Corrupción y transnacionales

Los grandes negocios de Enron en Bolivia

El siguiente material compone el Boletín Nº 6 de Petropress. Lo presentamos a los lectores de Rebanadas de Realidad, tal cual nos llegó a nuestra mesa de redacción, ya que lo consideramos un excelente trabajo de investigación, el cual abunda en detalles sobre el comportamiento de las transnacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; como así también pone en el tapete el por qué del desempeño y empeño de muchos de nuestros gobernantes en aplicar recetas neoliberales (conservadoras), mientras continúan sangrando "las venas abiertas de América latina".
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Rebanas de Realidad - Petropress, 00/07/01.- En el marco de la economía mundializada, no es raro saber de grandes transnacionales que utilizan la presión política y económica que poseen los países industrializados, de donde provienen estas empresas, sobre los países atrasados y dependientes para garantizarles a sus transnacionales la explotación y la mercantilización de los recursos naturales y humanos que poseen en abundancia las colonias y semi colonias.

Tampoco provoca sorpresa enterarse de los vínculos irregulares que mantienen los gobernantes de los países periféricos con las empresas extranjeras interesadas en hacer negocios en su país. Cuando más, al contrario, la corrupción parece haberse convertido en una política que las grandes transnacionales fomentan para garantizarse buenos negocios por el mundo entero.

En Bolivia, después de concretarse las reformas recomendadas por los organismos internacionales de los países industrializados (FMI, BM), después de consolidarse la penetración de las más grandes transnacionales del mundo en los sectores principales de la economía boliviana. La situación parece haber empeorado, no sólo que la economía boliviana se encuentra en crisis (producto de los despidos masivos a causa de las privatizaciones y de las quiebras en muchas empresas del sector privado) sino que la corrupción, generada por los partidos políticos que por turno son gobierno, se ha convertido en una suerte de política de Estado para favorecer a los burócratas gobernantes y a las grandes empresas transnacionales.

Este parece ser el meollo del asunto, no sólo que las privatizaciones buscaron reorientar en lo económico las políticas nacionales hacia la perspectiva de mejorar, ampliar y reforzar el poderío económico de las grandes potencias mundiales, sino que para los gobernantes locales de los países dependientes estas medidas económicas fueron bien aceptadas, gracias a los beneficios personales que las transnacionales les ofrecieron. Una estrechez de vínculos de intereses entre las transnacionales y los gobernantes locales parece ser la única explicación que justifique la aplicación de la política de privatizaciones en Latino América y el mundo.

¿Enron?

Enron es el nombre de una de las más grandes transnacionales petroleras del mundo de origen estadounidense. Con todo el poder económico, acumulado a lo largo de varias décadas de negociados en su país y en el mundo entero donde se extendió por más de 40 países y el inmenso poder político -varias veces- ganado a través de sobornos y prebendas ofrecidas a tradicionales partidos en Estados Unidos. Esta empresa, que en Bolivia, fruto de la capitalización, logró apoderarse del sistema nacional de transporte por ductos, hoy ve como su imperio se derrumba cual castillo de naipes. Junto con sus acciones en la bolsa de valores que se desplomaron hasta llegar en las primeras semana de Diciembre del 2001 a cotizarse en 0,26 centavos de dólar la unidad.

Enron un prontuario poco recomendable: algunos de sus "negocios" en el mundo

En Argentina.- Fue introducida por los hermanos Shaw en octubre de 1998 bajo el nombre de Westerfield S.A. con un capital de diez dólares. Poco tiempo después presentaron una propuesta de inversión de dólares 800 millones para crear un polo petroquímico en Neuquén. Con Carlos Menem en el poder presentaron una nueva propuesta para construir otro polo petroquímico, exigiendo a cambio excepciones impositivas: no pagar IVA.

En la India.- En medio de denuncias de corrupción Enron se adjudicó un contrato para construir una estación energética de 2.000 MW en Dhabol. Los contratos fueron negociados antes de ser adjudicados a una oferta competitiva. Se dice que el contrato con Enron fue logrado a través de sobornos a los gobernantes de la India.

En Filipinas.- Gracias al apoyo de la CIA y el Pentágono, en una suerte de asociación Estado-Transnacional, Enron pudo entrar a los mercados emergentes de Filipinas, Indonesia, Qatar y la India.

En Filipinas el apoyo decidido del Embajador norteamericano Franck Wisner, permitió que Enron se apropiase de las plantas energéticas de Subic Bay y Batangas en 1991-92. El colapso de la petrolera Enron en Estados Unidos, junto con la intención del Senado de ese país de investigar hasta el fondo las asociaciones irregulares que esta empresa tuvo con sus gobernantes actuales, en una especie de acto reflejo ha generado en Bolivia reacción respecto de los negocios que esta empresa tiene en el país. Varios medios de comunicación y personalidades de la vida política iniciaron una serie de denuncias acerca de actos irregulares cometidos por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) cuando se encontraba en función de gobierno (1994-1997), que le habrían favorecido a Enron el ingreso al país y la participación en el negocio millonario de la exportación de gas natural al Brasil.

A continuación presentamos un resumen de los negocios que Enron conjuro en Bolivia.

El sospechoso ingreso de Enron en Bolivia

Con tintes claramente oscuros, ya el 13 de julio de 1994 el entonces presidente ejecutivo de YPFB, Mauricio González y la presidenta ejecutiva de Enron, Rebeca Mark, suscribieron en Brasilia un "Memorandum de Entendimiento" para la constitución de un contrato de "riesgo compartido" entre YPFB y Enron que, entre otras cosas, estipulaba el desarrollo, financiamiento, construcción y operación para el trasporte de gas natural de Bolivia al Brasil, donde YPFB tendría el 60% de participación y la Enron el 40%, comprometiéndose a prestar esta última a YPFB hasta 10 millones de dólares para los gastos que demande el trámite del proyecto. El contenido del memorandum fue mantenido en absoluto secreto por el gobierno del MNR.

El 9 de Diciembre de 1994 se suscribe en Miami un contrato de "Acuerdo de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas" que contiene esencialmente lo acordado en el Memorandum de Entendimiento suscrito en Brasilia el 13 de julio de 1994. Ese contrato somete a Bolivia a las leyes del estado de Nueva York y otorga a "Enron (Bolivia) C.V." la exclusividad en la construcción de otros gasoductos en el país; garantizando a la Enron rendimientos anuales del 18,5% sobre las inversiones que pudiera realizar.

Debe quedar claro que esta asociación de YPFB con Enron (Bolivia) C. V. desde el principio quedaba seriamente cuestionada, pues dicha empresa jurídicamente no inexistía en Bolivia. Su establecimiento legal en el país se produjo recién el 18 de Agosto de 1995, es decir 8 meses después de haberse firmado el contrato con YPFB, sin que el pueblo boliviano supiese nada al respecto.

Enron no puso un solo centavo: Petrobras financió el gasoducto

Aunque el contrato de asociación con participación suscrito entre YPFB y Enron establecía que esta última debía conseguir financiamiento para la construcción del gasoducto al Brasil, Enron jamás cumplió lo establecido. Ya que a más de dos años de suscrito dicho contrato esa empresa transnacional no puso ni un centavo para la construcción del gasoducto. Tal es el caso que el 26 de julio de 1996 Petrobras ofreció financiar la construcción del tramo boliviano del gasoducto. En ese momento correspondía al gobierno boliviano dar por terminado el lesivo contrato con Enron, pero causó indignación saber que el gobierno de Sánchez de Lozada mantuvo a esta empresa aún cuando no había invertido nada.

El mejor negocio para Enron: la capitalización de YPFB

Mediante el Decreto Supremo 24617, del 14 de mayo de 1997 (pocos meses antes del cambio de gobierno), el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada subrogó el contrato de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas (suscrito entre Enron y YFPB) al contrato de capitalización, luego de que la poderosa transnacional se adjudicara la unidad de transportes de la estatal petrolera. Con esta medida se trató de invisibilizar el irregular ingreso del gigante energético en el país. La norma establece que con la firma del contrato la parte de la petrolera nacional en el tendido del gasoducto a Brasil quedaba en manos de Transredes -con socios mayoritarios Enron-Shell-, empresa a la que también se transfiere el contrato de exportación de gas a Brasil, con lo que el consorcio Enron-Shell quedaba en el tramo boliviano a cargo de 59% del negocio de exportación de gas al Brasil (15% Petrobras y sólo 34% para las AFPs).

La participación de Enron en la capitalización de YPFB fue cuestionada por otras petroleras interesadas en ser parte del proceso, porque la asociación accidental dio ventajas a la compañía norteamericana ahora en quiebra. A esto se suma el hecho de que el original del primer contrato suscrito entre Enron y YPFB, que lleva la rúbrica de Rebbeca Mark (en representación de la multinacional) y que tiene la rúbrica de Sánchez de Lozada, el presidente de la petrolera estatal, Mauricio González y el entonces canciller, Antonio Araníbar, no existe en Bolivia. El Ministerio de Desarrollo Económico, el Viceministerio de Energía e Hidrocarburos y el Congreso, entre otras reparticiones, tienen sólo una fotocopia. Fuentes gubernamentales informaron que hasta 1996 el departamento legal de YPFB no tenía en sus archivos el contrato con la Enron. Luego de que la firma del documento salió a luz pública con ribetes de escándalo, tras la denuncia de un partido político, la estatal petrolera accedió a una copia.

La inexistencia de un original de este contrato es un elemento más en la serie de irregularidades del acuerdo YPFB-Enron, que es investigado por una comisión en la Cámara de Diputados. En principio se cuestiona la firma de Sánchez de Lozada en el contrato, cuando por Enron sólo aparece la rúbrica de su presidenta y no participa ninguna autoridad del gobierno de EE.UU.

Se observa también el hecho de que Sánchez de Lozada firmara el documento durante la Cumbre de las Américas en Miami. Andrés Soliz Rada, diputado por Condepa y miembro de la Comisión Investigadora del Caso Enron, recordó que en aquella ocasión, Sánchez de Lozada solicitó permiso al Parlamento para asistir a la Cumbre de las Américas; en ningún momento mencionó la firma del contrato Enron-YPFB. El contrato fue suscrito bajo las leyes del estado de Nueva York. Además, una "asociación accidental con pacto de accionistas" no existe en el Código de Comercio.

Finalmente, se observa el hecho de que el contrato YPFB-Enron fue firmado el 9 de diciembre de 1994, mientras la resolución de directorio de la petrolera estatal, que autoriza el acuerdo, recién fue emitida el 14 de diciembre de ese año.

Gracias a este contrato y sin invertir nada, Enron obtuvo el 40 por ciento de participación en el lado boliviano del gasoducto Bolivia-Brasil. El propio Banco Mundial reveló que el aporte de Enron al gasoducto fue nulo y que todo el riesgo financiero lo asumió Petrobras. Sospechoso, es lo menos que podemos decir a estas alturas. Ojalá la Comisión de Diputados logre echar luz sobre el tema, al margen de intereses electorales. Preguntarse si una empresa que cometió inmensas irregularidades en su país de origen no habrá cometido irregularidades equivalentes y proporcionales en el nuestro, no es ningún atrevimiento. Porque además el problema no se acaba con la firma del contrato.

Enron y el actual gobierno

No se trata de endilgarle toda la responsabilidad al gobierno capitalizador, obviamente es el mayor responsable por el ingreso irregular de Enron a Bolivia. Existen también datos preocupantes respecto de los favores del actual gobierno a la transnacional fraudulenta. Resulta que en el proceso de capitalización, la unidad de transportes de YPFB se había adjudicado la deuda de la petrolera Enron y de su socia Shell a raíz de todos los gastos en los que se había incurrido (viajes, abogados, papelería, etc.).

Posteriormente, Transredes se comprometió a rembolsar a YPFB alrededor de 10 millones de dólares. Sin embargo, por la premura que se tenía en el cierre de la capitalización, no se incluyó este monto en ningún documento. Meses después, cuando YPFB solicitó el pago, Transredes se negó a reembolsarlo, bajo el argumento de que no había ningún documento que mencionara esa deuda. Para no continuar con la disputa, el gobierno de Banzer aceptó la figura de "donación" de Transredes al Programa de Electrificación Rural (Proner). Sospechosamente, esta operación se concretó horas antes de la aprobación de la denominada "Ley Corazón", norma que viabilizó la construcción del gasoducto a Cuiaba que atraviesa el bosque chiquitano, el último bosque seco en el mundo, a través de la cual se transporta el gas que alimenta a la planta termoeléctrica construida por Enron.

Así es como la deuda de 10 millones de dólares que esta empresa tenía con YPFB pasó a convertirse en una "donación" de Transredes al Proner, con la facilidad de pagos en cómodas cuotas. Este acuerdo fue muy beneficioso para la Enron, porque consiguió, con dinero del Estado, zanjar la posible oposición de los pobladores de la región a la construcción del gasoducto entre San Miguel y San Matías, obra que fue observada por muchas organizaciones de la sociedad civil por cuanto atraviesa el bosque chiquitano, el último bosque seco en el mundo. (Aún se desconoce si la Fundación Proner y Transredes cumplieron con sus compromisos).

En todo este proceso el rol de la Enron para aprobar el financiamiento para este ducto fue totalmente oscuro al "convencer" de su construcción -con 20 millones de dólares- a ONGs, llamadas "conservacionistas" (como FAN, WCS; Instituciones Públicas MHNNKM, WWW, e Instituciones Privadas MBG tanto de Bolivia como de los Estados Unidos).

Finalmente, la influencia de la poderosa Enron también frenó la aplicación de multas en contra de Transredes (Enron-Shell) por procesos administrativos derivados del derrame de petróleo sobre el río Desaguadero. Una visita al país de la ex embajadora de Estados Unidos, Donna Hrinak -en defensa de la empresa norteamericana- al entonces ministro de Desarrollo Sostenible, José Luis Carvajal, evitó la multa.

La privatización como forma de generar corrupción

Mientras los responsables de la administración corrupta de las empresas estatales nos decían "la administración estatal es corrupta" y "por tanto es mejor entregarla a manos privadas". Pues bien, lo menos que se puede concluir después de investigar el ingreso y los negocios poco claros de Enron en Bolivia es que una empresa privada puede ser igual de corrupta que el Estado, cuando no más, y que por supuesto el Estado puede ser su cómplice.

Es el caso de Enron (la empresa energética que ha causado la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos), que no pagó impuestos sobre sus ingresos durante cuatro de los últimos cinco años gracias al uso a gran escala de paraísos fiscales, empleando otros trucos contables para esconder ingresos. Además sus ejecutivos (previendo la quiebra) vendieron las acciones a sus propios empleados y a otros miles de inversores ingenuos. La auditoría Andersen (una de las cinco más prestigiosas del mundo) también aparece complicada, al igual que las empresas calificadoras de riesgo y los grandes bancos de la Enron (Morgan Chase y City Group) que guardaron silencio. Y falta por investigar las oscuras conexiones de la empresa con el Partido Republicano y sus aportes a la campaña electoral del presidente Bush.

Lo menos que se puede concluir ¿por ahora? es que entregar nuestras empresas estatales a semejantes pulpos sin conciencia era mucho más peligroso que seguir nombrando presidentes y gerentes estatales sospechosos de corrupción. La sacralización de la empresa transnacional sólo puede provenir de quien tiene intereses ocultos en la misma.

Conclusión provisional

No estamos hablando de un tema secundario, sino del transporte de la mayor riqueza que en este momento tiene nuestro país. Por el momento sabemos que no hubo transparencia en el contrato, ni en los sucesivos tratos con la empresa (que al ser más poderosa ella sola que todo el Estado boliviano, de entrada tenía las de ganar). Sabemos también que nuestro país se había asociado con un monstruo tramposo. Tenemos por tanto el derecho y la responsabilidad de exigir que se investigue la actuación de Enron en nuestra vida económica y política. Luego de ello, será bueno exigir que las acciones irregularmente cedidas a Enron en el gasoducto Bolivia-Brasil retornen a manos bolivianas, para recuperar lo usurpado al pueblo boliviano por los gobiernos de turno.

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