "AGIP Petroli" adquirió una sociedad para la comercialización del GPL, la ESAFI S.A. y, más tarde, creó la AGIP ECUADOR S.A. para operar en el sector extractivo (fuente: sitio internet de la ENI. En los años siguientes y debido a las protestas indígenas, se llegó a la firma de algunos acuerdos. En estos acuerdos (1998-1999) participaron a nombre del Estado y de la parte empresaria: algunos representantes del consorcio ARCO/AGIP, de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas. Las organizaciones indígenas estuvieron representadas por la OPIP (Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza), FIPPRA (Federación Indígena de Pueblos de Pastaza y Región Amazónica) y Asodira (Asociación de Desarrollo Indígena, Región Amazónica), organizaciones que luego se unieron en el Frente Indígena de Pastaza (FIP).

Entre los puntos más importantes acordados en el documento "Los entendimientos sobre el Acuerdo del Plan Texas", el ARCO/AGIP se comprometía a realizar una evaluación del impacto ambiental en el período de exploración y a elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y un Plan de Manejo Ambiental (PMA), para el período de explotación. En realidad, ARCO/AGIP evadió sus propias responsabilidades, realizando estudios únicamente en el área de los pozos exploratorios y no sobre las trochas. (Fuente: Pablo Ortíz T. "Globalización y Conflictos Socioambientales", Quito, Abya Yala, 1997).

Frente al incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado y de la ENI, las comunidades de Amazanga y San Virgilio presentaron un recurso de Protección Constitucional. El 7 de abril del 2000 la Corte de Pastaza respondió negativamente al recurso, afirmando, entre otras cosas, que el pago de obras y servicios debe ser considerado como una indemnización adecuada.

Mientras tanto, en 1999, la ENI ejerció el derecho de prelación para adquirir la parte restante (el 60%) del Campo Villano, llegando a ser la única dueña. Las organizaciones indígenas siguen apelando al Convenio Internacional n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), convenio que está incluido en la actual constitución del Ecuador y que contempla que se debe consultar a los pueblos indígenas, respetar sus intereses e instancias organizativas y garantizar beneficios por las actividades que se desarrollen en sus territorios, además de la indemnización por impactos ambientales.


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